Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129162
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Aldo Javier Cifuentes por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.162, "Cifuentes, Marcelo Saúl s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa 265.119 de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, Sala II".
La Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata -mediante decisión del 25 de abril de 2017 rechazó el recurso de apelación interpuesto por el escribano Marcelo Saúl Cifuentes -por su derecho y con el patrocinio del doctor Aldo Javier Cifuentes- contra la sentencia del Tribunal Notarial que le impuso la sanción de suspensión por cinco días (v. fs. 149/155).
Frente a ello, el nombrado interpuso -con el patrocinio antes referido- recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 158/173 vta.). La Sala interviniente denegó el primero y concedió el segundo (v. fs. 175/176). A fs. 181 se dictó la providencia de autos. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El escribano recurrente formuló cuatro agravios. Sostuvo que la norma en la que se fundó su sanción no describe conductas típicas, por lo cual viola el principio de legalidad y ley anterior al hecho, además de la división de poderes y la forma republicana de gobierno. Criticó que se haya denegado la producción de prueba ofrecida por su parte, con violación de su derecho de defensa. Consideró que la Cámara restringió ilegítimamente la revisión de la decisión del Tribunal Notarial. Por último, planteó que se desvió la finalidad del procedimiento sancionatorio para dar satisfacción a una finalidad extorsiva de su denunciante, a lo que sumó la falta de proporción entre la falta cometida y la sanción de suspensión de cinco días que le fue impuesta.
Sobre lo primero, dijo que la función disciplinaria que ejercen los colegios profesionales es en realidad propia y originaria del Estado, por lo que al ser delegada en esos cuerpos se mantiene el deber de ejercerla conforme "...el derecho propio de la actividad estatal, es decir el derecho público, administrativo en la especie" (fs. 163).
Estimó violados los arts. 1, 5, 18, 19, 31, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1, 10, 15, 25, 26, 27, 29, 31 y 45 de la Constitución de esta Provincia; 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 58 del decreto ley 9.020/78; 1, 3, 106, 308, 334, 335 del Código Procesal Penal.
Añadió que no hay diferencias ontológicas entre los delitos y las contravenciones o faltas. Señaló que, sin embargo "La Ley Orgánica del Notariado bonaerense establece una idea general de las que serían faltas de éticas [sic] pero sin acertar a definirlas claramente en su individualidad (art. 35 inc. 7mo, 'a' dec. ley 9.020/78)" (fs. 164).
A renglón seguido dijo que "En el apartado b del mismo inciso mencionado, delega en el reglamento Notarial el establecimiento de las faltas de ética, aunque adelanta que su enumeración tampoco tendrá carácter taxativo". Concluyó que "Esta norma resulta francamente insostenible en la perspectiva de un estado de derecho. Es inadmisible que la ley delegue la tipificación de una conducta sancionable a un reglamento a dictarse por el Ejecutivo Provincial, pero que encima de ello, avisa que tampoco ese elenco de conductas agotará las posibilidades. Esto es demasiado" (fs. cit.).
Consideró que toda regla que acarrea la imposición de una sanción por un Tribunal, por afectar la libertad (art. 19, segunda parte, Const. nac.) debe adecuarse al orden constitucional en cuanto prescribe el procedimiento para la sanción de las leyes y su contenido. Añadió que la potestad disciplinaria también está regida por el principio nullum crimen sine praevia lege (art. 18, Const. nac.), por lo cual la acción debe ser típica. Dijo que la sola referencia a las faltas cometidas contra el decoro no resulta suficiente para cumplir con el texto constitucional (v. fs. 165).
Agregó que el principio de tipicidad se encuentra estrechamente vinculado al de legalidad, por lo que la fijación de las conductas que se califiquen como infracciones y sus consecuencias debe hacerse de forma concreta y precisa. Ello conlleva a su vez la necesidad de que en su interpretación se excluya la analogía (v. fs. 165 vta.).
Incluyó en este planteo su objeción a que sea un tribunal profesional el que impusiera la sanción que luego fue confirmada por la Cámara. Consideró que "... tanto el proceso penal como el infraccional se deben resolver ante un tribunal independiente y no ante la administración activa, en el doble carácter de juez y parte, por constituir tribunales administrativos incompetentes para aplicar penas. Mucho menos en nuestro caso en el que, además el propio órgano se ha constituido como legislador " (fs. 166, el destacado figura en el original). Destacó que el Presidente de la República no tiene jurisdicción penal, por lo que mal pueden ejercerla sus subordinados (v. fs. 166 vta.).
I.2. A mi juicio el agravio antes resumido debe ser rechazado.
La facultad de los tribunales administrativos o profesionales para sancionar faltas de sus empleados o asociados no puede ser negada, más allá de sujetarla al control judicial -como aconteció en el caso- a fin de descartar que esa potestad haya sido ejercida de modo arbitrario.
Cabe aclarar que en el precedente "Angel Estrada" (Fallos: 328:651) que cita la parte (v. fs. 166 vta., segundo párrafo), la Corte federal no desconoció la posibilidad de que los tribunales administrativos impongan sanciones, sujeto ello a revisión judicial. Sí en cambio estableció que esos organismos carecían de competencia para dirimir pleitos entre particulares y no podían dictar sentencias condenando a la reparación de daños y perjuicios. Lo dicho resulta aplicable a los tribunales de ética establecidos por las leyes que regulan el ejercicio de diversas profesiones.
En el caso de empleados públicos la Corte incluso ha resuelto que el control judicial de las sanciones disciplinarias no debe sustituir el criterio del organismo administrativo sino limitarse a verificar si se ha respetado el derecho de defensa y si ha existido arbitrariedad en la decisión. Así ha señalado que la cámara excedió el límite de las atribuciones del Poder Judicial al dejar sin efecto la sanción aplicada a un empleado por la Administración, si llegó a tal decisión a raíz de una distinta valoración de los elementos de juicio incorporados al sumario, de su discrepancia con la magnitud de la medida disciplinaria y de una interpretación parcial de la norma que constituyó el fundamento legal del acto (Fallos: 311:2128, doctrina reiterada en G.285.XXXV. "Grondona, Marta Noemí c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal" -dictamen del Procurador al que se remitió la Corte-).
Es verdad que -como lo afirma la parte- en la disposición en la que se fundó la sanción recurrida, las faltas han sido demarcadas en términos generales, pero ello no significa que sean totalmente indeterminadas, lo que colocaría a los profesionales a merced de los referidos tribunales. En el caso, la norma aplicada (art. 35 inc. 7 "a", dec. ley 9.020/78) se refiere a "...los actos que afecten el prestigio y el decoro del cuerpo notarial o que fueren lesivos a la dignidad inherente a la función o que empañen el concepto de imparcialidad propio de la actividad notarial o que importaren el quebrantamiento de las normas de respeto y consideración que se deben los notarios entre sí".
Específicamente, se imputó al notario el haber consignado que el inmueble objeto de una permuta celebrada en su escribanía no registraba deuda impositiva, cuando sí la tenía. Cabe destacar que -como lo indicó la sentencia del Tribunal Notarial; ver fs. 105 vta.- es obligación legal del notario el verificar la existencia de tributos pendientes de pago, deber cuya omisión afecta tanto al fisco como al compareciente que de ese modo adquiere un inmueble en la confianza ilusoria de que está libre de deudas.
No es arbitrario sostener que, si el escribano consigna ese dato falso acerca de la situación tributaria del inmueble, afecta el prestigio del cuerpo notarial, valor que preservan las normas disciplinarias aplicadas en el caso. No se trata simplemente de omitir la verificación, sino de algo más grave, como lo es certificar que no hay deuda cuando sí la hay. Ello, con independencia de lo que pudiera juzgarse acerca de si ese hecho constituyó un delito, cuestión que -conforme a su competencia- no es la que evaluó el Tribunal Notarial y confirmó la Cámara de Apelación.
Tal como lo declararon ambas instancias, el propio escribano Cifuentes reconoció la falta que se le imputa. En tal sentido, el Tribunal Notarial señaló que en su descargo el nombrado intentó justificarla alegando que la deuda cuya existencia se negó era insignificante y por ello "intrascendente" (v. fs. 104). También sostuvo que como la operación era una permuta, no podría haber retenido dinero a los efectos de satisfacer la obligación tributaria (v. fs. cit.). Señaló que la deuda había ingresado en un plan de pago (Cámara: v. fs. 152). Ambas instancias previas entendieron -y no encuentro que ello sea arbitrario- que nada de lo invocado borra el hecho que motivó la sanción: la falsa certificación sobre la inexistencia de deuda. En particular, es obvio que una deuda que ingresa en un plan de pago -como lo argumenta el notario- sigue siendo una deuda, no desaparece, y no lo habilita para declarar que ella no pesa sobre el inmueble.
Más allá de hacer consideraciones generales acerca del derecho de defensa, el principio de legalidad, la imparcialidad del juzgador, la forma republicana de gobierno, etcétera, el recurrente no ha refutado los precisos fundamentos que sostienen la sentencia que impugna (art. 495, CPP).
II.1. En el segundo de sus planteos el notario criticó que no se haya producido la prueba ofrecida por su parte. Vinculó este agravio con normas y principios, parte de los cuales ya había invocado para fundar el agravio ya desestimado (arts. 1, 5, 18, 19, 31, 75 inc. 22, Const. nac.; 1, 10, 15, 25, 26, 27, 29, 31, y 45, Const. prov.; 8 y 9 de la CADH; 58, dec. ley 9.020/78; 1, 3, 106, 308, 334 335, CPP). Citó precedentes acerca del derecho de defensa (v. fs. 166 vta./168).
II.2. La crítica es insuficiente. En efecto, fuera de hacer desarrollos abstractos sobre el derecho de defensa, la parte no ha indicado siquiera de modo breve cuáles serían las pruebas que pretendía producir ni explicado por qué ellas hubieran permitido alterar lo resuelto. Debe tenerse en cuenta que -como ya lo apunté al tratar el primer planteo- ambas instancias señalaron que los hechos imputados habían sido admitidos en su descargo por el propio escribano. Llegado el caso a esta instancia extraordinaria en razón de los agravios de alegada naturaleza federal, la parte debió siquiera mínimamente explicar por qué la prueba que dice mal denegada era conducente ante el reconocimiento ya señalado. Al no haberlo hecho y haberse limitado a reflexiones genéricas acerca del derecho de defensa, incurrió en insuficiencia técnica (art. 495, CPP).
III.1. Similar defecto se advierte en el tercer acápite del recurso. En él el escribano sostuvo que se violó el derecho al "...debido proceso formal y sustancial, división de poderes y forma republicana, cláusula federal, jerarquía normativa del sistema jurídico argentino..." tras lo cual citó entre otras, normas de la Constitución nacional, la de esta Provincia, la Convención Americana de Derechos Humanos, el decreto ley 9.020/78 y el Código Procesal Penal (v. fs. 168).
Indicó que en el caso la Cámara estaba revisando una decisión de un órgano que no es un juez de primera instancia, por lo cual no había una previa sentencia y el Tribunal de Alzada no estaba limitado "...por la materia apelada como sí se da cuando se trata de un recurso judicial" (fs. 168).
III.2. Tal como lo hizo en sus otros planteos, el recurrente se extiende en desarrollos sobre conceptos y principios que no están en disputa, pero no intenta siquiera demostrar de qué forma la Cámara limitó indebidamente la revisión de lo decidido por el Tribunal Notarial (art. 495, CPP).
IV.1. En el cuarto de sus agravios la parte señaló que el fallo que cuestiona omitió tratar dos cuestiones que su parte había llevado a su conocimiento. Estimó violadas las normas que ya citara en sus demás críticas, por lo que -para evitar repeticiones- me remito a la enumeración ya hecha en párrafos anteriores.
Dijo que ya en su descargo había afirmado que el presente proceso adolece de una finalidad desviada, pues el denunciante intentó utilizar la potestad disciplinaria para "...forzar la rescisión del negocio habido" (fs. 169, último párrafo). Opinó que "Hay una clara actitud extorsiva al intentar un[a] denuncia por falta de ética frente al Colegio notarial al sólo efecto de mostrar como sustentable ese efecto jurídico, siendo que de su propio relato y la documentación que acompañó surge que no hay vinculación entre el ejercicio de la función de notario y los hechos relatados, lo cual, hace que el camino elegido no sea procedente" (fs. 169 vta.).
Complementó lo anterior con citas jurisprudenciales acerca de la desviación de poder (v. fs. 169 vta. y 170).
En el mismo capítulo de su recurso, el notario recurrente sostuvo que el Tribunal de Alzada tampoco dio tratamiento a la cuestión de la falta de proporción de la sanción con la falta cometida (v. fs. 169).
Afirmó respecto de la suspensión de cinco días que le fue impuesta que es evidente que "...el Tribunal con su decisión no tiene la menor idea de lo que significa para una notaría estar cerrada sin actividad siendo que se siguen devengando todos los costos fijos habituales, entre ellos los alquileres, salarios de empleados servicios domiciliarios, etc., etc." (fs. 170).
Agregó que la recesión en el mercado inmobiliario y la caída en el tráfico notarial ha hecho que aun a pérdida e incluso endeudándose haya mantenido su actividad. Consideró que "Si a esta circunstancia objetiva se le suma la sanción impuesta por el propio colegio de privar de todo ingreso por un capricho, no hace falta mucha inteligencia ni imaginación como para darse cuenta que el resultado final no puede ser sufrir un daño injusto" (fs. 170 vta.).
Transcribió párrafos de fallos acerca de la proporción entre la o las faltas cometidas y la sanción a imponer.
IV.2. Los planteos resumidos deben ser rechazados.
Por empezar, si lo que la parte criticaba era la omisión de cuestiones esenciales debió haber interpuesto el recurso previsto para tal fin, que es el extraordinario de nulidad (arts. 161 inc. 3 letra "b" y 168, Const. prov.; 492, CPP).
A mayor abundamiento -y dado que la parte ha vinculado este agravio con la violación de normas federales- cabe aclarar que la sentencia cuestionada sí dio tratamiento a las cuestiones que se dicen omitidas. Sobre la intención desviada o extorsiva que el escribano adjudica al denunciante, estimó que no era relevante para juzgar si la falta había sido o no cometida. Rechazó la prueba ofrecida al efecto y fundó tal criterio diciendo que "...tampoco resulta pertinente a la hora de juzgar la falta de ética endilgada, la prueba testimonial ofrecida por el recurrente, relativa a las particularidades o conductas posteriores de las partes intervinientes en el negocio plasmado en la referida escritura ni mucho menos la informativa, ofrecida en esta instancia al Colegio y a la Caja de Escribanos. Es que lo trascendental y lo que la ética en la función notarial exige, es [...] al momento de realizar el descargo, hasta incluso en esta instancia ante la falta decidida [...] acompañar el certificado administrativo que obligatoriamente debió tener a la vista para sentar tal constancia [la inexistencia de deuda]. Ahora, frente a lo expuesto por el propio apelante, a la par del informe de deuda analizado, no hay dudas de que la deuda existía y de que dicha constancia notarial no fue exacta" (fs. 153).
El recurrente insiste en su planteo ante esta instancia, pero no se hace cargo de los fundamentos brindados en la sentencia que recurre, lo que determina la insuficiencia del intento (art. 495, CPP).
Tampoco es exacto que la Cámara haya omitido analizar la proporción de la sanción -suspensión de cinco días- con la falta cometida. En particular, para evaluar esa cuestión tuvo en cuenta una agravante que ya había sido considerada en la decisión de primera instancia (v. fs. 153 vta. y 155). Sobre ella el recurrente guarda silencio, lo que evidentemente no es el modo apropiado de refutar lo decidido (art. 495 cit.).
V. En lo tocante a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25 de octubre de 2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Aldo Javier Cifuentes por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia