Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129652
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, casar la sentencia recurrida en cuanto obliteró la agravante genérica del art. 41 quater con relación al art. 166 inc. 2° -párrafo segundo- ambos del Código Penal y, asumiendo competencia positiva, fijar que ella resulta aplicable al caso y reestablecer la pena oportunamente impuesta a Antonio Enrique Romero (art. 496 y concs. del CPP; 31 bis ley 5827).
La Plata, 13 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.652-RC, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 50.492 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Antonio Enrique Romero",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, el 4 de marzo de 2015 -en lo que aquí interesa-, hizo lugar parcialmente -por mayoría- al remedio de la especialidad incoado por la defensa de Antonio Enrique Romero, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Morón que -también en lo que aquí cabe destacar- lo había condenado a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido con la intervención de un menor de dieciocho años de edad. En consecuencia, el tribunal de Alzada obliteró la agravante del art. 41 quater del Código Penal y fijó la sanción en nueve años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, sin costas en esa sede (v. fs. 85/95).
II. Frente a ello, el señor Fiscal ante la instancia casatoria -doctor Carlos Arturo Altuve- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 139/142 vta.).
Allí, básicamente, denunció que el órgano intermedio inobservó el art. 41 quater del fondal y desoyó la doctrina legal de este alto Tribunal sobre el punto, con cita de los precedentes P. 109.265, sent. de 15-VI-2011; P. 107.881, sent. de 7-IX-2011; P. 117.092, sent. de 13-VIII-2014 y P. 111.446, sent. de 9-IV-2014.
III. Por su parte, y en lo que cabe destacar, la Sala interviniente admitió el carril impugnativo, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de abril de 2016 (v. fs. 147/149 vta.).
IV. El recurso fiscal debe ser acogido -sin más trámite- por aplicación de lo normado en el art. 31 bis de la ley 5827, pues la posición adoptada por el a quo es contraria a la doctrina que sobre el art. 41 quater del Código Penal ha edificado este Tribunal (ver voto del juez Piombo -fs. 89 vta./90 vta.- y la adhesión del doctor Sal Llargués -fs. 91 vta./93-).
V. Así, es del caso señalar que de todas las fórmulas puestas a consideración por los legisladores en los diferentes proyectos que antecedieron a la ley, prevaleció la que expresaba como común denominador la agravación del hecho cuando "sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad", quedando relegadas las que especificaban el "valerse" o "servirse" de un menor, inimputable o no, con el fin de descargar la responsabilidad criminal en él, o las de inducción o instigación (el que determinare a un menor de 18 años directamente a cometer un delito determinado); fórmulas que poseen sintonía con la interpretación que el tribunal revisor realizó en autos, para delimitar el alcance de la agravante.
De modo tal que ha sido el criterio amplio el preferido por el legislador frente a fórmulas más restrictivas que se discutieron en ocasión de sancionarse el precepto, sin que quede alguna duda al respecto.
La "intervención" del menor a que alude el precepto es aquella con significado jurídico-penal relevante, lo cual se da cuando éste interviene en el hecho en el cual participa el mayor a través de alguna de las formas de autoría o participación previstas en el sistema penal (arts. 45 y 46 Cód. Penal).
De las constancias del expediente no cabe duda de que se hallan configurados los presupuestos de aplicación de la agravante, en tanto -en lo que interesa destacar respecto de la cuestión a dilucidar- se ha acreditado la intervención de un menor de edad junto a otros tres sujetos mayores en los eventos disvaliosos por los que se arribó a la sentencia condenatoria que nos ocupa. Basta señalar que el órgano de grado ha sostenido que "no se discute en autos, ni existe prueba en contrario que cuestione que en el marco del hecho contra la propiedad que sufriera la familia (…) habiendo los mismos resistido el despojo, algunos de los sujetos activos que conformaban el grupo desapoderante, entre los que se encontraba el menor de [dieciocho] años de edad, hoy fallecido, [B.L.V.]" (ver fs. 18 vta./20); así como la expresión efectuada por el propio encartado en la oportunidad del art. 308 del Código Procesal Penal, donde admitió -entre otras afirmaciones- que el apodo "Chuky" correspondía al menor "[V.], persona con la cual había cometido el hecho de robo que se le imputa", extremo confirmado para ambos por los reconocimientos en rueda que se documentaron en autos (v. fs. 20 vta./21).
En consecuencia cabe aplicar al caso la doctrina que esta Suprema Corte ha delineado en torno al art. 41 quater del Código Penal (conf. P. 111.446, sent. 9-IV-2014; P. 117.092, sent. 13-VIII-2014; P. 114.298, sent. 1-IV-2015; P. 117.992, sent. 6-V-2015; P. 121.092, sent. 14-X-2014; P. 120.255, sent. 14-X-2015; P. 122.610, res. 2-XII-2015; etc.).
VI. Como resultado de lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, casar la sentencia recurrida en cuanto eliminó la agravante genérica contenida en el art. 41 quater con relación al art. 166 inc. 2° -párrafo segundo- ambos del Código Penal y, asumiendo competencia positiva, determinar que la misma resulta aplicable al caso y -finalmente- reestablecer la pena oportunamente impuesta al procesado (art. 496 y concs. del CPP; 31 bis ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, casar la sentencia recurrida en cuanto obliteró la agravante genérica del art. 41 quater con relación al art. 166 inc. 2° -párrafo segundo- ambos del Código Penal y, asumiendo competencia positiva, fijar que ella resulta aplicable al caso y reestablecer la pena oportunamente impuesta a Antonio Enrique Romero (art. 496 y concs. del CPP; 31 bis ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2846
Fin de la sentencia