Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128640
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial a favor de José Luis Aguirre Pared obrante a fs. 54/58 vta. (arts. 494 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P.128.640 -RC, caratulada: “Aguirre Pared, José Luis s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 72.174 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 22 de octubre de 2015 (fs. 39/40 vta.), hizo lugar a la queja y rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la Defensa Oficial contra la resolución dictada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora que había denegado la petición de salidas transitorias a favor de José Luis Aguirre Pared en el marco de la causa nro. 30.005, registro del citado órgano (fs. 39/40 vta.).
2. Frente a lo así resuelto, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 54/58 vta.).
En lo que hace a la procedencia del mismo, denunció la violación al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio por quebrantamiento de la prohibición de la reformatio in pejus (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Const. Nacional, 8 de la CADH y 14 del PIDCyP, 434, 435 in fine del CPP) –fs. 56 vta.-.
Explicó que el tribunal casatorio no sólo “no brindo respuesta al planteo de la defensa (…), sino que además (…) introdujo un motivo de rechazo que resulta novedoso” (fs. cit. vta.).
Con ello, estimó violada dicha prohibición en tanto modificó la resolución puesta en crisis “en perjuicio del imputado en puntos que no habían sido objeto de recurso” (fs. 57).
Por último, señaló como perjuicio concreto, “la imposibilidad de introducir oportunamente agravios relacionados con la inexistencia de obstáculo para la concesión de las salidas transitorias” de su asistido (fs. cit. vta.). En ese sentido, adujo que podría haber cuestionado la inaplicabilidad de la reincidencia en función de la calidad de procesado de Aguirre, como así también –en subsidio- la violación del principio de legalidad al estimar que la interpretación del tribunal casatorio resultaba una analogía en perjuicio del imputado, en contradicción con lo sostenido por la CSJN en el precedente “Arellano” (fs. cit. vta./58).
3. El Tribunal casatorio, el 11 de octubre de 2016, declaró la admisibilidad del carril impugnativo (fs. 59/61 vta.)
Para así decidir, luego de poner de resalto que el recurso había sido interpuesto contra una sentencia equiparable a definitiva, dentro del plazo legal, y que cumplía con los requisitos de admisibilidad que exigen los arts. 479, 481, 482 y 494 del CPP, sostuvo que “…el recurso señala concretamente la decisión que le causa agravio; ha identificado el vicio que le asigna, y ha relacionado el mismo con un perjuicio concreto de rango constitucional” (fs. 60 vta.).
El carril impugnativo debe ser rechazado sin más trámite en los términos del art. 31 bis de la ley 5827.
En efecto, la denuncia de quebrantamiento a la garantía de la reformatio in pejus no puede prosperar.
Ello pues, si bien la Cámara de Apelación y Garantías, al denegar el beneficio de las salidas transitorias a favor de Aguirre Pared había basado su decisión en la circunstancia de que el mismo no cumplía con la normativa pertinente al registrar en su comportamiento intracarcelario un correctivo sancionatorio de reciente data, y que ante la respectiva impugnación, el Tribunal casatorio rechazó el recurso de la especialidad y confirmó tal denegatoria echando mano a un argumento novedoso, esto es la calidad de reincidente del nombrado (v. fs. 39 vta.), lo cierto es que la consecuencia de tal modo de resolver no importó en modo alguno un agravamiento de la situación jurídica del nombrado, por cuanto –como se dijo- mantuvo la denegatoria del beneficio perseguido por la parte.
4. Sentado ello, el impugnante no ha demostrado que a partir de la intervención del órgano revisor se haya desmejorado la situación de su asistido, circunstancia que justamente constituye el fundamento de la citada garantía constitucional.
En efecto, la prohibición de la reforma en perjuicio del imputado preserva la vigencia de la garantía de la defensa en juicio y del derecho de propiedad en tanto impide el empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley le concede (conf. P. 120.717, resol. de 26-8-2015, P. 124.511, resol. de 17-8-2016, etc.).
De ahí que se ha sostenido que se incurre en la aludida prohibición cuando, abierta la instancia recursiva sólo por el encausado, la sentencia aplica una pena principal más grave en cuanto a su calidad o extensión, agrava una pena accesoria o impone ésta sin petición fiscal (cfr. P. 124.511, resol. de 17-8-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial a favor de José Luis Aguirre Pared obrante a fs. 54/58 vta. (arts. 494 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia