Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.593, "Sánchez, Alan Gabriel y Sánchez, Cristian Emanuel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 84.486 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 15 de noviembre de 2016, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Isidro que condenó a Alan Gabriel Sánchez y Cristian Emanuel Sánchez a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautores del delito de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego (v. fs. 76/80).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 103/109 vta.), el que fue concedido por el órgano inferior conforme la resolución que luce a fs. 111/113 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 118/121), dictada la providencia de autos a fs. 122, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que tachó de arbitrario el fallo en crisis por apartamiento de las constancias de la causa con relación a la aplicación del art. 45 del Código Penal en función del art. 79 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, planteó la errónea revisión de la sentencia de condena conforme los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 106).
Cuestionó que el a quo haya confirmado la coautoría funcional en el caso, permitiendo la aplicación a ambos imputados del art. 45 en función del 79, ambos del Código Penal.
Alegó que el tribunal intermedio se sustrajo de analizar las pruebas en las que fundó su decisión, que ni siquiera las citó y que sólo se limitó a señalar que el pronunciamiento se sustentaba en los elementos analizados por los juzgadores (v. fs. 106 vta.).
Sostuvo que de haber revisado el fallo de conformidad con los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo al alcance otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Casal", hubiera advertido la arbitrariedad en la que incurrió la sentencia de la instancia al afirmar la coautoría funcional, acumulándose así, en el caso, dos arbitrariedades.
Explicó que bastaba dar lectura a las constancias de la causa para advertir que ningún testigo dio cuenta de que el segundo sujeto realizó el disparo. "Incluso nadie dijo que hayan sido dos los sujetos (agresores) que efectuaran los disparos, sino uno. La discordancia entre los testigos únicamente radicó en cuál de los dos imputados fue el que efectuó el disparo, pues mientras algunos indicaron a Alan Gabriel Sánchez, otros lo hicieron respecto de Cristian Emanuel Sánchez" (fs. 106 vta. y 107).
También mencionó que la testigo Acuña sólo escuchó los disparos sin ver la producción ni quién los ejecutó; que el policía Gómez no estuvo presente al momento del hecho y que por las "informaciones" se había dado cuenta de un solo tiro; que Florencia Ávila no apreció quién o quiénes dispararon, escuchando cinco detonaciones al igual que Nahuel Ávila que sólo oyó los disparos sin ver quién los realizaba ni hacia quién; y que Benítez ubicó a uno de los imputados en el hecho (v. fs. 107).
Afirmó que aquello que arrojaba la prueba producida era que diversos testigos escucharon disparos. "Por ende, es arbitrario afirmar la existencia de una coautoría funcional cuando nadie vio a dos personas disparar y los cartuchos o proyectiles hallados eran del mismo calibre. Así, no pudiendo establecerse cuál fue el aporte objetivo que realizara al hecho el sujeto que no fuera autor del disparo, y no viniendo ello establecido [...] en el fallo impugnado, resulta que no existe margen legal para arribar a una condena por el delito de homicidio respecto de Alan y Cristian Sánchez a título de coautores" (fs. 107).
Alegó que tanto la sentencia de primera instancia como la del Tribunal de Casación no identificaron elemento probatorio alguno que permitiera comprobar la coautoría endilgada, pues ningún testimonio se reseñó para la acreditación y fundamentación de la misma, pretendiendo sustentarlo con lo atestiguado en el debate (v. fs. 107 vta.).
Expuso que fuera en la acreditación de la intervención de ambos imputados en el hecho, o en su caso en el grado de participación que le cupo a cada uno, el a quo se apartó de ejercer su tarea revisora amplia, limitándola a dar respuesta a los planteos en una resolución sostenida sólo en meras afirmaciones dogmáticas y estereotipadas, o que reseñan lo que el sentenciante de grado dijo (v. fs. 108 y vta.).
Concluyó: "...dado que no ha podido determinarse quien fue el autor de la agresión armada a Molina, y por ende del disparo mortal que el mismo recibiera, por imperio del principio in dubio pro reo , derivado del de inocencia constitucional [...], solicito a esta Suprema Corte que se case el fallo impugnado y se disponga la absolución de mis asistidos por el hecho por el que se los condenara" (fs. 109).
En subsidio, peticionó que se case la decisión impugnada y se disponga su reenvío al a quo , a fin de que -debidamente integrado- dicte un nuevo pronunciamiento que garantice el derecho de los imputados a la revisión amplia de la sentencia (v. fs. cit.).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso intentado (v. fs. 118/121); criterio este con el cual coincido.
III. A diferencia de lo que argumentó ante esta instancia, en el recurso de casación la defensa no puso en discusión la prueba que permitió sostener que los dos acusados dispararon armas de fuego.
Ante el a quo objetó la adjudicación del carácter de autor a ambos procesados, pero sin negar que cada uno de ellos hubiera efectuado disparos. En la instancia de casación expuso que si la muerte "...ocurre a consecuencia de un disparo mortal, no deviene congruente la adjudicación del carácter de autor a ambos incusos, que a todo evento portaron durante los sucesos armas de fuego de distinto calibre, cortas y largas, hasta de una escopeta de cartuchos de perdigones". Alegó que el disparo mortal fue singular y que ocurrió durante una "disputa de ambos bandos beligerantes" (fs. 52 vta.), "...en un contexto de acciones conducentes a repeler un ataque, donde se verifican pluralidad de protagonistas, de un lado y otro" (fs. 53), lo que conduciría -a su juicio- a la aplicación del art. 95 del Código Penal (v. fs. 53). Con esa estrategia, insistió en que no se fundamentó la conclusión sobre una autoría plural, respecto del fallecimiento ocurrido en razón de un único disparo, por no haberse acreditado la coautoría funcional (v. fs. 53 vta.).
El asunto así planteado fue respondido por el Tribunal de Casación con el señalamiento de que al hallarse individualizado quien efectuó el disparo mortal no podía encuadrarse el hecho en el art. 95 del Código Penal por cuanto dicha figura exige, entre otros requisitos, que resulte imposible individualizar o determinar al autor del hecho dañoso -en el caso el homicidio-. El a quo también descartó que se hubiera tratado de una riña porque "...el fallecido no portaba armas ni agredió a los aquí juzgados, sino más bien era esperado por los Sánchez para atacarlo lo que así hicieron" (fs. 77 vta.).
Sostuvo que no quedaba margen de duda en orden a quienes realizaron la agresión que llevó a Molina a encontrar su muerte, esto es, los aquí juzgados, situación que encontraba fundamento en las testimoniales detalladamente analizadas por el Tribunal de Juicio que despejaban toda vacilación acerca de ese extremo y permitían homologar la sentencia que se intentaba desvirtuar; ello en tanto la parte había solicitado un cambio de calificación legal en la figura del art. 95 del Código Penal (v. fs. 78).
Afirmó que los dos hermanos armaron la escena del hecho esperando la llegada de la víctima y que los dos también utilizaron armas de fuego ejecutando el hecho con dolo homicida, logrando el resultado buscado. "Ambos dispararon con el objeto de causar la muerte de Molina, careciendo entonces de relevancia desincriminante de quien partió el proyectil que finalmente causara la muerte y esto los hace coautores responsables del homicidio. Es que, a poco de analizarse la sentencia no me quedan dudas que los hermanos Sánchez emprendieron de consuno la acción homicida, habiendo obrado ambos con dominio del hecho, nota característica de la coautoría en los términos del artículo 45 del C.P." (fs. 78 y vta.).
Señaló que de los elementos analizados por los juzgadores no existía -ni así lo lograba demostrar el recurrente- ninguno que le permitiera degradar la tesis desincriminante de los Sánchez, los que debían responder en la calidad y por el delito puesto en su cabeza. Indicó que de la materialidad ilícita surgía sin hesitación alguna que Molina arribó al lugar donde los hermanos Sánchez sabían que llegaría, en donde fue inmediatamente y arteramente agredido con disparos, siendo que la víctima de autos no había llegado armado. "Justamente, ése era en concreto el plan criminal para dar muerte a Molina por rencillas de lucha de poder del barrio: esperarlo para sin más darle muerte, munidos ambos con armas de fuego las que como quedara acreditado se utilizaron. Este dato objetivo nos da la pauta y es desde ese momento que no pueda sostenerse válidamente la ajenidad o la no acreditación de una actuación conjunta en el designio criminal" (fs. 78 vta.).
Por lo expuesto, afirmó que la actitud de ambos imputados fue motivada por una comunidad subjetiva, cumpliendo acciones sobre la víctima con el fin específico de lograr su muerte, tomando parte de ese modo en la ejecución del hecho común, con un aporte objetivo a los fines de su realización. "Es por ello que cabe afirmar la participación en el dominio colectivo que tuvieron ambos autores del hecho en que perdiera la vida Molina. Justamente esto fundamenta que los coautores puedan tener una decisión o designio común respecto al hecho y sus consecuencias, tanto fácticas como jurídicas y, de este modo existe reciprocidad de imputaciones para todas aquellas acciones o contribuciones al hecho realizadas en el marco del iter críminis " (fs. 79).
IV. La reseña efectuada indica que el Tribunal intermedio abordó la cuestión propuesta por la defensa: el cambio de calificación que la parte sustentaba en la circunstancia de que sólo un proyectil alcanzó el cuerpo de la víctima de manera que no podría haber dos autores y que, en definitiva, se habría tratado de un homicidio en riña.
El análisis de la prueba que ante esta instancia efectúa el recurrente, intentando demostrar que uno de los acusados no efectuó disparo alguno no fue llevado ante el a quo de manera que, por lo tanto, no puede agraviarse por el incumplimiento del deber de revisar ampliamente la sentencia de condena en ese aspecto.
Los juzgadores, entonces, al haber tenido por demostrado que ambos procesados accionaron armas de fuego en la ocasión, les atribuyeron coautoría en el homicidio sin que resulte relevante que sólo una bala mató a la víctima, al haber obrado ambos con dominio del hecho como nota característica de la coautoría según el art. 45 del Código Penal (v. fs. 78 vta.).
Por todo ello no puede progresar la denuncia de arbitrariedad y de transgresión del derecho a la doble instancia traídos en la impugnación (art. 495, CPP).
En cualquier caso, y sin perjuicio de otras consideraciones, el reclamo de absolución en virtud de que "...no ha podido determinarse quién fue el autor de la agresión armada contra Molina, y por ende del disparo mortal" (fs. 109) debe ser desestimado en función de que quedó probado que los hermanos Sánchez dispararon armas de fuego, al margen de que se encuentre o no individualizado (como lo afirmó la Casación) de cuál de ellos provino el tiro fatal. Así, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte según la cual: "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, t. 814, pág. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (conf. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993)" (conf. causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 98.727, sent. de 2-VII-2008; P. 103.203, sent. de 2-IX-2009; P. 103.207, sent. de 14-VII-2010; P. 104.036, sent. de 11-V-2011; P. 123.527, sent. de 26-X-2016; P. 121.183, sent. de 12-IV-2017; P. 127.705, sent. de 20-XII-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; e.o.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia