Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131074
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , de Lázzari, Genoud, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.074, "L., G. A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 84.628 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de diciembre de 2017, rechazó por improcedente y sin costas en esa instancia, el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de G. A. L. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón, que lo condenó a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual cometido en perjuicio de una menor de trece años de edad agravado por la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con corrupción agravada también por la situación de convivencia preexistente (arts. 40, 41, 45, 54, 119 párrafos 1 y 5 en función del apdo. 4 "f" y 125, todos del Cód. Penal; v. fs. 39/50 vta. con relación a fs. 1/10).
De lo así decidido se agravió el señor defensor adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, quien interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 63/68 vta.). Por su lado, la citada Sala IV resolvió conceder el recurso extraordinario, con el alcance parcial que precisó en la resolución de fs. 70/71 vta., sin que ello mereciera objeción alguna de la parte (v. fs. 81).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 83/84 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 85) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Conforme el juicio de admisibilidad llevado a cabo por el Tribunal de Casación a fs. 70/71 vta. de estos autos, de los planteos formulados por la defensa, únicamente el vinculado con la aplicación de la norma penal ameritaba la concesión del recurso; el alcance de esa decisión, según quedó indicado en la reseña de antecedentes, llega firme a esta sede por falta de impugnación a su respecto (v. fs. 81).
I.1. El recurrente cuestionó la calificación legal asignada a la conducta de su pupilo (art. 125, Cód. Penal) y solicitó que se lo absuelva por el delito de corrupción de menores.
En primer lugar, refirió que no se acreditó que el sentido naturalmente sano de la sexualidad de la víctima se hubiera visto afectado por la conducta achacada a su defendido. Agregó que en el caso no existió ningún informe pericial que hubiere verificado la tipicidad objetiva en cuestión, es decir que la menor hubiese sido "...depravada en su sexualidad..." (fs. 64 vta.).
Apuntó a la declaración de la joven en la modalidad de Cámara Gesell según la cual "...los tocamientos que L. le habría efectuado fueron en contadas ocasiones y no de manera prolongada en el tiempo -como asegur[ó] el TCP-, además de encontrarse ambos con la ropa puesta..." (fs. cit.).
Asimismo, atacó el encuadre legal pues -a su criterio- no se probó el aspecto subjetivo del delito de corrupción de menores, debido a que no se acreditó el dolo directo del autor quien debía "...conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción -además del conocimiento de la menor edad reclamada por la figura básica o agravada- no bastando que el acto consumado sea potencialmente idóneo para producir la depravación sexual de la menor..." (fs. 65 y vta.).
A su vez, afirmó que la interpretación normativa que realizó el a quo a fin de tener por abastecida la tipicidad subjetiva del delito, vulneró el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa, ello en tanto "...al establecer la configuración del delito de corrupción interpreta automáticamente que los actos de abuso consumados contra la menor resultan potencialmente idóneos para facilitar la corrupción de la misma..." (fs. 65 vta.).
En este punto volvió a sostener la necesidad de acreditar el componente subjetivo del tipo penal que consiste en la actitud finalista de la acción, guiada a desviar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima a través de prácticas aberrantes (v. fs. 66).
II. Coincido con el rechazo del planteo que propicia el dictamen de la Procuración General, por sus fundamentos (v. fs. 83/84 vta.).
En primer lugar, cabe señalar que la impugnación se asienta en planteos que suponen una pura confrontación con la valoración probatoria (en tanto aludió a la declaración de la víctima en Cámara Gesell, a la inexistencia de informe pericial, etc.), tenida en vista en las instancias previas, por lo que no constituye materia asequible al acotado ámbito de conocimiento de esta Corte por la vía de inaplicabilidad deducida. De resultas, atendiendo a la situación de hecho que permanece firme, la parte no logra justificar la errónea subsunción jurídica en la figura de la corrupción de menores en los términos del art. 125 del Código Penal.
III.1.a. Los tribunales jurisdiccionales intervinientes dieron por acreditado que "...entre los años 2006 y el 11 de noviembre de 2014, en el interior de la casa ubicada en Curapaligüe … de la localidad y partido de Merlo, G. A. L. aprovechando su relación de convivencia con la menor de trece años de edad B. S. R. D., abusó sexualmente de la misma mediante tocamientos compatibles con un goce sexual, conductas abusivas que, en tal contexto de convivencia, asumidas a una edad tan prematura resultan razonablemente idóneas para promover o facilitar el desvío del sano desarrollo sexual de la menor, entendido como la normalidad y rectitud del trato sexual a futuro, de lo que en este tiempo y en esta sociedad así puede considerarse..." (fs. 46 y vta.).
III.1.b. El sentenciante de origen calificó el suceso como abuso sexual cometido en perjuicio de una menor de trece años de edad agravado por la situación de convivencia preexistente con la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con corrupción agravada por la situación de convivencia preexistente (arts. 119 párrafos primero y quinto en función del cuarto inc. "f" y 125 párrafo tercero, Cód. Penal; v. fs. 7 vta. y 8).
En lo que concierne a la corrupción de menores, sostuvo que se trata de un delito de carácter formal pues "...basta con exponer a la víctima al riesgo y está caracterizado por afectar profundamente los valores de la misma...". En ese sentido agregó que los reiterados hechos de abuso, cometidos en su modalidad continuada, a los que fue sometida la víctima a lo largo del tiempo por quien estaba a su cargo, tuvieron por sí idoneidad para iniciar o favorecer un desarrollo sexual contrario a la sexualidad biológicamente natural correspondiente a su género, esencialmente "...porque lo esperable de un papá [el imputado cumplía el rol de tal] es otra cosa...", y que como lo resumió la licenciada Pérez Suazo en la audiencia "...los actos a que fue sometida B. tienen entidad por sí para corromper su normal desarrollo sexual...". Agregó que la característica de "prematuros" revelaron idoneidad para "...depravar la conducta sexual...", cuestión que se encuentra más allá de la intención de corromperla (v. fs. 8 vta.).
III.1.c. A su turno, el Tribunal de Casación Penal coincidió con su antecesor en que el hecho que fuera transcripto encuadraba en el delito de corrupción de menores.
Adujo que, en el contexto de los abusos denunciados, dichos actos tuvieron la aptitud corruptiva necesaria que la ley exige para el tipo penal en cuestión pues "...comparten objetivamente las características de idoneidad con potencialidad corruptora que entrañen peligro de desviar el comportamiento sexual de la víctima, y que dada la modalidad, reiteración y consecuencias de dichas prácticas, fue posible inferir que el imputado actuó con dolo directo..." (fs. 46 vta.).
Con cita de doctrina de autor indicó que "...para ser calificada de corruptora la acción debe tender a la alteración antinatural de las condiciones en que el acto sexual se realiza en sí mismo, ya sea por inculcarse a la víctima el hábito de prácticas puramente lujuriosas o depravadas, o por actuarse en forma prematura sobre la sexualidad aún no desarrollada...", y debe tratarse "...de un acto -o serie de actos- tendientes a dejar una huella psíquica de carácter deformante..." (fs. 47).
A su vez señaló que nuestra jurisprudencia ha dicho que "La configuración del delito de corrupción penado por el art. 125 del Cód. Penal no requiere que la víctima haya sido efectivamente corrompida, habida cuenta que para su tipificación sólo es dable atender a la idoneidad de los actos tendientes a la promoción o facilitación de la corrupción, en tanto se trata de un delito formal...", y que no es condición para que se configure "...la presencia en la psiquis de la víctima de una modificación de su instinto sexual, pues los actos corruptores son aquellos actos de lujuria que siendo prematuros por la edad o depravados por su clase, tengan la entidad objetiva suficiente para producir sobre el espíritu de los menores una deformación psíquica que los altere moralmente, produciendo un vicio o una perversión del instinto sexual...", además que dicho delito es formal pues "...su criminalidad reside en el peligro de que la conducta del autor corrompa..." (fs. 48 y vta.).
A juicio del tribunal revisor los cuestionamientos de la parte no hallaron asidero en la prueba rendida, pues sus aseveraciones se limitaron a mencionar la ausencia de certeza respecto a la entidad corruptora de las acciones llevadas a cabo por el encartado, y destacó que en el caso se puso el acento en lo "...prematuro de las conductas llevadas a cabo por el acusado y a las que fuera sometida la menor...", habida cuenta que es una característica propia para el desvío del normal desarrollo de la sexualidad de un menor de edad (v. fs. 48 vta. y 49).
Reafirmó que la figura contenida en el art. 125 del Código Penal es un delito de peligro que como tal no requiere de un resultado efectivo, sino una conducta que ostente una potencialidad corruptora que entrañe un riesgo en distorsionar el comportamiento sexual de la menor, y en el caso "...el imputado sometió a B. R. D. efectuándole tocamientos bajo la ropa, arrojándosele encima de la cama, sujetándola con fuerza, tocando sus piernas y el pecho en sus partes íntimas, de manera reiterada y con prolongación en el tiempo...", todos actos "...anormales, prematuros e idóneos para promover la corrupción en los términos del artículo 125 del Código Penal..." (fs. 49).
Concluyó en que la "...modalidad, reiteración y consecuencias de dichas prácticas, debieron necesariamente representarse en el intelecto del encausado como actos pasibles de perjudicar gravemente la sexualidad de la menor, eventualidad que hace desde ya a la configuración del tipo subjetivo de la norma penal en trato..." (fs. 49 y vta.).
III.2.a. De la reseña efectuada podemos advertir que la aplicación de la ley penal fue validada por el Tribunal de Casación, desestimando los agravios de la parte que fueron dirigidos a controvertir el mérito de la prueba acreditante de la figura (v. en particular fs. 14 y vta., rec. casatorio).
Determinó así, que se trató de un delito de peligro y no de resultado, y que todos los actos realizados por el imputado fueron anormales, prematuros e idóneos para promover la corrupción en los términos del art. 125 del Código Penal (v. fs. 49); y que la "...modalidad, reiteración y consecuencias de dichas prácticas, debieron necesariamente representarse en el intelecto del encausado como actos pasibles de perjudicar gravemente la sexualidad de la menor..." (fs. cit. y vta.).
El defensor no se hizo cargo del contenido de lo resuelto. Su estrategia consistió, por un lado, en intentar demostrar la ausencia de "daño o perjuicio grave en la sexualidad de la menor" a partir de resaltar la ausencia de informe pericial y la declaración de la joven en Cámara Gesell, por otro, pretendió explicar la falta de acreditación del aspecto subjetivo del delito de corrupción de menores -dolo directo-, para finalmente cuestionar la interpretación que de la norma efectuó el a quo en violación -según dijo- al principio de máxima taxatividad legal. Sin embargo, esos argumentos -en rigor- no atienden a los variados fundamentos que brindó aquel tribunal revisor para -con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa-, tener por configurado el marco de tipicidad de la figura prevista en el art. 125 del Código Penal.
La alusión a una posible afectación del principio de máxima taxatividad legal e interpretativa (arts. 18 y 19, Const. nac.), más allá de toda otra reflexión posible, no trasciende de un mero enunciado dogmático desprovisto de toda vinculación con lo resuelto (art. 495, CPP).
III.2.b. Por lo demás, en línea con lo decidido, esta Corte tiene dicho que no teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, el tipo no requiere, entonces, que se produzca la concreta corrupción. Pero, en el otro extremo, no basta con la pura actividad de ejercitar actos idóneos para corromper. Promover significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo -"procurando su logro"-, "mover", "llevar hacia delante". De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción pero no es suficiente que se realicen actos idóneos para ello: se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) la corrupción del sujeto pasivo. Y facilitar significa crear las condiciones para que ello sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad" (conf. causa P. 117.524, sent. de 1-VII-2015).
Por todo lo expuesto y de conformidad con la plataforma fáctica que arriba firme a esta instancia, el recurso no prospera pues no logra desbaratar la calificación legal asignada.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan.
En lo que respecta a la alegación del recurrente según la cual la figura del art. 125 del Código Penal exigiría dolo directo, se trata de un planteo tardío por cuanto no fue formulado en el recurso de casación de manera que es inoportuno someterlo a conocimiento de esta Corte (doctr. art. 451, CPP).
En el aspecto subjetivo de esta figura, el Tribunal de juicio señaló que el carácter prematuro de los actos típicos (por la edad de la niña víctima, abusada, según dijo, desde los cinco años) revelaba "...idoneidad para depravar la conducta sexual del chico y esto está más allá de la intención de corromperlo , pues como delito de tendencia resulta suficiente el conocimiento de la realización de actos materiales idóneos para enviciar y depravar la conducta sexual del menor, sin importar si se corrompe o no..." (fs. 8 vta., la cursiva me pertenece).
Frente a este criterio del juzgador del debate, que no exigió dolo directo (a pesar de que, equivocadamente, la Casación así lo interpretó a fs. 46 vta.), el defensor no se agravió.
Por lo tanto, debe mantenerse la decisión del a quo -concordante con la del órgano de juicio- conforme a la cual "...la modalidad, reiteración y consecuencias de dichas prácticas, debieron necesariamente representarse en el intelecto del encausado como actos pasibles de perjudicar gravemente la sexualidad de la menor, eventualidad que hace desde ya a la configuración del tipo subjetivo de la norma en trato..." (fs. 49 y vta., la cursiva me pertenece).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari , votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia