Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129135
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, CPP y 61 de la ley 13.634 -t.o. según ley 14.765-).
"Alderete Chazarreta, Carlos Roberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 22.934 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala III" .
La Plata, 13 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.135-RC, caratulada: "Alderete Chazarreta, Carlos Roberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 22.934 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala III",
I. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de San Miguel, el 23 de noviembre de 2016, practicó cómputo de pena respecto de Carlos Roberto Alderete Chazarreta y, en lo que aquí interesa, estableció que la pena única de cuatro años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas vencerá el 9 de abril de 2019 y caducará registralmente el 9 de abril de 2029.
Contra lo así decidido, la Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, doctora Florencia Augé, presentó recurso de apelación.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, el 24 de febrero de 2017, hizo lugar parcialmente a la impugnación. Por un lado, afirmó que no se computó debidamente el tiempo que el joven estuvo detenido y, por otro, descartó los agravios vinculados con la caducidad registral pues consideró que tal como lo afirmó el órgano de mérito, resulta acertada la aplicación del art. 51 inc. 2 del Código Penal. En consecuencia, revocó la aprobación del cómputo y ordenó la confección de uno nuevo (v. fs. 653/654 vta.).
II. La defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En cuanto a la admisibilidad, citó el fallo "R., B. S. y otros s/ incidente tutelar" del Máximo Tribunal nacional (sent. de 22-XII-2015) y, en función de lo allí resuelto, sostuvo que la decisión que fijó la fecha de vencimiento del registro diez años después del vencimiento de pena es equiparable a definitiva (v. fs. 683/vta.).
En lo que respecta a la procedencia, denunció la violación del derecho a la confidencialidad de los expedientes penales, la prohibición de difundir cualquier información que permita identificar a niños acusados de infringir leyes penales, el derecho a la vida privada y los principios de legalidad, defensa en juico, debido proceso y protección de datos personales de los adolescentes (arts. 8.5, 11.2 y 19, CADH; 14.1 y 17.1 del PIDCP; 3, 16 y 40.2 vii, CDN; 18, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 21, Reglas de Beijing; 3.12 de las Reglas de Tokio; Observación General n° 10 del Comité de los Derechos del Niño; Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas del 7-IX-2011; Opinión Consultiva n° 17 del 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y arts. 36.6 y 39, ley 13.634 -fs. 684/vta.-).
Puntualmente, criticó que se haya fijado la fecha de vencimiento del registro diez años después del vencimiento de la pena (art. 51, Cód. Penal) pues consideró que ello implicó dejar de lado los estándares especiales del fuero que exigen que la ley se aplique de un modo diferente al de los adultos (v. fs. 684 vta.).
A continuación, indicó que en las causas penales juveniles el único registro que se puede utilizar es el Registro de Procesos del Niño (RPN; art. 51 de la ley 13.634). Explicó que en el RPN, los registros caducan a todos sus efectos con la finalización de la causa, de ahí que -a su entender- no resulta legítimo extenderlo por fuera de ese tiempo ya que ello implicaría contradecir abiertamente lo reglado por la resolución 3889/08 cit (arts. 3, 4 y 40, CDN; 51 de la ley 13.634 y 8 del Reglamento del Registro de Procesos del Niño, Res. 3889/2008 de la SCBA -fs. 686 vta.-).
Concluyó que se violó el derecho a la confidencialidad de los expedientes penales, la prohibición de difundir cualquier información que permita identificar a niños acusados de infringir leyes penales, el derecho a la vida privada, y los principios de legalidad y defensa en juicio (arts. 8.5, 11.2 y 19, CADH; 14.1 y 17.1 del PIDCP; 16 y 40.2 vii), CDN; 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 21, Reglas de Beijing; 36.6 y 39 de la ley 13.634).
III. La Cámara, el 26 de abril de 2017, declaró la admisibilidad de la vía prevista en el art. 494 del CPP (v. fs. 691).
Para arribar a tal pronunciamiento, afirmó que el remedio impugnativo debe concederse en tanto la defensa oficial cuestionó la inobservancia de los arts. 18, 43, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2., 11.2. y 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1, 17.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 y 40.2 de la CDN, por considerar que el cómputo impugnado vulneró los principios de confidencialidad de los expedientes penales y la prohibición de difundir cualquier información que permita identificar a los niños acusados de infringir leyes penales, agravios que a su entender encuadran dentro de las causales del art. 494 del ritual (v. fs. 691/692).
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe declarase mal concedido (art. 486, CPP).
Más allá de las consideraciones que cabría formular en lo que respecta al cumplimiento del recaudo del art. 482 del ritual (conf. P. 118.840, res. del 4-VI-2016, e.o.), lo cierto es que el pronunciamiento impugnado no transitó por el Tribunal de Casación Penal, órgano habilitado por ley previo a la intervención de esta Corte conforme lo previsto en el art. 61 de la ley 13.634, según ley 14.765.
Cabe aclara que la reforma introducida por la ley 14.765 al sistema recursivo de la ley 13.634 resulta aplicable a todas las resoluciones y sentencias dictadas por órganos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a partir del 4-XI-2015 (Res. n° 2438 de esta Suprema Corte del 28-X-2015), supuesto dentro del cual queda comprendido el presente (v. punto I. del presente).
Más allá de lo expuesto en los párrafos anteriores, resulta importante destacar que esta Corte, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.765, fijó idéntico criterio al ahora consagrado legalmente. En tal sentido, se resolvió que a pesar de que -para ese entonces- no estaba prevista la intervención del Tribunal de Casación Penal en la ley 13.634, sin embargo, dicho órgano jurisdiccional debía abordar los recursos contra denegatorias de eximición de prisión, libertad durante la sustanciación del proceso y en la etapa de ejecución como así también frente a cómputos de pena. El argumento central en todos los casos consistió en que siendo ese el tránsito impugnativo previsto para los adultos (art. 450, CPP), los niños y jóvenes debían contar, al menos, con esas mismas garantías, las que debían conformar un piso mínimo a tomar como un punto de partida (causas P. 111.794, res. del 13-VII-2011; P. 111.749, res. del 30-V-2012; 115.457, res. del 26-XII-2012; P.118.372, res. de 7-VIII-2013; P. 120.808, res. de 23-IV-2014, P. 123.676, res. del 29-XII-2014 y, en especial, 121.987, res. del 18-V-2016 e/o).
En suma, siendo que lo que se recurre es una sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que revocó un cómputo de pena, la defensa debió articular -en su caso- recurso de casación y no la vía prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal (art. 61 de la ley 13.634, t.o. según ley 14.765).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486 -t.o según ley 14.647-, CPP y 61 de la ley 13.634 -t.o. según ley 14.765-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2853
Fin de la sentencia