Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130519
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Kogan , Genoud , Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.519, "Acosta, Alberto Alejandro S/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 81.428 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de agosto de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó a Hugo Norberto Schisano y a Alberto Alejandro Acosta a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas para cada uno, por resultar coautores penalmente responsables del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas (art. 170 inc. 6, Cód. Penal) (v. fs. 126/150 vta., con relación a fs. 35/59).
Los defensores particulares de Schisano, doctores Jorge Enrique Fiscalini y Guillermo Jesús Fanego, dedujeron en un mismo escrito los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 156/175). El 26 de octubre de 2017, la Sala interviniente concedió sólo el segundo (v. fs. 181/183 vta.). Con posterioridad, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, interpuso en beneficio de Alberto Alejandro Acosta recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 204/211), el que según resolución del 15 de febrero de 2018 fue admitido por el tribunal intermedio (v. fs. 212/213 vta.).
Oído el señor Procurador General cuyo dictamen luce glosado a fs. 223/237, dictada la providencia de autos a fs. 239, presentada por la defensa de Schisano la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal a fs. 243/250 vta., y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Hugo Norberto Schisano?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en beneficio de Alberto Alejandro Acosta?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. En primer lugar, la defensa denuncia que constituye un excesivo rigor formal que vulneró la defensa en juicio y el debido proceso, la decisión del tribunal revisor en cuanto a que el planteo de nulidad y exclusión probatoria articulado por su parte, resultaba inoportuno ya que el momento para hacerlo había precluido (art. 18, Const. nac.; v. fs. 159 vta. y 160 y 165 vta.).
Señala que la presente causa se inició en el fuero federal y se regía, por ello, por las normas del Código Procesal Penal de la Nación. Advierte que el señor fiscal ordenó (el 30 de octubre de 2014) la intervención telefónica de los abonados identificados como Marcela Mabel Arzac, Irma G. de Schisano, Graciela Noemí Arzac y de Silvia Lorena Montonati, y el juez federal resolvió la cuestión el día 3 de noviembre de 2014, cuando sólo tenía 24 horas para convalidarlo. Ello -a su juicio- evidencia una nulidad absoluta de la medida dispuesta que puede ser planteada en cualquier momento del proceso (v. fs. 164 vta. y 165).
I.2. Por otro lado, denuncia la arbitrariedad de las sentencias dictadas por el tribunal de mérito y el revisor, por considerar que se ha realizado un análisis subjetivo de los hechos y la prueba, evidenciando un apartamiento de las constancias de la causa y la ponderación de declaraciones testimoniales de manera "caprichosa".
Expresa que el Tribunal de Casación valoró como indicio -para avalar la hipótesis de que Schisano había formado parte en el ilícito-, la circunstancia de que se hallara estacionado en la puerta de la casa de su madre un automóvil Peugeot 207 color gris, el cual era uno de los vehículos utilizados para llevar a cabo el secuestro de la víctima, y también habría participado en otro ilícito del que resultara víctima María Natalia Sambiazzo.
Alega que, contrariamente a lo afirmado, no está demostrado que un Peugeot gris hubiera participado en el hecho, que existen testigos que describieron perfectamente los vehículos que intervinieron en el secuestro aportando marca, modelo y patente, que no se acreditó la titularidad del automotor y que, en su caso, nada puede inferirse de la circunstancia de que un auto -de los que hay tantos con las mismas características- aparcara en esa calle, como en cualquier sitio de Capital Federal.
Por otra parte, aduce que la prueba rendida en debate más la producida durante la instrucción penal preparatoria -incorporadas por lectura-, no resulta suficiente para determinar el rol de su asistido en el hecho, y que los testimonios de Jorge Antonio Malinowski, Zulma del Carmen Galarza y Héctor Edgardo Malinowski, refrendan la versión de su asistido. Destaca que los nombrados identificaron al coimputado Acosta como "Boli" y que éste se dirigía a todas las personas con las que trataba como "cabeza" o "cabezón", pretendiendo justificar de ese modo el por qué a su pupilo también lo llamaran de esa manera en las intervenciones telefónicas con posterioridad al secuestro (v. fs. 163 y vta.).
Argumenta, además, que la víctima Ferraris dijo reconocer la voz de "Boli" (Acosta) pero luego, en el debate refirió que le pareció y que le quedaron dudas acerca de si era o no, estimando en un 80% que se trataba de la misma persona, a pesar de lo cual el órgano casatorio reputó que ese reconocimiento era asertivo.
Critica que se hayan desconsiderado ciertos testimonios que favorecían a su asistido, como también que no se haya acudido al beneficio de la duda (v. fs. 163 vta. y 164).
Sostiene que se aplicó erróneamente el art. 45 y se inobservó el art. 46, ambos del Código Penal, al considerar que el caso se trataba de una coautoría funcional por división de tareas, ya que a su juicio a Schisano sólo se le puede atribuir una participación secundaria (v. fs. 167/168).
Afirma que no se acreditó que Schisano tuviera la posibilidad real de dominar y por ende, frustrar la realización del delito; tampoco que fuera quien daba las órdenes a Acosta (pues la declaración de la víctima que da cuenta de ello, estando maniatado, encapuchado, golpeado, aturdido, no resulta compatible con una serena observación), ni en su caso, el contenido de las mismas y que éstas hubieran sido cumplidas. Tampoco que hubiera estado presente durante la privación de la libertad y/o durante el cautiverio de la víctima.
Analiza que, aun si las órdenes hubieran sido impartidas por su asistido, tampoco se habría configurado un supuesto de coautoría debido a que "...las meras órdenes dadas a la distancia no implican una actualización del aporte en la etapa de ejecución del ilícito que satisfaga las exigencias de la doctrina del dominio funcional del hecho para considerar a [su] asistido coautor del delito que se le endilga", pues "...nada garantizaba que sus órdenes se cumplieran, no existía ningún tipo de mandato de obediencia entre él y Acosta y el N.N. no habido, siendo que sus órdenes no solo podían ser desatendidas, sino que las mismas no eran imprescindibles para la concreción del plan criminal ni tampoco tenían per se la capacidad de frustrar el ilícito" (fs. 171).
Desarrolla los conceptos de instigación, inducción y autoría mediata a fin de evidenciar que ninguna de esas situaciones se presenta en el caso (v. fs. 171/172 vta.) y concluye que no puede atribuírsele coautoría sólo por haber querido que el delito se cometa pero sin llevarlo a cabo.
Finalmente, sostiene que a su pupilo se le podría reprochar el aporte de los teléfonos utilizados para el secuestro, pero aun así no revela que haya existido un dominio funcional respecto a una parte de la ejecución, pues se trata de un "...aporte previo y no esencial al ilícito, anterior a su etapa ejecutiva" enmarcado solo en una participación secundaria (art. 46, Cód. Penal) (v. fs. 172 vta./174).
I.3. Por último, denuncia la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse aplicado un monto de pena excesivo, desproporcionado y arbitrario. Refiere que en el caso no se evaluaron las condiciones subjetivas del inc. 2 del art. 41 citado, aludiendo a que Schisano es una persona de 52 años de edad y no cuenta con antecedentes penales (v. fs. 165 vta./166 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 223/237).
III. En la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 243/250 vta.), la defensa particular contestó el dictamen de la Procuración General (v. fs. 248).
IV. Coincido con la Procuración General.
IV.1.a. El agravio vinculado con el rechazo al planteo de nulidad y exclusión probatoria, como el referido a la acreditación de la participación del acusado en el suceso, se componen -en rigor- de argumentos vinculados a cuestiones procesales y de ponderación de la prueba tenida en vista (o, por el contrario, desconsiderada) en las instancias previas, temas inabordables, por regla, en esta instancia extraordinaria (doctr. art. 494, CPP).
Tampoco se advierte el supuesto excepcional de arbitrariedad que alega la defensa y permita hacer excepción a esa regla (v. fs. 165 vta.).
El tribunal intermedio al analizar el reclamo vinculado a que la instrucción policial resultó "poco confiable" debido a la posibilidad de que personal policial hubiera participado en el hecho y luego haya procedido a desgravar las comunicaciones telefónicas relacionadas con los llamados extorsivos, resolvió que el mismo había precluido. Expresó que el proceso se encuentra dividido en una serie de períodos fundamentales, dentro de los cuales pueden realizarse determinados actos, no siendo ejecutableséstos fuera de esos períodos, puesto que carecerían de validez en la eventualidad de ejecutarse, poniendo énfasis hacia la finalización del trámite (v. fs. 130 y vta.).
Indicó que no era el momento oportuno para solicitar la nulidad impetrada, debido al límite temporal que imponía el art. 205 del Código Procesal Penal, así como el art. 338 del mismo texto legal determina un momento para oponer las objeciones que comprometan su validez. Agregó a ello que los defensores se habían limitado a reeditar sus alegaciones las cuales habían sido analizadas y desechadas por el juez federal que interviniera oportunamente (v. fs. 130 vta. y 131). Sumó a lo anterior que la defensa no planteó defectos rituales al momento de iniciarse el debate, ni tampoco solicitó nulidades. De allí que entendió que no podía invocarse en esa instancia el incumplimiento a lo dispuesto en el art. 263 del Código Procesal Penal de la Nación (v. fs. 131 vta.).
Por otro lado, desechó el planteo de exclusión probatoria solicitada. Refirió que el órgano de debate había aclarado respecto de las 4.557 llamadas extraídas del sistema VAIC y que los CDs se correspondían con el soporte de las intervenciones telefónicas, de las que se desprenden las conversaciones que se encuentran transcriptas e incorporadas por lectura, sin oposición de la defensa, destacando además que "...tampoco nada se planteó anteriormente desde el comienzo de la presente causa, ni tampoco formuló la correspondiente protesta una vez notificados del ofrecimiento de prueba" (fs. 132). Recordó que en el actual sistema de juzgamiento penal, incumbe a las partes el ofrecimiento de las pruebas que pretenden producir y de las que habrán de valerse para motivar sus pretensiones, pero es facultad de los jueces administrar su producción, todo conforme las reglas del código de rito (v. fs. cit.) y que la Cámara Federal de La Plata oportunamente se pronunció acerca de la validez de las actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción, donde avaló las intervenciones telefónicas y confirmó la decisión que declaró el procesamiento con prisión preventiva de los imputados.
En función de esos argumentos, consideró el órgano intermedio que no hubo afectación de garantías constitucionales ni ilegalidad alguna que justifique la exclusión probatoria pretendida (v. fs. 132 vta.).
IV.1.b. Como se advierte de lo antes reseñado, el tribunal revisor proporcionó las razones por las cuales asumió el temperamento adoptado; y de ello, no surge que la sentencia padezca de un vicio como el denunciado.
Por otra parte, más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no cuestiona cada uno de los fundamentos expuestos en el fallo ni consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos que refiere (arg. doctr. art. 495, CPP).
Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril intentado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
Viene al caso recordar, que el objeto de aquella doctrina "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentos o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; conf. causas P. 116.860, resol. de 18-VI-2014; P. 118.573, resol. de 25-VI-2014; P. 118.685, resol. de 2-VII-2014; P. 118.067; P. 119.006, resol. de 8-VII-2014; e.o.).
IV.2. Los agravios vinculados a la denuncia de arbitrariedad en la ponderación de la prueba y la errónea aplicación de las normas referidas a la coautoría funcional, tampoco tendrán favorable acogida, en tanto la impugnación se asienta en planteos que suponen una pura confrontación con la ponderación probatoria tenida en vista en las instancias previas sin lograr evidenciar la concurrencia del supuesto de excepción que alega (art. 495, CPP).
IV.2.a. El Tribunal de Casación Penal descartó absurdo o arbitrariedad en la acreditación de la participación de Schisano y de su consorte Acosta, en calidad de coautor del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas (v. fs. 133). Destacó que los defensores habían fragmentado y cercenado el material probatorio basado en elementos indiciarios sin realizar un análisis conjunto, como sí había llevado a cabo el tribunal de juicio.
Refirió que se tuvieron en cuenta los testimonios recogidos durante la audiencia de debate, en particular el brindado por la víctima Gerardo Jorge Ferraris, y los aportados por Sabrina Mariela Chaile, Alejandro Damián Rivadas, Lorenzo Luis Rodríguez, Horacio Julio Morini, Julio César Ferraris, Alberto Oscar Prieto, Jorge Antonio Malinowski, Héctor Edgardo Malinowski, Sulma del Carmen Galarza, Pablo Zaikowski, Ariel Leopoldo Domínguez y Micaela Anahí Barbeira, además de los dichos de los funcionarios policiales Luis Alberto Zaracho, Muara Daniela Armini, Mariela Elizabeth Dincau, Sebastián Alejandro Beltrán, Jorge Maximiliano Porsella y Walter Eduardo Humaño, quienes durante el cautiverio de la víctima y luego de su liberación, practicaron diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho e individualización de sus autores; las constancias policiales y judiciales, las escuchas telefónicas reproducidas en la audiencia, los listados telefónicos de las llamadas entrantes y salientes de los abonados intervenidos, como así del acta de fs. 1/3 de la causa principal confeccionado por el Secretario Federal del Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de la Nación, de las actas policiales de fs. 43, informes donde constan las transcripciones de las comunicaciones telefónicas de las llamadas entrantes y salientes de los abonados intervenidos, acta de orientación policial por secuestro extorsivo de la Delegación de Investigaciones de Lomas de Zamora, informe de fs. 27 de la causa principal y el acta de levantamiento de evidencias físicas de fs. 91/92 (v. fs. 133 vta./134 vta.).
Refirió que toda esa prueba fue expuesta y analizada por el tribunal, y dio lugar a un robusto plexo cargoso que llevó a una firme imputación acerca de la responsabilidad y participación que les cupo a cada uno de los encartados en el evento fáctico, que reseñó para una mayor comprensión del caso (v. fs. 134 vta. y 135). Luego se abocó al tratamiento del extremo cuestionado por la defensa.
Juzgó que del testimonio de la víctima Gerardo Ferraris surge que en el lugar donde lo mantuvieron en cautiverio por más de doce horas, siendo golpeado y amenazado constantemente se encontraban dos sujetos "...uno de los cuales se identificó con su interlocutor como 'el Boli', quien mantuvo comunicaciones telefónicas con quien dirigía la acción disvaliosa apodado 'Cabeza'" (fs. 136 vta.).
Seguidamente, a fin de identificar a las personas que respondían a esos apodos, analizó los elementos que surgían de las llamadas entrantes y salientes de los abonados intervenidos, concluyendo que el hermano de la víctima recibió los llamados extorsivos de dos números diferentes y que el número desde donde se realizó el llamado fue utilizado en el mismo IMEI desde donde Schisano se comunicaba con sus familiares y conocidos, con su hijo Gastón quien se encontraba preso, todo esto días antes del ilícito en juzgamiento, recordando que el secuestro tuvo lugar el 28 de octubre de 2014 y el día 27 de octubre de 2014 se comunicó con su ex pareja; que Schisano utilizaba múltiples teléfonos con diferentes números; que al principio intentó involucrar al entonces fallecido Fernando Barbiera (v. fs. 136 vta./139 vta.).
Ponderó también como una circunstancia relevante la presencia de un automóvil Peugeot 207 color gris estacionado frente al domicilio de la madre de Schisano, el cual no sólo compartía las características de uno de los rodados utilizados para llevar a cabo el secuestro extorsivo, sino que también se pudo constatar su participación en otro ilícito (v. fs. 139 vta.).
Confirmó la decisión del tribunal del juicio de descartar los relatos de los testigos aportados por la defensa -Jorge Malinowski, Héctor Malinowski y Zulma del Carmen Galarza-, por mendaces y negar que "el Boli" se refería a Schisano con el apodo de "Cabeza", además de haber declarado que el último de los nombrados no usaba teléfono celular, cuando esos datos surgían claros de las escuchas (v. fs. cit. y 140).
Sumó a lo anterior el contenido de las conversaciones telefónicas mantenidas entre el encartado y Micaela, hermana de Barbiera, de las cuales surge el reclamo por parte de Schisano de una pistola para "laburar" (v. fs. 140).
Señaló que la policía logró identificar al mencionado "Boli" como aquel sujeto que utilizaba el abonado telefónico número 0116428089, resultando ser Alberto Alejandro Acosta, quien mantuvo extensas comunicaciones con Schisano, demostrando la estrecha relación entre ambos; que los testigos propuestos por la defensa identificaron al acusado Acosta como "Boli"; que la víctima Ferraris, al momento de realizar el reconocimiento de voz reconoció -casi con seguridad- al secuestrador apodado "el Boli", siendo éste el nombrado Acosta (v. fs. 140 vta. y 141).
Rechazó los cuestionamientos formulados por la defensa y coincidió con la Fiscal Adjunta ante esa sede en cuanto a que nunca se solicitó que se realizara una pericia de voz ni siquiera como instrucción suplementaria, resultando ajustado a derecho que el tribunal rechazara el reclamo por extemporáneo. Señaló además, que los reconocimientos formaban parte de la declaración testimonial de quien la realiza, y por ello, a la valoración de la prueba, destacando que aun cuando el reconocimiento no haya sido absolutamente asertivo, se erigía en un fuerte indicio.
Hizo alusión a los dich
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