Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128869
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de R.L.I. (arts. 486, 494 y ccds. del CPP, 31 bis de la ley 5827).
P.128.869-RC - “R.L.I. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 71.549 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
La Plata, 13 de septiembre de 2017.
La presente causa, P. 128.869-RC, caratulada: “R.L.I. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 71.549 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
I. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de noviembre de 2015, rechazó el recurso homónimo incoado por la defensa oficial y confirmó lo fallado por el Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial La Plata que, en el marco del reenvío dispuesto por la aludida Sala V (v. fs. 4 vta.), condenó R.L.I. a la pena de diecisiete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser hallado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado (cuatro hechos) calificado por la calidad de ascendiente del autor y abuso sexual reiterado (dos hechos) calificado de por el carácter de ascendiente del autor, todos en concurso real (fs. 61/63).
II. Contra dicho decisorio, el señor Defensor Oficial Adjunto, doctor Daniel Aníbal Sureda interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 50/59 vta.), el que resultó concedido por auto dictado el 21 de marzo de 2017 (fs. 61/63).
Para así decidir, advirtió que encontrándose reunidos los recaudos de tiempo y forma de la presentación recursiva, se cumplió con la exigencia del monto de pena del art. 494 del CPP, y “los agravios estuvieron fundados en la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva” (fs. 62 vta.). Desde otro análisis, juzgó que si bien la naturaleza de los agravios trasuntan un planteo que escaparía a ese requisito, es doctrina de esta Suprema Corte que “el recurso de inaplicabilidad de ley... constituye -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal...” (v. fs. cit.).
III. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio el señor Defensor Oficial denunció arbitrariedad por indebida fundamentación y errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Cód. Penal, y la afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal. Trajo a colación el precedente “Casal” de la C.S.J.N. (fs. 52 vta.).
En lo específico, adujo que al haberse desaplicado uno de los hechos ilícitos, su asistido ve reducido parcialmente el grado de injusto, pero de ninguna manera podría asimilarse la reducción verificada con el monto punitivo finalmente desaplicado. Afirmó que la trasmutación del injusto en la magnitud penal debió cobrar mayor relevancia que la asignada, sin que quepa desconsiderar el descarte atribuyéndole escasa incidencia, y que no resulta coherente afirmar como pauta general con mayor incidencia en torno a la mensuración de la pena el límite impuesto por la escala penal establecida para el delito y a la vez confirmar el criterio del tribunal de grado (v. fs. 53 vta./54).
Por otra parte, alegó que la revisión efectuada a la crítica relativa al promedio de vida y la avanzada edad del imputado, no deja de ser una exploración formal sobre la escala penal sin advertir la realidad sustancial del agravio y la dimensión que cabe asignarle al encarcelamiento de una persona de avanzada edad y precario estado de salud (fs. 55 y vta.).
Concluyó que, si bien el cumplimiento total de la ejecución de la pena puede llegar a ser una circunstancia conjetural, esta cuestión delicada no puede brindarse una respuesta meramente arbitraria, con un criterio matemático que remita a meras escalas y sin acordarle actualidad al agravio (fs. 55 vta./56).
Asimismo, efectuó diversas consideraciones acerca de la infracción al derecho a ser oído como derivación del de defensa en juicio al prescindir de las razones centrales por las que se denunciara la arbitraria fundamentación en lo que respecta a la determinación del quantum punitivo (v. fs. 56 /57 vta.).
Por último, con relación al planteo referido a la excesiva duración del proceso, adujo que no solo subsiste la afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable sino asimismo el tribunal revisor se limitó a rechazar dicho planteo dogmáticamente (fs. 58 y vta.).
IV. La vía extraordinaria debe ser rechazada sin más trámite en los términos del art. 31 bis de la ley 5827.
IV.1.a. Cabe señalar inicialmente que en el recurso de casación interpuesto contra el pronunciamiento antes aludido, la defensa de R.L.I. introdujo dos motivos de agravio vinculados con la individualización judicial de la pena, la violación y errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Cód. Penal. En el primero, denunció la violación a la prohibición de doble desvaloración, afectación al in dubio pro reo y arbitrariedad, con relación a la valoración de la edad de la víctima como pauta agravante -y solicitó su exclusión-. En segundo término, criticó la escasa incidencia que tuvo en la pena la desagregación del delito de tentativa de abuso sexual con acceso carnal, y -por otra parte- denunció la irrazonabilidad por la desmesura de la pena, dada la edad del imputado, solicitando en definitiva la aplicación del mínimo legal o un monto cercano al mismo (v. fs. 12/17.).
En la oportunidad prevista en el art. 458 del ritual, la defensa mantuvo la impugnación en tal sentido, a lo que agregó que se omitió tratar la valoración como atenuante relativa a la edad del imputado, y como nuevo motivo de agravio, reclamó que se compute como atenuante la excesiva duración del proceso (fs. 28 y vta.).
IV.1.b. Frente a ello, el Tribunal intermedio juzgó -en lo medular- que la pena impuesta se encuentra dentro del marco legal y que no se vislumbra infracción legal alguna. En función de ello, efectuó diversas consideraciones relativas al alcance del control casatorio en la determinación de la pena (v. fs. 37 vta./39 vta.). Luego, en respuesta a la crítica sobre la valoración de la edad de la víctima como circunstancia agravante, expresó que si bien el art. 119 primer párrafo del Cód. Penal señala un límite objetivo fijado en los trece años, nada impide que desde el nacimiento, y hasta los 12 años, la edad que presente el sujeto pasivo pueda ser considerada como circunstancia agravante sin que su ponderación implique incurrir en una doble valoración, y que, en el caso “cuando comenzaron las conductas abusivas de las que resultó víctima M.A.N., la menor contaba con apenas 10 años de edad, encontrándose por debajo del límite objetivo contemplado por la norma, por lo que la consideración de la corta edad como agravante no puede ser calificada como arbitraria ni desproporcionada” (fs. 40).
Respecto de la cuestionada razonabilidad del monto de pena aplicado, sostuvo que “...el a quo ha dado un correcto fundamento a dicho reproche... ya que la misma se encuentra por debajo de la semisuma entre el mínimo y el máximo que corresponde al concurso del delito atribuido y coincidiendo también en que la pena no constituye un encarcelamiento de por vida, sumado a que son circunstancias conjeturales y relacionadas también a la ejecución de la pena, que no revisten la actualidad necesaria para ser tratada en este voto” y que “...el juez de mérito impuso la pena, partiendo de la naturaleza, el modo y las circunstancias de los hechos juzgados; por lo que, habiéndose tomado en cuenta parámetros fijados legalmente al graduar la pena impuesta, el juicio de mensuración practicado, abastece la exigencia de motivación” (fs. 40 vta.). Por último, rechazó por extemporáneos todos los agravios novedosos introducidos en el memorial con ajuste a lo prescripto por el cuarto párrafo del art. 451 del CPP.
V. Ahora bien, en lo que hace a la denuncia por errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Cod. Penal, el agravio no prospera.
A partir de lo reseñado en el apartado anterior, se advierte que los reclamos del recurrente implican la mera exposición de un criterio divergente al del tribunal en cuanto al monto de sanción aplicado, método ineficaz para demostrar en lo resuelto transgresión a las normas que regulan la determinación e individualización judicial de la pena.
Al respecto, esta Corte tiene dicho que partiendo de la premisa de que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal, esa forma de recurrir se devela ineficaz para conmover lo fallado (cfe. P. 74.318, sent. de 7-5-2003; P. 67.662 sent. de 10-9-2003; art. 495 de CPP).
VI. Luego, el embate fundado en la tacha de arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de la jurisprudencia de la Corte federal con afectación al doble conforme, el derecho a ser oído -como derivación del de defensa en juicio- y debido proceso, dirigido contra el pronunciamiento de la casación por haber efectuado una revisión aparente en torno a la determinación de la pena impuesta, no fue articulado por el impugnante con la suficiencia y la carga técnica necesarias para evidenciar su pretensión.
De lo reseñado en el punto “IV.1.b.” emerge que la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada. En efecto, el a quo abordó los motivos de agravios llevados ante su instancia y los descartó, brindando para ello los argumentos concretos acerca de por qué la pena impuesta se encuentra dentro del marco legal, justificó además la ponderación como circunstancia agravante de la edad de la víctima y razonó que el fallo de mérito abastece la exigencia de motivación acerca de la razonabilidad de la pena impuesta, motivo por el cual no se advierte la ausencia de revisión alegada ya que la decisión cuenta con fundamentos bastantes para dejarla a salvo de dicha tacha.
No resulta ocioso recordar que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (por muchos, CSJN, expte. G. 1999. XL. in re: “Gobet, Jorge Aníbal, c/ Telefónica de Argentina. E.N.Tel. Estado Nacional, s/ Accidente de trabajo”, sent. de 13-6-2006, publ.: ED 2-11-06, 5-54331).
Luego, la denuncia de afectación de las garantías constitucionales aludidas se formalizó, en su cariz federal, de manera genérica al no referirse concretamente a las constancias de la causa y no demostrar su conexión con la materia del pleito.
VII. Por último, el pretenso agravio federal relativo a la excesiva duración del proceso como atenuante sobre el que la queja insiste, trasunta -en rigor- una diversa interpretación sobre una cuestión procesal (vinculada a la inteligencia atribuida al último párrafo del art. 451 del CPP en torno al límite temporal para expresar los motivos de casación), que denota que en caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de aquél carácter susceptible de excitar la competencia revisora de este Tribunal como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (cfe. P. 127.080, resol. de 21-9-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar por improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de R.L.I. (arts. 486, 494 y ccds. del CPP, 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia