Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129398
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar –sin más trámite- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Rolando Javier Sbardella, con costas (arts. 494 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.398-RC, caratulada: "Sbardella, Rolando Javier s Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 63.024 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de febrero de 2015, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial San Isidro que condenó a Rolando Javier Sbardella a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio criminis causa e imponerle la medida accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de efectivo cumplimiento (v. fs. 68/76).
II. Frente a lo así resuelto, la señora Defensora Adjunta ante la aludida instancia, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 88/101 vta.).
II.1. En lo que concierne a la procedencia, tachó de arbitraria la decisión casatoria por haber convalidado la pena de reclusión "...modalidad de privación de libertad derogada legalmente y constitucionalmente inadmisible, atento lo normado por los arts. 16, 18 y 75 inc. 22° de la Ley Fundamental" (fs. 92).
Adujo que, para el caso de que esta Corte no entienda derogada la pena de reclusión -tal como lo sostuviera en forma implícita el Tribunal a quo -, "...no resta otra solución que la declaración de inconstitucionalidad del art. 5° del C.P." (fs. 94). Reseño que las objeciones de índole constitucional se circunscriben a la violación de cuatro principios elementales, "igualdad ante la ley", vulneración al "principio de razonabilidad"; "principio de legalidad", y "principio de culpabilidad por el acto" (fs. 94 vta./95 vta.).
II.2. Subsidiariamente, tildó nuevamente de arbitraria la sentencia, esta vez "...por indebida fundamentación, al apartarse de los precedentes de [esta Corte] dictados en torno al punto objeto de la presente litis, sin brindar fundamentos pertinentes para apartarse de tal postura, lo que implicó afectación a los derechos de defensa en juicio y debido proceso sustantivo, contenidos en el art. 18 de la Ley Fundamental" (fs. 96 y vta. -remarcado en el original-.); en donde cuestionó la revisión efectuada en materia de determinación de la pena; con cita del precedente de esta Corte P. 87.172.
Con cita en los precedentes "Silva", "Casal" y "Martínez Areco" sostuvo que "los fundamentos vertidos por la Sala I [ rectius : VI] del a quo para la no modificación de la cantidad de poder punitivo aplicado en el caso en concreto sólo demuestran una revisión formal, pero no el adecuado tratamiento de las cuestiones pertinentes" (fs. 97 vta.).
Desarrolló el concepto de reprochabilidad por el acto, y sostuvo el sistema de circunstancias agravantes y atenuantes a imponer, estatuido por el legislador nacional en los arts. 40 y 41, 52 del Digesto de fondo "...es aquel que le brinda al juzgador una enumeración de criterios para precisar cuáles son en el caso las que aumentarían o disminuirían la sanción penal; de ésta manera, se ha instaurado de un sistema de variables que servirán para precisar el grado del injusto y el de la culpabilidad en el supuesto fáctico en concreto que se esté estudiando" (fs. 99).
Se refirió a la "posibilidad de otorgar una interpretación constitucional a la pena de prisión perpetua , y ella se circunscribe -prima facie- a otorgarle a la misma una sanción numérica, la que no podrá superar los veinticinco (25) años de prisión" (fs. 99 vta.), añadiendo que sus críticas poseen "andamiaje" a partir de la opinión de la C.I.D.H. en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago", del cual reprodujo fragmentos (v. fs. 99 vta./100). Para el caso de no ser receptada su postura, requirió que se declare la inconstitucionalidad de aquella forma de prisionización -perpetua- por contrariar lo normado en los arts. 1, 4, 5 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 100 y vta.).
III. El tribunal intermedio declaró admisible el recurso intentado (v. fs. 107/108 vta.).
La admisión del recurso se basó en que la articulación recursiva fue interpuesta en tiempo oportuno y se hallaba satisfecho el recaudo correspondiente al monto de pena, así como que dicha vía impugnativa es -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que pudieran estar involucradas conforme los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la CSJN, y que "...dado que la recurrente había formulado motivos de agravio que atañen a cuestiones de la naturaleza indicada, en tanto denuncia arbitrariedad en la sentencia vinculada a la inobservancia de la ley sustantiva en lo que concierne a la errónea aplicación de los arts. 40, 41, 52 del C.P. y constitucionalidad de la pena de reclusión..." correspondía su concesión (fs. 108 y vta.).
IV. Si bien el recurso deducido ha sido bien concedido, lo cierto es que no puede prosperar (art. 31 bis, ley 5827).
De modo preliminar, resulta pertinente aclarar que únicamente se resolverán los embates por los cuáles fue concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ya que el auto de admisibilidad fue consentido por la defensa (v. notificación de fs. 109).
IV.1. En el recurso de casación que abrió el marco cognoscitivo del a quo el defensor de Sbardella, en lo aquí interesa destacar, solicitó que se cambie la pena de reclusión por prisión, y que se declare la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado que establece el art. 52 del Código Penal (v. 42 y vta.). En el memorial previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal, reiteró la solicitud de inconstitucionalidad aludida y denunció, además, la afectación de los principios de congruencia, imparcialidad, defensa en juicio y debido proceso, fundado en la aplicación de agravantes no solicitadas por el fiscal (v. fs. 53/58 vta.).
A su turno, el órgano casatorio, mediante el voto del juez Maidana -al cual adhirió el juez Piombo-, en lo que interesa destacar, resolvió rechazar el reclamo de inconstitucionalidad aludido.
En tal sentido, con sustento en el carácter de última ratio de la declaración de inconstitucionalidad de las normas (v. fs. 71 vta./72), sostuvo que conforme la jurisprudencia de la Corte federal "...la ventaja o acierto de las medidas legislativas escapa de este contralor pues la conveniencia del criterio elegido no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable (Fallos: 224:810; 300:642:655), extremo no demostrado, dado que si bien el letrado denuncia que dicha sanción constituye una pena irrazonable, omite abordar una exégesis constitucional del punto y se desentiende de que éstas han sido mantenidas por voluntad del legislador en las sucesivas y actuales reformas penales que las han venido convalidando" (fs. 72).
En cuanto al alcance que corresponde otorgarle a la privación de la libertad impuesta a Sbardella, sostuvo -en prieta síntesis- que "...debe rechazarse toda acepción literal del término [‘perpetuidad’], pues ello haría trocar esa finalidad por otra y asignarle a la privación de libertad un componente de inocuización, retributivo y/o de defensa social vedado constitucional y convencionalmente" (fs. 72 vta.).
Expresó además, que la reclusión perpetua aplicada al nombrado "...no constituye un acto cruel, inhumano ni degradante de los que prohíbe el artículo 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud que no se consideran tales, aquellos dolores o sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas..." (fs. 73).
Concluyó, en tal sentido, que "...las penas a perpetuidad son admisibles en la medida que el Estado autorice una revisión periódica del encierro que sufre el condenado, de modo que -más allá del ‘nomen’ - exista la posibilidad de acceder a una liberación anticipada y que en caso de denegación, la misma esté supeditada a un control regular" y que "...en nuestro derecho penal no es aceptable un encierro vitalicio, primero porque el mandato constitucional y convencional así lo impide; y segundo, ninguna sanción es ejecutable de por vida, de acuerdo a nuestra normativa, habida cuenta que, incluso en los casos de reclusión o prisión perpetua, está reglado el derecho a favor del penado de obtener una libertad condicional, bajo una serie de requisitos que hacen a la progresividad del tratamiento hacia la inclusión de la persona en la sociedad (cfr. art. 13 del CP)" (fs. 73 vta.).
Asimismo señaló que lo establecido en el art. 14 segunda parte del Código sustantivo, deberá revisarse oportunamente a la luz de los principios constitucionales y postulados que viene sustentando (v. fs. 73 vta./74).
En lo referente a la cuestionada aplicación de la accesoria por tiempo indeterminado, se remitió a las consideraciones anteriores en torno al análisis de la validez constitucional de una norma de jerarquía legal. Asimismo descartó la existencia de dicha incompatibilidad por cuanto el precedente de la Corte federal invocado por la parte excluye expresamente la norma en cuestión de su ratio decidendi e invalidó el art. 52 del Código Penal por razones que no se verifican en la especie, y culminó señalando que el resto de las objeciones son de corte genérico y no explican en qué medida el derecho penal de acto o el principio de proporcionalidad ha resultado violentado en el caso concreto, sin que se demuestre la incompatibilidad de la norma en cuestión con el ordenamiento constitucional.
Por último, expresó que las cuestiones introducidas en la memoria por la Defensora Adjunta se encontraban vedadas por no tratarse de un desarrollo de los motivos del recurso originario (v. fs. 74 vta.). Sin perjuicio de ello, agregó que el planteo de inconstitucionalidad conforme lo dicho anteriomente ha recibido debido tratamiento, y que las alegaciones relativas a la afectación del derecho de defensa, debido proceso y de revisión, y la lesión al principio de congruencia e imparcialidad no podían compartirse porque "conforme surge del acta de debate las agravantes aplicadas han sido oportunamente solicitadas por el Agente Fiscal tal como se observa a fs. 11..." (fs. 75).
IV.2. Frente a lo así decidido, la pretendida mutación de la pena de reclusión por la de prisión, con sustento en que la indicada en primer término se encuentra virtualmente derogada del sistema penal, con cita del fallo "Méndez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no procede.
El criterio del decisor es concordante con la doctrina de esta Suprema Corte (P. 102.332 sent. de 22-IV-2009; P. 103.198, sent. de 28-X-2009; P. 117.108, res. 8-VIII-2012; e.o.) según la cual la tácita derogación de los arts. 6, 7 y 9 del Cód. Penal, como consecuencia de la sanción de la ley 24.660, y -por ende- de las diferencias en la forma de ejecutar las penas de reclusión y prisión, en modo alguno ponen en jaque el distinto tratamiento que las disposiciones de fondo dan a determinados institutos de la parte general del Código Penal. Ello, y el mantenimiento de la vigencia de los arts. 5 y 57 del mismo ordenamiento, demuestran que siguen existiendo pautas sustantivas que denotan que la pena de reclusión es más onerosa que la de prisión (conf. arts. 13, 26, 44 y conc. del Cód. Penal).
Por otra parte, el precedente "Méndez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocado por la defensa en pos de la no aplicación de la pena de reclusión, no resulta aplicable al caso, pues allí se resolvió únicamente la improcedencia de computar la pena de reclusión en los términos del art. 24 del Código Penal, en lo que atañe al modo de ejecución -y no más que en ese aspecto- dicha pena sí había sido virtualmente derogada por la ley 24.660.
Viene al caso señalar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su enfática discrepancia con el a quo, la señora defensora no pone en evidencia la existencia de esos graves defectos en el pronunciamiento cuestionado (P. 118.283, res. de 23-IV-2014; P. 116.026, res. de 30-IV-2014; P. 118.778 y P. 118.783, ambas res. de 7-V-2014; P. 117.950, res. del 4-VI-2014; entre otras).
Lo expuesto, permite concluir que ambas modalidades de penas privativas de la libertad continúan vigentes en el ordenamiento penal argentino (art. 5, CP).
IV.3. Por otra parte, la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada. En efecto, el a quo abordó los motivos de agravios llevados ante su instancia y los descartó, brindando para ello los argumentos concretos acerca de por qué la pena impuesta se encuentra dentro del marco legal, justificó además la ponderación de las circunstancias agravantes que han sido oportunamente solicitadas por el fiscal, motivo por el cual no se advierte la ausencia de revisión alegada ya que la decisión cuenta con fundamentos bastantes para dejarla a salvo de dicha tacha.
IV.4. Por último, el reclamo por el cual la recurrente denuncia la violación al principio de culpabilidad y proporcionalidad de la pena, en donde también solicita la inconstitucionalidad de la pena perpetua, resulta inoportuno ya que no fue llevado ante el tribunal intermedio (v. fs. 40/44 vta. y memorial de fs. 53/58 vta.) y -sin perjuicio de lo que pudiera señalarse respecto de la atribución de los Jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda- resulta exigible como condición indispensable para su abordaje en el tránsito recursivo, la tempestividad del planteo constitucional (CSJN, Fallos: 328:4755; 331:419 y 2561; id., causas F.274.XLIII, "Fontenova", sent. de 3-VII-2007, doctr. T.400.XLIV, "Trova", sent. de 10-XI-2009).
En esa línea, más recientemente, dicha Corte ha reafirmado que "el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones; requisitos y alcances de dicho control" ("Rodríguez Pereyra", sentencia del 27/XI/2012).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar –sin más trámite- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Rolando Javier Sbardella, con costas (arts. 494 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HILDA KOGAN
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2519
Fin de la sentencia