Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129383
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora Defensora Adjunta en favor de Gabriel Ezequiel Decima, con costas (arts. 31 bis ley 5827 t.o. por ley 13.812, 496 y concs. del CPP).
"DECIMA, GABRIEL EZEQUIEL S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 70.147 Y SUS ACUMULADAS 70.154 Y 70.149 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II" .
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.383 RC, caratulada: "Decima, Gabriel Ezequiel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 70.147 y sus acumuladas 70.154 y 70.149 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 18 de agosto de 2016, en lo que aquí interesa, rechazó el recurso de la especialidad presentado por la entonces defensa particular de Gabriel Ezequiel Decima contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mar del Plata que, por un lado, lo había condenado a la pena de diez años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por las lesiones resultantes y autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra, y a la pena única de trece años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y la impuesta por el Tribunal en lo Criminal n°3 departamental, en causa n° 4866 de tres años y seis meses de prisión y, por otro lado, lo había absuelto en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego(v. fs. 209/219 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, la señora defensora adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 243/259).
En lo que concierne a la procedencia, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena en punto a la acreditación del delito de portación ilegal de arma de guerra y del planteo de nulidad del acta de secuestro de la misma (arts. 8. 2. h., CADH y 14. 5., PIDCP -fs. 248 vta.-).
Puntualizó que el a quo se limitó a convalidar mediante fórmulas genéricas, desnaturalizando su tarea revisora amplia, el procedimiento de secuestro del arma de guerra por cuya portación fue condenado Decima y que, ratificó la validez formal del acta que documentó la incautación, sin la presencia de testigo civil, mediante una limitada revisión de las constancias de la causa dado que lo hizo "sin revisar los principales tal como lo pidió el doctor Verdi ni compulsar el soporte técnico del audio del debate que se adjuntó a tal fin" (fs. 251 y vta.).
Aseveró que el fallo recurrido afectó el debido proceso, la defensa en juicio y denunció el apartamiento de la doctrina emergente de los precedentes "Casal", "Descole", "Martínez Areco" y "Silva" de la Corte nacional y de esta Suprema Corte en los precedentes P.96.240, P.99.084, P.89.939 y P.100.354 (v. fs. 257 vta./258 vta.).
Solicitó la anulación del fallo y la absolución de su pupilo por el delito de portación ilegal de arma de guerra.
III. el Tribunal de Alzada, admitió el carril extraordinario (v. fs. 262/265).
Recordó las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal y señaló que si bien se cumple con el recaudo del monto de la pena, los agravios desarrollados en la impugnación no satisfacen el restante requisito legal.
Explicó que dicho principio debe ceder en casos excepcionales cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, como sucede en el presente (v. fs. 264).
En consecuencia señaló que, frente al tenor de la impugnación corresponde su admisión a fin de posibilitar, el tránsito de la causa hacia la instancia federal en cumplimiento de la doctrina emergente de los fallos "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte federal (v. fs. 264 vta.).
IV. La vía impugnativa debe ser rechazada, sin más trámite, por aplicación del mecanismo contemplado en el art. 31 bis de la ley 5827, texto según ley 13.812.
Los cuestionamientos en torno a la errónea revisión del fallo de condena (arts. 8.2.h., CADH y 14.5, PIDCP) no pueden prosperar.
IV.1.Cabe destacar que el órgano revisor señaló -con respecto de la pretendida nulidad del acta de inicio labrada en ocasión de procederse a la aprehensión del imputado y el secuestro del arma, con su respectiva carga, cuya portación ilegítima se achaca al encartado- que "resulta de incuestionable valor que el derecho prive de efectos a un acto procesal cuando la estructura misma de aquel presente vicios formales que lo invaliden, en tanto que es el cumplimiento de las formas lo que perfecciona la secuencia procesal como actividad realizadora del derecho sustantivo, colocándola al amparo del abuso o la arbitrariedad del juez o de las partes" mas "tamaña sanción exige la consideración en cada caso de los elementos a los que debe reputarse como esenciales para el acto de que se trate, como también, que la nulidad esté conminada por la ley pues, de no ser así, se vulneraría la regla de taxatividad uniformemente reconocida en los ordenamientos procesales más modernos" (v. fs. 212 vta.).
Indicó que "el art. 119 del Código Procesal Penal prevé, entre otros aspectos, que el acta será nula ‘si falta la indicación del lugar, de la fecha o la firma del funcionario actuante o la del Secretario o la información prevista en la última parte del artículo anterior’, remitiendo de esta forma al 118 que, en lo pertinente- reza ‘Si tuviere que firmar una persona ciega o una analfabeta, se les informará que el acta puede ser leída y en su caso suscripta por una persona de su confianza, lo que se hará constar’", de lo que se advierte que "la ausencia de un testigo de actuación que refrende el acta que documenta el secuestro del arma, en modo alguno puede conducir derechamente a la nulidad del instrumento", contingencia que ha sido especialmente prevista por el legislador, admitiendo la validez de las actas que carezcan de dicho requisito, siendo que en este caso deberá analizarse el motivo que haya impedido la intervención de esas personas y cuando se encontrare verosímil la existencia de una imposibilidad material, quedará al arbitrio del órgano judicial declarar o no la nulidad del acta (art. 119 del ritual; fs. 213).
Manifestó que el tribunal de juicio ponderó que "la búsqueda del arma con la cual habían sido atacados quienes perseguían al acusado, se desarrolló en un zona delimitada por las calles 12 de octubre y 224, de Mar del Plata, a las 2:30 horas, horario en el que la afluencia de transeúntes resulta nula en dicho sitio", asimismo consideraron que "los habitantes del lugar, de ordinario, demostraron hostilidad -o cuanto menos reticencia- a la intervención policial, tal como quedó evidenciado en la actuación de un miembro de la policía científica, quien así lo expuso […] en ocasión de desarrollar su actuación profesional" (fs. cit. y vta.).
Reseñó la declaración brindada en el debate por el testigo de actuación que presenció la detención del acusado y la lectura de sus derechos, señor Héctor García y explicó en cuanto al reclamo del recurrente sobre la posibilidad de que se hubiera llevado hasta aquel sitio testigos tomados de la comisaría, como el aludido García o familiares de la víctima, que "ello no pasó de ser una especulación pues, conforme también se estableció en el juicio, García presenció la detención del acusado, acontecida en horario próximo a las 21:50, siendo que el hallazgo y secuestro del arma aconteció a las 2:30 horas del día siguiente, no existiendo elementos que permitan establecer que el mentado testigo permaneciera hasta esa hora en la seccional policial, pues conforme la práctica desarrollada a fin de no generar excesivas molestias a los convocados, la firma del instrumento se realiza cuando se cierran las actuaciones, tal como lo explicó el funcionario Rigo, lo cual va como de la mano con las expresiones del mentado García durante el debate respecto a que presenció la lectura de derechos del detenido, regresó a su casa y se desentendió del procedimiento" (fs. 214).
Aseveró que no hay nada en la causa, que otorgue fundamento a la suposición de que los familiares del fallecido se encontraban aquella madrugada en la dependencia policial, "siendo que, por contrario, razones humanitarias no muestra razonable que se demore durante las primeras horas a los familiares de la víctima fatal en aquella dependencia".
Concluyó que "la imposibilidad de contar con testigos del hallazgo del arma en la invernal madrugada en que aquel aconteció, sumado al sitio en donde fue encontrada, hacen verosímil la circunstancia apuntada por el personal policial y justifican su ausencia, lo cual no puede mellar la validez formal del acta objetada" (fs. cit. y vta.).
Recordó que el contenido de los arts. 117 y 118 del Código Procesal Penal, atañe únicamente a las formalidades requeridas por la ley para otorgar plena fe como instrumento probatorio a las actas labradas por los funcionarios públicos, formalidades cuya inobservancia no necesariamente determina la invalidez del procedimiento que aquellas tienden a documentar.
Finalmente para desestimar el agravio y el recurso de la defensa subrayó que "no sólo no se advierte una transgresión formal que derive en el dictado de la nulidad del acta de procedimiento, sino que tampoco se verifica una ilicitud en el acto de secuestro, el que, además, ha sido reproducido por los funcionarios policiales que declararon en el debate en cuyos interrogatorios intervino la defensa, quienes se abocaron a la búsqueda en la vía pública de aquel objeto en función de la orden impartida por la fiscalía -disposición cuya existencia y legitimidad no fue puesta en tela de juicio-, en tanto resultaba ex ante una medida de investigación pertinente, útil y urgente" (fs. 214 vta./215)..
IV.2. De lo dicho hasta aquí se colige que el Tribunal intermedio desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos defensistas -tal como fuera expresado en el recurso- y los descartó. En consecuencia, la vía recursiva fue declarada admisible y el reclamo de la asistencia técnica -aunque desestimado- fue examinado sin cortapisas rituales frustratorias de ninguna índole, habiéndose proporcionando las razones por las cuales se asumía tal temperamento decisorio por lo que no se advierte la restricción cognoscitiva denunciada por el recurrente a tenor de la jurisprudencia que cita.
La disconformidad de la quejosa con la solución adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso, con los alcances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgara, a partir del ya citado precedente "Casal" -que este Tribunal también ha hecho propios- (conf. P. 91.308, sent. de 3-V-2006; P. 86.183, sent. de 12-VI-2006; entre otros).
Así las cosas, y conforme lo sentado en los párrafos anteriores, el impugnante no logra patentizar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales cuyo desbaratamiento denunció, la esbozada arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el caso por el órgano revisor.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la señora Defensora Adjunta en favor de Gabriel Ezequiel Decima, con costas (arts. 31 bis ley 5827 t.o. por ley 13.812, 496 y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2591
Fin de la sentencia