Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 121064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal:
I. Se declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de W. N. R. en orden a los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y abuso de arma (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 189 bis inc. 2, tercer párr. y 104, primer párr., Cód. Penal).
II. Se rechaza la parcela del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de W. N. R. reseñada en el acápite I.3. del presente pronunciamiento, con costas (arts. 451, 496 y concs., CPP).
III. Se remiten los autos a la instancia de origen, para que gradúe la pena a imponer a W. N. R. de acuerdo con lo resuelto, teniendo en cuenta para ello el delito que permanece firme y de conformidad a las pautas dosificadoras que correspondan (arts. 40 y 41, Cód. Penal y 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Kogan , Soria , Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 121.064, "R., W. D.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 23.519 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala III".
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de julio de 2013, confirmó parcialmente el veredicto de culpabilidad y de imposición de pena dictado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental, que había declarado a W. N. R. coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio en ocasión de robo en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo -en grado coautoral-, concurriendo materialmente con los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y abuso de arma, estos últimos en concurso ideal, imponiéndole la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 40, 41, 45, 54, 55, 104, primer párr., 165, 166 inc. 2, 189 bis inc. 2, tercer párr., Cód. Penal). En consecuencia, recalificó como homicidio en ocasión de robo en concurso material con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso ideal con abuso de arma, manteniendo el monto de la pena impuesta (v. fs. 53/61 vta., con relación a fs. 6/22).
Contra ese pronunciamiento, interpuso la señora defensora oficial del fuero especializado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 83/100 vta.), el que fue concedido por esta Corte (v. fs. 104/106).
Oído el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 108/111 vta., resol. 12/16), dictada la providencia de autos (v. fs. 113), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y de abuso de armas?
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Previo al tratamiento del recurso interpuesto, esta Corte deberá analizar si se encuentra o no vigente la acción penal en orden a los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y de abuso de armas que concursan idealmente entre sí, por los que fuera responsabilizado el joven W. N. R. junto al delito de homicidio en ocasión de robo, éste en concurso material.
En primer lugar, corresponde establecer, por un lado, que pese a que la defensa de R. ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal no discutió aquellas figuras, sí se agravió de la forma en que se había aplicado el mecanismo de reducción legal del quantum punitivo contemplado en el art. 4 de la ley 22.278, además de haber denunciado la vulneración al ne bis in idem con relación al concurso del homicidio en ocasión de robo con el robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo (agravio desarticulado por el Tribunal de Alzada), de modo que desde esa arista formó parte del reclamo (v. fs. 25/27).
Dichos hechos en juzgamiento datan del 8 de agosto de 2010 (v. fs. 8), fecha posterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005; art. 18, Const. nac.), la cual rige el caso.
Ello, en lo que importa modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio", como causal interruptiva de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"); y expresamente contempló la teoría del paralelismo para el supuesto de concurso de delitos (conf. causas P. 85.858, sent. de 28-XII-2005; P. 77.178, sent. de 14-V-2008; P. 70.829, sent. de 31-X-2007; P. 105.339, sent. de 16-III-2009; P. 116.962, sent. de 16-XII-2015; P. 126.558, sent. de 29-III-2017; e.o.).
Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el sólo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Bajo esas consideraciones, aun tomando como último hito a la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes de fs. 53/61 vta., dictada el 11 de julio de 2013, hasta el presente ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2, con relación a los delitos tipificados en los arts. 189 bis, inc. 2, tercer párrafo y 104, primer párrafo, ambos del Código Penal, sin que hubiera actuado la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" primera parte del Código Penal, es decir, hubiere cometido otro delito con entidad interruptiva a tenor de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal que lucen a fs. 126/128, y de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que obra a fs. 133, como también de lo que surge del informe actuarial de fs. 135 y vta., y de fs. 152 y 155 que lo complementa.
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar de oficio su extinción respecto del imputado W. N. R. en orden a los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y abuso de arma (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 189 bis inc. 2, tercer párr., y 104 primer párr., Cód. Penal).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La recurrente en primer lugar, denuncia la errónea aplicación del art. 4 de la ley 22.278 en cuanto al modo en que se empleó el mecanismo de reducción legal del quantum punitivo contemplado en dicha norma, es decir, sin "...dejar asentada de manera explícita la base de cuantificación punitiva sobre la cual..." se efectuara el mismo, obrando así "...con afectación de la seguridad jurídica..." (fs. 89 y vta.).
En apoyo de su pretensión, trae a colación el fallo "Maldonado" de la Corte nacional y la Opinión Consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 90 vta./92). Agrega que no se contemplaron adecuadamente los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, brevedad y de sustitución que emergen de las previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores y las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (RNU, Resolución 45/113) (v. fs. 92).
I.2. Como segundo agravio, tacha de arbitrario el pronunciamiento por falta de fundamentación. Explicó que la Cámara no expuso el razonamiento empleado para llegar a la fijación del monto de pena impuesto a R. (v. fs. 93). De este modo, a su juicio, se quebrantan los principios constitucionales de proporcionalidad mínima, última ratio y razonabilidad (arts. 3, CIDN y 4, ley 22.278; v. fs. 93 y vta.).
I.3. En tercer lugar, refiere a la falta de aplicación al caso de los principios sentados en el citado fallo "Maldonado", haciendo mención a diversas circunstancias relativas a la conducta posterior de su pupilo, que no harían necesaria la aplicación de una pena para el mismo (v. fs. 94/95 vta.).
I.4. Finalmente, denuncia incongruencia en el análisis de las particularidades del caso y el monto de pena elegido, señalando al respecto que tanto el tribunal de instancia como la Cámara, se abstuvieron "...de fundar la necesidad de pena...", pero ambos la imponen "...sin la reducción a la que el Fiscal no se opuso...", con lo que "...aplicaron una pena más allá de la solicitada por el acusador..." (fs. 96).
II. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal en su dictamen (v. fs. 108/111 vta.), aconsejó el rechazo del recurso extraordinario.
III.1. Ahora bien, dado el resultado al que se ha arribado en la cuestión previa, en la cual se declarara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y de abuso de armas, por los que había sido responsabilizado el joven W. N. R. junto al de homicidio en ocasión de robo, y atento a que a consecuencia de ello se deberán remitir los autos a la instancia anterior para fijar una nueva pena a consecuencia de lo resuelto, deviene inoficioso ocuparse de los planteos traídos por la defensa reseñados supra I.1.; I.2. y I.4., en tanto los mismos se encuentran dirigidos -en su totalidad- a cuestionar aspectos vinculados a la pena aplicada (arg. art. 481, CPP).
III.2. Cabe aclarar que el cuestionamiento que formula la defensa en el recurso de inaplicabilidad de ley (v. acápite I.3), sí será abordado, pues no queda alcanzado por lo resuelto en la cuestión anterior. En ese sentido, coincido con lo dictaminado por el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal a fs. 108/111 vta., por compartir sus fundamentos.
III.3. Respecto a la innecesariedad en la aplicación de pena al joven R., que la parte trae de la mano del fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde señalar que dicho planteo resulta novedoso en tanto no fue llevado a conocimiento de la instancia anterior (v. recurso de apelación de fs. 25/27).
En efecto, ante el Tribunal de Alzada la defensa de R. cuestionó el quantum punitivo aplicado a la luz de la reducción contemplada en el art. 4 de la ley 22.278 y de la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional conforme el precedente citado. Por su parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, al abordar el agravio destacó en primer lugar que la recurrente no había criticado la innecesariedad de la imposición de pena, sino solamente que la misma era excesiva, y en ese marco le brindó una respuesta (v. en particular fs. 57/59).
Con lo cual el reclamo resulta ser el fruto de una reflexión tardía y, por ende, inabordable ante esta instancia (doctr. art. 451, CPP).
IV. Teniendo en cuenta lo resuelto en los puntos precedentes, deberán reenviarse los autos a la instancia de origen para que gradúe la pena a imponer al imputado W. N. R. de acuerdo con lo resuelto, teniendo en cuenta para ello el delito que permanece firme y de acuerdo con las pautas de graduación correspondientes (arts. 40 y 41, Cód. Penal; art. 496 y concs., CPP).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal:
I. Se declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de W. N. R. en orden a los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y abuso de arma (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 189 bis inc. 2, tercer párr. y 104, primer párr., Cód. Penal).
II. Se rechaza la parcela del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de W. N. R. reseñada en el acápite I.3. del presente pronunciamiento, con costas (arts. 451, 496 y concs., CPP).
III. Se remiten los autos a la instancia de origen, para que gradúe la pena a imponer a W. N. R. de acuerdo con lo resuelto, teniendo en cuenta para ello el delito que permanece firme y de conformidad a las pautas dosificadoras que correspondan (arts. 40 y 41, Cód. Penal y 496, CPP).
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia