Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127194
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (arts. 493, 496 y concs., CPP).
Siendo inoficioso el escrito por el que se interpusieron los mencionados recursos, no se regulan honorarios al doctor Ariel Aníbal Castro (art. 30, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.194, "Del Greco, Luis Walter s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 119.188 de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de La Plata, Sala II".
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de noviembre de 2015, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el escribano Luis Walter del Greco -por su derecho y con el patrocinio del doctor Ariel Aníbal Castro- contra la sentencia del Tribunal Notarial que le impuso la sanción de suspensión por noventa días (v. fs. 255/260 vta.).
Frente a ello, el nombrado interpuso -con el patrocinio antes referido- recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 262/268), que fueron concedidos por resolución de la Sala interviniente (v. fs. 284/286 vta.).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 291) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El escribano Luis Walter del Greco fundó su recurso extraordinario de nulidad indicando que la Cámara omitió tratar dos cuestiones que su parte consideró esenciales.
Mencionó en primer término que planteó ante el Tribunal de Alzada que el Tribunal Notarial había denegado una prueba de informes de la que habría surgido el abono de los aportes que motivaron el presente proceso (v. fs. 263 vta.).
Luego hizo consideraciones generales acerca de las vías recursivas habilitadas para impugnar la decisión que lo agravia, asunto que en verdad corresponde a la admisibilidad de sus recursos, etapa superada en el presente (v. fs. 264 y vta.).
Indicó que debió haberse producido prueba en la Cámara pues se daba el caso excepcional previsto en el art. 255 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 265).
Afirmó que "Además debe anularse el decisorio en crisis por no observar la forma de acuerdo y voto individual de los jueces" (fs. cit.).
A continuación, criticó lo resuelto por la Cámara diciendo que "Resulta importante destacar para confirmar la arbitrariedad por carencia de fundamentación, que los miembros del jurado [Sala] que votan por la confirmación de la resolución lo hacen refiriéndose a los dictámenes de una Caja de Previsión y de un Tribunal que no es de justicia y que impide la etapa probatoria amplia, aludiendo a que de ellos surgen elementos suficientes. Sin embargo, de la sola lectura de los dictámenes referidos, surge en forma evidente que la inspectora coincidió en varios pasajes con la acusación de la Caja. Por lo que, para apoyarse en esos dictámenes, y sin admisión de prueba, resulta no sólo arbitrario sino absolutamente contradictorio" (fs. cit.).
Complementó lo dicho con referencias de orden general al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 265 vta.).
II. Estimo que el recurso antes resumido debe ser desestimado.
Es falso que la sentencia recurrida carezca de acuerdo y voto individual, lo que se advierte con solo remitirse a su texto, obrante a fs. 255/260 vta.
También es palmariamente improcedente el planteo basado en la omisión de producir prueba en la Cámara, ya que la parte no lo pidió ni en el recurso de apelación (v. fs. 251/253), ni en escrito alguno. Es manifiesto que la parte no puede criticar que el Tribunal de Alzada no haya dado curso a una petición que su parte no hizo.
En cuanto a las objeciones acerca de la prueba valorada por ambas instancias precedentes, ellas son materia ajena al presente remedio y propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que la parte también ha interpuesto, por lo que me ocuparé de ellas al tratar la segunda cuestión (art. 491, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El escribano recurrente sostuvo que la sentencia que lo agravia "...viola la Ley 9020 y la Doctrina Legal haciendo procedente este Recurso Extraordinario que se encuentra fundado en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida al 'a quo' que ha reproducido argumentaciones legas del Tribunal Notarial" (fs. 265 vta.).
Añadió consideraciones generales sobre el ámbito temático del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, así como a la posibilidad de formular objeciones de carácter federal (v. fs. cit.).
Afirmó que la valoración de los hechos fue absurda y que la decisión no encuadra "...en lo tipificado por el art. 35, inc. 7 ap. a, Decreto-Ley 9020/78 y muchos [sic] menos se encuentra probada la conducta antiética de este Notario" (fs. 266).
Afirmó que los importes cuya falta de pago determinó la sanción que le fuera impuesta ya fueron cancelados "...en un tiempo por lo demás de prudencial respecto al primigenio vencimiento" (fs. 267).
Complementó lo dicho con menciones generales a jurisprudencia relativa a la garantía del doble conforme, la interpretación de la ley, y la debida fundamentación de las sentencias (v. fs. 266/268).
II. El recurso debe ser rechazado.
La parte se desentiende de los argumentos expuestos en el fallo que impugna, lo que determina la insuficiencia de sus planteos (art. 495, CPP). En efecto, insiste en que efectuó pagos para cancelar los aportes cuya omisión originó las presentes actuaciones, pero silencia que la Cámara indicó que "Si bien es incuestionable que al tiempo de ser elevadas las actuaciones al Tribunal, el notario realizó ciertos depósitos cancelando los aportes reclamados [...] resultan a los efectos del proceso disciplinario, irrelevantes, pues no modifican ni restan envergadura a las irregularidades ya cometidas. La sanción no le ha sido impuesta al escribano por persistir en su situación de mora, sino por haber incurrido en ella" (fs. 257 y vta.).
En el mismo sentido, señaló la Cámara que "No repara el encartado que estas actuaciones no están dirigidas a la percepción de deudas pendientes de pago. Nada se le exige en este proceso al notario, pues en materia disciplinaria, el objetivo del procedimiento seguido lo constituye la aplicación de sanciones a todo aquél que ha desplegado conductas impropias, previamente comprobadas" (fs. 257).
Si lo que la parte pretendía era demostrar los errores de la sentencia recurrida, no podía hacer caso omiso a sus fundamentos (art. 495, cit.).
Cabe destacar que la sanción no resulta de incumplimientos aislados sino de una considerable cantidad de ellos, como se puede observar en la enumeración que hace la sentencia del Tribunal Notarial (v. fs. 235 vta. y 236). La decisión se apoyó además en la extensa lista de antecedentes de faltas a las reglas que rigen su profesión que registra el escribano y que ya determinaron sanciones en procesos previos, todo lo cual ha sido referido por el mencionado tribunal (v. fs. 234 vta.) y no ha sido adecuadamente refutado por la parte.
Similar deficiencia se observa en el planteo según el cual lo decidido no encuadra en lo tipificado por el art. 35 inc. 7 apartado "a" del decreto ley 9.020/78. Sobre ello dijo la Cámara que la norma citada "...no hace una enumeración taxativa de actos constitutivos de falta de ética; es más, en su inciso b) se establece expresamente el carácter no taxativo de la eventual enumeración a efectuarse por el Reglamento Notarial. Y el no pago de aportes e impuestos de sellos es una conducta tipificada como falta de ética profesional porque afecta el decoro y prestigio del notariado y es en definitiva lesivo a la dignidad inherente a la función, especialmente cuando en el caso, si quién de esa forma actúa, cuenta con reiteradas suspensiones en el ejercicio profesional..." (fs. 256 vta.).
El recurrente no intenta siquiera refutar estos fundamentos y se limita a repetir que la conducta imputada no se encuentra tipificada en la norma general que cita. El planteo es insuficiente (art. 495, cit.).
En cuanto a las referencias a la doctrina de la arbitrariedad, absurdo, y garantía del doble conforme, se trata de desarrollos generales que la parte no ha vinculado con el supuesto en juzgamiento y por ende tampoco permiten revertir lo decidido.
III. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Las notorias deficiencias técnicas visibles en ambos recursos hacen aplicable lo dispuesto por el art. 30 del decreto ley 8.904/77, vigente al momento en que se presentó el recurso. Por lo demás, la regla es reiterada con idéntico texto en el art. 30 de la actual ley 14.967, lo que no determina distinciones entre ambos cuerpos legales.
A fin de fundar esta decisión -tal como lo exige esa norma- me remito a lo ya dicho en ambas cuestiones, sin perjuicio de destacar que el recurso extraordinario de nulidad contiene objeciones acerca del fallo recurrido para cuya desestimación basta con revisar su texto, y el de inaplicabilidad de ley se desentiende de los fundamentos brindados por la Cámara.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (arts. 493, 496 y concs., CPP).
Siendo inoficioso el escrito por el que se interpusieron los mencionados recursos, no se regulan honorarios al doctor Ariel Aníbal Castro (art. 30, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia