Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129905
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar, sin más trámite al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, casar la resolución dictada a fs. 55-56 vta. y, disponer que -con la urgencia del caso- jueces hábiles resuelvan el recurso de conformidad a lo expuesto precedentemente (art. 31 bis, tercer párrafo, de la ley 5827 t.o. por ley 13.812., 496 y concs. del CPP).
La Plata, 8 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 129.905-RC, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 79.870 del Tribunal de Casación, Sala III, seguida a Rivero Rubén Ariel".
I. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, por auto dictado el 1° de agosto de 2017, declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal contra la decisión por la que se declaró, en principio, extinguida por prescripción la acción penal respecto de Rubén Ariel Rivero y se dispuso la remisión de las actuaciones al Juzgado en lo Correccional n° 2 de Azul a fin de que se pronuncie en definitiva acerca de la subsistencia de la acción una vez actualizados los antecedentes del nombrado (v. fs. 161-164 vta.).
El a quo sostuvo que la resolución es equiparable a definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal en tanto, al haberse verificado el requisito temporal para declarar la extinción de la acción penal por prescripción, el Ministerio Público Fiscal tiene un agravio de insusceptible reparación ulterior ante la imposibilidad de cuestionar ese aspecto en el futuro (v. fs. 163).
Señaló, además, que en el marco de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", el impugnante ha traído en el recurso cuestiones de naturaleza federal que resultan actuales y guardan relación directa e inmediata con la decisión del caso, esto es la arbitrariedad de la sentencia por apartamiento del texto expreso de la ley, de las constancias de la causa y de la doctrina jurisprudencial de esta Corte respecto a la forma en que debe declararse la extinción de la acción penal, con la consiguiente vulneración del debido proceso y la afectación de las obligaciones asumidas por el Estado Argentino al suscribir la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, al vedarse el derecho a la víctima al acceso a un juicio oportuno para establecer la verdad de los hechos y eventualmente sancionar al responsable de la violencia sexual denunciada (v. fs.163-164).
II. El recurso debe ser estimado sin más trámite por aplicación del art. 31 bis, tercer párrafo, de la ley 5827 t.o. por ley 13.812.
En efecto, más allá de la improcedencia sustancial de la declaración "prima facie" de prescripción de la acción en razón de que sólo es dable disponer la misma cuando se encuentren reunidos con toda patencia los recaudos exigidos por los arts. 59 inc. 3, 62 inc 2 y 67 apartado 2 y 6 del Código Penal, uno de los aspectos en los que el Ministerio Público ha asentado su censura, el recurso resulta igualmente procedente en tanto la interpretación normativa efectuada sobre la ley sustantiva convocada a resolver la cuestión es arbitraria por no resultar derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa.
Ello es así, en atención a que el a quo prescindió de efectuar un juicio que contemplara, por un lado, todas las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal establecidas taxativamente en el art. 67 apartado 6° del Código Penal, especialmente la vinculada al inc. d) (texto según ley 27.206) y, por el otro, si resulta aplicable o no el segundo apartado de dicha norma, tomando en cuenta el cargo público que desempeñaba el causante al momento del hecho.
III. En lo que atañe al primer aspecto, el juez Borinsky señaló -en base al informe telefónico efectuado aparentemente por la Secretaría de la Sala, en tanto la rúbrica estampada en la diligencia no lleva el sello aclaratorio de la funcionaria interviniente (v. fs. 54)- que entre la requisitoria de elevación a juicio efectuada el 30 de mayo de 2012 y el auto de citación a juicio dictado el 7 de marzo de 2017, ha transcurrido holgadamente el lapso dispuesto por el art. 62 inc. 2° en función del 119, párrafo primero, del Código Penal, por lo que es dable concluir que la acción no se encontraría vigente (v. fs. 55 vta.-56, con voto de adhesión del doctor Violini).
Ahora bien, luego de presentarse el requerimiento de elevación a juicio el día 30 de mayo de 2012 (v. fs. 86-91), el Juzgado en lo Correccional n° 2 de Azul citó a juicio a las partes por auto dictado el 13 de marzo de 2013 (v. fs. 111), fijó la audiencia de debate oral en el punto octavo del auto dictado el 13 de junio de 2013 (v. fs. 112-115), dejó sin efecto la audiencia prevista para los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2013 por el reemplazo del defensor oficial actuante por auto del día 22 de noviembre de 2013 (v. fs. 121), estipuló una nueva fecha para los días 28, 29 y 30 de abril de 2014 por auto del día 20 de diciembre de 2013 (v. fs. 122), suspendió nuevamente la audiencia designada por resolución de fecha 25 de abril de 2014 en razón de la necesidad de iniciar un tratamiento psiquiátrico-psicológico al imputado (v. fs. 124-126 vta.), dispuso audiencia de debate por auto dictado el 2 de marzo de 2016 para los días 11, 12 y 13 de julio de ese año (v. fs. 127-129) -lo que fue revocado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul por decisión de 14 de abril de 2016 con el objeto de que se evalúe la capacidad de Rivero para estar en juicio (v. fs. 133-135)-, señaló nueva audiencia para los días 1, 2 y 5 de junio de 2017 luego de acreditar la capacidad para estar en juicio del nombrado por auto de 7 de marzo de 2017 (v. fs. 137-142) -lo que fue confirmado por el Tribunal de Alzada por auto de fecha 26 de abril de 2017 (v. fs. 150-153), debate que fue suspendido el 17 de mayo de 2017 por parte del juez en lo Correccional Héctor Rodolfo Torrens una vez que se pusiera en su conocimiento la decisión "prima facie" prescriptiva dispuesta por la Sala III del Tribunal de Casación antes mencionada (v. fs. 158-159 vta.).
Tales hitos procesales no fueron debidamente considerados por la Sala y, sin emitir juicio acerca de si alguno de ellos tiene efectos interruptivos del curso de la prescripción de la acción penal, es necesario que se adopte una decisión jurisdiccional motivada que sopese a cada uno de esos indicadores a fin de fundadamente expedirse sobre el artículo de la prescripción.
Es que una mera constatación telefónica desprovista de las constancias documentales de rigor que avalen lo allí consignado no puede ser un mecanismo idóneo para obturar el progreso de la persecución penal si se evidencian una serie de acontecimientos vinculados con la citación a juicio de Rivero y la fijación sucesiva de audiencias de debate que fueran suspendidas por incidencias propias de la causa que resulta necesario evaluar, al menos desde la panorámica de las causales de interrupción de la prescripción, para efectuar -como se anticipara- un juicio debidamente fundado.
A ello cabe sumar que debido a la irregular práctica de declarar "prima facie" prescripta la persecución penal, el a quo olvida que es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el sólo "transcurso del tiempo", cuando se encuentren verificados con absoluta patencia todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario, estos son: i] el transcurso del plazo pertinente -art. 62 del Cód. Penal-; y ii] la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito -art. 67, del Código Penal (conf., P. 83.722, sent. 23-II-2005; P. 88.039, sent. 5-X-2005; P. 94.648, sent. 12-II-2008; P. 87.183, sent. 8-VII-2009; etc.).
IV. En lo tocante a la causal contemplada en el segundo apartado de la norma de mención, no se observa que el órgano casatorio haya considerado en su decisión de fs. 55-56 vta. si correspondía aplicar o no al caso la suspensión del curso de la prescripción por la condición de funcionario público del imputado, aspecto éste sobre el que también deberá existir una resolución expresa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar, sin más trámite al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, casar la resolución dictada a fs. 55-56 vta. y, disponer que -con la urgencia del caso- jueces hábiles resuelvan el recurso de conformidad a lo expuesto precedentemente (art. 31 bis, tercer párrafo, de la ley 5827 t.o. por ley 13.812., 496 y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia