Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130375
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Gustavo Gabriel Giorgiani en la suma de … pesos -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.375, "C., R. H. s/ Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 83.497 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 3 de octubre de 2017, rechazó el recurso interpuesto por el defensor particular de R. H. C. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que lo había condenado a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad del autor (ascendiente) reiterados (dos hechos) y corrupción de menores agravada por la calidad del autor (ascendiente) reiterados (dos hechos), todos en concurso real entre sí en los términos de los arts. 119 cuarto párrafo inc. "b" en relación al tercer párrafo, 125 tercer párrafo, 55 y 45 del Código Penal (v. fs. 18/41).
El defensor particular interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 102/110), el que fue concedido parcialmente por el tribunal intermedio (v. fs. 113/117); presentada queja identificada bajo el registro P. 130.278-RQ, fue denegada por esta Corte mediante resolución dictada el 18 de abril de 2018. Con fecha 7 de mayo de 2018, la defensa particular dedujo recurso federal, el que fue desestimado por esta Corte mediante pronunciamiento del 28 de noviembre de 2018.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 128/130); dictada la providencia de autos (v. fs. 131) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Como se señaló, la competencia de esta Corte se encuentra circunscripta a analizar los agravios relativos al monto de la pena impuesto, dado que la vía recursiva en trato ha sido habilitada con ese alcance por el Tribunal de Casación (v. fs. 113/117).
I.1. El defensor particular, previo a plantear el motivo de agravio, señaló que en la sentencia recurrida existe un error en el desarrollo de los antecedentes en cuanto refiere que se llega a una condena por la conformación unipersonal del tribunal criminal y en trámite de juicio abreviado (v. fs. 102 vta. y 103).
A continuación denuncia la violación de los arts. 18 y 28 de la Constitución nacional; 5.6 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 371 inc. 4 del Código Procesal Penal.
Sostiene que el tribunal revisor confirmó arbitrariamente la imposición de una pena que coincide con el máximo de la escala penal aplicable al caso, sin precisar la incidencia asignada a las circunstancias atenuantes. Señala que si bien fueron computadas por el tribunal intermedio no fueron, según la defensa, desarrolladas en un razonamiento que resulte comprensible (v. fs. 103 vta./106).
Solicita se disminuya la pena impuesta y asimismo que se tengan en cuenta como atenuantes la edad y el estado de salud del señor R. H. C. (v. fs. 106 vta.)
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General. El recurso no prospera (v. fs. 128/130).
III. De la lectura de la sentencia se advierte que el Tribunal de Alzada se refirió a las atenuantes planteadas por la defensa, y si bien coincidió con la fiscal adjunta en que el a quo había omitido analizar la circunstancia relativa al estado de salud del imputado, expresó que la misma no guardaba relación con la modalidad del hecho en estudio ni con la personalidad de aquél, y tampoco se encontraba comprendida dentro de las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, que sirven de base para graduar la pena.
Y agregó que "...el a quo -con la debida fundamentación- valoró como circunstancias atenuantes la ausencia de condenas anteriores y el buen concepto, y como agravantes la extensión del daño causado y la naturaleza de las acciones, entonces la tarea jurisdiccional de determinación de la pena en el caso concreto se realizó de acuerdo a lo normado por los artículos 40 y 41 del Código Penal y 210, 371 y 373 del Código procesal Penal" (fs. 97).
De esta manera el órgano revisor confirmó el criterio del tribunal de instancia en orden a que, frente a la naturaleza de las acciones, el tiempo transcurrido y la cantidad de situaciones a las que estuvieran expuestas las tres víctimas, las atenuantes consideradas no permitirían apartarse del máximo de la escala penal aplicable al caso (v. fs. 87/98).
IV. De lo reseñado precedentemente, surge que la sentencia recurrida cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
En rigor, la defensa no logra evidenciar la existencia del vicio que invoca, limitando su reclamo a una mera expresión de disenso con el grado de incidencia que las circunstancias valoradas por el juzgador habrían tenido sobre la pena impuesta.
En este punto, es dable destacar que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 130.081, sent. de 5-XII-2018; e.o.). También tiene dicho esta Corte, que si bien los arts. 40 y 41 del Código Penal regulan las circunstancias en base a las que luego deben dosificarse las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad, lo cierto es que no contiene una regla o sistema que determine el modo en que debe concretarse su cuantificación dentro de las escalas legales, por lo que esa forma de recurrir se devela ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP; conf. causas P. 110.814, sent. de 4-V-2011; P. 130.110, sent. de 5-XII-2018; e.o.).
Tal como sostiene el señor Subprocurador General, las dogmáticas consideraciones realizadas por el recurrente, referidas a la finalidad resocializadora de la pena privativa de la libertad, resultan insuficientes, pues presupone el impugnante que la sanción impuesta acarreará, indefectiblemente, la privación de la libertad de su defendido en el ámbito carcelario por un período de veinticinco años, sin reparar en la existencia de eventuales beneficios que permiten atenuar paulatinamente esa situación (detención domiciliaria, salidas transitorias, libertad asistida, libertad condicional, etc.) a los que prima facie , podría acceder en su momento el imputado de autos.
Por ello, no se advierte la infracción de las normas denunciadas desde que el quejoso para demostrar el agravio, se limita a controvertir aspectos del fallo vinculados con el acierto o sentido de lo resuelto (doctr. art. 495, CPP).
V. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871, de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Por las razones expuestas, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Gustavo Gabriel Giorgiani en la suma de … pesos -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia