Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130775
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a 12 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.775, "G., D. D.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.426 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 10 de octubre de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial La Plata que condenó a D. D. G. a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante -por las circunstancias de su realización y por su duración en el tiempo- y con acceso carnal -oral y anal- agravado por la condición de ascendiente y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente todas ellas en la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de trece años y por la condición de ascendiente del imputado en los términos del art. 119 primero, segundo, tercero y cuarto párrafo incs. "b" y "f" y 125 segundo y tercer párrafo del Código Penal. En consecuencia, casó la decisión impugnada y absolvió al nombrado por el delito de abuso sexual con acceso carnal -vía oral- al no resultar contenido de la acusación fiscal; y redujo la sanción impuesta fijándola en catorce años de prisión y accesorias legales en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante -por las circunstancias de su realización y por su duración en el tiempo- y con acceso carnal -vía anal- agravado por la condición de ascendiente y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente todas ellas en la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de trece años y por la condición de ascendiente del imputado (v. fs. 117/143).
El señor defensor particular del nombrado -doctor Fabián Héctor Musto- dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 154/173 vta.). Sólo el último de los carriles intentados fue concedido por el órgano inferior conforme la resolución que luce a fs. 175/178. A fs. 190 consta que no tramitó queja en orden a la desestimación de la vía extraordinaria prevista en el art. 491 del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 192/195), dictada la providencia de autos a fs. 196 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El letrado de confianza del imputado D. D. G. impetró la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por la que denunció "...absurdo y errónea aplicación de las reglas constitucionales y legales sobre valoración probatoria [...] y falta de fundamentación de la resolución..." (fs. 161 vta.).
Señaló que se violentaron las reglas de la valoración probatoria en una errónea aplicación de las normas que rigen la materia, fundamentalmente en lo que hace a la atribución de la autoría de su asistido en orden al delito reprochado.
Alegó que el Tribunal de Casación Penal "...se limitó a un examen meramente aparente del mismo, con afirmaciones dogmáticas que no condicen con la completitud del planteo introducido..." (fs. 162). Es decir, que reeditó "...los argumentos del Tribunal de la instancia que [...] valoró arbitrariamente los hechos y testimonios de la causa para extraer a partir de ellos una supuesta acción delictiva por parte de [su] asistido que en modo alguno se compadece con el sustrato fáctico que el propio tribunal oral -y luego el TCP- consideran acreditados..." (fs. 162 vta.).
Afirmó que debió explicarse -sin absurdo ni arbitrariedad- en base a qué razones podía estimarse que existió un acuerdo familiar en oportunidad de declarar y que G. perpetró los abusos denunciados, pero el análisis se circunscribió a la ausencia de rasgos psicopáticos en la denunciante que justificaran la denuncia contra su padre.
Cuestionó que el a quo haya considerado insuficiente los planteos de la parte al entender que los hechos acreditados en la instancia eran fundamento bastante para la demostración de los ilícitos atribuidos, "...lo cual pone en evidencia una revisión superflua de la condena que no se compadece con las exigencias que impone la garantía del derecho al recurso ni está a la altura de la discusión profunda que exige un caso como el de autos" (fs. 163). Y por lo tanto contraria a lo establecido en los precedentes "Casal" de la Corte federal y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, criticó la valoración efectuada por el a quo "...respecto [a] las contradicciones existentes entre la declaración de la víctima con relación al conocimiento que podría tener su madre de aquello que ocurría, los tiempos en que habría sucedido, las circunstancias..." (fs. 163 y vta.).
También objetó la ponderación de la prueba realizada tanto por el tribunal de juicio como por el revisor "...pues, en ambos casos, so pretexto de un criterio de delito continuado, se ha buscado sortear la insuficiencia probatoria respecto de los sucesos delictivos en estudio atropellando cualquier fórmula del derecho de defensa que se pretenda inme[r]sa en el debido proceso..." (fs. 163 vta.).
Tachó de arbitraria la sentencia porque "...1) critica ritualmente una supuesta deficiencia del recurso pero entra a renglón seguido en la discusión sobre los agravios propuestos; 2) en base a tal premisa valora arbitraria y segmentadamente solo algunas constancias probatorias en desmedro de otras que llevan a la conclusión contraria; 3) repite elementales errores lógicos y jurídicos al pretender valerse de circunstancias anteriores y posteriores al hecho ante la imposibilidad de probar (por resultar imposible) el dolo de cooperar en el caso concreto; y 4) concluye entonces en una decisión sin fundamento alguno y que viola la ley sustantiva" (fs. 164 vta.).
Hizo consideraciones en orden al derecho al recurso y trajo a colación segmentos de los fallos "Martínez Areco" y "Herrera Ulloa", entre otros (v. fs. 165/166 vta.).
Sostuvo que en ambas instancias no se dio respuesta a cuáles fueron los motivos por los que se limitó la prueba de la defensa, considerándola irrelevante. Entendió que no se llevó adelante un análisis crítico de las piezas arrimadas a la causa en pos de un resolutorio motivado, pues lo único que se visualiza es una simple transcripción de las declaraciones prestadas por los testigos y una mera enunciación del método de valoración que no se desarrolló.
Aseveró que no se hizo un verdadero confronte de las expresiones de la denunciante con el resto de las constancias de la causa; que no se siguió un orden apropiado de selección de las fuentes de información y conformación de la prueba y que no se realizó "...una valoración objetiva sobre cada testimonio y el porqué de las contradicciones entre unos y otros..." (fs. 168).
En definitiva, indicó que resulta aventurado construir la base acusatoria sobre un vacío probatorio sustentado en imprecisiones y contradicciones que no dieron cuenta de cada uno de los hechos con modo, tiempo y lugar, de manera de poder defenderse (v. fs. 169 vta. y 170). Y que a la reconstrucción del evento ilícito se llegó en este caso "...observando parte de la prueba producida en el debate y con una visión parcial pues, cuestiones sobre acción desplegada y contribución al evento dañoso, tiempos en que se dieron los sucesos [...], no han quedado acreditados con la precisión que aparenta haber percibido el a-quo" (fs. 170 vta.).
I.2. De modo subsidiario, y para el caso de resultar improcedente el planteo anterior, denunció la errónea aplicación del art. 119 primero, segundo, tercero y cuarto párrafo incs. "b" y "f" y 125 segundo y tercer párrafo del Código Penal, toda vez que en ninguno de los casos se estableció cuál de sus redacciones era la tenida en cuenta conforme el art. 2 del citado cuerpo normativo (v. fs. 171 vta.).
Sostuvo que la imprecisión temporal en lo que hace a la producción de los hechos afectó el derecho de defensa en juicio de su asistido, por lo difuso de atribuir abusos en el período que iba entre los seis y diecinueve años de edad de la denunciante.
A su vez, denunció la inobservancia del art. 63 inc. 2 del código sustantivo y la errónea aplicación del art. 54 del citado código. Cuestionó el encuadre de los hechos en la modalidad de delito continuado, pues "...no se ha justificado acabadamente cual es el motivo de atribución del carácter asignado respecto de una serie de hechos que se presentan como inciertos e imprecisos..." (fs. 172) y que en rigor de verdad se calificó de ese modo a los fines de sortear la prescripción de la acción penal.
II. El señor Procurador aconsejó rechazar el recurso intentado (v. fs. 192/195); criterio con el cual coincido.
III.1. El agravio por el que la defensa del imputado G. alega absurdo y errónea aplicación de las reglas constitucionales sobre la valoración de la prueba y la atribución de la autoría así como el que denuncia una indebida revisión de la condena, no prosperan (conf. causas P. 104.926, sent. de 21-X-2009; P. 108.608, resol. de 17-II-2010; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 116.425, resol. de 10-X-2012; P. 111.758 y P. 116.681, resols. de 19-XII-2012; P. 112.443, resol. de 30-X-2013; P. 117.877, resol. de 18-XII-2013; e.o.).
III.2. En lo que es de interés para el punto cuestionado, el Tribunal de Casación señaló que la sentencia de la instancia se encontraba debidamente fundada abasteciendo, por tanto, las exigencias de motivación traídas por el art. 106 del Código Procesal Penal, al expresar los jueces del Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Plata su convicción sincera sobre la prueba de cargo que fundaba la conclusión acreditante de los extremos de la imputación, sin violarse -por tanto- derecho constitucional alguno.
Explicó que el Tribunal del juicio tuvo por legalmente probados los eventos ilícitos llevados a cabo por el imputado contra la integridad sexual de M. G., acreditándose los extremos de la imputación por los dichos de la propia víctima quien relató en el debate que su padre, D. D. G., en reiteradas oportunidades y bajo diversas modalidades abusó sexualmente de ella (v. fs. 127 vta.).
En esa tarea, analizó las declaraciones de M. G. (víctima), las licenciadas María Jorgelina Antonelli (integrante del Centro de Atención Primaria de la Salud de Saladillo) y Arcuschin (perito de la Asesoría Pericial), el médico Psiquiatra Andrés Ferman, Mariela Izquiero (profesora de educación física), Mónica Cavenaghi (directora del colegio donde concurría la víctima), Luis Darío Nagore, Carlota Portal (profesora de M.), G. C. y M. d. V. K. (tíos de la víctima) (v. fs. 127 vta./133).
Luego de desestimar el reclamo de la parte en torno a la objetividad de la perito Arcuschin y transcribir la impresión que al tribunal de mérito le causó aquella declaración durante el debate (v. fs. 130/132), señaló que todos los elementos relevados (que incluían las declaraciones de J. D. V., E. F. C. y L. S.) le permitieron a los sentenciantes tener por cierto tanto lo relacionado con los actos abusivos perpetrados contra la integridad sexual de la joven M. como la intervención en ellos del acusado (v. fs. 133 y vta.).
El a quo hizo notar que la parte insistió en consideraciones que ya habían sido planteadas, tales como la falta de valoración del testimonio de la progenitora de M. y de sus hermanos; la circunstancia que los abusos no fueron advertidos por ninguno de los miembros de la familia debido a las limitaciones físicas de la vivienda, la fuerza de M. para oponerse a las conductas abusivas (v. fs. 133 vta. y 134).
En este sentido, explicó que los jueces de la instancia se ocuparon de analizar de manera detenida los cuestionamientos y críticas que la defensa puntualizó sobre los elementos probatorios disponibles en el proceso, dando respuesta a cada uno de ellos. A modo de ejemplo, sostuvo que el órgano de mérito indicó -a fin de fundar la eficacia de las pruebas de cargo- la veracidad de los relatos descriptos previamente y su valoración armónica con el resto de las probanzas que llevaron a tener por comprobados los abusos denunciados. Agregó que producto de la inmediación, el juzgador también dio cuenta de la resonancia efectiva de M. al momento de relatar los hechos vividos, en especial al describir lo impactante que le resultaba tener que colocarle a su hijo una crema en la zona genital por una infección, pues le recordaba lo que su progenitor le hizo a ella (v. fs. 134 vta.).
En definitiva, sostuvo que el a quo abordó el estudio de los distintos elementos producidos dando cuenta circunstanciada del valor que les asignaba y que, frente a ello, el recurrente reeditaba sus críticas, pero sin hacerse cargo de refutar de modo eficaz la fundamentación dada por el magistrado, en especial, en cuanto desechó el relato de la madre de M. y sus hermanos, por entender que sus discursos fueron armados con anterioridad, dado que los mismos empleaban idénticas expresiones. "En especial, el Tribunal ha evidenciado la falta de interés por parte de la progenitora de la víctima en conocer la verdad de los hechos denunciados por su hija, ‘limitándose a negar categóricamente y sin fundamento toda circunstancia adversa a los intereses de su esposo’..." (fs. 135).
Expuso que la parte -pese a su esmero- se desentendió de rebatir exitosamente el análisis de los juzgadores al respecto y, sobre todo, de indicar de qué forma se derribaría el cuadro de cargo consignado por aquél, volviendo a formular infructuosamente reclamos tendientes a demostrar la personalidad psicopática de M. (v. fs. 135).
Por consiguiente, rechazó la impugnación en este aspecto.
III.3. De acuerdo a lo reseñado, se aprecia que los embates de la parte refieren a cuestiones relativas a la determinación de los hechos y la ponderación de las pruebas que no son propias del ámbito de conocimiento de esta Corte (doctr. art. 494, CPP; conf. causas P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 105.012, sent. de 15-VI-2011; P. 102.300, sent. de 30-XI-2011; P. 97.262, sent. de 28-XII-2011; P. 110.446, sent. de 18-IV-2012; P. 109.534, sent. de 3-V-2012; P. 109.476, sent. de 22-VIII-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 113.916, sent. de 20-III-2013; P. 119.412, resol. de 21-VIII-2013; P. 112.724, resol. de 30-X-2013 y P. 117.588, resol. de 5-III-2014).
En este sentido, si bien el recurrente alegó de modo genérico el vicio de "absurdo" en la prueba ponderada, las diversas aseveraciones esgrimidas no evidencian en lo resuelto la existencia de un error grave y manifiesto (conf. causas P. 75.987, sent. de 8-VI-2005; P. 75.863, sent. de 21-V-2008; P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 79.778, sent. de 23-IV-2008; P. 98.546, sent. de 12-X-2011 y P. 108.476, sent. de 29-V-2013) que permita descalificar el pronunciamiento atacado.
En definitiva, sólo expresa su propia opinión personal en forma dogmática, y contraria al temperamento adoptado. En tal sentido, cabe destacar que esta Corte tiene dicho que el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril intentado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
Por último, a tenor de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el precedente "Casal" (conf. doctr. P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
De este modo, el señor defensor no consigue justificar que dicho examen haya importado un menoscabo de la garantía prevista en el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como invoca en su presentación. En esta tarea, cabe destacar que no resulta eficaz la exposición de comentarios generales desentendidos de las determinaciones del fallo, como la cita de precedentes alusivos al imperativo constitucional de la revisión integral, sin intentar demostrar que ese deber haya sido violado en el caso (art. 495, CPP).
IV. Los embates subsidiarios tampoco pueden ser atendidos por resultar extemporáneos.
Es que, al interponer el recurso de casación, la defensa invocó los arts. 119 y 125 del Código Penal cuestionando el encuadre de los hechos en el tipo penal de corrupción (v. fs. 86 vta. y sigs.) y en la figura más grave del art. 119 y no en la de abuso sexual simple (v. fs. 93/96 vta.). Pero nada dijo en cuanto a la ley aplicable al hecho, conforme el art. 2 del citado digesto sustantivo.
Por otra parte, la tipificación del evento en la modalidad de delito continuado no recibió -en los términos ahora alegados- crítica alguna por parte del señor defensor en la oportunidad procesal indicada; o sea al deducirse el remedio casatorio. En efecto, en tal ocasión no peticionó -como lo hace ahora- la prescripción de la acción penal con cita de los arts. 63 inc. 2 y 54 del Código Penal bajo la alegación de que no había delito continuado sino hechos independientes que pudieran haber prescripto.
En consecuencia, los argumentos formulados en el recurso extraordinario bajo estudio resultan novedosos, y como tales, sellan la suerte adversa del planteo (doctr. art. 451, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia