Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129722
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 171/174, con costas (arts. 496, CPP y 31 bis de la ley 5827, t.o. por la ley 13.812).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.722-RC, caratulada: "Mahiet, Gustavo Adrián o Ávila, Jonatan Ezequiel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.120 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de marzo de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Gustavo Adrián Mahiet o Jonatan Ezequiel Ávila contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Morón que lo condenó a la pena única de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de trece años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta por ese tribunal en la presente causa n° 2.935, por resultar coautor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por amenazas, y robo agravado por el uso de arma de fuego, todos en concurso material entre sí; y la de doce años de prisión, accesorias legales y costas, establecida por el Tribunal en lo Criminal n°5 departamental en causa n° 2.121, por ser coautor de los delitos de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse dos hechos-, secuestro extorsivo agravado por la participación de tres personas, robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, y resistencia a la autoridad en concurso ideal con disparo de arma de fuego "criminis causae" agravado por ser contra integrantes de la fuerza de seguridad policial en ejercicio de su función, y autor de los delitos de portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, todos en concurso real (v. fs.160/165)
II Frente a lo así resuelto, la Defensora Adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 171/174).
En lo que atañe a la procedencia denunció la errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal, en violación a los baremos de razonabilidad y culpabilidad.
Alegó que el órgano recurrido se limitó a reiterar lo resuelto por el tribunal de origen, sin proporcionar otro fundamento que las dogmáticas consideraciones efectuadas en torno al mecanismo para la determinación de la única sanción, "sin brindar ni los motivos de como arribó a ella, ni explicar la razonabilidad del monto establecido" (fs. 173).
Entendió que aun cuando se haya aplicado para la unificación un sistema de composición de la pena, se realizó sin brindar adecuada fundamentación "al elevado guarismo determinado como sanción" que en su parecer carece de razonabilidad, pues no se relaciona con las conductas disvaliosas, el grado y magnitud del injusto, ni la culpabilidad del autor, que permita cumplir con los fines resocializadores de la pena y abastezca las necesidades de prevención especial en el caso concreto (v. fs. cit. y vta.).
El a quo declaró admisible el remedio intentado por encontrarse abastecido el requisito objetivo previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal, referido al monto de la sanción y denunciarse infracción a la ley sustantiva (arts. 40, 41 y 58 del Cód. Penal), amén de otros planteos de supuesta naturaleza federal (v. fs. 175/176 vta.).
III. La impugnación debe ser rechazada sin más trámite por aplicación del art. 31 bis de la ley 5827 t.o. por la ley 13.812.
IV. El embate de errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal, por falta de fundamentación adecuada en la selección del monto de pena aplicado rayano en la sumatoria matemática-, no prospera.
En tal sentido, el órgano intermedio, mediante el voto del juez Mancini que concitó la adhesión simple del juez Celesia, señaló que el a quo estimó que la técnica adecuada para meritar el monto de la retribución total aplicable al condenado Mahiet era el método composicional, en contraposición al aritmético propiciado por la fiscalía (v. fs. 161 vta. y 162).
Destacó las explicaciones del sentenciante en orden a que "…en un procedimiento unificador donde no resulta posible apartarse de las pautas de mensuración firmemente establecidas en las sentencias dictadas, en consonancia con la escala penal aplicable que parte de un mínimo de trece años de prisión y alcanza un máximo de veinticinco años- y, en función de lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del Código Penal, consideró justo se imponga a Gustavo Adrián Mahiet la pena única de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas" y que, "… tratándose de una hipótesis de concurso real en virtud de haber tramitado dos procesos en forma paralela cuando debieron haber sido sustanciados en un único juicio, lo que conduce a que ceda la cosa juzgada y desaparezca la pluralidad de condenas con el fin de evitar la pena cruel-, conlleva a disminuir la sanción única que en definitiva debe ser aplicada al condenado Mahiet, descartando por ende la pretensión fiscal de imponerle el máximo de la sanción posible, conforme las reglas del concurso precedentemente detalladas" (fs. 162 cit. y vta.).
Apuntó que en el marco de la escala legal derivada de la aplicación de los arts. 55 y 58 del Cód. Penal, el tribunal determinó una pena única de veinticuatro años de prisión "…la cual en modo alguno violenta las reglas y los límites que regulan la mentada facultad ni se erige como una decisión arbitraria o antojadiza".
Especificó que es una facultad de los magistrados de juicio seleccionar el monto y especie de pena a imponer -siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala de la figura de que se trate- sin que se advierta violación a tales límites ni desmesura arbitraria en el monto de la pena.
Resaltó que para fundar el quantum punitivo, alcanza con que el juzgador acuda a las pautas que suministra el art. 41 del Código Penal y "…efectúe una razonable fijación del reproche a partir de la ponderación de las atenuantes y agravantes que estime concurrentes en el caso, con los límites emergentes, en el caso, de las previsiones del art. 58 del Código Penal, tal como se verificó en el caso" y que "…el sistema de atenuantes y agravantes establecido por los arts. 40 y 41 del Código Penal no se traduce en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena"(fs. 162 vta. y 163).
Mencionó que el art. 41 citado apunta una serie de pautas según las cuales el juzgador debe fijar la pena, dentro de los límites de la gradación penal, que esa operación no se encuentra sujeta a moldes tasados y que tampoco está legalmente estipulado un "punto de ingreso" a la escala penal para efectuar la fijación del monto sancionatorio (v. fs. 163).
Aseveró que el sentenciante al justificar la imposición de la pena única cumplió las exigencias referentes a la fundamentación, contenidas en el art. 106 del Código Procesal Penal, "…al haber expresado de manera suficiente los motivos ponderados a la hora de imponer la pena escogida".
Por último destacó que la violación al principio de resocialización de la pena "…postulada por la defensa, sin mayores precisiones, no revela incorrección en el proceso de dosificación de la sanción dispuesto en autos" (fs. cit.).
IV. Cabe señalar que, frente a lo fallado, los argumentos de la parte se traducen en meras opiniones contrarias al criterio del juzgador, insuficientes para evidenciar supuestos errores en la decisión apelada (conf. P. 78.618, sent. de 20-VIII-2003; P. 90.317, sent. de 29-III-2006; entre otras).
A mayor abundamiento, esta Corte resolvió en repetidas oportunidades que aún la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009, e/o).
V. En dicho contexto, la pretendida violación de los principios de razonabilidad y culpabilidad tampoco prosperan, pues frente a la respuesta brindada por el Tribunal de Alzada, las dogmáticas afirmaciones del recurrente no demuestran la relación directa e inmediata de tales garantías con lo debatido y resuelto en el caso (CSJN; Fallos: 268:247, 276:365, 307:2131, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 171/174, con costas (arts. 496, CPP y 31 bis de la ley 5827, t.o. por la ley 13.812).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia