Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127132
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Carlos Rubén Astrada (arts. 486, 487, 494 y concs., CPP según ley 14.647).
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P.127.132-RC, caratulada: “Astrada, Carlos s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 19.105 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate Campana”;
I. El señor Juez doctor Genoud dijo:
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate Campana, merced el resolutorio del 16 de marzo de 2016 (ver fs. 57/58) declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa de Carlos Astrada contra la sentencia de ese órgano que –descartando el remedio de la especialidad- confirmó la decisión de grado en cuanto condenó al nombrado a la pena de un día de arresto y cuatrocientos pesos de multa por infracción al art. 72 inc. a) de la ley 8031.
Para resolver de ese modo juzgó que si bien “el recurrente reitera los mismos fundamentos que expusiera al momento de interponer el respectivo recurso de apelación… el medio escogido resulta el adecuado para garantizar el doble conforme o derecho de revisión de los fallos, art. 8.2 de la CADH” (v. fs. 58).
2. Previo a analizar los requisitos de admisibilidad propios de la vía intentada, es necesario considerar si el pronunciamiento cuestionado proviene del órgano habilitado por la ley para su revisión como instancia anterior a la intervención de esta Corte.
Sobre el punto, se dijo en numerosos precedentes (P. 106.977, P.107.269 y P. 107.267, res. todas del 14-VII-2010; P. 106.161, res. del 22-XII-2010; P. 108.505, res. del 6-X-2010; P. 113.217, res. del 16-II-2011; P.111.939 y acum. P. 111.940, res. del 30-III-2011; P. 110.194, res. del 6-IV-2011; P. 110.302, res. del 13-VI-2012; P. 114.999, res. del 12-IX-2012; P.115.559, res. del 21-II-2013; P. 115.256, res. del 11-IX-2013; P. 117.023, res. 4-XII-2013; P. 117.433, res. del 5-II-2014; P. 117.209, res. 16-IV-2014; P.119.788, res. del 21-V-2014; entre otros) que a partir del dictado de la ley 13.812 (B.O. 21-IV-2008) ya no puede ser considerado el órgano casatorio como el Tribunal de instancia al que alude el art. 161 inc. 3 aps. “a” y “b” de la Constitución provincial, en los casos que son ajenos a su competencia material, como ocurre con las decisiones adoptadas por los organismos de alzada en materia de faltas y contravenciones (cfr. Ac. 104.667, res. del 29-XII-2008).
De este modo, se estableció que el rol de órgano intermedio de ineludible intervención previa a esta Suprema Corte, correspondía -en dicho esquema- a las Cámaras de Apelación Departamentales.
Entonces, teniendo en cuenta que el pronunciamiento que se recurre ante esta sede fue dictado por la Cámara de Apelación y Garantías de Zárate-Campana, y conforme lo dicho en los párrafos anteriores, es que debe procederse a su análisis.
3. La Impugnación ha sido mal concedida, pues no concurren “…todas las circunstancias necesarias al respecto…” (cfr. art. 486 CPP. to. ley 14.647).
En efecto, en relación a la admisibilidad del conducto impetrado, cabe recordar que si bien es cierto que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el carril idóneo para habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte Nacional -en los términos de la doctrina de Fallos 308:490; 310:324 y 311:2478, y su progenie- a fin de dar tratamiento a los agravios de índole federal que se articulen, ello es así “cumplidos ciertos recaudos” (v. P.126228, res. del 11-XI-2015).
Es que, en el marco de la doctrina aludida no cualquier planteo habilita la competencia excepcional de este Tribunal, pues frente a las limitaciones adjetivas del carril escogido sólo la introducción tempestiva de un agravio federal articulado con la suficiencia y cargas técnicas pertinentes, vincularía a esta Suprema Corte a intervenir como máximo tribunal de la causa, a efecto de habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte federal, conforme la doctrina fijada en los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478 (cfe. doctrina causas P. 125.834, res. 9-IX-2015; P. 120.984, res. 2-IX-2015; P. 121.818 res. del 26-VIII-2015 e/o).
Pues bien, en el caso la denuncia de inconstitucionalidad del decreto ley 8031 cimentada sobre la afectación del debido proceso y la defensa en juicio merced la afectación del principio de bilateralidad, no reúne las condiciones de suficiencia que resulta menester analizar.
Ello, habida cuenta que -en rigor y cómo advirtió el auto que sin embargo decidió conceder el recurso- involucra una afirmación discrepante con lo decidido en la instancia anterior y sin ningún fundamento que evidencie las vulneraciones a los principios y garantías invocados (cfr. P. 116.391, P.116.572 y P. 116.853, res., todas, del 11-IX-2013).
Tampoco se ha puesto en evidencia la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado que habiliten a excepcionar los límites objetivos a la recurribilidad (art. 494 del rito local).
Así lo voto.
II. Los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en igual sentido.
III. El señor Juez doctor Negri dijo:
Concuerdo con el doctor Genoud en que la Cámara de Apelación y Garantías de Zaráte-Campana -que emitió el pronunciamiento que ahora se cuestiona ante esta Corte- resulta el tribunal de instancia al que alude el art. 161 inc. 3 aps. “a” y “b” de la Constitución provincial, cuya intervención es previa a la de esta Suprema Corte (cfe. P. 110.307, res. del 10-X-2012; P.110.793, res. del 28-XI-2012; P. 114.361, res. del 10-VII-2013; P. 114.388, res. del 7-VIII-2013; P. 118.297, res. del 20-XI-2013; P.117.721, res. del 19-II-2014; P. 118.729, res. del 9-IV-2014; P.120.071, res. del 28-V-2014; entre otras).
Sin embargo, disiento, en lo que hace a la solución del caso, pues considero que por la índole de los reclamos desarrollados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, corresponde –conforme lo resuelto- dejar de lado las limitaciones previstas en el art. 494 del CPP (Fallos “Strada” y “Di Mascio”) y, más allá de los déficits advertidos en el voto inaugural, corresponde el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto ley 8031/73.
Ello así pues, como lo he venido sosteniendo en diversos precedentes (P. 39.012, sent. del 4-XII-1990, "Acuerdos y Sentencias": 1990-IV/458; P. 39.149, sent. del 29-IX-1992, "D.J.J.B.A.", t. 143, pág. 271; L. 51.220, sent. del 10-VIII-1993; L. 51.550, sent. del 22-II-1994; P. 53.401, sent. del 22-X-1996; P. 80.933, sent. del 21-III-2007, entre otras) la declaración de oficio de inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan.
El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Así lo voto.
V. El señor Juez doctor Soria dijo:
1. Preliminarmente, estimo necesario traer a colación -en lo que es de interés para el caso- lo expuesto según mi voto en los precedentes P.103.889 y P.91.887, sents. del 4-XI-2009; P. 91.457 y P. 94.594, sents. del 11-XI-2009; P. 95.219, sent. del 3-III-2010.
Si bien allí se debatía la intervención del Tribunal de Casación -en un supuesto de faltas y contravenciones- como órgano previo a esta instancia extraordinaria (ello en el esquema anterior a la sanción de la ley 13.812) se dejó establecido que las cuestiones federales a que hubiere lugar, podrían hallar en los recursos extraordinarios locales contra el fallo del juez correccional –o del juez de paz letrado-, en particular el de inaplicabilidad de ley, un cauce disponible para el interesado, que a la vez que observa el régimen adjetivo de aplicación al caso, le permite cumplir con el tránsito exhaustivo por las instancias pertinentes, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48) conforme lo establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes ‘Strada’ (Fallos 308:490) ‘Di Mascio’ (Fallos 311:2478) y ‘Christou’ (Fallos 310:324) y en el marco de consolidada doctrina de esta Corte.
2. Dejando a salvo mi opinión sobre la temática previa, dada la doctrina inveterada del Tribunal sobre el punto, postulo mi adhesión al Juez del primer voto.
Ello pues, la cuestión de la naturaleza federal traída por la parte -inconstitucionalidad del decreto ley 8031 con anclaje en el quebranto a las garantías del debido proceso y la defensa en juicio- no reúne la suficiencia necesaria. Pues, tal como afirma el doctor Genoud, no pasa de ser la exposición de una ponderación discrepante con la del a quo, sin demostrar que se encuentre involucrada de manera directa e inmediata una cuestión del tenor indicado.
En consecuencia, el remedio articulado debe declararse mal concedido (art. 486, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Por mayoría, declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Carlos Rubén Astrada (arts. 486, 487, 494 y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia