Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131347
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.347, "Nievas, Jorge Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.953 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de marzo de 2018, rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de Jorge Alberto Nievas contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio criminis causae por haber sido cometido para consumar otro hecho y por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito, y tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, en concurso real (v. fs. 62/70).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia intermedia articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 75/80 vta.), que fue concedido por la Sala interviniente (v. fs. 81/83).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 91/95 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 96) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el escrito bajo estudio, la defensa de Jorge Nievas atribuye arbitrariedad a la sentencia de casación, en el entendimiento de que convalidó erróneamente la aplicación del art. 80 inc. 7, en su relación con el art. 47, inobservando el art. 165, todos del Código Penal, al no hallarse probada la conexión subjetiva entre el homicidio de la víctima Nicolás Aso y el intento frustrado de desapoderamiento; estima violado el principio de culpabilidad y la presunción de inocencia, con cita de los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional y 15 de su símil local (v. fs. 75 vta./77 vta.).
Basa su postura en el testimonio de la víctima supérstite Romina Núñez que reproduce, el cual, a su decir, deja en evidencia que su defendido solo tuvo intención de participar en el desapoderamiento, siendo sorprendido por el resultado letal del disparo efectuado por su consorte de causa contra Aso, que no formó parte de la planificación delictiva.
A tenor de la lectura que hace de las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, más allá de señalar que el sentenciante arrojara dudas sobre los motivos del sobresalto de Nievas -sobre quien la referida declarante dijo no saber si al escuchar el disparo "...se agarró la cabeza, o se acomodó la gorra"-, el recurrente interpreta que su defendido "...se desprende voluntariamente del arma para poder concretar el desapoderamiento y frente al disparo de su compañero se agarra la cabeza, lo que sin dudas implica la demostración de que el ataque lo tomó desprevenido" (fs. 78 vta.).
Asevera que además de no existir prueba alguna de la ultrafinalidad típica que como elemento subjetivo distinto del dolo exige la norma actuada, el tribunal revisor incurrió en arbitrariedad ya que a los fines de imputar el homicidio agravado no basta con que esa muerte haya sido "representada y aceptada", en tanto son elementos propios de la figura prevista en el art. 165 del Código Penal postulada por esa parte (v. fs. 79).
Señala que los indicios utilizados carecen de la gravedad y precisión necesaria para sostener inequívocamente el encuadre legal establecido en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal, para lo cual resulta "...menester acreditar un dolo específico del sujeto respecto de esa muerte por quien, además, no efectúa el disparo" (fs. cit. vta.).
Con invocación de los supuestos que son abarcados por la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, solicita que se case la aquí impugnada, subsumiéndose la conducta de su defendido en las previsiones del homicidio en ocasión de robo (art. 165 cit.; v. fs. 80).
II. El dictamen de la Procuración aconsejó el rechazo del recurso, temperamento que comparto en virtud de la notoria insuficiencia con que la defensa articuló sus objeciones ceñidas al encuadre legal establecido en las previsiones del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
II.1. Las instancias anteriores tuvieron por demostrado que en circunstancias de hallarse Nicolás José Aso junto con su novia Romina Tamara Núñez, alrededor de las 01:30 hs., en el interior del vehículo estacionado en la vía pública y con su motor detenido, fueron abordados por dos hombres que venían caminando de frente al automóvil y se dirigieron a cada una de las puertas delanteras. Mientras el que se ubicó del lado del acompañante que ocupaba la nombrada joven, extrajo y esgrimió un arma de fuego que sacó de su cintura, el restante lo hizo al costado del conductor Aso, efectuando el ademán de poseer en su cintura otra arma de fuego. De este modo, "...quien se dirigió hacia la femenina, arma en mano y mientras le decía 'dame todo, dame todo', intentó abrir la puerta del rodado para ingresar al mismo, para lo cual, como la puerta se hallaba atascada, puso su arma sobre el techo del automotor y así con ambas manos, logró abrirla y cuando puso un pie en [el] interior del mismo forcejeando con Núñez quien intentaba descender, su compañero, al ver que Aso le daba marcha al vehículo para huir del lugar, le efectuó dos disparos con una pistola calibre 9 mm de color oscura, uno de los cuales [...] [lo lesionó de modo tal] que le ocasionó la muerte en forma inmediata (escasos segundos o minutos). Ante esta agresión al conductor, el rodado, tras un breve recorrido quedó caído en una zanja, mientras el atacante [que] se hallaba del lado de Núñez, continuaba gritándole a la joven 'dame todo, dame todo', situación a la que puso fin el matador, quien le gritó 'vamos, ya está, ya está con la chica', huyendo de ese modo los dos del lugar" (fs. 63 vta. y 64).
Para el Tribunal de Casación, contrariamente a lo postulado por la defensa, del tramo de la materialidad que describe el homicidio surge clara la ultraintención requerida por la figura actuada del art. 80 inc. 7 del Código Penal junto con el fin de asegurar la impunidad y el resultado en lo que hace al desapoderamiento ilegítimo. Tuvo en cuenta el testimonio de la víctima Romina Tamara Núñez, con especial consideración de lo que expresara en cuanto a que una vez efectuado el disparo, Nievas "...después de agarrarse la cabeza o acomodarse la gorra [...] siguió exigiéndole que le entregara 'todo', mientras que el ejecutor del disparo le pedía que se fueran y que la dejara tranquila, a lo que finalmente 'el flaquito' -por Nievas- accedió y se fueron..." (fs. 65 vta.).
Con esa base, el a quo razonó que si "...una vez efectuado el disparo contra la humanidad de la víctima de autos, el encartado y su acompañante pudieron -y no lo hicieron- darse a la fuga al ver frustrado el desapoderamiento, [ello] [...] demuestra sin ambages la ultra intencionalidad propia del homicidio calificado que, en el caso, se erigió en una relación de medio a fin con la causa del robo..." (fs. cit.).
Fundó asimismo el rechazo de la alegación de la defensa de que Nievas no había tenido intención de matar, porque según la recurrente, ello "...no formó parte de lo 'tácitamente convenido' con su compañero delictivo, o que al menos no se representó ese resultado, pues de haberlo querido o planeado, no se hubiera agarrado la cabeza mostrando la sorpresa que [...] resulta incontrovertible" (fs. 66).
Sostuvo la casación que ese análisis del gesto realizado por el acusado no era más que una simple especulación de la parte sin respaldo alguno en las constancias de la causa, que de ningún modo habilitaba la mutación en el encaje legal pretendido. Puso de resalto que Romina Núñez no había podido asegurar si "...Nievas 'se agarró la cabeza' [...] o 'se acomodó la gorra', pues expresó su duda indicando ambas posibilidades" (fs. 66 y vta.); tampoco mencionó ninguna otra circunstancia que permitiera darle fuerza a la versión del impugnante; por el contrario, juzgó que lo manifestado por la damnificada respecto de la persistencia del imputado en su intento de desapoderarla aún después del aludido ademán, lejos estaba de ser aquello que sin éxito pretendía demostrar la defensa (v. fs. 66 vta.).
Por otra parte, coincidió con el tribunal de juicio en que "...ambos encartados mantuvieron el codominio del hecho, con el respectivo aporte al obrar común que cada uno de ellos ejecutó, desde la interceptación a las víctimas bajo las directivas e indicaciones de Nievas, (quien llevaba consigo un arma que luego entregó a su acompañante), el abordaje que cada uno de los agresores hizo respecto de los damnificados -el imputado intimidó a Núñez y su consorte al fallecido Aso-, la insistencia del aquí imputado por desapoderar a la joven después del disparo y una vez que el rodado cayera en la zanja, que solo cesó cuando su acompañante insistió para que huyeran juntos del lugar, lo que así ocurrió" (fs. cit.).
De allí que para el revisor no existió otra intención "...más que facilitar, ocultar y asegurar el robo que ejecutaron, y procurar luego su impunidad, situación que solo peligró en el momento en que una de las víctimas puso en marcha el automóvil y la otra intentó escapar del mismo y no antes, lo que explica que la conducta discutida se haya producido en ese momento de la secuencia delictiva y no en otro" (fs. 67).
Con lo cual, sentenció, "...si los coautores, en forma reflexiva y meditada, se han propuesto el homicidio como medio para ejecutar otro delito (que en puridad es lo que revela el desprecio por la vida humana y su sujeción a una ventaja de tipo patrimonial) no hay duda para entender que estamos en presencia de un homicidio agravado" (fs. cit.).
En consecuencia, rechazó el pedido de la defensa de que el hecho fuese considerado constitutivo del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, y en subsidio, de homicidio en ocasión de robo (arts. 166 inc. 2 con relación al art. 42, y 165, respectivamente, Cód. Penal).
II.2. Ahora bien, tal como se adelantó, los desarrollos formulados en la impugnación que aquí se examina, resultan infructuosos a los fines procurados de mutar la calificación establecida en los cánones del art. 80 inc. 7 del Código Penal -más allá de aquellos otros que postulan la arbitrariedad de la sentencia en función de atribuirle contenidos resolutivos que no contiene: que el reproche por el homicidio calificado se sustentó en la mera circunstancia de que el imputado se representó el resultado mortal que aceptó, como en indicios ineficaces para proporcionar convicción sobre el punto-.
En efecto, ninguna de las razones brindadas por el a quo mereció tratamiento y crítica concreta del señor defensor oficial, lo cual determina la insuficiencia de su intento por evidenciar desajuste normativo alguno respecto del encuadre del suceso al que ha limitado su queja ni las lesiones constitucionales que denuncia (art. 495, CPP).
Adviértase que el recurrente se opone a la aplicación del art. 80 inc. 7 citado, a partir de considerar que no estaría acreditada la concurrencia del especial elemento subjetivo que exige dicha figura, para lo cual, sin discutir los hechos, insiste en su interpretación sobre el significado que cabría asignar al gesto realizado por el acusado Nievas después que su consorte de causa efectuase el disparo que dio muerte a la víctima Nicolás Aso. Empero, en ese cometido, no se ocupó de rebatir de modo alguno los fundamentos específicos del fallo que cimentaron el rechazo de la hipótesis ensayada; tales, su falta de sostén en las circunstancias comprobadas de la causa, y que resultara además contradicha por la propia conducta desplegada por el imputado, en particular, en la secuencia que siguió al referido ademán, la cual, a juicio del revisor, permitía el descarte categórico de toda posibilidad de que ella pudiera constituir una actuación encuadrable por fuera del homicidio calificado como pretendía la defensa.
Tampoco el razonamiento coincidente de ambas instancias para justificar la atribución objetiva y subjetiva de la coautoría funcional del acusado en el homicidio del nombrado Nicolás Aso, en función de las situaciones de hecho probadas en el veredicto y la participación atribuida a Nievas, le ha merecido al señor defensor oficial algún cuestionamiento específico que pudiera poner en jaque lo así resuelto con base en la plataforma fáctica acreditada (art. 495, cit.).
Por lo demás, respecto del asunto de quién efectuó el disparo mortal, esta Corte tiene dicho que la categoría de coautoría funcional surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión común. Desarticular tal coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (v. causa P. 98.529, sent. de 15-VII-2009).
También que "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, t. 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (conf. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993)" (conf. doctr. -en lo pertinente- causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 98.727, sent. de 2-VII-2008; P. 104.031, sent. de 3-VI-2009; P. 104.036, sent. de 11-V-2011; e.o.).
En mérito de lo expuesto, corresponde mantener la significación jurídica establecida en las instancias previas respecto del homicidio calificado atribuido al imputado a la que estuvo limitada la queja, perdiendo todo sustento la denuncia de infracción a los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional y 15 de la provincial, con invocación del principio in dubio pro reo, que no vienen acompañadas de ningún desarrollo autónomo a los extremos antes tratados y desestimados.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia