Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130206
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.206, "Altuve, Carlos Arturo -agente fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 58.386 seguida a Reyes, Julio David del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal de esta provincia -integrada con jueces hábiles- hizo lugar mediante el pronunciamiento del día 24 de junio de 2017 al recurso homónimo interpuesto por los defensores particulares de Julio David Reyes contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza que -por mayoría de opiniones- lo había condenado a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, con más inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de diez años, como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple. En consecuencia, casó el pronunciamiento impugnado y condenó al nombrado a la pena de tres años de prisión, manteniendo los diez años de inhabilitación especial que se le impusiera en el fallo de origen con idéntico alcance "...en atención al alto grado de imprudencia verificado en la conducta emprendida por el acusado", con costas de primera instancia, por ser autor responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor (v. fs. 249/259).
El pronunciamiento referido se dictó a consecuencia de la sentencia de esta Corte de 1-VI-2016, agregada a fs. 218/224 vta., que revocó el primigenio fallo del órgano revisor y -sin pronunciarse sobre el fondo- reenvió la causa para el dictado de una nueva, de conformidad con sus consideraciones.
Frente al nuevo fallo del Tribunal de Casación, el doctor Carlos Arturo Altuve -fiscal ante el Tribunal de Casación Penal-, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 262/271 vta.), el que fue concedido por resolución de la Sala interviniente (v. fs. 280/284).
A fs. 309/313 dictaminó el señor Procurador General, quien sostuvo el recurso fiscal y aconsejó que se haga lugar al mismo. A fs. 314 se dictó la providencia de autos. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denuncia absurdo y arbitrariedad por fundamentación aparente, afirmaciones dogmáticas y apartamiento de las constancias de la causa que -a su criterio- "...conducen a conclusiones falaces e irrazonables" (fs. 267).
Señala que más allá de lo que pudo haber pasado y no pasó, el a quo debió analizar lo que el imputado David Julio Reyes efectivamente hizo y su significado jurídico penal, siendo irrelevantes "...los deseos internos del individuo" porque "...de hecho, en muchos casos el sujeto no quiere el resultado, empero, a pesar [de] que conoce la posibilidad de su producción, continúa con el accionar riesgoso" (fs. 267 vta.).
Sostiene que la casación reputó la acción desplegada por el imputado como una "imprudencia temeraria" merced a "...una comprensión jurídica que no se ajusta a la materialidad fáctica [devenida] firme" (fs. cit.).
Critica la consideración de que cabía la posibilidad de que el imputado no hubiera advertido la presencia de la víctima en el momento de la embestida fatal, porque surge de no haber evaluado correctamente todos los elementos (pruebas periciales, testimoniales, etc.) "...que jugaron en sustento de la configuración probatoria llevada a cabo por el tribunal de juicio para arribar a la calificación del dolo eventual" (fs. cit.).
Añade que la casación tampoco se ocupó de señalar cómo ese dato que estimó relevante: la posibilidad de no haber advertido el imputado la presencia de la víctima sino hasta el momento del impacto, habría incidido para contrarrestar la certeza, en lo que al dolo eventual respecta, alcanzado en la instancia originaria (v. fs. 267/268).
Transcribe parte del relato de uno de los testigos presenciales del hecho -Jáuregui- el cual afirmó que el imputado conducía "...con la ventanilla de su lado baja, con las dos manos en el volante y mirando fijo hacia adelante", en una trayectoria recta, que pasó derecho y así siguió en todo el recorrido, terminando el auto en el mismo carril que venía (v. fs. 268); mientras que se desprende del pronunciamiento en crisis que el Tribunal de Casación no reparó en ese dato, pues de haberlo hecho no quedaba duda de la imposibilidad de que Reyes no advirtiera al trabajador del puesto de peaje acercándose o moviéndose para ingresar a su cabina (n° 14), dada su presencia en el lugar, notoria en virtud de la vestimenta con franjas reflectantes, de la que dieron cuenta todos los testigos, "...tornando arbitrario el razonamiento" esgrimido en el sentido contrario (v. fs. 268 y vta.).
Discrepa con el tribunal del recurso en cuanto a la relevancia del dato de que la víctima no estaba parada en el lugar en el que fue embestida, sino que fue en ocasión de pasar caminando por allí cuando se produjo la aparición imprevista del automotor, por lo que -en opinión de ese órgano revisor- el color de la vestimenta que llevaba pudo no tener incidencia en la valoración de la conducta del imputado. Frente a ello, el recurrente cuestiona la ponderación de que "...la presencia de la víctima en movimiento" restaría significancia a los signos reflectantes de su vestimenta (v. fs. cit.).
También le otorga distinto sentido al hecho de que el episodio luctuoso tuviera lugar un domingo a las seis de la mañana, cuando hay menos tránsito y -según lo entendió el tribunal- menor caudal peatonal en la zona. En contraposición, el recurrente apunta que esas singulares circunstancias permitirían vislumbrar mejor la aparición de una persona, en el caso, un trabajador de la estación de peaje en la calzada que se hallaba justamente cerrada al tránsito. Refiere que el personal que trabaja en las cabinas de peaje -tal el caso de la víctima- debe necesariamente caminar por los carriles que atraviesan los vehículos y que tal circunstancia "...debió haber sido merituada por el imputado, en tanto transitó a una velocidad claramente superior a la permitida, cuando varias señales indicaban que la vía se encontraba inhabilitada" (fs. 268/269).
Aunque el señor representante fiscal admite que la conciencia del posible curso lesivo de su acción por parte del autor no equivale al dolo eventual si confía en que lo puede evitar, aclara que "...la mera apelación al azar no lo excluye", en tanto la confianza en la evitación del resultado "...debe ser confirmada por datos objetivos" y que, en el caso, los existentes contradicen esa alternativa (v. fs. 270).
Añade luego que el encausado, mientras conducía "...de modo consciente se acercó a la garita del peaje -siempre mirando hacia adelante- y la traspasó manteniendo la alta velocidad con que venía circulando, siendo que no estaba habilitada al efecto y que se encontraba señalizada en ese sentido. [Lo cual] impide considerar que haya estado ausente en el ánimo del autor cualquier voluntad, directa o eventual, de dañar a un tercero, propio del homicidio culposo" (fs. 270 vta.).
Con esa base, afirmó que el hecho debió haber sido encuadrado en el art. 79 del Código Penal -dolo eventual- y no en el art. 84 del mismo cuerpo legal.
II. En discrepancia con lo dictaminado por el señor Procurador General, estimo que el recurso no puede prosperar, en el marco de habilitación de la competencia de esta Corte (conf. art. 494, CPP).
Cabe recordar que el art. 494 del Código ritual establece que el Ministerio Público Fiscal puede deducir el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en caso de sentencia adversa cuando hubiere pedido una pena de reclusión o prisión superior a diez años y que únicamente podrá fundarse en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella.
En el sub lite , el requisito referido al monto de pena no se encuentra abastecido pues, si bien surge del acta de debate que la fiscalía requirió la imposición de una mayor, el órgano de juicio al dictar sentencia condenó al imputado a la pena de ocho años de prisión, con más la de inhabilitación especial antes indicada, pronunciamiento que no fue objetado por el Ministerio Público Fiscal. Por ello y en función de lo ocurrido en el tránsito recursivo ante el tribunal intermedio, no se encuentra satisfecho lo requerido en el mentado precepto, toda vez que el eventual éxito del recurso del acusador ante esa sede no podría provocar más que la reposición de lo decidido en el fallo de origen (doctr. causa P. 112.405, resol. de 6-III-2013; e.o.).
Dado entonces que el monto de condena que debe ponderarse en lo que concierne al recurso fiscal no encaja en las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal, la habilitación de esta Corte se circunscribe al abordaje de las cuestiones de pretenso cariz federal que pudieren hallarse involucradas.
En consecuencia, el auto de admisibilidad de fs. 280/284 debe adecuarse en el sentido indicado.
III.1. En esa faena, cabe ante todo señalar que no está controvertido en autos que el imputado condujo su vehículo automotor por una conocida autopista en violación de las reglas que gobiernan el tránsito en el tramo de acceso a una estación de peaje, siendo su accionar el que provocó el resultado letal en juzgamiento.
Así ha quedado demostrado que "...el día 20 de noviembre del año 2011, siendo aproximadamente las 5:57 horas, un sujeto del sexo masculino -identificado como Julio Reyes David-, quien se encontraba en la conducción -en estado de ebriedad y a alta velocidad- del rodado marca Chevrolet modelo Aveo [...], circulando por la Autopista Richieri -sentido Ezeiza/Caba- de la localidad de Villa Celina, Partido de La Matanza, Pcia. De Buenos Aires, al ingresar a la vía 14 del peaje allí existente -la cual no se hallaba habilitada y poseía sobre la cinta asfáltica un cono ref[lectante] y luz roja advirtiendo tal circunstancia-, embistió a Miguel Ángel Rizzo, con la parte delantera del capot del rodado, ocasionándole el deceso por paro cardiorespiratorio traumático debido a un traumatismo grave de cráneo".
III.2. La discusión del caso estuvo centrada en todas las instancias en si ese obrar debe encajar en la figura del homicidio simple, con dolo eventual (art. 79, Cód. Penal), como reclamaron los acusadores público y privado y así fue interpretado por la mayoría del tribunal de grado, insistiendo aquí en esa postura el representante de la acción pública, o en la del homicidio imprudente (art. 84, Cód. Penal).
III.3. La casación, tras sostener que compartía "...la exégesis normativa sostenida por los jueces que conformaron la mayoría, conforme con la cual el aspecto doloso de la conducta atribuida se construye por el riesgo propio generado en la ocasión por el acusado, valorado en el momento del hecho, y cuya exigencia subjetiva no pasa más allá del conocimiento cierto de una probabilidad no remota de producción del resultado" (fs. 253 y vta.), reputó que "...las evidencias rendidas en el debate sobre los extremos fácticos reconocibles y reconocidos en el caso concreto por el acusado" -al menos beneficio de la duda mediante- no resultaban suficientes "...como para inferir de ellas, la altísima probabilidad de producción del resultado y cuyo riesgo letal no pueda ser tenido como lejano o remoto" (fs. 253 vta.).
Consideró sobre todo que no se pudo despejar el interrogante acerca de "cuál fue el momento" en el que Julio Reyes David advirtió la presencia de la víctima en el lugar, al no existir certeza respecto de que la hubiera visto sobre la calzada o próximo a ella y aun así -por la razón que fuere- obrara del modo indicado, desinteresado de las eventuales consecuencias dañosas. En otras palabras, estimó ausente un respaldo probatorio concluyente para eso siendo también posible "...que el acusado al momento de emprender la conducta que se le atribuye, haya tenido ante sí una vía de la autopista inhabilitada para transitar pero en la que no había persona alguna a la vista" (fs. 254), dando cuenta de los elementos de prueba con los que -según su apreciación- se validaba esta otra posibilidad (v. fs. cit.).
Sostuvo que estas referencias permitían considerar que el imputado no pudo percibir el intento del damnificado de atravesar la calzada hacia su puesto de trabajo "...sino hasta el momento del impacto", con lo cual se desvanece la hipótesis de que pudiera haber conocido y asumido el eventual resultado de muerte del trabajador del peaje; máxime cuando tampoco pudo establecerse que la víctima hubiera estado parada en ese lugar al momento de los hechos con factibilidad de ser visible al conductor en razón de la vestimenta con cintas reflectantes, pudiendo haber atravesado la calzada apareciendo de modo imprevisto para aquel, en circunstancias en que David atravesó temerariamente por ese sector sin el dato concreto de la existencia de "...persona alguna a la vista", lo cual no aparecía irrazonable atendiendo el día y horario del hecho (v. fs. cit. y vta.).
III.4. Frente a este estado de cosas y lo que surge de la reseña efectuada, no se advierte el vicio de arbitrariedad por carencia de motivación o debida fundamentación endilgado al fallo en crisis. En este punto, los agravios se desentienden por completo de los argumentos que aquel exhibe y que -se comparta o no la solución a la que arriba- lo ponen a salvo de la doctrina de arbitrariedad de sentencias.
IV.1. Ahora bien, la parcela de la queja que también, al amparo de esa misma doctrina, alude a la irrazonable solución normativa dada al caso, a tenor de las previsiones de los arts. 84 y 79 del Código Penal, con inescindible ligazón con la "prueba del dolo", que se reputa desconsiderada en virtud de las constancias comprobadas del caso, habilitaría prima facie la fiscalización de esta Corte pese al monto de condena (conf. doctr. CSJN Fallos: 308:490 -"Strada"- y 311:2478 -"Di Mascio"-).
IV.2. No obstante, cabe advertir que el señor fiscal -pese a aludir a la errónea aplicación de la ley sustantiva- no se ha alzado derechamente contra la configuración o alcance del concepto de dolo aludido por el juez Carral en la sentencia, sobre todo en cuanto a la relevancia del estado de conocimiento del autor en el instante de la acción, en el entendimiento de que para el dolo (aun eventual) no basta el conocimiento meramente potencial, siendo necesario el conocimiento real y actual del concreto curso causal conducente al resultado tal como ha acontecido, esto es poder percibir precisamente aquel riesgo que se realiza. Y, por otro lado, en virtud del beneficio de la duda, el sentenciante no tuvo por acreditado que el acusado hubiera percibido la presencia de la víctima merodeando el lugar del hecho (v.gr: el puesto "14" de la estación de peaje), descartando la concurrencia de ese componente subjetivo imprescindible para la subsunción en la figura del homicidio simple, ante la imposibilidad de representarse el resultado que iba a (o podía llegar a) tener lugar. De allí el fundamento de la imputación menos severa: homicidio imprudente.
Para más, tampoco el recurrente ofrece argumentos para discutir la solución del caso -en favor de la tipicidad dolosa pretendida- si es que pudiera reprocharle al acusado ese desconocimiento de la situación concreta por indiferencia, por no haberse representado la realización del tipo sencillamente porque no se interesó en ello.
IV.3. Ante este estado de cosas, las objeciones se centran en la ponderación de los distintos elementos de prueba que la acusación considera suficientes para justificar que el imputado tenía conocimiento de la presencia de la víctima en el lugar (o al menos no hay razones para reputar que no lo tenía), mientras el sentenciante sostuvo -como se dijo- que no había un respaldo probatorio concluyente para la determinación del dolo ( in dubio pro reo ), siendo también posible entonces que al momento de emprender la conducta enjuiciada el imputado haya tenido ante sus ojos la consideración de una vía de la autopista inhabilitada para transitar -y que temerariamente igualmente traspuso-, pero sin persona alguna a la vista, al no poder percibir el intento del damnificado de atravesar la calzada hacia la cabina de peaje justo cuando él pasaba "...sino hasta el momento del impacto" (fs. 254).
Así, la denuncia sobre arbitrariedad o absurdo en la ponderación de los hechos y su prueba, en tanto pretende cuestionar materia privativa de los jueces de grado, no es de recibo (art. 494, CPP), sin que le concierna a esta Corte revisar los eventuales errores sobre los hechos o en relación con el valor asignado a los elementos de convicción (conf. causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.), salvo supuestos de excepción que no vienen demostrados. Por el contrario, las críticas de la parte no superan el test de lo meramente opinable (doctr. causa P. 100.761, sent. de 17-VI-2009; por muchas).
En otras palabras, no se ha demostrado que la sentencia se apartó de los hechos probados de la causa -supuesto típico de arbitrariedad- sino que los ha evaluado de un modo distinto a la consideración del recurrente.
Sostiene la parte acusadora que el resultado típico "...no sólo era previsible, sino, además, inevitable, la producción de la muerte de quien se interpusiera en su trayectoria" (fs. 270). Ahora bien, lo que dijo el Tribunal de Casación es que la prueba no había permitido despejar la duda acerca de "...cuál fue el momento en el cual Julio Reyes David advirtió la presencia de la víctima". Con ello, dicha parte deja sin rebatir el argumento formulado en la sentencia, pues lo incierto es -conforme el fallo- si acaso el imputado asintió ingresar a un carril clausurado, pero sin ver a nadie en él o si percibió la presencia de quien resultaría la víctima fatal.
Para apoyar su conclusión el Tribunal de Casación asignó además relevancia al hecho de que, por la hora y el día, había poco tránsito de autos y peatones (v. fs. 256). La parte le otorga el sentido contrario (v. fs. 268 vta.). En esa discrepancia, más allá de lo que se opine sobre el acierto de lo decidido, no queda demostrado el absurdo o arbitrariedad. Siendo sabido que en materia probatoria no corresponde que esta Corte sustituya con su criterio al de las instancias ordinarias.
En consecuencia, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia