Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129182
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRemitir la causa a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, deberá llevar a cabo -a la mayor brevedad posible- la revisión integral del fallo de la Sala I del mismo órgano que, luego de revocar el veredicto absolutorio decidido en origen, impuso a José Marago la sanción de año de prisión, de ejecución condicional, más la imposición de reglas de conducta, por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.182-RC, caratulada: "Marago, José s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 25.198 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala I de La Matanza",
I. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza, con fecha 17 de mayo de 2017, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de José Marago contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, revocó el veredicto absolutorio dictado -en el marco de un juicio abreviado- por el Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental a favor del nombrado y, en consecuencia, lo condenó a la pena de un año de prisión de ejecución condicional y costas del proceso con la imposición de las reglas de conducta contenidas en los incs. 1 y 3 del art. 27 bis del Código Penal -por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro- conforme el acuerdo arribado por las partes a fs. 176 y vta. del cuerpo principal (v. fs. 63/67).
II. En función de lo expuesto en el punto precedente, corresponde extender, mutatis mutandi , el criterio fijado por esta Corte en la causa P. 108.199 (res. de 24-VI-2015) a las presentes actuaciones que tramitan bajo el régimen de impugnación extraordinaria fijado por ley 14.647 (B.O. 5-XII-2014).
En el citado precedente, a raíz de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente "Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de casación", C. 382. XLIX (sent. de 27-XI-2014), se decidió que una nueva Sala del Tribunal de Casación Penal será la que deba llevar a cabo la revisión integral de la primera sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Alzada.
En dicha ocasión, esta Corte consideró muy particularmente que a fin de garantizar con mayor plenitud el derecho al recurso emergente de los arts. 8.2.h Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no estaba en condiciones de cumplir ese cometido en profundidad.
Los recursos locales previstos ante esta Suprema Corte, según el diseño constitucional de la Provincia (art. 161 y su desarrollo en el CPP), son extraordinarios y, en consecuencia, no han sido organizados para proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral de la condena. En efecto, por un lado, se hallan regulados precisos carriles estructurados según los motivos de impugnación -de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal-; por otro, en cuanto a este último recurso, las normas que lo disciplinan consagran limitaciones en razón del monto de condena y de los motivos de agravios (sólo se revisa el alcance de la aplicación de ley sustantiva o la doctrina legal referida a ella, con exclusión -por regla- de las cuestiones fácticas y probatorias, salvo la pretoriana doctrina del absurdo o la arbitrariedad).
Por eso, no sólo en salvaguarda del alcance excepcional de su competencia constitucional, sino también en favor de dotar de la mayor amplitud a la garantía en juego consideró -siguiendo los lineamientos de lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "D. 429.XLVIII. Duarte, Felicia s/recurso de casación", sent. de 5-VII-2014; y sus citas-, que en tales casos, pese a ser ella el "tribunal superior" en la línea de impugnación, no estaba habilitada para ejercer la revisión de esa primera sentencia de condena con el estándar fijado en "Casal" en razón de las antedichas limitaciones en su quehacer revisor, contando, por el contrario, el recurso de la especialidad, con mejores herramientas para la satisfacción de ese cometido (v. gr.: arts. 457, 458, CPP).
Concluyó entonces que como la garantía del derecho al recurso debe regir respecto de todo aquél que es condenado, aun cuando recién lo sea por primera vez por un tribunal superior al revocársele el originario veredicto absolutorio, correspondía devolver el expediente a la Cámara de la que provenía para que, por quien fuere pertinente, se designare una nueva sala a fin de revisar la sentencia condenatoria.
III. En razón de todo lo expuesto, siendo que en el sub lite intervino la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza -por tratarse de un fallo correccional (art. 21 inc. 4 del CPP)- es que corresponde la remisión de la causa a la presidencia de dicho tribunal de alzada para que desinsacule los jueces hábiles que conformen la nueva sala revisora (Resolución n° 1456/08 de la SCBA de 11-VI-2008) y, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, lleve a cabo a la brevedad el examen integral de la sentencia impugnada merced a los agravios postulados y las reglas que la gobiernan la etapa del recurso contra el pronunciamiento de condena.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Remitir la causa a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, deberá llevar a cabo -a la mayor brevedad posible- la revisión integral del fallo de la Sala I del mismo órgano que, luego de revocar el veredicto absolutorio decidido en origen, impuso a José Marago la sanción de año de prisión, de ejecución condicional, más la imposición de reglas de conducta, por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2607
Fin de la sentencia