Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129899
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.899, "Suarez, Gastón Ezequiel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 76.451 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de febrero de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Gastón Ezequiel Suárez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de prisión perpetua, con declaración de reincidencia, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma, homicidio criminis causa e, abuso sexual con acceso carnal agravado y tentativa de homicidio criminis causa e, todos ellos en concurso real (hecho I) y tenencia de arma de fuego de uso civil (hecho II) (v. fs. 94/109 vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/127 vta.), que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 128/129 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 137/141), dictada la providencia de autos (v. fs. 142), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. La señora defensora oficial adjunta, tachó de arbitraria la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de esta Corte con afectación de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso sustantivo. Cuestionó la revisión efectuada en materia de determinación de la pena -aplicada conforme el art. 80 inc. 7 del Código Penal- y tildó de inconstitucional la prisión perpetua, dado que -a su entender- violenta los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad entre el injusto y la sanción y tiene fundamento en la peligrosidad del agente. Según lo denunció, se habría afectado el derecho a obtener una plena revisión de la sentencia de condena (v. fs. 118 vta./119 vta.).
Expresó que, no obstante la presunta indivisibilidad de la prisión perpetua, ella debe guardar una relación de directa proporción con el injusto reprochable por imperio del principio constitucional de culpabilidad por el acto (v. fs. 120).
Arguyó que "...en una teoría [contenedora] del poder punitivo la culpabilidad importa un proceso valorativo dialéctico, en el que acaban sintetizándose la reprochabilidad por el acto [...] y un cálculo del esfuerzo que el agente haya hecho por alcanzar la situación concreta -injusto en el caso concreto- de vulnerabilidad al poder punitivo...", cuyo resultado es una culpabilidad normativa. Dicha reprochabilidad por el acto "...no puede asentarse en otra cosa que no sea un ilícito (conducta típica y antijurídica), a cuya magnitud la primera se adecua" (fs. 120 vta. y 121).
Afirmó que el sistema de circunstancias agravantes y atenuantes de la pena -arts. 40 y 41 del Código Penal- constituye un sistema de variables que sirven para precisar el grado del injusto y de la culpabilidad en el caso concreto (v. fs. 121).
Según el razonamiento de la parte, existe la posibilidad de otorgar una interpretación constitucional a la pena de prisión perpetua, fijando un monto que no debería superar los veinticinco (25) años de prisión (v. fs. 121 vta.), conforme lo fallado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago" (sent. de 21 de junio de 2002) (v. fs. 121 vta. y 122).
Entendió que, de no habilitarse la interpretación propuesta, "...no restaría otra opción que la declaración de inconstitucionalidad de aquella forma de prisionización, por contrariar lo normado en los arts. 1, 4, 5 y 8 de la C.A.D.H." (fs. 122).
Alegó que por la juventud del imputado -de veintiún años al momento de los hechos-, la situación de encierro resulta desproporcionada y perjudicial para su resocialización y que "...permanecerá privado de la libertad al menos durante una franja etaria de mayor trascendencia en un ser humano, ya que afecta tanto su vida afectiva, familiar, laboral, de relación y desarrollo de la personalidad..." (fs. 122 vta.).
Adujo, con cita del fallo "Álvarez Ordoñez, R.L. s/ c. 10.154" -voto en disidencia del doctor Zaffaroni-, que una pena de prisión que irremisiblemente solo se agote con la muerte del condenado, no cumple con el objetivo de resocializar, pues "...la naturaleza de las cosas impide sostener que la muerte importe una reincorporación a la sociedad, por mucho que se quiera especular en otro sentido..." (fs. 123).
Solicitó que esta Corte ejerza el control de convencionalidad, para el cual -sostuvo- no está limitada por los planteos de las partes ni rige la exigencia de formulación oportuna del reclamo (v. fs. 123/124).
En cuanto al principio de proporcionalidad, si bien reconoció la gravedad de la afectación de los bienes jurídicos en este caso, alegó que la pena aplicada no guarda proporción con aquella afectación, fundamentalmente en razón de la edad del condenado (v. fs. 124 vta./126 vta.).
II. Tal como lo propicia el señor Procurador General, corresponde el rechazo del remedio extraordinario deducido (v. fs. 137/141).
III. El Tribunal de Casación, ante algunos planteos similares llevados por la defensa en la memoria prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 71 y sigs.), descartó el agravio por extemporáneo -de conformidad con el art. 451 del Código Procesal Penal- toda vez que el recurrente originario no formuló ningún reclamo vinculado con el monto de la pena en el recurso de casación. Para fundar su decisión el a quo citó la doctrina de esta Corte: "El último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término 'el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos'. Las posteriores ocasiones procesales [...] están contemplad[a]s para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad..." (fs. 106/107).
Sin perjuicio de esta primera respuesta, de todos modos, el revisor desestimó el planteo sobre la invalidez constitucional de las penas perpetuas por considerar que las mismas no son realmente perpetuas (v. fs. 107/109).
Partiendo del principio de que debe ser respetada la división de poderes y de que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes debe ser la ultima ratio , concluyó que la pena impuesta en este caso no genera menoscabo a garantía constitucional alguna. Explicó que el proceso de individualización de la pena se extiende a la etapa de ejecución y contempla la resocialización del penado pues "...los regímenes legales de ejecución penal vigentes tanto en el ámbito nacional como provincial desarrollan un programa caracterizado por una progresiva flexibilización del tiempo y las condiciones del encierro carcelario para permitir su adecuación a la situación concreta del penado", de manera que "...los alcances de las limitaciones a la libertad ambulatoria y hasta la propia duración del encierro carcelario, aún en los casos de penas denominadas 'perpetuas' aunque no es el caso de autos (sic), podrán variar por decisiones que se adopten en la etapa de ejecución atendiendo a los fines preventivos especiales o de resocialización, mediante la libertad condicional, las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, y otras posibilidades de flexibilización al encierro" (fs. 107 vta. y 108).
Luego señaló, con relación a la alegación sobre la falta de adecuación de la pena a los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma, que su art. 12 deja a salvo la soberanía del legislador argentino para imponer penas más graves a las allí establecidas (v. fs. 108).
Por todo ello entendió que la fijada a Gastón Suárez no resulta desproporcionada en relación con la conducta sancionada, ni vulneratoria del principio de culpabilidad por el hecho o del fin de la pena desde que no implica el encierro de por vida y señaló que no se advertía "...que la norma del art. 80 inc. 7 en cuanto establece la pena de prisión perpetua para el homicidio perpetrado para facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar su resultado o procurar su impunidad vulnere los principios de proporcionalidad, dignidad humana, igualdad ante la ley y el derecho a la resocialización del condenado" (fs. 108 vta.).
En cuanto al fin resocializador, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las leyes de ejecución -nacional 24.660 y provincial 12.256-, aseveró que no es excluyente de otros fines de la pena y que, al no importar una verdadera prisión de por vida, el argumento de la pérdida de virtualidad del derecho a la resocialización perdía contenido (v. fs. 108 vta.).
IV. La decisión del tribunal intermedio de declarar tardíos los reclamos concernientes a la prisión perpetua, formulados en la memoria, no mereció una específica objeción en el recurso de inaplicabilidad de ley de la defensa (más allá de la efectuada en el capítulo de la admisibilidad, a fs. 118). Por lo demás, el criterio del a quo se atiene a la sostenida doctrina de esta Suprema Corte según la cual los planteos omitidos en el recurso de casación y formulados recién en la memoria ante esa instancia resultan extemporáneos (art. 451, CPP y causas P. 104.085, sent. de 11-III-2009; P. 102.166, sent. de 22-IV-2009 y P. 109.655, resol. de 10-III-2010; e.o.).
Recaudo de temporaneidad en la formulación de los agravios que es exigible, por regla, incluso en relación con los planteos de inconstitucionalidad (conf. causas P. 103.838, sent. de 9-IX-2009; P.118.979, sent. de 10-VI-2015), lo que no resulta conmovido por las consideraciones efectuadas por el impugnante en torno al control de convencionalidad, toda vez que el mismo se encuentra sometido a idéntico recaudo de tempestividad (conf. causa P. 110.842, sent. de 26-X-2011).
En cualquier caso, teniendo en cuenta que, aun así, el Tribunal de Casación abordó el asunto de fondo, corresponde señalar que dicho órgano ratificó la validez de la prisión perpetua por las razones -ya reseñadas- que no han sido tomadas en cuenta, y por lo tanto no rebatidas, por la recurrente.
La formulación genérica y dogmática de los reclamos no se ha ocupado, en especial, de replicar el argumento según el cual el penado podría ingresar al período de prueba de la pena privativa de la libertad y tal déficit -más allá de su eventual atingencia o aplicabilidad en el caso-, basta para concluir en la insuficiencia de la pretensión (art. 495, CPP).
Queda en evidencia, entonces, que el Tribunal de Casación ejerció su competencia sin que pueda afirmarse -como pretende la defensa- que se inobservaron los arts. 8.2 "h" de la CADH y 14.5 del PIDCP, ni se ha demostrado la arbitrariedad de la sentencia por graves defectos de fundamentación (art. 495, CPP).
V. A mayor abundamiento puede añadirse (conf. causa P.121.698, sent. de 13-IX-2017, e.o.) que el argumento relativo a que la pena perpetua afectaría el principio de culpabilidad por el acto resultaría acertado si la impuesta no guardara relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad.
Sólo podría predicarse entonces su incompatibilidad constitucional en los supuestos en que esta última condición resulte violada en concreto, y aquí no se ha evidenciado que la sanción legalmente prevista para el delito por el que el procesado resultó penalmente responsable sea desproporcionada y contraria a los principios que estima afectados.
El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que "...un sujeto masculino se presenta en el domicilio [...] en el que se encontraban N. A. y su hija K. A. esta última de trece años de edad, el que al ser conocido de las mismas lo dejaron ingresar a su vivienda. En un determinado momento el mismo sujeto, saca de su mochila un arma de fuego, con la que redujo a N. A. llevándola hacia el dormitorio en el que previamente se había retirado la menor [...] procediendo a atarlas [...] llevando luego a N. A. a otra habitación de la misma casa, apuñalándola en zona [del] abdomen y cuello, provocándole la muerte en breve tiempo, con la finalidad de abusar sexualmente de su hija K.. Posteriormente [...] abusó sexualmente de la menor accediéndola carnalmente [...] mediante intimidación y portando el arma le exigió a K. la entrega del dinero, apoderándose de efectivo, para después con la finalidad de procurar su impunidad le infirió tres cortes de consideración en la zona del cuello, con la intención de acabar con su vida, dándose a la fuga. No logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad" (fs. 101 vta. y 102).
Frente al desvalor del injusto que se aprecia en el caso concreto, el recurrente no se encarga de demostrar que la pena de prisión perpetua sea inadecuada y desproporcionada.
En suma, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado (conf. CSJN, Fallos 329:3680), el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no abandona nunca el plano teórico si el recurrente no realiza un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta al autor es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. causa P. 120.347 sent. de 14-X-2015).
En cuanto a la pretensión de que la pena perpetua no podrá superar los veinticinco años de prisión, o en su defecto deberá declararse su inconstitucionalidad, no posee agravio actual en tanto el asunto concierne a la etapa de ejecución de la condena y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación cabe inferir que aun para el caso de las penas perpetuas deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN, "Ibáñez", sent. de 14-VII-2006; SCBA, causas P. 84.479, sent. de 17-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007).
En tal entendimiento, la pretendida necesidad de fijar un límite temporal surgiría -eventualmente- al momento de peticionar su libertad por considerar agotado su cumplimiento o serle negado algún instituto del régimen de progresividad propio de la etapa de ejecución de la pena. En suma, no evidencia ahora la parte interés actual en su reclamo (arg. art. 421, CPP).
Por lo demás, no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad de la norma cuestionada (conf. causas P. 100.754, sent. de 9-IV-2009; P. 99.833, sent. de 29-XII-2008; P. 100.072, sent. de 12-XI-2008; P. 109.700, sent. de 15-VI-2011; e.o.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari , votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia