Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129333
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Defensor Oficial Adjunto a favor de Francisco Humberto Galeano (art. 486 y ccds. del CPP según ley 14.647).
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 129.333-RC, caratulada: “Galeano, Francisco Humberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 73.107 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, el 31 de marzo 2016, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial de Francisco Humberto Galeano contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul que había confirmado el pronunciamiento del Tribunal en lo Criminal N° 1 departamental que no hizo lugar a la integración del Tribunal por jurados (fs. 36/41 vta.).
2. Frente a lo decidido, el Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 56/64 vta.).
Entendió que la resolución impugnada es equiparable a definitiva en tanto genera un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, y requiere tutela judicial efectiva e inmediata, lo que no admite el diferimiento a otro tipo de procesos (fs. 56 vta.).
En lo que hace a la procedencia, denunció la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos, en tanto el análisis efectuado por el Tribunal de Casación no brinda respuesta a los planteos de afectación del principio de igualdad, favor rei y retroactividad de la ley más benigna, lo que no satisface el derecho a obtener la revisión del fallo por un Tribunal superior (fs. 58 vta./59). Explicó que la respuesta dada a la petición de inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 14.543 resulta arbitraria y, en punto al planteo subsidiario, afirmó que el órgano revisor simplemente no lo trató (fs. cit. y vta.).
Asimismo, sostuvo que una interpretación literal de la norma resultaría contraria al propio espíritu de la ley en tanto consideró absurdo que al mismo tiempo que se reglamenta la implementación de una garantía reconocida desde antaño en la Constitución, se restrinja arbitrariamente su acceso a determinados ciudadanos sólo por la fecha de comisión del delito (fs. 61).
Por todo lo expuesto, solicitó que no se admita la consolidación de un modo de resolver que atenta directamente contra garantías constitucionales y, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 14.543 o, subsidiariamente, se anule parcialmente el fallo en razón de las infracciones federales y convencionales denunciadas (fs. 63 vta./64).
3. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, el 22 de junio de 2017 declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En primer lugar, indicó que los remedios previstos en el art. 479 del CPP sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal, aclarando que el caso en estudio no se encuentra comprendido en tales extremos (fs. 67). Asimismo, expuso que las críticas dirigidas a cuestionar la falta de respuesta a ciertos agravios de la defensa (efectuar una interpretación de la norma discutida que resultara armónica con el resto de la legislación nacional e internacional), no son propias del recurso de inaplicabilidad de ley intentado sino de la vía extraordinaria de nulidad (fs. cit. y vta.).
Sin perjuicio de lo expuesto, ingresó al análisis de los reclamos de índole federal a fin de sortear el valladar previsto en el art. 494 del CPP. En ese carril, explicó que la defensa había postulado suficientes argumentos de índole federal para su adecuada consideración por medio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tal la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 14.543 (fs. 67 vta./68).
4. El recurso ha sido mal concedido.
Los carriles extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 aps. "a" y "b" de la Constitución de la Provincia; 19, 479 y 482 del Código citado; cfe. doct. Ac. 92.293, 6/VII/2005; Ac. 96.323, 4/X/2006; Ac. 96.632, 31/VIII/2007; Ac. 99.201, 11/VI/2008; entre otros).
En tal sentido, la decisión impugnada (en tanto confirma el auto por el cual el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Azul no hizo lugar a la integración del Tribunal por jurados), al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del CPP.
Ello es así en tanto la resolución en cuestión tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (cfe. Ac. 92.293, res. del 6/VII/2005).
Por último, cabe recordar que -a diferencia de lo indicado en la resolución dictada por el órgano revisor- las pretensas cuestiones federales desarrolladas por la defensa oficial no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Defensor Oficial Adjunto a favor de Francisco Humberto Galeano (art. 486 y ccds. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia