Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130000
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.000, "Z., J. E.; G., H. S. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 33.428 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, mediante el pronunciamiento de fecha 19 de marzo de 2015, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto contra la decisión del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 del Departamento Judicial de Zárate Campana que condenó a J. E. Z. a la pena de tres años de prisión en suspenso, accesorias legales, sin costas y sujeto a reglas de conducta por igual plazo, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por el uso de arma; y a H. S. G. a la pena de siete años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales, sin costas, por ser coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo en concurso real con robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por el uso de arma. En consecuencia, confirmó lo resuelto en cuanto mantuvo la pena impuesta a Z. en tres años de prisión en suspenso, accesorias legales, sin costas y reglas de conducta, y modificó la sanción aplicada a G., la que fijó en cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales, sin costas; ambos por los delitos antes mencionados (v. fs. 79/82).
La señora defensora oficial del fuero especializado doctora Karina Paola Dib- dedujo recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 100/101) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 103/107 vta.), siendo concedido por la aludida Cámara el último de los carriles intentados, conforme luce a fs. 124/128. Por el remedio denegado, se articuló recurso de queja, la que ingresada bajo el n° P. 129.131-RQ fue rechazada por improcedente- por esta Suprema Corte, el día 23 de mayo de 2018.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 150/155 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 156, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La defensa oficial de los menores Z. y G. sostiene que desde la interposición del recurso de apelación viene planteando que tras el juicio de cesura, el fiscal se limitó a pedir pena sin fundamentar dicha petición. Alega que por imperio del art. 56 del Código Procesal Penal y de la vigencia del principio republicano de gobierno, el representante del Ministerio Público Fiscal debe fundar dicha decisión; por lo que su omisión acarrea la violación al principio de legalidad como al acusatorio que integra el debido proceso, "...único ámbito en el cual la defensa en juicio se hace posible..." (fs. 104).
Considera que se está ante un defecto grave del procedimiento que recae en una de las formas sustanciales del juicio (la acusación) que lleva a contaminar el debido proceso impidiendo el correcto ejercicio del derecho de defensa.
Transcribe la respuesta dada por la Cámara para resolver el planteo y afirma que el fallo concreta la afectación "...al principio de legalidad y al debido proceso en tanto el art. 56 del CP[P] obliga al Ministerio Público Fiscal a realizar sus peticiones en forma fundada..." (fs. 104 vta.).
En definitiva, señala que en autos el Fiscal sólo se limitó a pedir la imposición de pena por resultar ésta necesaria pero no brindó ningún fundamento para sostener tal petición ni realizó evaluación alguna respecto de los procederes de los imputados "...en el período posterior al auto de responsabilidad, negando así en relación a los jóvenes la mirada estatal y la valoración de ella sobre todo este proceso y las medidas cumplidas iniciadas luego de declaradas sus responsabilidades, cuando precisamente en esto consiste el plus de protección del que goza la niñez en el proceso penal como forma de compensar su diferente situación y de cumplir con la garantía de igualdad ante la ley" (fs. 105).
De este modo, indica que la sentencia impugnada es arbitraria en razón de la violación de la ley ritual (art. 56, CPP) y constitucional: principio de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, principio republicano de gobierno, garantía de especialidad, interés superior del niño e igualdad ante la ley (v. fs. 105 vta.).
Solicita que se disponga la nulidad de la petición fiscal y se absuelva a los jóvenes Z. y G..
I.2. En segundo lugar, cuestiona la confirmación de la imposición de pena. Tacha el fallo de arbitrario por violación a los arts. 106, 201, 210, 371 y 373 del Código Procesal Penal; 58 de la ley 13.634; 4 de la ley 22.278; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 40 y 41 del Código Penal; así como de los principios y garantías constitucionales de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, especialidad, igualdad e interés superior del niño (arts. 1, 5, 16, 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.).
I.2.a. Respecto del joven Z., sostiene que se confirmó la aplicación de la pena tres años de prisión de ejecución condicional, pero "...paradójicamente brinda los mismos motivos por los cuales esta defensa solicitó la no imposición de castigo en atención al progreso del joven, su edad, su inmadurez emocional y que siempre había estado a derecho, desconociendo esta parte y lo mismo el joven los motivos concretos que llevaron entonces al Estado a imponerle el referido castigo..." (fs. 105 vta. y 106).
Estima que algo debe decir la sentencia para justificar la decisión de la condena desde el punto de vista del interés superior del niño y la finalidad del sistema de protección integral.
Agrega que no se otorgó tratamiento al planteo relativo al arrepentimiento expresado por el nombrado Z. y que de todos los argumentos expuestos surge la arbitrariedad de la decisión y la necesidad de su revocación ante la innecesariedad de imposición de pena, tal como lo marcara la defensa (v. fs. 106).
En el mismo sentido, se expide en orden a la confirmación del plazo de cumplimiento de las reglas de conducta, cuando esa parte lo había tildado de excesivo no sólo en relación con el progreso demostrado por el joven sino también "...en función de la lógica necesidad de adecuar dicho lapso" (fs. cit.) a la reducción aplicada en el caso por el art. 4 de la ley 22.278. Aduce que no sólo no se explican los motivos por los cuales el sometimiento a proceso por el lapso de tres años resulta lo más acorde al interés superior del niño, sino que además se expresa en el fallo que la petición de esa parte no tiene sustento legal ni jurisprudencial y con ello sin más se la rechaza.
Por último, y teniendo en cuenta los fundamentos dados por esa parte en el recurso de apelación, afirma que la decisión confirmatoria de ese plazo prolongado resulta también arbitraria por contradictoria con lo resuelto en orden a la escala penal y por no corresponderse con las constancias de la causa, toda vez que el pedido de la defensa se encontraba fundado (v. fs. 106 vta.).
I.2.b. Con relación al joven G., advierte el mismo déficit de fundamentación acerca de la necesidad de aplicar una pena fijada finalmente- en cinco años de prisión, al monto y a la modalidad de cumplimiento.
Indica que G. debió haber tenido la misma respuesta que recibió Z. tanto en la cuantía de la sanción como en el modo de ejecución, ya que el fiscal había solicitado a su respecto la imposición del mínimo legal sin exponer ninguna valoración negativa (v. fs. 106 vta. y 107).
Sin embargo, señala "...no solo no se brindan razones por las cuales no correspondía para G. el mismo tratamiento dado a Z., sino que peor aún, inclusive en el fallo de la Alzada que redujo el monto impuesto, aparece la decisión fundada en circunstancias negativas respecto del joven no esgrimidas ni discutidas en el juicio. Ello no solo vulnera el art. 371 del CPP, sino que además implica una violación a la prohibición de modificar el fallo en perjuicio del encausado cuando ha sido sólo éste quien ha impugnado la resolución, quedando entonces la pena de 5 años de prisión finalmente impuesta sin sustento constitucional alguno..." (fs. 107).
Controvierte que la decisión recurrida haya justificado la pena en la extensión del daño causado y el peligro de lesión para los bienes jurídicos en juego al tratarse de dos hechos de la misma naturaleza cuando la discusión de las agravantes ya se encontraba cerrada y el fiscal no esgrimió cuestión desfavorable alguna para G. respecto de quien solicitó el mínimo legal.
En concreto, considera que el monto y el modo de ejecución de la sanción aplicada violenta el debido proceso, la defensa en juicio y la prohibición de la reformatio in pejus. De ahí la necesidad de revocar la sentencia en ese punto también.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del remedio intentado (v. fs. 150/155 vta.).
III. Coincido con lo dictaminado: el recurso no prospera.
IV.1. Con relación al primero de los agravios, la Cámara señaló que el fiscal interviniente había solicitado en un inicio una pena de doce años de prisión, requiriendo que se tuviera en cuenta la excesiva agresión en la comisión de los hechos. Sumó a lo expuesto que frente a ello y sin pronunciarse sobre la sanción a imponer, en oportunidad de dictar el auto de responsabilidad, el magistrado a cargo adelantó que consideraría no sólo aquel motivo de agravación sino también, respecto de G., su situación económica familiar, extremo este último sobre el que se disconformó la defensa y que fuera dejado sin efecto por ese Tribunal (v. fs. 77 y vta.).
Distinguió dos momentos diferentes en el juicio del magistrado de Responsabilidad Penal Juvenil: la necesidad de pena (que fuera sostenida por la Fiscalía y mantenida por el juzgador) y la clase y monto de pena (que fuera limitado al mínimo por el Fiscal de la causa y reducido por el juez para Z. y aumentado para G., en uso de facultades propias del magistrado).
Explicó que, sin embargo, celebrada la audiencia para definir la pena, el fiscal interpretó que se habían dejado sin efecto todas las agravantes y sostuvo que solicitaría para ambos imputados, atento la recalificación de la causa efectuada por la Cámara, la pena mínima a imponer, sin perjuicio de las facultades que la ley fondal otorgaba al juez para la valoración y reducción conforme al art. 4 de la ley 22.278.
Sentado lo anterior, el Tribunal de Alzada afirmó que "...concuerdo con el a-quo cuando advierte que el pedido de pena por parte del fiscal no debe estar específicamente fundado, dada la función que le toca cumplir a esa parte dentro del proceso penal y siendo que resulta evidente el motivo de tal petición luego de que ambos imputados resultaran declarados culpables de graves hechos conforme el auto de responsabilidad al que se hiciera referencia con anterioridad, con lo que lo allegado por la letrada no habilita el agravio ni acarrea nulidad" (fs. 78).
A su vez, sostuvo que era el Juez quien debía brindar a la defensa las razones por las cuales había llegado a una conclusión determinada, sin perjuicio del contenido del art. 56 tercer párrafo del ritual que exige al Ministerio Publico Fiscal formular motivadamente sus requerimientos; pero en el caso del pedido de pena específicamente, reiteró que tal exigencia se encontraba cumplida con los alegatos en los que, con desarrollo argumental, se solicitaba el dictado del auto de responsabilidad y consecuente sanción (v. fs. 78 vta.).
IV.2. En primer lugar, corresponde destacar que más allá de la naturaleza procesal del agravio formulado (materia esta que por regla- resulta ajena al conocimiento de esta Corte, conf. doctr. art. 494, CPP; causas P. 78.944, sent. de 14-X-2009; P. 113.200, resol. de 12-XII-2012; P. 113.024, resol. de 10-VII-2013; P. 114.309, resol. de 14-VIII-2013; P. 114.326, resol. de 28-VIII-2013; P. 115.084, resol. de 4-IX-2013; P. 116.223, resol. 25-IX-2013; P. 117.484, resol. de 9-X-2013; P. 119.173, resol. de 20-XI-2013; P. 118.688, resol. de 4-XII-2013; P. 118.896, resol. de 7-V-2014; e.o.), el mismo viene enlazado con planteos de índole constitucional, lo que impone su abordaje como excepción en esta sede conf. doctr. CSJN "Strada" (Fallos 308:490) y "Di Mascio" (Fallos 311:2478), entre otros-.
Aclarado ello, y frente a lo resuelto por el a quo, la conclusión a la que arribara no viene debidamente replicada, lo cual obsta, por insuficiencia impugnativa (arg. art. 495, CPP), a la viabilidad del reclamo.
En efecto, la defensa se desentiende de los argumentos dados que, contrariamente a lo sostenido en el escrito recursivo, dan cuenta que el fiscal fundó el pedido de pena al momento de formular sus alegatos (cuando requirió el dictado del auto de responsabilidad), teniendo en cuenta principalmente- la excesiva agresión en la comisión de los hechos.
La recurrente insiste en la falta de motivación de dicha petición centrando su cuestionamiento en aquello que la Cámara distinguió como dos momentos distintos en el juicio del magistrado de Responsabilidad Penal Juvenil, o en aquella explicación por la que estimó que era el juez quien debía brindar los motivos de su conclusión a la defensa, pero como se dijo- desoyendo las razones opuestas a su pretensión en cuanto a que el pedido de la sanción a aplicar a los jóvenes se hallaba fundado.
Por otra parte, sus críticas además de reproducir lo llevado en la instancia previa- no pasan de ser una opinión personal contraria al criterio sustentado por el sentenciante. Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril intentado (conf. causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.860, resol. de 19-III-2014; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
De este modo, queda evidenciado que lo resuelto por el órgano revisor en este tramo del fallo no aparece conmovido con las alegaciones de la recurrente, pues sólo efectúa manifestaciones dogmáticas desvinculadas de las concretas circunstancias de la causa que impiden tener por demostrado que el pronunciamiento en crisis exhiba el vicio achacado y la afectación a los principios y garantías constitucionales denunciados (art. 495, cit.).
En definitiva, lejos está de revelar la existencia de algún supuesto que, excepcionalmente, pudiera conducir a su descalificación como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.), circunstancia que tampoco se aprecia.
V. El segundo agravio no corre mejor suerte que el anterior.
V.1. Con relación al joven Z., en oportunidad de resolver el mismo agravio llevado a su conocimiento, la Cámara sostuvo que el fiscal había solicitado el mínimo legal imponible, esto era seis años y ocho meses de prisión (mínimo mayor del concurso imputado), siendo que el Magistrado aplicó al nombrado una sanción de ejecución condicional de tres años con cumplimiento de reglas de conducta por el mismo plazo legal, teniendo para ello en cuenta todas las circunstancias atenuantes (conflictiva familiar, escasos recursos materiales y afectivos alegados por la defensa en la audiencia de juicio oral como en la de fijación de pena). De ahí que consideró que no podía haber agravio alguno en ausencia de perjuicio real.
Sobre el plazo de las reglas de conducta (que el Juez fijó en tres años conforme lo autoriza el art. 27 bis del Código Penal) afirmó que no le era aplicable la reducción del art. 4 de la ley 22.278, ni existían razones legales o jurisprudenciales para hacerlo. Y agregó que la reducción que la referida normativa preveía para los niños en conflicto con la ley penal ya le había sido concedida al joven Z., por disposición judicial, y era la que justamente le permitió tener una pena de tres años, menor al mínimo previsto para el concurso de delitos cometidos (v. fs. 79 y vta.).
V.2. Nuevamente aquí media insuficiencia en el planteo (art. 495, CPP).
De la reseña efectuada, se aprecia que la recurrente reproduce, en lo sustancial, las críticas que formulara ante la instancia de revisión ordinaria, sin rebatir los argumentos dados por el órgano revisor al respecto.
En particular, no cuestiona que la Cámara haya resuelto que no mediaba agravio a partir de que el fiscal había solicitado una pena de seis años y ocho meses cuando, y en definitiva, se le aplicó una de tres años de ejecución condicional más el cumplimiento de reglas de conducta al tener en consideración las pautas atenuantes solicitadas por la defensa y las reglas de la tentativa para reducirla.
Asimismo, omite toda crítica a lo decidido en orden a que lo prescripto por el art. 4 de la ley 22.278 no resulta aplicable al plazo por el cual el nombrado Z. debía cumplir las reglas previstas por el art. 27 bis del Código Penal.
De ahí que no es acertado tal como lo sostiene la recurrente- que no se encuentre motivado el monto de la pena. Por el contrario, insiste con sus alegaciones tales como que no se tuvo en cuenta el arrepentimiento de su asistido, sin relacionar ello con de la cuantía de la sanción, o al menos explicar cómo dicha circunstancia impactaría sobre aquella (art. 495, CPP, cit.).
V.3. En orden al joven G., el Tribunal de Alzada señaló que "...la comisión posterior de un nuevo delito de igual naturaleza al que aquí se juzga resulta claro indicio de la necesidad de pena, incluso de su aplicación de efectivo cumplimiento, pero no puede ser agravante para fijar su monto" (fs. 80).
Recordó que tal como lo preveía el art. 4 de la ley 22.278 si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar, y la impresión directa recogida por el Juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolviera. En ese orden, señaló que eran las pautas del art. 41 del Código Penal las que debían tenerse en consideración para determinar el monto de la pena a imponer, por lo que en el caso de autos "...cobra especial relevancia [...] la extensión del daño causado y el peligro corrido para los bienes jurídicos (art. 41 inc. 1° del CP), pues tratándose de un concurso de dos hechos de igual naturaleza, entiendo no puede tener igual pena que si se tratara de un solo ilícito o en concurso real con un hecho 'menor'. En favor del causante puede valorarse su edad e inmadurez al momento de su comisión, que tornan aplicable [...] la escala prevista para el delito tentado (art. 4o ley 22.278, Cfr. Fallo 'Maldonado' del 7/12/05)" (fs. 80 vta. y 81)
Por ello, atento a la calificación legal enrostrada, que no fuera modificada, habiéndose acreditado la existencia y responsabilidad de G. en dos hechos de robo con uso de arma y reduciendo la escala penal en la forma prevista para la tentativa, consideró justa y equitativa la imposición de una pena de cinco años de prisión de efectivo cumplimiento y accesorias legales.
V.4. Tampoco aquí se advierte la falta de motivación respecto de la pena aplicada al nombrado G. desde que como se vio- la Cámara justificó la misma a partir de la comisión de un nuevo hecho de igual naturaleza al juzgado en la presente causa.
Frente a lo resuelto, se aprecia que el reclamo de la parte se desentiende de las razones brindadas por el a quo para arribar a una conclusión adversa a la pretendida por la parte.
De este modo, lo manifestado por la recurrente en cuan
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