Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129424
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dejar sin efecto el pronunciamiento en crisis en lo que concierne a B.G.J. y remitir las actuaciones al Tribunal de Casación Penal a fin de que -integrado por jueces hábiles- dicte un nuevo decisorio ajustado a derecho en relación con el nombrado, previo a garantizar su efectiva asistencia técnica (art. 496 del CPP; 31 bis de la ley 5827).
"B.G.J. S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 75.816 Y ACUM. N° 76.333 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.424 RC, caratulada: "B.G.J. s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 75.816 y acum. 76.333 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de diciembre de 2016, por un lado, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial a favor de B.G.J., contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Martín que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por hallarlo autor de los delitos de rapto agravado por ser la víctima menor de trece años y coautor de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas -hecho I- en concurso ideal entre sí, y coautor responsable de homicidio agravado por la causa -hecho II-, en concurso real; de otro lado, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por el particular damnificado y casó, también en forma parcial, el veredicto absolutorio pronunciado respecto de A.V.M., y reenvió la causa a efectos de que jueces hábiles, a partir de su comprobada intervención en el hecho I, renovaran los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 116/125 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el señor defensor oficial Adjunto ante aquella instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de B.G.J. (v. fs. 166/170 vta.).
Allí denunció la transgresión al debido proceso legal y la afectación al derecho de defensa en juicio en los términos de los arts. 18 de la Constitución nacional, 8.2. "h" y "f" de la CADH y 14.3 inc. "e" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Explicó que el Tribunal de Casación -ignorando la petición del defensor del coimputado- dictó sentencia sin conferir vista a otro defensor para que ejerciera la defensa técnica del señor B.G.J. y escogiera la estrategia del caso, analizara la necesidad de mantener entrevista personal con el imputado, requiriera la audiencia contemplada en el art. 458 del CPP, o bien desistiera de la misma y presentara el memorial previsto por la norma mencionada (v. fs. 168 y vta.).
Adujo que la omisión del a quo privó a su asistido y a la defensa técnica de la posibilidad de intervenir en el trámite del recurso de casación y ejercer el derecho de defensa en juicio, intentando mejorar los argumentos expuestos en el recurso de la especialidad (v. fs. 168 vta.).
Refirió que el doctor Nolfi, al advertir la existencia de intereses contrapuestos entre los coimputados V.M. y B.G., no asumió la defensa de éste último y solicitó la remisión de las actuaciones a otro asesor letrado (v. fs. cit.).
Expresó que restringir la posibilidad de la defensa de expresarse con anterioridad al dictado de la sentencia condenatoria trasunta en una palmaria inobservancia del derecho de defensa y el debido proceso (arts. 18 Const. nac.). En tal sentido, enumeró precedentes de la CSJN y de la CIDH Caso Dacosta Cadogan (Excepciones preliminares, Fondos, reparaciones y Costas) sent. de 24-IX-2009, entre otras -fs. 168 vta./169 vta.-.
Concluyó que el Tribunal de Casación suprimió la garantía de defensa efectiva, dictó una sentencia arbitraria y violatoria de los arts. 18 de la Constitución nacional, 8.2. "h" y "f" de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 "e" del PIDCP. En función de ello, solicitó que esta Corte case la sentencia y reenvíe la causa al a quo a fin de que, con la debida intervención a la defensa, dicte una nueva decisión conforme a derecho (v. fs. 169/170).
III. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 6 de junio de 2017, declaró admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de B.G. (v. fs. 177/178).
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (art. 31 bis de la ley 5827; art. 496 del CPP).
IV. 1 . Liminarmente corresponde efectuar una reseña de los antecedentes del caso.
Durante el trámite del debate oral, los coimputados M.V. y B.G. fueron asistidos técnicamente por el defensor oficial, doctor Caputo (v. fs. 1/42 vta.).
Contra la sentencia del tribunal de mérito que absolvió a V.M. y condenó a B.G., se alzaron el particular damnificado -v. recurso de fs. 45/68 vta.- y el defensor oficial departamental a favor de B.G. -v. recurso de fs. 48/53 vta., legajo casatorio n° 76.333 que corre por cuerda-.
Ingresada la causa al Tribunal de Casación y radicada en la Sala III el 26 de febrero de 2016, se notificó dicha circunstancia a las partes: al representante del particular damnificado; a la Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal -doctora Alejandra Moretti- y al Defensor Adjunto ante el mismo órgano, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi (v. fs. constancias de fs. 76 vta. y cédula de fs. 80 y vta.).
El 20 de marzo de 2016, el tribunal casatorio dispuso que se corriera vista a las partes a efectos de que se pronunciaran respecto de la necesidad de celebrar la audiencia de informes o de su desistimiento, sin perjuicio de la posibilidad de presentar memorial, providencia de la que se notificaron las partes a fs. 81 vta.
A fs. 82 el doctor Nolfi hizo saber que ante el tribunal tramita el recurso de la defensa -causa n° 76.333, "B.G."- solicitando la acumulación de las causas, petición que también efectúa la Fiscal Adjunta a fs. 83.
El Tribunal de Casación a fs. 89 dispuso la acumulación y convocó a las partes a audiencia (v. constancias de notificación del doctor Nolfi y la doctora Moretti a fs. 89 y vta.).
La señora Fiscal Adjunta presentó memorial a fs. 91/99.
El 7 de julio de 2016 se celebró la audiencia prevista en los arts. 456 a 458 del CCP, a la que concurrieron el particular damnificado S.G. y su cónyuge, junto con su representante legal -doctor Sergio Samuel Arenas- y la Fiscal Adjunta (v. acta de fs. 100/103). A fs. 104, de lo actuado se notificó la doctora Moretti y el doctor Nolfi, aclarando éste último que lo hacía sólo respecto de V.M.
El día 13 de septiembre del mismo año el doctor Nolfi presentó un escrito en el que puso de manifiesto que, en atención a la "evidente existencia de intereses contrapuestos" entre los coimputados, se excusaba de intervenir respecto de B.G., solicitando se corriera vista al defensor actuante ante la Sala IV de la judicatura intermedia, doctor Nicolás Blanco. Sentado ello, se expidió acerca de la inadmisibilidad del recurso deducido por el particular damnificado contra la absolución de V.M. (v. fs. 105).
A fs. 115, la doctora Moretti tomó conocimiento del escrito previamente reseñado y se expidió respecto de la inadmisibilidad de la petición efectuada por la defensa.
A fs. 116, la Sala Tercera del Tribunal de Casación dictó sentencia acogiendo el recurso articulado por el particular damnificado y -en lo que aquí resulta relevante- rechazando el interpuesto a favor de Barrios González, sin aludir a la circunstancia puesta de manifiesto por el doctor Nolfi.
IV. 2. Los antecedentes expuestos dan cuenta de que en autos se verificó una transgresión al debido proceso que redundó en la vulneración del derecho de defensa de B.G.J. (arts. 18 de la Const. nac., 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP) lo cual conlleva a que esta Corte, pese a la índole procesal del reclamo -por vía de excepción conf. doctr. "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324)- revise lo actuado.
En las particulares circunstancias apuntadas en el acápite precedente, el silencio del Tribunal de Casación ante la expresa petición del Defensor Adjunto de que se diera intervención a otro asesor letrado para que apuntalara técnicamente a B.G. -advirtiendo acerca de que la existencia de intereses contrapuestos le impedía intervenir en relación con ambos imputados y manifestando que asistiría exclusivamente a V.M., v. fs. 105- importó un inadmisible menoscabo a la aludida garantía.
En efecto, la omisión del a quo tuvo como consecuencia la privación de un ejercicio eficaz del derecho de defensa por parte de B.G. en la instancia casatoria (en la que, por ejemplo, hubiera podido ampliar los fundamentos vertidos en el recurso de casación -conf. art. 458 CPP-). Asimismo, importó la restricción de su derecho a contar con asistencia técnica efectiva a lo largo de todo el proceso, al intentar la revisión de su condena a prisión perpetua.
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la garantía que consagra la ley Fundamental (art. 18 de la Const. nac.) requiere que ella sea observada algo más que formalmente para que una persona cuente con el asesoramiento legal que reclama el derecho a una defensa técnica, el que debe estar en condiciones de ser efectivo (CSJN, "Fallos", 189: 34; 279:27; 310:192; 311:2502; 319:192 y 320:854) y cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de sea provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio (Fallos: 5:459; 237:158; 327:5095; y M. 599. XLI "Montenegro, Raúl Alberto s/ presentación", sent. de 17-X-2007, por remisión al dictamen del Procurador Fiscal).
V. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dejar sin efecto el pronunciamiento en crisis y remitir las actuaciones al Tribunal de Casación Penal a fin de que -integrado por jueces hábiles- dicte un nuevo decisorio ajustado a derecho en relación con B.G.J., previo a garantizar su efectiva asistencia técnica (art. 496 del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dejar sin efecto el pronunciamiento en crisis en lo que concierne a B.G.J. y remitir las actuaciones al Tribunal de Casación Penal a fin de que -integrado por jueces hábiles- dicte un nuevo decisorio ajustado a derecho en relación con el nombrado, previo a garantizar su efectiva asistencia técnica (art. 496 del CPP; 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2769
Fin de la sentencia