Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128862
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial a favor de la imputada Vilma Noemí Gorriez, con costas (art. 69, CPP según ley 3.589 y sus modif.-).
Asimismo, y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la defensa oficial de las imputadas Dolinda Basile, Elena Alejandrina Tamiozzo y Aurora Santina Lizzi, con costas (art. cit., CPP –según ley 3.589 y sus modif.-).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.862, "Gorriez, Vilma Noemí s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 79.004 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II" y su acumulada causa P. 129.236, "Basile, Dolinda; Tamiozzo, Elena Alejandrina y Lizzi, Aurora Santina s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 79.004 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II".
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de diciembre de 2016, confirmó la sentencia del ex Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 11 que condenó a Dolinda Basile a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en carácter de miembro de dicha asociación; a Elena Alejandrina Tamiozzo a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en carácter de miembro de dicha asociación; a Vilma Noemí Gorriez a la pena de tres años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por haber sido hallada coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en carácter de miembro de dicha asociación; y a Aurora Santina Lizzi a la pena de tres años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en carácter de miembro de dicha asociación (v. fs. 1.783/1.802).
El señor defensor oficial de la imputada Gorriez doctor Gualberto Baistrochi- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/6 de la causa P. 128.862), haciendo lo propio a través de la misma vía impugnativa, el señor defensor oficial doctor Jorge del Río- a favor de las procesadas Basile, Tamiozzo y Lizzi (v. fs. 1/6 de la causa P. 129.236).
Ambos carriles fueron concedidos por el órgano inferior merced a las resoluciones de fs. 39/40 de la causa P. 128.862 y de fs. 74/75 de la causa P. 129.236.
En razón de la conexidad objetiva existente, ambos expedientes se acollararon por cuerda (v. fs. 48 de la causa P. 128.862).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 53/55 vta. de la causa P. 128.862), dictada la providencia de autos a fs. 56, presentada la memoria a fs. 63/65 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Vilma Noemí Gorriez?
2ª) ¿Lo es el articulado por la defensa oficial a favor de las procesadas Dolinda Basile, Elena Alejandrina Tamiozzo y Aurora Santina Lizzi?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El señor defensor oficial de la imputada Gorriez plantea en primer lugar- la omisión de considerar "...como diminuente el inusitado tiempo de duración del proceso que ha mantenido a [la nombrada] bajo estado de sospecha casi durante 20 años..." (fs. 2), sin que ello sea por alguna actividad dilatoria de ella ni su defensa.
Cuestiona que a su asistida se la coloque en la misma situación de encierro efectivo que a las demás procesadas, lo que demuestra la falta de proporcionalidad toda vez que no era profesional del arte de curar.
Agrega que la sanción de efectivo cumplimiento impuesta, afecta el principio de proporcionalidad y restrictividad de las penas (v. fs. 2 vta.).
Trae a colación el art. 18 de la Constitución nacional que excluye el castigo como fin de la pena; el art. 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone que la finalidad esencial debe ser la reforma y readaptación social de los penados; el art. 30 de la Constitución provincial que establece que las unidades penales deben constituir centros de trabajo y moralización y las leyes 24.660 y 12.256 que prescriben que el fin de la pena en todas sus modalidades es que el condenado adquiera capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social (v. fs. 3 y vta.).
De este modo, considera que la pena dictada es ilegítima y que los efectos de la misma "...trascenderían y afectarían directamente al condenarse a una anciana por un hecho de hace 20 años, donde sus últimos años los lleva en convivencia con su ex marido y una hija que paradójicamente tiene 20 años como este proceso" (fs. 4 vta. y 5).
En concreto, señala que la indebida prolongación del proceso penal seguido a Gorriez convierte en irrazonable la búsqueda del encierro por ser el resultado de un proceso penal llevado adelante cuando ya se había producido la cancelación del poder penal del Estado por la excesiva duración del proceso (v. fs. 5). Como así que el cumplimiento efectivo de la pena no permitiría alcanzar ninguno de los fines que le asigna la ley, vulnerando los principios de proporcionalidad y restrictividad mínima de la pena.
I.2. En segundo término, cuestiona el cómputo como agravante del concepto "regular" causado por la imputada a los magistrados. Trae a colación la definición de dicha palabra por el Diccionario de la Real Academia Española, afirmando que ninguna de las acepciones comprendía a la procesada Gorriez (v. fs. 5 y vta.).
I.3. Por último, ataca el cómputo como agravante de las circunstancias del hecho.
Entiende que su valoración ya estaba inserta en el tipo penal aplicado con lo que se viola el ne bis in idem, dado que una misma situación se castiga doblemente (v. fs. 5 vta.).
Concluye que "...nada amerita en esta nueva valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes, apartarse del mínimo legal de la especie tres años-, como arbitrariamente lo efectúa el fallo de la Excma. Cámara enmarcándose ello en un absurdo valorativo, y en el mismo sentido que la pena de referencia, resulte de ejecución condicional" (fs. cit.).
II. La Procuración General aconsejó la desestimación del remedio intentado (v. fs. 53/55 vta.).
III. En lo que se refiere a la denuncia de considerar la demora del proceso como atenuante de la pena, el reclamo debe ser descartado, aun soslayando otras consideraciones acerca de su introducción temporal (conf. causa P. 89.217, sent. de 13-V-2009).
Cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos quienes tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el caso "S. R." (sent. de 12-XI-1997, &72, con cita de los casos del Tribunal Europeo: "M.", sent. de 19-II-1991 y "R. M.", sent. de 23-VI-1993) que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales. Luego, también se ha añadido como otra pauta de consideración: d) el perjuicio ocasionado al imputado y la gravedad de la infracción penal atribuida (conf. causa P. 99.738, sent. de 30-IX-2009; e.o. y sus citas).
En el caso sub examine, ninguno de estos tópicos ha sido abordado por la parte respecto al concreto caso de autos, en particular, en lo que atañe al hecho atribuido, no tomó en cuenta que se estableció que las maniobras delictivas de la organización de la que formaban parte eran configurativas de "crímenes de gran escala y suma gravedad", tales como el ejercicio habitual de prácticas abortivas a cambio de sumas de dinero, y también, en caso de embarazos que arribaban a término, "asistir el parto y entregar a terceras personas bebés a cambio de una suma de dinero", incurriendo así en insuficiencia, por lo que debe ser desestimado (art. 355, CPP, según ley 3.589 y sus modif.).
Desde otra perspectiva es dable señalar que de un lado- el planteo no fue vinculado con los distintos indicadores previstos por las normas sustantivas involucradas en la determinación del quantum punitivo (arts. 40 y 41, Cód. Penal), y del otro- las dogmáticas afirmaciones del recurrente tampoco han sido relacionadas con dato verificable alguno de la causa, ni se ha justificado la situación de hecho que motivaría la aplicación de la pauta morigeradora pretendida en el recurso (art. 355 y concs., Cód. cit.).
IV. La queja referida a la valoración como pauta agravante del concepto "regular" obtenido por la imputada frente a los sentenciantes, tampoco puede tener acogida favorable.
Tal como lo sostiene el señor Procurador General en su dictamen, dicho concepto no tuvo incidencia en las pautas aumentativas de la pena, sino que de la lectura del fallo impugnado surge que sólo se trata de la impresión causada por las procesadas en el marco de las entrevistas del art. 8 del Código de Procedimiento Penal según ley 3.589 y sus modificatorias- (v. fs. 1.793 vta.).
V. Finalmente, el reclamo por el que cuestiona el cómputo como agravante de las circunstancias del hecho, al igual que los anteriores, tampoco progresa.
El mismo deviene extemporáneo pues dicha pauta fue valorada en la sentencia de primera instancia (v. fs. 1.655 vta.) y frente a ello, nada dijo la defensa en la expresión de agravios de fs. 1.707/1.710 vta. acerca de lo que ahora pretende traer novedosamente a esta instancia extraordinaria (doctr. art. 342, CPP según ley 3.589 y sus modificatorias-; conf. causas P. 45.987, sent. de 26-V-1993; P. 52.827, sent. de 29-XII-1997; P. 54.082, sent. de 26-X-1999; P. 60.583, sent. de 4-X-2000; P. 66.108, sent. de 16-X-2002; P. 67.967, sent. de 9-X-2003; P. 78.752, sent. de 7-VII-2004; P. 77.909, sent. de 7-XII-2005; e.o.).
VI. Para finalizar, y en tanto alega el impugnante que "...nada amerita en esta nueva valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes, apartarse del mínimo legal de la especie..." (fs. 5 vta.), cabe destacar que es doctrina de esta Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; e.o.); como así también que dichos arts. 40 y 41 no contienen un régimen matemático sino de valoraciones jurídicas (conf. causas P. 68.751, sent. de 17-X-2001; P. 105.521, sent. de 5-V-2010; e.o.).
Por lo tanto, el criterio divergente de la parte acerca de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La defensa oficial de las procesadas Basile, Tamiozzo y Lizzi interpone la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/6 de la causa P. 129.236) planteando por un lado- la omisión de considerar como atenuante de la pena la excesiva duración del proceso, en los mismos términos que lo hizo la defensa de Gorriez.
I.2. Por el otro, controvierte el cómputo como agravante de la impresión "regular" causada por las procesadas a los sentenciantes y argumenta en el mismo sentido que la defensa de la coimputada Gorriez (v. punto I.2. de la cuestión primera).
II. En consonancia con lo dictaminado por el señor Procurador General, entiendo que el recurso debe ser rechazado.
III. Dado que los agravios planteados por la defensa de las aquí procesadas resultan análogos a los formulados con relación a la imputada Gorriez, es que corresponde remitirse a los argumentos desestimatorios desarrollados en los acápites III y IV de la cuestión primera a fin de dar respuesta a los mismos.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial a favor de la imputada Vilma Noemí Gorriez, con costas (art. 69, CPP según ley 3.589 y sus modif.-).
Asimismo, y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la defensa oficial de las imputadas Dolinda Basile, Elena Alejandrina Tamiozzo y Aurora Santina Lizzi, con costas (art. cit., CPP –según ley 3.589 y sus modif.-).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia