Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130782
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.782, "Benítez, Mauro Ariel y Cuttiz, Rubén Alberto s/ Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 56.111 del Tribunal de Casación Penal, Sala V y sus acumuladas causas 21.291 y 21.310 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana, en decisorio de fecha 9 de julio de 2005 declaró la nulidad del acta de allanamiento obrante a fs. 202/204 vta. en la causa 691/438 seguida a Mauro Ariel Benítez, que en copia luce a fs. 206/208 en la causa 984/193 respecto de Rubén Alberto Cuttiz, como también de todo lo obrado con posterioridad. Asimismo por aplicación del beneficio de la duda dictó veredicto absolutorio respecto de Benítez en orden a los hechos investigados en la citada causa y de los cuales resultaran víctimasÁlvaro Nistal, Luciana Bianchi, Osvaldo Rubén Leguizamón y Gustavo Sergio D'Elía -identificado como hecho I-, correspondiente -según audiencia de debate de fs. 917/965, en la causa 691/438- a los ilícitos de homicidio criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa, lesiones graves agravadas en función de los arts. 41 bis y 92 del Código Penal y abuso de arma, todo en concurso real (arts. 41 bis, 55, 80 inc. 7, 90 en función del 92, 104 primer párr. en relación con el 105 y 166 inc. 2, Cód. cit.), y de Rubén Alberto Cuttiz en orden al delito que damnificara a Álvaro Nistal, que según la mencionada audiencia fuera calificado como homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego (arts. 165 y 41 bis, Cód. cit.). En el mismo pronunciamiento condenó al primero de los nombrados a la pena de un año y seis meses de prisión y costas, por ser autor responsable del delito de encubrimiento (causa 882 -acollarada-; art. 277 inc. 3, Cód. Penal) por el hecho ocurrido entre julio de 2001 al 23 de enero de 2002 (v. fs. 1.015/1.041 vta.; causa 691/438). Notificados el referido Benítez y su defensa con la lectura de la sentencia (v. fs. 1.042; conf. art. 374 in fine , CPP), sin perjuicio de las notificaciones posteriores (v. fs. 1.045, 1.058, 1.071 vta. y 1.079; 1 vta. y 3 del incidente de excarcelación acollarado), sin impugnar el pronunciamiento en cuanto fue materia de condena respecto del delito de la causa 882 acollarada, esta parcela devino firme.
A su turno, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el día 30 de diciembre de 2008 hizo lugar a los recursos incoados por el señor fiscal y la particular damnificada en relación con el hecho acaecido el día 12 de enero de 2002 que damnificara al señor Nistal y su viuda, la señora Bianchi (causa 691/438 y su acum. 984/193) y en consecuencia casó la sentencia de grado, anuló lo actuado y ordenó la devolución de la causa para que jueces hábiles en un nuevo debate vuelvan a evaluar toda la prueba obliterada y reciban aquella que fuera llevada ante esa instancia -en el marco que propicia el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- (v. fs. 1.087/1.094, causa cit.).
Vueltos los autos a la instancia de grado y luego de ser notificadas las partes de la nueva integración del tribunal (v. fs. 1.127), la defensa oficial de los encartados presentó un escrito en el cual invocó la violación del ne bis in idem y peticionó la absolución siempre en relación con el hecho de la causa 691/438 –y su acumulada 984/193- por cuyos delitos resultaran absueltos (v. fs. 1.131/1.133).
Con fecha 1 de septiembre de 2011, el tribunal de origen acogió la pretensión y sobreseyó a los encartados por considerar que la realización de un nuevo juicio afectaría la citada garantía (v. fs. 1.167/1.173 vta.).
Contra lo así decidido, el Ministerio Público Fiscal dedujo recurso de apelación (v. fs. 1.178 y vta.), que fue acogido favorablemente por el Tribunal de Alzada departamental el día 24 de agosto de 2012, revocando el pronunciamiento anterior y ordenando la continuación del proceso según su estado (v. fs. 1.223/1.226 vta.).
Interpuesto recurso de casación por parte de la defensa oficial de los encartados, la Sala V del tribunal intermedio lo rechazó mediante el decisorio del día 10 de diciembre de 2013 (v. fs. 35/64 vta., legajo casatorio 56.111).
El señor defensor oficial ante la aludida instancia, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en beneficio de ambos imputados (v. fs. 109/125 vta.), el que fue admitido por la citada Sala (v. fs. 126/128, conf. legajo cit.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 139/147), dictada la providencia de autos (v. fs. 148) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el escrito recursivo invocó una cuestión previa y dos agravios (v. fs. 109/125 vta.).
I.1. En lo tocante a la primera, solicitó la prescripción de la acción penal conforme art. 62 inc. 2 del Código fondal como garantía del imputado frente al límite temporal a la persecución penal estatal (arts. 28 y 33, Const. nac.; v. fs. 112 y vta.).
Sostuvo que Mauro Ariel Benítez había sido acusado por los delitos de homicidio criminis causae , robo calificado por uso de armas en grado de tentativa, lesiones graves calificadas y abuso de armas, y Rubén Alberto Cuttiz por el de homicidio en ocasión de robo agravado por uso de arma de fuego, sin que a la fecha existiera el dictado de una sentencia condenatoria (v. fs. 114 vta., con relación a fs. 952, causa 691/438, audiencia de debate).
Señaló que el último acto interruptivo de la prescripción fue el auto de citación a juicio (conf. art. 67 inc. "d", Cód. Penal), que respecto de Benítez ocurrió el día 31 de octubre de 2002, mientras que con relación a Cuttiz el día 24 de mayo de 2004. Con lo cual, a su juicio, habiendo transcurrido los doce años según el art. 62 inc. 2 del Código citado, las acciones penales emergentes de los ilícitos mencionados -salvo el homicidio criminis causae - se hallaban prescriptos (v. fs. 114 vta., con relación a la citación a juicio obrante a fs. 401 en la causa 691/438 por Benítez y la de fs. 491 en la causa 984 por Cuttiz).
I.2.a. En el acápite de la procedencia alegó -en primer orden- violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable (arts. 15, Const. prov.; 8.1, CADH; 9.3, PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.), con arreglo al entendimiento jurisprudencial de dicho instituto que efectuase la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 115), merced a que desde la iniciación del expediente hasta la actualidad había transcurrido un lapso de tiempo que superaba los quince años, período en el cual el Estado se tomó su tiempo para determinar la existencia de los hechos imputados a sus asistidos y su consecuente autoría (v. fs. 115 y vta.).
Se refirió a los criterios elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y receptados por la Corte Interamericana de Justicia para la determinación de la razonabilidad del plazo de extensión del proceso: complejidad del caso, conducta del procesado y diligencia de las autoridades competentes en la conducción del trámite procesal, ocupándose someramente de su relación con este juicio (v. fs. 115 vta. y 117).
Resaltó además que la extinción de la acción penal por prescripción es la herramienta adecuada para salvaguardar los derechos conculcados, de acuerdo con la doctrina elaborada por la Corte federal en los precedentes "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188), "Mozzatti" (CSJN Fallos: 300:1102), "Kipperband" (CSJN Fallos: 322:360) y "Podestá" (CSJN causa P.762.XXXVII; v. fs. 118 y vta.).
I.2.b. Por último, denunció arbitrariedad (art. 18, Const. nac.), por desconocimiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa "Sandoval" (CSJN causa S.219.XLIV), por su expresa remisión a los votos en disidencia de "Alvarado" (CSJN Fallos: 321:1173), en tanto el tribunal casatorio consideró que en el caso no se vio afectada la protección del non bis in idem (v. fs. 120 y vta.).
Luego de transcribir lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente aludido (v. fs. 120 vta. y 121), argumentó que el caso de autos se trató de un proceso válidamente cumplido, en el cual el tribunal de Zárate Campana decidió absolver a Benítez y a Cuttiz por aplicación del beneficio de la duda, y que luego de idas y venidas, el tribunal casatorio se pronunció realizando una interpretación errónea y parcializada de la doctrina del Alto Tribunal nacional, en vulneración a la citada garantía (v. fs. 121 vta. y 124).
Afirmó que esa defensa insiste y se apoya en el voto minoritario pronunciado por el juez Ordoqui, en tanto que el reenvío implicaría someter a la persona a los padecimientos de una etapa que ya se ha superado, en franca oposición al principio de preclusión de los actos procesales, con vulneración de la citada garantía (v. fs. 124).
En definitiva, solicitó se case el pronunciamiento impugnado y se reenvíen los autos al tribunal a quo para que, debidamente integrado, se dicte un pronunciamiento que absuelva a sus asistidos (art. 496, CPP; v. fs. 125).
II. El señor Subprocurador General aconsejó acoger el planteo previo (v. fs. 139/147, en particular fs. 140 vta. y 141 del dictamen). Asimismo, propuso rechazar el resto de los agravios incoados (v. en particular fs. 141/147).
III. Liminarmente, cabe señalar que el auto de admisibilidad destacó que si bien el fallo carecía de la nota de definitividad que prescribe el art. 482 del Código Procesal Penal, en tanto no termina la causa ni impide su continuación, debía ser considerado en el caso un supuesto de sentencia equiparable a definitiva a tenor del rendimiento propio de la garantía de ne bis in idem , que por su naturaleza y consecuencias, está destinada a gobernar decisiones previas al fallo final pues, de otro modo, el agravio se habría consumado sin posibilidad de reparación ulterior (conf. CSJN Fallos: "Weissbrod", "Polak" y "Kang"). También señaló que, sorteada así la ausencia de definitividad del pronunciamiento, el examen del asunto quedaba limitado a los agravios que conllevaran la posibilidad de que el imputado se viera sometido a un nuevo proceso, en violación de la citada garantía (v. fs. 126/128), decisión no controvertida por la parte.
IV.1. El planteo formulado como cuestión previa, relativo a la extinción de la acción por prescripción en orden a algunos de los ilícitos atribuidos a sus asistidos en la causa 691/438 -y su acumulada 984/193-, no quedó expresamente comprendido en el auto de admisibilidad. Por lo demás, la pretensión de que esta Suprema Corte lo aborde originariamente excede el marco de la competencia apelada propia de la vía recursiva deducida (arts. 161 inc. 3 apdo. "a", Const. prov. y 494 y sigs., CPP; doctr. causa P. 99.504, sent. de 20-V-2009), lo cual no obsta a que sea examinada en las instancias previas, lo que así propongo.
V.1. A tenor de lo señalado respecto del alcance de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio, la competencia de esta Corte se encuentra ceñida a la alegada violación de la garantía del ne bis in idem .
El recurrente denunció arbitrariedad por desconocimiento de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa "Sandoval" (CSJN causa S.219.XLIV), por su expresa remisión a los votos en disidencia de "Alvarado" (CSJN Fallos: 321:1173), pues en el caso se ha visto afectada la protección del ne bis in idem (v. fs. 120 y vta.).
V.2. El señor Subprocurador General aconsejó el rechazo del planteo (v. en particular fs. 144 vta./147 del dictamen), postura con la cual coincido.
V.3. El Tribunal de Casación Penal rechazó el planteo de violación de la mencionada garantía. El juez Celesia -quien formó la mayoría sobre el punto- se remitió a lo expuesto al resolver en la causa 2.611 de la Sala II de ese tribunal de la cual transcribió algunas de sus partes pertinentes (v. fs. 52 vta./53 vta.). También se refirió al voto del juez Ordoqui quien -en minoría- se pronunció en favor de la postura de la defensa con sustento en lo resuelto en el Fallo "Sandoval" y su remisión a "Alvarado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En lo que importa, el referido ponente destacó que las particularidades que se presentaban en cada uno de esos precedentes, sumado a las distintas consideraciones efectuadas por los magistrados que formaron mayoría y la forma en que se habían tratado otros casos similares con posterioridad a ellos, llevaban a considerar que las sentencias allí dictadas sólo habían resuelto el caso concreto pero no permitían afirmar que la Corte Suprema hubiera fijado una doctrina que pudiera reputarse consolidada con relación al tema, más allá de ciertos estándares que correspondía atender (v. fs. 53 vta.).
Realizó distintas consideraciones acerca de dicho fallo, como también respecto del precedente "Kang" (CSJN Fallos: 334:1882; v. fs. 53 vta./56 vta.).
También se ocupó del caso "Mohamed vs. Argentina" y recordó que en dicho precedente la Corte Interamericana se había explayado respecto al alcance que dicho Tribunal Internacional le había asignado a la mentada garantía, a la vez que tuvo por no acreditada una doctrina legal firme en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permitiera considerar que en nuestro medio debería tener un alcance distinto (v. desarrollo de fs. 56 vta./59 vta.).
Además afirmó que no debía confundirse la "doble persecución penal" prohibida por los instrumentos internacionales con el "doble conocimiento" en un mismo proceso y que "Ni la instancia recursiva ni la eventual reedición del debate que pudiera derivar del éxito del recurso del acusador contra la absolución, hacen nacer un proceso autónomo o distinto en el que se renueve la acusación, sino que se trata siempre de la continuación del mismo proceso" (fs. 59 vta. y 60), en el cual "...la reedición de una de las etapas de [aquél], se torna inevitable" (fs. 61/62).
Consideró que no surge de la doctrina elaborada por la Corte federal sobre el alcance de esta garantía la de imposibilitar un recurso acusatorio contra una sentencia de absolución y el eventual juicio de reenvío que de él pueda derivarse, lo que por cierto hubiera implicado la declaración de inconstitucionalidad de las normas procesales que admiten tales vicisitudes procesales. A la par de insistir que los instrumentos internacionales que otorgan jerarquía constitucional a la mentada garantía tampoco permiten una interpretación en ese sentido (v. fs. 62 y vta.).
Por todo lo expuesto, confirmó la sentencia apelada, rechazando que se hubiera, en el caso, vulnerado el principio constitucional aludido con el dictado de la anterior sentencia casatoria que dispuso el juicio de reenvío.
V.4. Frente a lo reseñado el recurrente omite rebatir eficazmente los fundamentos que brindó la casación en cuanto a que, por un lado, no hay una doctrina constitucional por parte de la Corte nacional que hubiere dado al citado principio un alcance que imposibilite un recurso acusatorio contra una absolución y el eventual juicio de reenvío que de él pudiera derivarse y, por el otro, que los instrumentos internacionales permitan una interpretación en ese sentido. Cuando, además, se concluyó que en el caso no se vio afectada la protección constitucional del ne bis in idem "...por no existir sentencia firme" (fs. 63). Media pues insuficiencia impugnativa (arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
Pues, más allá de las consideraciones generales que formula la parte recurrente y transcripciones de decisiones de la Corte federal que tibiamente intenta bajar al caso de autos, no logra replicar a cabalidad el alcance asignado a la prohibición contra la doble persecución penal.
Las alegaciones recursivas reseñadas ponen de manifiesto que la pretensión de asimilar la cuestión aquí planteada con relación al ne bis in idem con la juzgada en el caso "Sandoval", en rigor no trasciende de ese mero enunciado, pues no se hace cargo la parte de los aspectos particulares de ese pleito que llevaron al Máximo Tribunal de la Nación a decidirlo a través de las consideraciones a las que remitió de las causas "Alvarado" y "Olmos" (CSJN Fallos: 321:1173 y 329:1447, respectivamente); expedientes que, más allá de los distingos que exhiben en sus aspectos fácticos y procesales, dan cuenta que la solución administrada importaba en definitiva la reedición total del juicio, "...esto es, la renovación de la integridad de sus partes (declaración del imputado, producción de la prueba, acusación y defensa)"; cuando según constante jurisprudencia de ese Cuerpo, por imperio de los principios de progresividad y preclusión "...no hay lugar para retrotraer un proceso penal a etapas ya superadas cuando éstas han sido cumplidas observando las formas sustanciales del proceso que la ley establece" (cons. 6 y 9, voto de los señores Jueces doctores Petracchi y Bossert); conceptos que hacen al pronunciamiento aludido en primer lugar y que reproduce en similares términos el voto del señor Juez doctor Petracchi en el precedente siguiente (conf. en lo pertinente causas P. 117.890, sent. de 29-VI-2016; P. 117.957, sent. de 17-VI-2015; e.o.).
Ciertamente tal temperamento se alinea con la doctrina sentada en el caso "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188), en que la Cámara interviniente había anulado de oficio las actuaciones a partir del cierre del sumario sobre la base de que el instructor no había agotado la investigación. La Corte revocó el pronunciamiento con fundamento en que "...el juicio ha[bía] sido retrogradado a su etapa inicial, o sea la de sumario, cuando se encontraba ya en condiciones de ser definitivamente fallado con relación al apelante; y cuando éste llevaba más de cuatro años en la condición de procesado" (párr. 6, CSJN Fallos: 272:188).
La situación descripta no se ve justificada en la especie ya que, en el caso, la devolución de la causa para que jueces hábiles en un nuevo debate reevalúen todas las adquisiciones probatorias erróneamente obliteradas y las llevadas ante esa sede en el marco de la amplitud probatoria -conforme doctrina del caso "Casal"-, no retrotrae el proceso a una etapa ya superada en los términos antes referidos (v.gr. la investigación penal preparatoria).
En esas condiciones, no es posible propiciar de los precedentes indicados una interpretación de la regla que comprenda el supuesto de autos, quedando el vicio atribuido al fallo huérfano de todo sostén.
De todos modos, los imputados en autos -una vez que se renueven los actos procesales necesarios- cuentan con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia perjudicial que se dicte a su respecto.
Por último y a modo de cierre, cabe señalar que lo resuelto por la casación no aparece reñido con los estándares fijados por esta Corte en la causa P. 123.902, sentencia de 4-V-2016, a la cual cabe remitirse en honor de brevedad.
En consecuencia, de conformidad con lo resuelto, corresponde devolver los autos a la instancia anterior para que prosigan las actuaciones según su estado.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.