Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129121
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial (arts. 494, 496 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
///Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 129.121-RC, caratulada: “Orlando Errecalde, Sergio Omar s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 78.263 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, el 6 de octubre de 2016, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad incoado contra la resolución de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón que dispuso que la pena única de reclusión perpetua, con más la declaración de reincidencia, impuesta a Sergio Omar Orlando Errecalde, vencerá el 31 de diciembre de 2031, produciéndose su caducidad registral el 31 de diciembre de 2041, encontrándose en condiciones de obtener su libertad condicional cinco años antes de esa fecha.
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 132/149 vta.), el que fue concedido parcialmente con fecha 9 de febrero de 2017 (fs. 151/155).
a. Del informe obrante a foja que antecede, surge que contra la parcela que le fue adversa, no se dedujo recurso de queja en los términos del artículo 486 bis del Código Procesal.
b. Sentado ello y en lo que interesa, el a quo –con cita de precedentes de este Tribunal- adujo que “el pronunciamiento que decide sobre el cómputo de pena es equiparable a sentencia definitiva dentro del régimen de los recursos desde que, integrando el proceso de ejecución de la sentencia y siendo posterior a ella, se agota en sí misma terminando la causa y haciendo imposible su continuación” (fs. 152 –cursiva en el original-).
Observó que en el caso la defensa postuló suficientes argumentos de índole federal –inconstitucionalidad del art. 7 de la 24.390-, cuya incidencia es directa en la decisión en crisis atento que justamente se cuestiona el cómputo practicado en autos.
Consideró que cuando se reputa que una norma es contraria a la Constitución Nacional, la vía idónea es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley “pues aquélla es ‘ley sustantiva’ a los efectos de aquél remedio procesal” (fs. 153).
3. El recurso no puede prosperar en tanto los reclamos que lo sustentan han sido desestimados por este Tribunal en casos análogos (cf. art. 31 bis de la ley 5827, texto según ley 13.812).
a. La defensa en la vía extraordinaria interpuesta, en primer lugar, refirió que el fallo atacado reviste el carácter de sentencia equiparable a definitiva (art. 482 del C.P.P.; P. 114.464 y P. 116.380).
Consideró que resulta de aplicación la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” (fs. 133).
Como motivo de agravio, denunció “[a]rbitrariedad por apartamiento infundado de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Spósito y Merchiori” y “[v]iolación a los principios constitucionales de razonabilidad, legalidad e igualdad ante la ley” (fs. 135 vta. –resaltado en el original-).
Destacó que el a quo desconoció lo ya decidido y mantenido por aquélla respecto de que “la pena de reclusión se encuentra virtualmente derogada por la ley 24.660 de ejecución penal puesto que no existen diferencias en su ejecución con la de prisión, de modo tal que cada día de prisión preventiva debe computarse como un día de prisión, aunque esta sea impuesta con el nombre de reclusión”.
Sostuvo que al no aplicarse el computo privilegiado del artículo 7 de la Ley 24.390 se vulneraron los principios de igualdad y razonabilidad (fs. 136).
Más adelante expuso que, en la actualidad, las penas privativas de la libertad (reclusión y prisión) se encuentran unificadas en su ejecución, sin que existan diferencias en cuanto a mayor o menor severidad fundadas en la especie de pena, por lo que se puede afirmar que “un día de prisión equivale a un día de reclusión” (fs. 140 vta.).
Dijo que el cómputo más desfavorable de la prisión preventiva para la reclusión que para la pena de prisión, sólo encontraba sustento en las características más rigurosas de cumplimiento de la primera; desparecidas esas diferencias -alegó- no hay motivo que justifique un abono diferenciado de la prisión preventiva para dos penas iguales (fs. 141 vta./142).
Afirmó que la aplicación del cómputo diferenciado que prevé el art. 24 del Código Penal importa lisa y llanamente un tratamiento desigual para quienes se encuentran en idéntica situación, lo que determina su irrazonabilidad y la vulneración del principio de igualdad (fs. 142 vta.).
Señaló que en el caso su defendido fue condenado por un hecho cometido durante la vigencia de la ley 24.390, por lo que resulta plenamente aplicable al mismo (fs. 143 vta./144).
Indicó que un día de prisión se encuentra fáctica y jurídicamente equiparado a un día de pena de reclusión, y por aplicación del art. 7 de la ley 24.390, un día de prisión preventiva equivale a dos días de pena de prisión; de allí concluyó en que -por imperio de los principios de razonabilidad e igualdad- un día de prisión preventiva debe equivaler a dos de reclusión (fs. 144 vta.).
Sumó a lo dicho que esta Corte, a partir del precedente P. 68.706, “hace desaparecer la diferencia en el cómputo que establecía el art. 24 del C.P., disponiendo que un día de prisión preventiva equivale a un día de prisión o reclusión”, y así, el artículo 7 de la ley 24.390 pierde el apoyo en el que se había asentado para diferenciar en el cómputo ambas especies de pena (fs. 145 y vta.).
En efecto, manifestó que el Tribunal de Casación efectuó una interpretación inconstitucional del citado artículo de la ley 24.390 en la medida que le otorga vigencia al cómputo diferenciado establecido por esa norma para la pena de prisión y para la de reclusión, cuando por ley posterior (ley 24.660) la ejecución de ambas especies de pena ya no presenta diferencias (fs. 145 vta. cit.).
Solicitó, en virtud de todo lo expuesto, que esta Corte efectúe una interpretación constitucional de la norma o bien, la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 24.390 por oponerse a los arts. 1 y 16 de la C.N. (fs. 146).
b. Ahora bien, tiene dicho esta Corte que la tácita derogación de los arts. 6, 7 y 9 del Código Penal, como consecuencia de la sanción de la ley 24.660, y -por ende- de las diferencias en la forma de ejecutar las penas de reclusión y prisión, en modo alguno ponen en jaque el distinto tratamiento que las disposiciones de fondo (arts. 13, 26, 44, 46 del Código Penal) dan a determinados institutos de la parte general del Código Penal. Ello, y el mantenimiento de la vigencia de los arts. 5 y 57 del mismo ordenamiento, demuestran que siguen existiendo pautas sustantivas que denotan que la pena de reclusión es más onerosa que la de prisión (conf. arts. 13, 26, 44 y conc. del C.P.; doct. P. 102.332 sent. del 22/IV/2009; P. 103.198, sent. del 28/10/2009; e.o.).
También se ha sostenido que no puede, sin más, extenderse a los condenados a la pena de reclusión el denominado cómputo privilegiado que contemplaba para los de prisión y luego de los dos años de encierro en prisión preventiva, el art. 7 de la mencionada ley 24.390. Lo resuelto a partir del precedente P. 68.706, en cuanto a que cada día de encierro en cautelar preventiva -sea ésta prisión o reclusión- equivale a un día de privación legal de la libertad (el cómputo resulta análogo en ambos casos de pena) no significa que con ser ello cierto deba aplicarse -casi como consecuencia natural- esa forma de cómputo privilegiado (ref. al denominado 2 x 1) a quienes están condenados a pena de reclusión. No sólo porque no surge del texto de la ley (en todo caso lo contrario), sino porque el sustento de la equiparación hecha con relación a la otrora diferenciación que rezaba el art. 24 de la ley sustantiva estaba dado porque era incongruente -de ahí su falta de razonabilidad, art. 28 de la Constitución nacional- el "modo de computar en forma más gravosa el tiempo insumido en prisión preventiva que el correspondiente al cumplimiento de pena" (P. 68.706, cit.).
Dicho de otro modo, una cosa es que dos días de prisión preventiva con pena de reclusión sean ponderados como un día de encierro, y otra muy distinta es que cada día de encierro efectivo, luego de transcurridos los dos primeros años en preventiva, deban necesariamente ser contados dobles (conf., mutatis mutandi, P. 106.883, res. del 15/VI/2011).
Por ello, no se advierte la transgresión del art. 16 de la C.N. denunciada por el recurrente. En efecto, en el supuesto de autos, un día de encierro es un día privado legalmente de la libertad. Pues, vigentes las diferencias entre las penas de prisión y reclusión (doct. P. 102.332, id.), nada impide que se mantenga un cómputo distinto en el cual se concede un beneficio a quien precisamente se lo condenó a una pena más leve.
La razonabilidad de dicho cómputo diferenciado para uno y otro caso aparece resguardada en cuanto se fijó que “siempre” un día de encierro sea -y lo siga siendo- un día de encierro y no, como era antes, un cómputo al cincuenta por ciento, sumado a que durante ese cómputo regía el principio de inocencia. Lo contrario podría desnaturalizar la vigencia con relación a las diferencias que se mantienen entre ambas especies de pena (art. 5 C.P., cfe. P. 106.416 y su acumulada P. 106.874, sent. del 1/IX/2010, voto del Juez Pettigiani).
De otro lado, no es verdad que dicha pena más gravosa no tenga la compensación que preveía la ley 24.390 para la morosidad judicial, pues la compensación que otorga el citado art. 7 -uno por uno para la reclusión desde los dos años de prisión preventiva- queda definitivamente adquirida y la circunstancia de que con posterioridad la jurisprudencia de esta Corte haya subsanado la invalidez constitucional que aquejaba a la parte del cómputo atinente a los dos primeros años de detención, no significa restar eficacia al beneficio consagrado con anterioridad por la mentada ley 24.390, sino mantenerlo (cfe. voto del Juez Hitters en el precedente citado).
De manera que, vigentes los criterios diferenciadores entre ambas especies de pena, nada impide que se otorguen a unos -los condenados a prisión- ciertas concesiones que no se confieren a quienes no están en análoga situación -los condenados a reclusión- (arg. arts. 16 y 28, C.N., cfe. doct. P. 106.416 y su acumulada P. 106.874, sent. del 1/IX/2010 citada; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial (arts. 494, 496 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia