Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129570
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dejar sin efecto la sentencia recurrida de fs. 31/36 y remitir la causa al órgano casatorio para que, por donde resulte pertinente, se dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (arts. 496 y concs. del CPP, 31 bis de la ley 5827).
"ALTUVE, CARLOS ARTURO -AGENTE FISCAL- S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY, EN CAUSA N° 75.076 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL -SALA II- SEGUIDA A PELÁEZ, ROBERTO NICOLÁS".
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.570-RC, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 75.076 del Tribunal de Casación Penal -Sala II- seguida a Peláez, Roberto Nicolás",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal rechazó el remedio de la especialidad interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca que confirmó la del Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental en cuanto hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba respecto del imputado Roberto Nicolás Peláez en orden al delito de lesiones leves agravadas (v. fs. 31/36).
II. Frente a lo así resuelto, el señor Fiscal ante aquella instancia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 38/47), el que fue concedido por la aludida Sala II del citado Tribunal (v. fs. 58/60 vta.).
Para arribar a este pronunciamiento, luego de referir a la doctrina de esta Corte que establece que las resoluciones que conceden la suspensión de juicio a prueba deben equipararse a definitivas, ingresó al estudio de los restantes presupuestos que exige el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 59 vta.). En esa tarea, señaló que "...aun cuando en este supuesto no se encuentra satisfecho el requisito objetivo relativo al monto de pena [...] corresponde excepcionar ese recaudo ante los agravios de pretendida naturaleza federal que el señor Fiscal expuso en el recurso" (fs. cit.).
De este modo, entendió que debía tenerse en consideración la denuncia sobre la supuesta arbitrariedad de la sentencia de ese Tribunal y la afectación del bloque de constitucionalidad federal, en la que el fallo en crisis habría incurrido.
En consecuencia, señaló que el impugnante alegaba una cuestión de naturaleza federal y procuraba establecer la relación directa e inmediata entre lo decidido en el pronunciamiento y las afectaciones constitucionales denunciadas; con lo que correspondía declarar admisible el recurso interpuesto como tránsito de la causa hacia la instancia federal en cumplimiento de la doctrina emergente de los fallos Strada, Di Mascio y Christou (v. fs. 60).
III. La vía extraordinaria fue bien concedida (art. 486 del Código Procesal Penal -t.o. según ley 14.647-).
Sentado ello, se analizará sin más trámite la procedencia del reclamo conforme lo resuelto por esta Corte en los precedentes P. 121.504, res de 21-IX-2016; P. 122.305, res. de 19-X-2016; P. 122.697, res. de 26-X-2016; P. 121.439, res. de 2-XI-2016, entre otras.
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (art. 496 del CPP) de acuerdo a las consideraciones que siguen.
1. Por un lado, el Tribunal de Casación decidió que el supuesto de autos no se encontraba comprendido dentro de aquellas resoluciones que la propia doctrina de ese Cuerpo había equiparado a sentencia de definitiva y por lo tanto impugnable a través del recurso de casación. Ello en tanto lo que se cuestionaba no era la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba prevista en el art. 76 bis del Código Penal (v. fs. 32 vta.).
Explicó que a los fines de habilitar la competencia del mentado órgano en ese tipo de cuestiones, aparecía indudablemente la exigencia de que el decisorio atacado proviniera de la Cámara de Apelación y Garantías y que el mismo fuera revocatorio del instituto en ciernes otorgada por el juez de primera instancia. Con cita del art. 450, segundo párrafo, ultima parte, señaló que "...en supuestos como el de marras -en que la resolución de la Cámara no es revocatoria sino confirmatoria del dictamen del magistrado de la instancia (mediando a su respecto ‘doble conforme’)- el recurso de casación, como regla de carácter general, resulta inadmisible" (fs. 33 vta.).
De este modo, concluyó que el auto que otorgó la solicitud de la suspensión de juicio a prueba respecto de Peláez dispuesta por el Juzgado en lo Correccional de Bahía Blanca ya había sido revisada por la Cámara interviniente, con lo que esta última decisión emanada del Tribunal de Alzada constituía "...uno de los supuestos para los cuales el ordenamiento procesal vigente no tiene previsto recurso de casación..." (fs. 34 vta.).
Por último, consideró que más allá de que el recurrente esgrimió reclamos que catalogó de naturaleza federal, lo cierto era que no lo había hecho con la suficiencia y carga técnica exigida por el ritual. De ahí que tachó de insuficiente los desarrollos formulados en la presentación, toda vez que el recurrente no demostraba la existencia de la relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo recurrido y las garantías que invocaba como transgredidas (v. fs. 35).
2. Frente a lo fallado, el señor Fiscal formuló dos motivos de agravio en la vía de inaplicabilidad de ley articulada.
Por el primero, alegó arbitrariedad de la sentencia impugnada por apartamiento de la doctrina legal aplicable en torno a la recurribilidad de las decisiones que conceden la suspensión del juicio a prueba.
Por el segundo, volvió sobre ese vicio, sustentándolo en la fundamentación aparente y en el apartamiento de la doctrina legal aplicable.
En lo que aquí interesa, sostuvo que no era válida a la luz de los estándares que surgían del art. 7 de la Convención de Belém do Pará "...la interpretación efectuada por los casacionistas, que se desentiende de la cuestión federal planteada por el Ministerio Público Fiscal sosteniendo sin argumento alguno que lo avale, que la misma no ha sido suficientemente planteada" (fs. 45).
Recordó que el Fiscal General en su reclamo había denunciado la infracción a las normas convencionales y constitucionales vulneradas con la resolución que concediera la suspensión del juicio a prueba al imputado pese a tratarse de delitos constitutivos como de violencia de género ante la manifiesta oposición del fiscal. Y que el órgano intermedio se limitó a fundar el rechazo del recurso de modo general y dogmático, basándose en la insuficiencia del reclamo federal (v. fs. cit.).
3. De la reseña efectuada se advierte que el pronunciamiento dictado por el Tribunal de Casación resulta arbitrario, desde que no abordó las cuestiones propuestas por el señor Fiscal ante dicha instancia - prima facie - de índole federal y se limitó a dar respuesta a los planteos mediante afirmaciones genéricas referidas a que éstas resultaban insuficientes.
En efecto, la dogmática exploración encarada por dicho órgano al descartar la eventual concurrencia de supuestos excepcionales que justificaran habilitar la instancia, no abastece el standard de motivación requerido en asuntos de esta índole.
En definitiva, el tránsito del recurrente por el tribunal intermedio ha sido sólo aparente (conf. P.121.272, res. del 12-VIII-2015, entre muchas otras; CSJN, "G., G.P. y otros s/ Homicidio en ocasión de robo", 18-XII-2001 y "D.L., M. y otros s/ Robo agravado", 19-XI-2002, entre otras), en tanto el abordaje de las cuestiones federales involucradas no encierra otra cosa que una fundamentación puramente dogmática, lo que no permite reputar a la sentencia en crisis como acto jurisdiccional válido.
Por todo lo expuesto, es que corresponde casar la sentencia, ordenando la devolución de los autos a la instancia anterior para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo resuelto, oportunidad en la que necesariamente deberá expedirse -con la debida circunstanciación al caso en concreto- respecto de todas y cada una de las cuestiones federales que pudiera contener el recurso llevado a su conocimiento, analizando al respecto su admisibilidad, suficiencia y procedencia según lo considere pertinente (art. 496, CPP; conf.. doctr. Ac. 103.202, res. del 21-V-2008; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dejar sin efecto la sentencia recurrida de fs. 31/36 y remitir la causa al órgano casatorio para que, por donde resulte pertinente, se dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (arts. 496 y concs. del CPP, 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2535
Fin de la sentencia