Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 125235
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 127/134 y vta. (arts. 486, 494 y concs., CPP).
"FERNÁNDEZ, MARCOS YAMIL S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 64.566 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 125.235, caratulada: "Fernández, Marcos Yamil s/ Recurso extraordinario de Inaplicabilidad de ley en causa N° 64.566 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
I. El Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín, el 9 de diciembre de 2013, dictó sentencia de unificación de condenas respecto de Marcos Yamil Fernández, y le impuso la pena única de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de seis años de prisión recaída en la causa n° 3074, respecto del delito de robo calificado por el uso de arma y de la de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y costas impuesta por el Tribunal Oral de Menores n°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en causa n° 6737 y sus acumuladas n° 6147, 6394, 6414, 6824, 6839 y 6843, de fecha 5 de marzo de 2012; revocándose dicha condicionalidad, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa -causas n° 6737/6824-; robo simple reiterado en dos oportunidades, uno en calidad de autor, que concurren en forma real entre sí -causas n° 6839 y 6843-; robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa -causa n° 6147-; robo agravado por su comisión con armas, en grado de tentativa -causa n° 6394- y robo en grado de tentativa -causa n° 6414-, en concurso real entre sí (v. fs. 5/9; 16/27vta. y 36/37vta.).
Interpuesto recurso de casación por parte de la defensa oficial de Fernández, la Sala IV, el 18 de noviembre de 2014, excluyó la pauta agravante relativa a registrar condenas anteriores, y redujo el monto de pena, la que fijó en ocho años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas -art. 58 del Código Penal-, manteniendo las restantes declaraciones contenidas en el fallo de origen (v. fs. 94/102 y vta.).
II. Frente a ello, se alzó el defensor oficial ante la aludida instancia -doctor Mario Luis Coriolano- merced a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley que dedujo a fs. 127/134 y vta.
En punto a la admisibilidad, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal para el caso que se entendiera que dicho artículo impide el tratamiento de cuestiones federales por razón de la materia (v. fs. 128/vta.).
En orden a la procedencia, denunció la inobservancia de los principios específicos, constitucionales y convencionales que rigen el Fuero Penal Juvenil (v. fs. 129 vta.).
Allí, con cita de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, art. 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, art. 18 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, cuestionó la decisión de la mayoría del Tribunal a quo que sostuvo la constitucionalidad de la unificación de penas impuestas en fueros penales diferentes, desconociendo el contenido de los especialísimos principios que rigen el correspondiente a los menores de edad, tales como el encarcelamiento como último recurso, reinserción, mínima intervención, proporcionalidad, especialidad y reeducación del infractor (v. fs. 130).
Destacó que la Casación rechazó el recurso sin efectuar ninguna referencia a las particularidades que el tema presenta respecto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil; mencionó, en coincidencia con el voto minoritario del doctor Natiello, que la pena aplicada a quien es menor de edad tiene diferente naturaleza y por ende la rigen principios diferentes a la aplicada a un mayor de edad, pues la primera "está regida por la especialidad, la reserva, la finalidad educativa y subsidiariedad, principios todos que quedan absolutamente desplazados en caso de procederse a una unificación con una pena aplicada en el fuero de mayores de edad" (v. fs. 130/vta. y 131).
Además, resaltó que el a quo, al afirmar que el Código Penal se aplica subsidiariamente al fuero juvenil y que por ello es plenamente viable la unificación establecida en el art. 58 de dicho cuerpo normativo, desconoce que los principios convencionales vigentes en dicho fuero impiden -tácitamente- la mencionada unificación (v. fs. 131).
En apoyatura de lo expuesto, trajo a colación la Convención de Derechos del Niño y las reglas de las Naciones Unidas y afirmó que las mismas estipulan que las garantías permanecen vigentes durante todas las etapas procesales, incluyendo la etapa de ejecución de la condena, situación que "resulta incompatible con la unificación de condenas dictadas en el fuero de adultos por la imposibilidad de cumplimentarse todos los recaudos establecidos en la legislación especial" (v. fs. 132 y vta.).
Concluyó que si el art. 50 del Código Penal veda expresamente la valoración de delitos cometidos durante la minoría de edad a los efectos de la reincidencia, la unificación también deviene improcedente pues en ella está implícita la consideración de aquel antecedente penal (v. fs. 133 vta.).
III. En lo que respecta a la admisibilidad del carril impugnativo, cabe destacar que el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal que confirmó la unificación de penas encuadra en el art. 482 del ordenamiento ritual en tanto pone fin al debate sobre el punto.
Sentado ello, el art. 494 del Código Procesal Penal, según ley 13.812, establece que el remedio allí previsto sólo procede en los casos en que la sentencia definitiva, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal elaborada sobre la misma, revoque una sentencia absolutoria o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años.
Sin embargo, esta Corte tiene dicho que, aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada (art. 494 cit.), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324), entre otros (conf. doctr. Ac. 80.570, res. del 17-VII-2003; Ac. 87.203, res. del 22-IX-2004; Ac. 96.735, res. del 24-V-2006; Ac. 101.238, 5-XII-2007, entre otros).
En dicho marco, tal cual surge de la reseña efectuada en el punto II, se formularon agravios de pretenso cariz federal vinculados con la aplicación arbitraria del art. 58 del Código Penal, atendiendo a los principios constitucionales y convencionales que rigen en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por lo que, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (conf. doctr. CSJN cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 127/134 y vta. (arts. 486, 494 y concs., CPP).
Regístrese y pase en vista al señor Procurador General (art. 487, 2° pár. del CPP y art. 21 incs. 7 y 8, ley 14.442 -BO 26/II/2013-).
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia