Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130453
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.453, "Sitz, Jonathan Fernando. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 80.496 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 11 de abril de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro que condenó a Gianfranco Sitz a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa -dos hechos- y a Jonathan Fernando Sitz a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar partícipe secundario del delito de homicidio calificado criminis causae en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa -dos hechos- (v. fs. 72/81 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor defensor adjunto de Casación, doctor José María Hernández, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Jonathan Fernando Sitz, el que fue concedido por la Sala interviniente a fs. 110/113 vta.
Oído el señor Procurador General a fs. 126/131 vta., dictada la providencia de autos a fs. 132 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado por la defensa?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. De manera preliminar cabe señalar que el recurso en trato fue interpuesto a favor de Jonathan Fernando Sitz (v. fs. 93/101 vta.), siendo que su consorte de causa, Gianfranco Sitz, no manifestó intención de recurrir ni tampoco así lo hizo su defensa técnica (v. fs. 90).
Ante ello, el Tribunal de Casación, resolvió dar por concluido el trámite respecto a Gianfranco Sitz y remitir las actuaciones al Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro (v. fs. 108).
Del informe del Registro Único de Detenidos que luce a fs. 146, surge que con fecha 24 de noviembre de 2017, fue aprobado el cómputo de pena y con fecha 15 de marzo de 2018 radicada la causa en el Juzgado de Ejecución Penal n° 1 de ese Departamento Judicial.
I.2. El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor José Hernández, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, denunció como primer agravio la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal e inobservancia del art. 165 del mismo digesto penal, con relación al imputado Gianfranco Sitz (v. fs. 95/99).
Si bien, como quedó dicho, no hubo expresa voluntad recursiva de Gianfranco Sitz, en virtud del principio de accesoriedad que rige en materia de participación criminal, corresponderá, a los fines de satisfacer el interés recursivo del aquí impugnante -Jonathan Fernando Sitz-, ingresar al análisis del hecho ajeno del cual se viene confirmando en la sentencia puesta en crisis que el aquí impugnante colaboró.
En tal sentido, al desarrollarlo y tras describir los hechos que se tuvieron por probados, sostuvo que Gianfranco Sitz le habría efectuado un disparo a la víctima para causarle la muerte por no haber logrado el fin de robo propuesto, así como también para lograr su impunidad; pero que tal ánimo no se vio reflejado en las pruebas de cargo ponderadas (v. fs. 95 vta./98).
Entendió que en el caso no podía determinarse si se trató de un homicidio causalmente conexo o finalmente conexo, propiciando por ello que se declare erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 del Código Penal.
I.3. En segundo lugar, ya refiriéndose a su asistido Jonathan Fernando Sitz, la defensa reiteró la denuncia a la errónea aplicación del art. 80 inc. 7, pero esta vez en función del art. 46 del Código Penal y la inobservancia del art. 47 del mismo digesto (v. fs. 99/101 vta.).
Señaló que el accionar de Jonathan Sitz consistió en colaborar con su hermano -Gianfranco- facilitándole el arribo al lugar de los hechos como su huida, mientras aquel ejecutó el desapoderamiento.
Alegó que la defensa en el recurso de casación reclamó que no podía imputársele a su asistido el resultado muerte, pues la participación secundaria requiere de una promesa anterior, adecuada a un plan previamente acordado, y que "...ese plan concreto [...], de ninguna manera abarca los apartamientos..." que decidió realizar el ejecutor. Y agregó que aun cuando el partícipe cumpla con su parte, a ella se limita el dolo (v. fs. 99 vta.).
Refirió que, en ambas instancias, se sostuvo que la decisión homicida surgió durante la propia ejecución de los robos, luego de que el primero se viera frustrado y ante la posibilidad de que ocurriera igual con el segundo, y que "...no es cierto que el homicidio criminis causae requiera siempre en forma previa una preordenación o meditada reflexión..." (fs. 99 vta.), siendo la única respuesta al agravio sobre la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal a quien sólo participó de un robo.
Resaltó su postura, en cuanto a que no hubo ninguna prueba que afirmara que el plan delictivo contemplaba la muerte dolosa de la víctima del robo, ni que la voluntad de su asistido fuera la de participar en un homicidio, ya que no podía saber que esto ocurriría al ser un acto posterior, imprevisto y no planificado.
Consideró que con la atribución del resultado mortal a quien no ejecutó el homicidio, se desconoció la doctrina de esta Corte en los precedentes P. 74.499, P. 76.609, P. 76.557, entre otros, así como el retorno al fallo de este Tribunal en la causa P. 36.212, "Galván", sentencia de 24-II-1987, y la infracción a los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional (v. fs. 100 vta.).
Concluyó que nada hizo Jonathan Sitz para que se le atribuya la muerte, que no puede imputársele a título de dolo toda vez que el resultado fue un exceso del autor sobre el plan delictivo al que se comprometió, así como tampoco a título de culpa (v. fs. 101). Solicitó, en consecuencia, se declaren erróneamente aplicados los arts. 45 y 80 inc. 7 del Código Penal y reenvíen los autos al a quo para que se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
II. El señor Procurador General propició se hiciera lugar parcialmente al recurso (v. fs. 128/131).
III. En cuanto al primer motivo de agravio, coincido con él.
IV. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...el día 21 de julio de 2015 [...] en circunstancias en que la víctima Agustín Semenanzato se hallaba conduciendo su automóvil [...], el imputado Gianfranco Sitz, quien se hallaba sentado a la vera del camino, se puso de pie y esgrimiendo un arma de fuego con la que le apuntó al conductor, intentó apoderarse ilegítimamente de las pertenencias de aquel, sin poder consumar su accionar delictivo debido a causas ajenas a su voluntad, toda vez que la víctima imprimió mayor velocidad al vehículo y pudo darse a la fuga. Para cometer este hecho, el imputado Sitz se encontraba acompañado de Jonathan Fernando Sitz, quien lo estaba esperando del otro lado de la vía del ferrocarril a escasos metros del lugar para ayudarlo en la fuga a bordo de una bicicleta; y [...] en circunstancias en que la víctima Luis Alberto Vázquez se hallaba conduciendo la camioneta de reparto de correspondencia [...] el imputado Gianfranco Sitz, utilizando un arma de fuego, le cortó el paso al vehículo intentando apoderarse de las pertenencias de la víctima y su acompañante, y al no poder lograr su cometido toda vez que Vázquez le imprimió mayor velocidad a la camioneta, le efectuó un disparo a quemarropa [...] causándole la muerte a los pocos instantes. Al no poder consumar su accionar y a su vez lograr su impunidad, el imputado se dio a la fuga a bordo de la bicicleta que lo estaba esperando a escasos metros del lugar, la cual era conducida por su cómplice Jonathan Fernando Sitz..." (en lo sustancial, fs. 16 vta. y 17 –sent. de primera instancia- y fs. 73 vta. –sent. de segunda instancia-).
La defensa ante el Tribunal de Casación centró su embate contra la subsunción legal, indicando que no se había acreditado en la especie la ultraintencionalidad exigida por la norma (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), por lo que correspondía la modificación en los términos del art. 165 del Código Penal.
Sostuvo que no se había acreditado la existencia de un plan criminal previo, entendiéndolo como requisito de la figura más gravosa aplicada.
V. Bajo la voz del ponente doctor Daniel Carral, la Sala I del Tribunal revisor rechazó la impugnación sosteniendo que "...los sentenciantes entendieron, tal como lo han dejado sentado en la primera cuestión de la sentencia, que el homicidio ocurrió para facilitar la comisión del segundo ilícito contra la propiedad, sin que presente ninguna duda la conexión subjetiva e ideológica entre ambos" (fs. 75 vta.).
Ratificó esa conclusión en base a la prueba valorada rendida en el juicio, corroborando la intención homicida para facilitar el robo y por no haber logrado el fin propuesto, en la proximidad del agresor al vehículo y en el haber disparado directamente al conductor cuando este efectuaba la maniobra de esquive con el objeto de evitar el desapoderamiento. Destacó las evidencias de huellas dactilares y palmares del autor del disparo en la puerta de la camioneta y parte superior de la cabina del rodado.
En conjunto con la vaina servida y resultado de la autopsia que indicó el lugar del impacto del disparo en el cuerpo de la víctima, tuvo por verificada la reconstrucción histórica sin posibilidad de errores que dio cuenta de "...la intención clara y definida del agente en dar muerte al tripulante del rodado para detener su marcha y continuar con su propósito sustractor" (fs. 76).
Finalmente descartó la calificación en el tipo complejo del art. 165 del Código Penal dado que la muerte de Vázquez no se dio como consecuencia de la violenciaínsita de un robo, sino que "...la decisión de quitarle la vida tuvo su causa en el propósito de vencer la resistencia ofrecida y de ese modo consumar el desapoderamiento que, finalmente no se logró" (fs. cit.).
VI. El señor defensor oficial intenta aquí reingresar al campo de análisis de hechos y valoraciones probatorias que por regla es ajeno a la competencia de esta Corte y únicamente admisible por la vía excepcional del absurdo y la arbitrariedad que no han sido aquí intentados (art. 494, CPP).
Por otro lado, tal como lo indica el señor Procurador General, el impugnante incorporó una variación argumental que difiere del planteo llevado al órgano intermedio y convierte a su reclamo en novedoso. Ante esta sede expone que, en ambas instancias, se habría estructurado la calificación legal en base a dos modalidades de conexión homicida (final y causal) que estimó incompatibles con los hechos.
En tal sentido tiene dicho esta Corte que los reclamos no sometidos -pudiendo hacerlo- al tribunal intermedio, no pueden ser introducidos en forma originaria ante esta sede.
Por ello es que este motivo de agravio resulta fruto de una reflexión tardía y también por ello corresponde su rechazo (conf. causas P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; P. 103.442, sent. de 29-XII-2008; P. 100.872, sent. de 15-IV-2009; P. 102.166, sent. de 22-VI-2009; e.o.).
VII. En cuanto al segundo agravio, el señor Procurador General propició se haga lugar por considerar que la decisión atacada presenta un vicio que la invalida como acto jurisdiccional válido y que amerita ser anulada de oficio por esta Corte (v. fs. 130).
Al respecto, señaló que el Tribunal de Casación no dio respuesta -expresa o implícita- al planteo denunciado por la defensa relativo a la inobservancia de los arts. 47 y 48 con relación al art. 80 inc. 7, todos del Código Penal, siendo ello un vicio que reviste tal magnitud que constituye un caso excepcional de incompatibilidad con el debido proceso "...que descalifica al pronunciamiento como acto jurisdiccional..." válido e impone su anulación oficiosa conforme los precedentes P. 98.201, sentencia de 9-VI-2010 y P. 117.982, sentencia de 5-XI-2014, de esta Corte (v. fs. cit.).
VIII. No comparto lo dictaminado por la Procuración General.
IX. Si bien podría reputarse que el Tribunal de Alzada omitió dar tratamiento explícito al planteo llevado por la defensa sobre la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal con relación a la calidad de partícipe de Jonathan Fernando Sitz, también lo es que el recurrente debió así haberlo reclamado.
Cabe recordar que la defensa, en el presente recurso, reeditó la misma objeción llevada ante la Casación, pero esta vez explayándose en sus argumentos sin reparar ni rebatir lo efectivamente decidido. Tampoco formuló la arbitrariedad por omisión de tratamiento de cuestiones planteadas ni, en su defecto, interpuso recurso extraordinario de nulidad, ambas vías idóneas para habilitar la revisión de esta Corte en el referido marco de excepción, por lo que media insuficiencia (art. 495, CPP).
En efecto, la doctrina de esta Corte al respecto, establece que el recurso de inaplicabilidad de ley es insuficiente si "...la defensa, lejos de ensayar una crítica razonada de la decisión recurrida, se desentiende de ella, y reedita el mismo agravio con los mismos argumentos" (causa P. 117.616, sent. de 29-XII-2014), pues ello traduce "...una técnica inidónea para demostrar que la decisión controvertida conlleve alguna de las situaciones denunciadas que tiña su condición de acto jurisdiccional válido y conduce sin más, a la desestimación del recurso intentado" (conf. doctr. art. 495, cit.).
Finalmente, es dable destacar las relevantes diferencias existentes entre las situaciones resueltas en los precedentes citados por la Procuración General y las concretas circunstancias de este expediente, no advirtiéndose el por qué, pese a ello, correspondería de todos modos igual solución.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Soria y Negri , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia