Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129140
En la ciudad de La Plata, a 12 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.140, "García Cañete, Julián; Ferreyra, Julio César; García Cañete, Antonio y Curtido Benítez, Leonardo. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 64.723 y acums. 64.724 y 64.725 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
La Sala VI del Tribunal de Casación Penal de esta provincia, mediante el pronunciamiento del 13 de agosto de 2015, rechazó, de un lado, los recursos de la especialidad articulados por las respectivas defensas de los encartados; y, por otro, hizo parcialmente lugar al interpuesto por los particulares damnificados, todos contra la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2013 por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata que había condenado a los señores Julio César Ferreyra y Antonio García Cañete a la pena de prisión perpetua con más accesorias legales y costas, por resultar autor y partícipe primario, respectivamente del delito de homicidio calificado por alevosía (arts. 45 y 80 inc. 2, Cód. Penal); y a los señores Julián García Cañete y Leonardo Curtido Benítez a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar ambos partícipes secundarios del referido delito de homicidio calificado (arts. 46, 47 y 80 inc. 2, Cód. Penal).
En consecuencia, casó parcialmente dicho fallo y condenó a Julián García Cañete y a Leonardo Curtido Benítez a la pena de prisión perpetua, por encontrarlos partícipes primarios de homicidio calificado por alevosía (v. fs. 151/161).
Frente a lo así decidido, en lo que interesa destacar, los doctores Gastón Maximiliano Nicocia y Miguel Ángel Nicocia, defensores particulares de Julián García Cañete, articularon recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/183 vta.); hizo lo propio la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Susana E. De Seta, tanto a favor de Julio César Ferreyra (v. fs. 217/223), como de Antonio García Cañete y Leonardo Curtido Benítez (v. fs. 234/243).
Los mencionados recursos fueron concedidos por el Tribunal intermedio mediante resolución obrante a fs. 247/251 vta. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de los mismos (v. fs. 288/297). A fs. 298 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del imputado Julio César Ferreyra?
2ª) ¿Lo es el interpuesto en favor de Julián García Cañete?
3ª) ¿Ídem el articulado en beneficio de Antonio García Cañete y Leonardo Curtido Benítez?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso articulado a favor de Julio César Ferreyra, la señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación alega la errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal, por apartamiento de las constancias probatorias de autos, tachando a la sentencia de arbitraria (arts. 18 y 19, Const. nac. y 15, Const. prov.) -v. fs. 219 vta.-.
Luego de transcribir los tramos -a su criterio- pertinentes del fallo atacado, expresa que una primera discrepancia en la valoración de los elementos subjetivos del tipo penal impuesto radica en la omisión de ponderar si el hecho implicó una reacción ante la actitud de la víctima, tal como lo afirmó el juez votante en minoría (v. fs. 220).
Refiere que el juzgador "...no se apoyó en prueba pertinente, seria, decisiva y convincente" en relación con el elemento subjetivo de la figura agravada que fuera aplicada a su pupilo (v. fs. cit. vta.).
Estima que el tribunal intermedio "...limitó su tarea revisora, desnaturalizando la garantía prevista a favor de [su] asistido" al no considerar la actitud que había tomado la víctima, en momentos previos al hecho, en desmedro de los principios de in dubio pro reo y de inocencia (v. fs. cit. vta.).
Sostiene que la calificación adoptada "...sin la suficiente motivación y fundamentación, acarrea la inobservancia del principio de proporcionalidad, el que se integra con la idoneidad de la pena para la consecución del fin esperado" (fs. 221).
Aduna a ello que el sentenciante intermedio "...no puede identificar elemento probatorio alguno pues tampoco lo hizo la sentencia sobre la que debía ejercer su función casatoria amplia", haciendo notar que "...ningún testimonio se ha reseñado para la acreditación de la materialidad ilícita descripta" (fs. cit. vta.). Así, denuncia transgresión al principio de culpabilidad por el acto y principio de reserva (art. 19, Const. nac.).
II. Coincido con el dictamen del señor Procurador General en que el recurso debe ser rechazado.
III.1. En primer lugar, la decisión del a quo cumple con la obligación de fundar los pronunciamientos y con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también de las normas nacionales y supranacionales que regulan el derecho al recurso contra la sentencia de condena, en tanto abordó y se expidió sobre los agravios incoados por la defensa de Julio César Ferreyra en la vía casatoria, en torno a la valoración de la prueba por la que se tuvo por satisfechos los aspectos configurativos de la figura del homicidio alevoso (v. fs. 155 vta./156 vta. y 158 vta./159 vta.).
III.2. Sentado ello, cabe señalar en primer lugar que la Casación consideró que el juzgador de origen acreditó con la suficiencia debida que "...en las primeras horas del día 2 de marzo de 2009, en inmediaciones de las calles 28 y 89 del partido de La Plata, entre cinco y siete individuos del sexo masculino persiguieron corriendo a Maximiliano Oscar Videla luego de haber discutido con el mismo, y tras provocarle su caída lo agredieron con golpes, puntapiés y 'cinturonazos'. En tales circunstancia aprovechando el estado de indefensión causado al agredido inmovilizado y actuando sobre seguro y sin riesgo, uno de los sujetos utilizando al efecto un cuchillo que otro de los agentes le alcanzó, lo apuñaló en reiteradas oportunidades con intención letal, mientras los demás persistían actuando sobre Videla, interesándole órganos vitales y causándole un shock hipovolémico que lo llevó irreversiblemente al óbito en breve lapso" (fs. 48 vta.; 155 vta. y 156).
III.3. Ahora bien, en respuesta a análogos reclamos formulados en el recurso de la especialidad, la casación mediante el voto del señor juez Natiello, al que adhirió Kohan y conformó la mayoría -en el punto en cuestión-, sostuvo, recordando lo fallado en precedentes del mismo tribunal, que "...la alevosía es un modo de matar agravatorio del homicidio que se configura con el aprovechamiento de la indefensión de la víctima y la intención de obrar sin riesgo, sea que éste provenga de la víctima o de un tercero" (fs. 159).
Agregó que "...si bien cabe reconocer que la alevosía posee una naturaleza compleja en la que, además del aspecto objetivo relacionado con el modo de ejecución del hecho, requiere en el plano de la subjetividad del autor el aprovecharse con ese proceder de la indefensión de la víctima", lo cierto es que en el caso de autos, toda vez que, tal lo confirmado en la cuestión primera de la sentencia de grado, la acción de matar cumplida por Julio César Ferreira [o Ferreyra] se produjo con ausencia de peligro para el autor y al amparo de ese estado de vulnerabilidad del joven Videla ya sin posibilidad de resistir el brutal y plural ataque que se le estaba inflingiendo, circunstancias que resultaron de la condición subjetiva de la conducta desplegada, aprovechando que la víctima se hallaba caída y reducida por la golpiza previamente inferida y por la provisión del arma blanca aportada por Antonio García Cañete, sin cuya colaboración el hecho no se hubiera cometido (v. fs. cit.).
En cuanto a que no habría mediado una selección específica de las circunstancias para actuar sin riesgo, señaló que "...si bien la alevosía exige preordenación, no requiere en modo alguno premeditación" (fs. cit.).
IV. Como lo adelantara, el contenido de la impugnación -que en definitiva, supone la mera expresión de una posición discrepante- no consigue desvirtuar los fundamentos brindados por el Tribunal de Casación para justificar la aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal. Pues fuera de señalar su opinión diversa, la defensa no ha demostrado la arbitrariedad que achaca al anclaje de los hechos en ese encuadre legal y su confirmación por la Casación.
De lo resuelto por el tribunal revisor surge que el imputado aprovechó el estado de indefensión extremo en que se encontraba la víctima, al estar en el piso, golpeado, superado por la pluralidad de los sujetos atacantes múltiples y desarmado- para darle muerte aplicándole puñaladas, todo lo cual -por otra parte- no ha sido objetado por la defensa (arg. art. 495, CPP).
Ello se condice con la doctrina de esta Suprema Corte que considera que hay alevosía cuando la falta de peligro para el autor y la indefensión de la víctima -causadas o no por el sujeto activo- hubieran sido condición subjetiva del ataque (conf. causa P. 124.384, sent. de 14-XII-2016; e.o.)
En consecuencia, no advierto que la parte haya logrado demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 2, Cód. Penal).
V. En cuanto a la violación al principio de inocencia (v. fs. 220 vta.), más allá de la oportunidad del agravio, cabe señalar, como lo ha indicado esta Suprema Corte (causa P. 112.954, sent. de 23-X-2013) que si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad de los acusados por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio in dubio pro reo , si no es posible poner en evidencia que el examen razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador y confirmado con expresa ponderación de las diversas constancias de la causa por el tribunal revisor- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado demostrar en el caso.
VI. Finalmente, el planteo traído como violación al principio de culpabilidad por el acto y al principio de reserva (v. fs. 222), como así también la alusión al versari in re ilícita y a la responsabilidad objetiva (v. fs. 221), amén de constituir expresiones desprovistas de toda argumentación vinculada a las concretas circunstancias del hecho acreditado en autos, no fueron llevados, desde esa óptica, a conocimiento del tribunal revisor (v. fs. 86/92 vta. del legajo 64.724 que corre agregado por cuerda). En consecuencia, a tenor del giro argumental efectuado por el recurrente, resultan ahora extemporáneos (art. 451, CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Negri , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los señores defensores particulares de Julián García Cañete tachan a la sentencia de arbitraria desde dos aristas argumentales.
I.1. En primer lugar, por inobservancia y errónea aplicación de lo normado por los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, ello en cuanto a la valoración de los elementos probatorios rendidos en el debate, lo que implicó asimismo la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio (v. fs. 174).
Señalan que el a quo hizo lugar al recurso del particular damnificado "...aplicando erróneamente las reglas de la participación criminal", con la misma base fáctica establecida en la sentencia de primera instancia (v. fs. cit. vta.).
En particular, denuncian absurdo en el modo en que se descartó la presencia de Silvio Ferreyra (absuelto en la causa) y se atribuyó un rol de participación necesaria a su defendido (v. fs. 175).
Añaden que el órgano decisor "...se limitó a remarcar las restricciones propias de la inmediación [...] sin hacer ningún esfuerzo en demostrar que, a los fines de llevar adelante la concreta revisión que se solicitaba, existiera un obstáculo tal", ni puso "...ningún esmero en analizar [...] las numerosas arbitrariedades en la valoración de la prueba" (fs. cit. vta.).
Sostienen que el razonamiento seguido por el Tribunal para acreditar la participación primaria de su defendido adolece del vicio de absurdidad toda vez que en la construcción del silogismo sentencial los magistrados omitieron ponderar que los mismos testigos que refieren la presencia de Silvio Ferreyra en el lugar y el momento de los hechos -que luego son confrontados con quienes lo sacan de dicho evento, y que a la postre fundan la duda insalvable respecto de la presencia del mencionado- son a partir de los cuales se atribuye el rol de partícipe necesario a Julián García Cañete (v. fs. cit. vta. y 176), cuando tal hipótesis no se apoya en lo ventilado en el debate por los testigos (v. fs. cit.).
I.2. Por otra parte, tachan a la sentencia de arbitraria en lo atinente a la determinación de las reglas de la participación criminal, lo que determinó la errónea aplicación de los arts. 45 y 46 del Código Penal, con afectación del debido proceso y la garantía de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
Traen a colación la descripción de los hechos probados de la causa y los fundamentos brindados en el fallo en crisis, a su criterio, con absurda valoración de la prueba, y apartamiento de las constancias probadas de autos, lo que "...lleva a la determinación errónea y equivocada de la participación" de quien defienden (v. fs. 179).
Sostienen que la actividad que se le atribuye a Julián García Cañete "...no podría incidir en la forma y modo en que luego se ejecutaría el homicidio de Videla por lo que dentro de la arquitectura total del delito, la actuación de[l] [nombrado] se exhibe como un acto de 'participación no esencial', y su concreta actuación debe ser calificada como 'secundaria' en los términos del art. 46 del CP" (fs. cit. vta. y 180).
Por último, señalan que no se cumplió con el debido contralor casatorio, pues su defendido "...no 'tomó parte en la ejecución del hecho' ni tuvo su dominio funcional ni posibilidad alguna de decidir sobre el curso central de la acción de matar del autor material 'con sólo quitar o mantener su apoyo'..." (fs. 181 vta. y 182).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso debe ser rechazado.
III. El reclamo, desde ambas perspectivas argumentales, resulta insuficiente (art. 495, CPP).
III.1. A partir de los hechos que se tuvieron por probados -ver reseña efectuada en el apartado III.2. de la cuestión anterior-, en lo pertinente, la casación afirmó que "...existe una cuestión trascendental en aras de determinar el grado de participación que corresponde atribuirles a Antonio García Cañete, Julián García Cañete y Leonardo Curtido Benítez, que no sólo se probó fehacientemente, sino que no se encuentra discutida por la defensa" (fs. 156).
Señaló que "...conforme sostuvo la acusación y tal como se corroboró en el debate, aquellos tres fueron parte del grupo que golpeó a la víctima, sea con puntapiés y/o con 'cinturonazos', al punto tal de lograr reducirla, debilitarla y anular todo tipo de defensas que pudiera oponer así como imposibilitando su escape; de ese modo, Julio César Ferreyra apuñaló en reiteradas oportunidades a Videla quien [...] yacía en el suelo soportando todo tipo de golpes y prácticamente con nula capacidad de resistencia" (fs. cit.). Por esa razón, consideró que la conducta enrostrada y probada es suficiente para el reproche referido en el carácter de partícipes primarios (v. fs. cit.).
Estimó que, en la inteligencia del art. 45 del Código Penal, "...no puede dudarse que si el aporte consistió en agredir a Videla, golpeándolo hasta dejarlo indefenso y anulando toda posibilidad de escape, al tiempo que uno de los sujetos que intervino en el ataque lo apuñala -mientras se encontraba en el suelo resistiendo todo tipo de golpes- produciéndole lesiones punzo cortantes" (la perito estimó en más de cincuenta) que "...desencadenaron su óbito, es por demás evidente la esencialidad de la cooperación de aquellos que confluyen en el logro -aun subrepticiamente- de las circunstancias propicias para facilitar la ejecución directa del homicidio materialmente causado por Julio César Ferreyra", lo que lo lleva a "...discrepar con la conclusión arribada por el Tribunal [de juicio] respecto de Julián García Cañete y Leonardo Curtido Benítez", ya que al analizar el tópico "...se limita a ponderar -pese a lo afirmado páginas atrás respecto de la materialidad probada [...] que demuestra el absurdo al apartarse de las constancias probadas en autos- un tramo parcial de sus intervenciones, esto es y según parece, los golpes proferidos una vez que la víctima estaba siendo apuñalada, mas olvida [...] que la esencialidad de sus aportes [...] viene dada por aquellos golpes" también propinados "...con anterioridad y que lograron la reducción física del fallecido" (fs. cit. vta.).
III.2. Así pues, los recurrentes sólo exponen una opinión personal -divergente a la del juzgador- que no plasma la concurrencia de la arbitrariedad denunciada, al no evidenciar el quiebre en el razonamiento lógico seguido por el sentenciante. Tampoco justifican que el reproche practicado contra el encausado haya sido fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
En particular, en cuanto al reclamo de absurdo valorativo al utilizarse una misma prueba para atribuir un rol participativo primario, cuando del mismo elemento se extraía una falta de precisión y era utilizado en franca contradicción con otros elementos probatorios (los que sirvieran para desvincular del hecho a Silvio Ferreyra -absuelto-), además de resultar una reedición del que fuera esgrimido en relación con un coimputado que -incluso- se encontraba en una situación jurídica diversa (v. fs. 94/100), lo cierto es que se desentienden -como queda patente de la reseña efectuada ut supra - de lo debatido y resuelto en el caso, no logrando, por ende, evidenciar la presencia de un vicio de razonamiento que pudiera restar validez a lo decidido por el revisor sobre la calidad de la participación criminal del nombrado; ya que ponderó que ese aporte fue -junto con otros- determinante para provocar y luego valerse del estado de indefensión de la víctima a efectos del obrar homicida que desplegara el autor.
Por todo lo referido, resulta insuficiente la alegación de arbitrariedad denunciada pues a partir de los elementos considerados en su fallo el a quo tuvo por acreditado el grado de participación criminal de Julián García Cañete en el hecho (art. 495, cit.).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa (causas P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.). Han señalado su opinión diversa y sugerido interpretac
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