Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128263
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.263, "Cifuentes, Marcelo Saúl. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 120.189 de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata".
La Sala Tercera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata -mediante decisión del 30 de agosto de 2016- rechazó el recurso de apelación interpuesto por el escribano Marcelo Saúl Cifuentes -por su derecho y con el patrocinio del doctor Aldo Javier Cifuentes- contra la sentencia del Tribunal Notarial que le impuso la sanción de suspensión por cincuenta días (v. fs. 183/189 vta.).
Frente a ello, el nombrado interpuso -con el patrocinio antes referido- recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 204/230 vta.). La Sala interviniente denegó el primero y concedió el segundo (v. fs. 230/234). A fs. 236 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El escribano recurrente formuló cuatro agravios. Sostuvo que la norma en la que se fundó su sanción no describe conductas típicas, por lo cual viola el principio de legalidad y ley anterior al hecho, además de la división de poderes. Afirmó que faltó correspondencia entre la imputación y la sentencia. Consideró que la Cámara restringió ilegítimamente la revisión de la decisión del Tribunal Notarial. Por último, objetó que el Tribunal de Alzada no haya dado tratamiento -por estimarlo innecesario- a dos planteos de su parte: la desviación de la finalidad del procedimiento administrativo y la falta de proporción entre la supuesta falta y la sanción impuesta.
Sobre lo primero, dijo que la función disciplinaria que ejercen los colegios profesionales es en realidad propia y originaria del Estado, por lo que al ser delegada en esos cuerpos se mantiene el deber de ejercerla conforme "...el derecho propio de la actividad estatal, es decir el derecho público, administrativo en la especie" (fs. 210).
Añadió que no hay diferencias ontológicas entre los delitos y las contravenciones o faltas. Señaló que, sin embargo "La Ley Orgánica del Notariado bonaerense establece una idea general de las que serían faltas de éticas [sic] pero sin acertar a definirlas claramente en su individualidad (art. 35 inc. 7, "a" dec. ley 9.020/78)" (fs. 211).
A renglón seguido dijo que "En el apartado b del mismo inciso mencionado, delega en el reglamento Notarial el establecimiento de las faltas de ética, aunque adelanta que su enumeración tampoco tendrá carácter taxativo" (fs. cit.).
Concluyó que "Esta norma resulta francamente insostenible en la perspectiva de un estado de derecho. Es inadmisible que la ley delegue la tipificación de una conducta sancionable a un reglamento a dictarse por el Ejecutivo Provincial, pero que encima de ello, avisa que tampoco ese elenco de conductas agotará las posibilidades. Esto es demasiado" (fs. cit.).
Señaló que el propio fallo que recurre indicó que el ejercicio del poder disciplinario sobre los escribanos es una facultad de tipo discrecional, razón por la cual la determinación de las sanciones está librada a los órganos de fiscalización. Discrepó con la Cámara en la posibilidad de avalar tal criterio (v. fs. 212 vta.).
Consideró que toda regla que acarrea la imposición de una sanción por un Tribunal, por afectar la libertad (art. 19, segunda parte, Const. nac.) debe adecuarse al orden constitucional en cuanto prescribe el procedimiento para la sanción de las leyes y su contenido. Añadió que la potestad disciplinaria también está regida por el principio nullum crimen sine lege (art. 18, Const. nac.), por lo cual la acción debe ser típica. Dijo que la sola referencia a las faltas cometidas contra el decoro no resulta suficiente para cumplir con el texto constitucional (v. fs. 213).
Incluyó en este planteo su objeción a que sea un tribunal profesional el que impusiera la sanción que luego fue confirmada por la Cámara. Consideró que "... tanto el proceso penal como el infraccional se deben resolver ante un tribunal independiente y no ante la administración activa, en el doble carácter de juez y parte, por constituir tribunales administrativos incompetentes para aplicar penas. Mucho menos en nuestro caso en el que, además el propio órgano se ha constituido como legislador ". Destacó que el Presidente de la República no tiene jurisdicción penal, por lo que mal pueden ejercerla sus subordinados (v. fs. 215, el destacado figura en el original).
I.2. A mi juicio el agravio antes resumido debe ser rechazado.
La facultad de los tribunales administrativos o profesionales para sancionar faltas de sus empleados o asociados no puede ser negada, más allá de sujetarla al control judicial -como aconteció en el caso- a fin de descartar que esa potestad haya sido ejercida de modo arbitrario.
En el precedente "Angel Estrada" (CSJN Fallos: 328:651) que cita la parte (v. fs. 215 vta., segundo párrafo), la Corte federal no desconoció la posibilidad de que los tribunales administrativos impongan sanciones, sujeto ello a revisión judicial. Sí, en cambio, estableció que esos organismos carecían de competencia para dirimir pleitos entre particulares y no podían dictar sentencias condenando a la reparación de daños y perjuicios. Lo dicho resulta aplicable a los tribunales de ética establecidos por las leyes que regulan el ejercicio de diversas profesiones.
En el caso de empleados públicos, la Corte incluso ha resuelto que el control judicial de las sanciones disciplinarias no debe sustituir el criterio del organismo administrativo sino limitarse a verificar si se ha respetado el derecho de defensa y si ha existido arbitrariedad en la decisión. Así ha señalado que la cámara excedió el límite de las atribuciones del Poder Judicial al dejar sin efecto la sanción aplicada a un empleado por la Administración, si llegó a tal decisión a raíz de una distinta valoración de los elementos de juicio incorporados al sumario, de su discrepancia con la magnitud de la medida disciplinaria y de una interpretación parcial de la norma que constituyó el fundamento legal del acto (CSJN Fallos: 311:2128, doctrina reiterada en causa G.285.XXXV "Grondona, Marta Noemí c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal" -dictamen del Procurador al que se remitió la Corte-).
Tampoco brinda apoyo a la postura de la parte el precedente que cita a fs. 215 vta. (últ. párr.). En él la Corte rechazó el recurso contra la decisión de una Cámara de revocar una sanción aplicada por la Aduana, en razón de la existencia de dictámenes contradictorios acerca del encuadramiento de la sancionada en diversos regímenes de exportación, lo que hacía irrazonable imputarle culpa en los hechos investigados (CSJN Fallos: 311:2779). Como se ve en ninguno de estos casos el máximo Tribunal federal negó las facultades disciplinarias, sin perjuicio de sujetarlas al control antedicho.
Cierto es que en la disposición en la que se fundó la sanción recurrida, las posibles faltas han sido demarcadas en términos generales, pero ello no significa que sean totalmente indeterminadas, lo que colocaría a los profesionales a merced de los referidos tribunales. En el caso, la norma aplicada (art. 35 inc. 7 "a", dec. ley 9.020/78) se refiere a "...los actos que afecten el prestigio y el decoro del cuerpo notarial o que fueren lesivos a la dignidad inherente a la función o que empañen el concepto de imparcialidad propio de la actividad notarial o que importaren el quebrantamiento de las normas de respeto y consideración que se deben los notarios entre sí".
Específicamente, se imputó al notario el haber incurrido en una actividad financiera irregular, al recibir dinero de una particular para ingresarlo en "...una cartera de activos financieros de la ANSES que él [el escribano] en su calidad de funcionario manejaba" (fs. 118, que remite a la denuncia). Cabe aclarar que el notario se desempeñaba simultáneamente como funcionario del referido organismo.
No es arbitrario sostener que ese tipo de actividad, en la que el imputado se valió de su doble carácter de escribano y funcionario público para ingresar dinero de la denunciante a una cartera de inversiones estatal, compromete el prestigio y el decoro del cuerpo notarial. Ello, con independencia de lo que pudiera juzgarse acerca de si ese hecho constituyó un delito, cuestión que -conforme a su competencia- no es la que evaluó el Tribunal Notarial y confirmó la Cámara de Apelación. Vale resaltar que el órgano revisor indicó que el notario se limitó en su recurso a una escueta negativa general de los hechos por los que había sido sancionado, que en modo alguno permitía dejar de lado las conclusiones que sobre la prueba había formulado el Tribunal Notarial (v. fs. 187 vta.). Ello, más allá de intentar justificarlos con argumentos similares a los que ahora formula en el presente recurso.
II.1. En el segundo de sus agravios el recurrente afirmó que no hubo correspondencia entre la acusación (la denuncia de la particular) y la sentencia sancionatoria. Estimó que de ese modo se violaron el "...derecho al debido proceso formal y sustancial, división de poderes y forma republicana, cláusula federal, jerarquía normativa del sistema jurídico argentino..." tras lo cual citó normas de la Constitución nacional, de esta Provincia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el decreto ley 9.020/78 y el Código Procesal Penal (v. fs. 215).
Concretando su planteo, señaló que la denunciante le imputó falta de ética y mal desempeño en los términos del art. 35 inc. 7 del decreto ley citado, por fraudes y estafas supuestamente cometidos contra ella que afectarían el decoro y prestigio de un notario. Dijo que en cambio el Tribunal lo condenó "...en base a imputarme el ejercicio del comercio como actividad incompatible con el ejercicio de la notaría" (fs. 216 vta.). Añadió que de ese modo "...me condena en base a circunstancias no mencionadas en la denuncia como imputación como sería la realización de actividad comercial que, según el Juzgador, sería la intermediación financiera entre la oferta y demanda de dinero realizadas en forma habitual" (fs. cit.). Afirmó que "...semejante cosa jamás sucedió..." que no puedo ofrecer prueba sobre el particular y agregó "Repárese que la imputación del ejercicio del comercio financiero requiere recibir dinero y colocarlo en operaciones onerosos [sic] que además se den en forma masiva a fin de justificar la habitualidad necesaria a fin de que se conforme la figura" (fs. cit.).
Complementó lo dicho con referencias generales y jurisprudenciales acerca del derecho de defensa (v. fs. 217/219).
II.2. El planteo es improcedente.
El propio recurrente admite que la denuncia le imputó actos que afectaban el decoro y prestigio del cuerpo notarial, y que además encuadró su conducta en las mismas normas que luego tanto el Tribunal Notarial como la Cámara citaron para fundar la sanción (v. fs. 216 vta.).
La discrepancia estaría dada por la circunstancia de que mientras la denunciante sostuvo haber sido víctima de una estafa, los órganos mencionados no juzgaron -ni podían hacerlo- si se había configurado ese delito, sino que estimaron que bastaba el haber intervenido el notario como intermediario en una operación financiera. Es decir que era irrelevante que la denunciante hubiera padecido un perjuicio patrimonial, pues lo juzgado era el daño al prestigio de la profesión notarial. No se trata de hechos distintos sino en todo caso de fases del mismo. Así por ejemplo -incluso en materia puramente penal- si alguien es acusado de homicidio por haber disparado contra una persona y luego es condenado por tentativa de ese mismo hecho al sobrevivir el damnificado, no se tiene una discrepancia que transgreda -necesariamente y por esa sola distinción- el ejercicio del derecho de defensa. En otras palabras, el Tribunal Notarial estimó que no era necesario que se hubiera configurado el perjuicio al particular (necesario en la estafa) para determinar que la actividad del escribano había afectado el decoro de su función.
Lo relevante es que los hechos en los que se basó la sentencia -confirmada por la Cámara- eran parte de la denuncia hecha en contra del escribano, quien de ese modo los conoció desde el inicio y tuvo la oportunidad de defenderse de la imputación (art. 18, Const. nac.).
III.1. En el tercero de sus agravios el notario alegó que la Cámara restringió indebidamente sus facultades y deberes revisores (v. fs. 219 vta.). Con esa base denunció la violación del derecho de defensa, división de poderes, forma republicana, presunción de inocencia, y demás garantías y normas que citara en apoyo de sus otros planteos (v. fs. cit.).
Afirmó que hubo una remisión dogmática a lo decidido en la instancia anterior por lo que el Tribunal de Alzada no cumplió con el deber de fundar su decisión. Agregó que uno de los errores principales de la Cámara fue el considerar su actuación como un recurso de apelación común en donde debe revisar una decisión judicial, lo que no se da en el caso pues se trata de la resolución de un órgano administrador que ejerce de forma excepcional una actividad jurisdiccional (v. fs. 119 vta. y 220).
A continuación, dijo que la decisión cuya confirmación recurre invirtió la carga de la prueba y que nada se acreditó en su contra (v. fs. 220 vta.).
Señaló que el Tribunal de Alzada dio por ciertos los hechos investigados alegando que su parte no los había controvertido sino meramente negado. Añadió que nadie debe demostrar su propia inocencia (v. fs. 221).
Dijo que el ejercicio del comercio que se le endilga responde a una conceptualización ya abandonada ante la derogación del Código de Comercio y su reemplazo por el Civil y Comercial actualmente vigente, que no distingue la materia comercial de la civil (v. fs. 221 vta.).
Admitió que el art. 33 inc. 2 del decreto ley 9.020/78 establece que el ejercicio del notariado es incompatible con el del comercio, sea por cuenta propia o en carácter de auxiliar. Sin embargo, argumentó que esa norma se vinculaba con la definición que contenía el Código de Comercio. Dado que él ha sido derogado, debe tenerse en cuenta que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no obstante su denominación, no destina ningún capítulo a la materia comercial (v. fs. cit.).
Sostuvo que el derecho comercial es una característica histórica pero no ontológica, es decir que no está arraigada en el ser de la cosa y que ya no es útil (v. fs. 222).
Añadió que incluso si no se aceptara ese argumento, debió tenerse en cuenta que conforme al derogado Código Comercial, para considerar comerciante a una persona física ésta debía ejercer esa actividad en forma habitual, y no resultaban tales quienes realizaban aisladamente actos de comercio. Citó jurisprudencia al respecto (v. fs. 223/224).
III.2. Estimo que el agravio antes resumido debe ser rechazado.
En cuanto a la inadecuada revisión de lo decidido por el Tribunal Notarial, el recurrente se limitó a decir que la Cámara incurrió en una remisión genérica a la decisión apelada. Basta leer el fallo del Tribunal de Alzada para comprobar que trató los planteos que le fueron llevados a su conocimiento. Luego de hacer consideraciones generales acerca del control de la actividad de los notarios y la legislación pertinente, abordó el cuestionamiento basado en la falta de precisión o tipicidad (v. fs. 185 vta.). Trató la objeción a las facultades disciplinarias (v. fs. 185). Sobre la prueba de los hechos, se remitió a lo declarado por el propio notario (v. fs. 186 vta.). Trató y descartó la defensa según la cual la actividad que se estimó inapropiada era ajena a su función como escribano (v. fs. 187 vta.). Y así como los demás planteos, lo que demuestra que no es cierto que el Tribunal de Alzada haya fundado su decisión en una remisión general, que es lo único concretamente alegado por el recurrente para sustentar su afirmación de que la Cámara restringió su función revisora.
Tampoco es correcto que la derogación del Código de Comercio haya dejado sin efecto la prohibición legal dirigida a los escribanos para ejercer el comercio. La regulación conjunta en un solo cuerpo legal no quiere decir que la noción misma haya desaparecido. El nuevo Código se remite a ella para fijar la obligación de llevar contabilidad (art. 320), a las prácticas comerciales abusivas (art. 1.096), a los contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales (art. 1.104), a la distinción entre cartera de consumo y comercial en los contratos bancarios (art. 1.379), e innumerables otros ejemplos en los que la legislación vigente da efectos legales al concepto que la parte dice obsoleto.
La incompatibilidad tampoco se limita al ejercicio habitual, diferencia que no surge ni del texto ni del sentido de la prohibición. Es manifiesto que incluso el ejercicio ocasional o aislado de actividades comerciales o financieras sitúa al notario en una posición que no es la que corresponde a quien debería actuar imparcialmente a los efectos de que la noción de fe pública no caiga en el descrédito (art. 35 inc. 7 "a", dec. ley 9.020/78).
La cita del precedente "Cangelosi, Jorge Eduardo" del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios (v. fs. 223 vta., RSD-828-89, sent. de 5-VII-1991), no favorece la postura de la parte pues -más allá de la diferente situación- en él se dejó expresamente en claro que la habitualidad no era un requisito necesario para tener configurada la conducta que se juzgaba en el caso. Tampoco abona su interpretación lo resuelto en fallos acerca del delito de estafa, pues como ya lo he señalado, no es lo que se investigó en el presente.
IV.1. En el cuarto de sus agravios el notario criticó que la sentencia haya omitido tratar cuestiones que la Cámara estimó innecesarias (v. fs. 224, que remite al punto III párrafo 21 de la sentencia recurrida -v. fs. 188 vta.-). Señaló que ellos eran la desviación de la finalidad del procedimiento ante el Tribunal Notarial y la falta de proporcionalidad de la sanción con la falta cometida (v. fs. 224 vta.).
Sobre lo primero, dijo que surgía de los propios dichos de la denunciante que los hechos que le imputaba habían sido cumplidos en su carácter de funcionario de la ANSES y que no tenían nada que ver con su función como escribano. Añadió que a la denunciante sólo la animó el objetivo de forzar el pago de una suma de dinero que no se le debe ya que no existe obligación válida en tal sentido. Consideró que esa desviación viciaba el acto sancionatorio. Citó jurisprudencia de carácter general acerca de la desviación de poder y los actos disciplinarios (v. fs. 224 vta./226 vta.).
Sobre lo segundo -y de modo subsidiario- afirmó que "...el Tribunal con su decisión no tiene la menor idea de lo que significa para una notaría estar casi dos meses sin actividad siendo que se siguen devengando todos los costos fijos habituales, entre ellos los alquileres, salarios de empleados, servicios domiciliarios, etc." (fs. 226 vta.). Agregó que "Las consecuencias económicas de la sanción que se impone no pueden sino llevar al quebranto a la estructura de mi notaría. Es de público y notorio la recesión en el mercado inmobiliario que se abate en los últimos años en el país y la caída en consecuencia de tráfico notarial que ello acarrea" (fs. 227). Citó jurisprudencia acerca de la necesaria relación que debe existir entre la graveda
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.