Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131520
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.520, "Olmedo, Néstor Javier y Ramírez, Pablo David s/ Recurso de inaplicabilidad de ley en causa n° 88.274 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento del 8 de mayo de 2018, rechazó los recursos homónimos interpuestos por la defensa particular de Néstor Javier Olmedo y Pablo David Ramírez y por el señor agente fiscal del departamento judicial de La Matanza contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental, que los había condenado a la pena de prisión perpetua, multa de mil pesos ($1.000), accesorias legales y costas, por resultar coautores de los delitos de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en función de lo normado por los arts. 45, 55, 80 inc. 6 y 189 bis inc. 2 primer párrafo del Código Penal (v. fs. 133/144 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Néstor Javier Olmedo y Pablo David Ramírez (v. fs. 155/160), el que fuera declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 176/177 vta.).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 182/184 vta., aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos (v. fs. 185) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denuncia, en primer término, la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal y la inobservancia del art. 79 del mismo cuerpo normativo.
Sostiene que frente a la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada en las instancias previas, resulta claro que los extremos relevados por el tribunal revisor, no permiten aplicar la figura agravada que se cuestiona ya que, a su juicio, sólo resultan demostrativos de una coautoría funcional respecto del delito tipificado en el art. 79 del Código Penal (v. fs. 156 vta.).
Alega que el homicidio agravado exige un plus, respecto de la mera convergencia intencional de llevar a cabo algo más que un homicidio simple, algo más que el acuerdo previo para matar.
Considera que la norma en análisis no ofrece dificultades interpretativas y que para su aplicación es necesaria una especie de "confabulación", esto es que los agentes se hayan puesto de acuerdo para matar en concurso, que "...no es suficiente con que se hayan puesto de acuerdo para matar, sino que se deben haber concordado para hacerlo de ese modo" y que es "...necesario que la realización del hecho a través del concurso de los intervinientes sea también confabulada" (fs. 157).
Refiere que esa es la interpretación adecuada conforme a los principios de legalidad, última ratio y pro homine (v. fs. 157 y vta.).
Expresa que lo que se tuvo por acreditado en autos es que "...al menos tres sujetos varones, actuando de consu[n]o y obedeciendo a un plan previo mediante la utilización de armas de fuego efectuaron disparos contra la humanidad de Julio Alejandro Campos...", y que esa conclusión está fundada en afirmaciones dogmáticas sin respaldo en las constancias de la causa (v. fs. 157 vta.).
Alega que el único testigo presencial del hecho (dado que los demás testimonios invocados son de oídas, porque ninguno lo presenció) fue Ángel Sebastián Domínguez, quien relató que la víctima iba caminando junto a un amigo cuando un grupo de siete a diez personas aparecieron repentinamente efectuando disparos con armas de fuego, pero que no se encuentra probada la existencia de un plan previo. Refiere que de la sentencia sólo surge una conjetura de los sentenciantes sobre el motivo por el cual sus asistidos dispararon, y es la circunstancia fundada en que Campos, con anterioridad, había efectuado un disparo en la cabeza al hermano de los imputados, que produjo su discapacidad, y esa conclusión, afirma es tan sólo una afirmación dogmática que se efectúa "...en base a una apreciación de los testigos que declararon en el debate" (fs. 157 vta. y 158).
Solicita se case el fallo impugnado, declarándose erróneamente aplicado el art. 80 inc. 6 del Código Penal y se absuelva a sus defendidos, o subsidiariamente, se declare inobservado el art. 79 del mismo cuerpo legal (v. fs. 158 vta.).
Por otra parte, denuncia arbitrariedad por violación al principio in dubio pro reo . Considera que no hay prueba suficiente que arroje certeza respecto de la verificación de las existencias típicas, tanto objetivas como subjetivas del tipo penal aplicado.
Afirma que no se ha respetado el principio constitucional denunciado y sin ningún fundamento en la prueba producida se ha tenido por acreditada la existencia de un acuerdo premeditado para matar entre al menos tres personas.
II. Coincido con la Procuración General: el recurso no prospera, al margen de lo que pudiera decirse sobre los alcances de la admisibilidad resuelta por el a quo .
III. En ambas instancias previas se tuvo por demostrado que "...el día 29 de octubre del año 2014 siendo aproximadamente las 22.40, en el interior de la finca sita en la calle San Luis n° 7670 entre Dungenes y Dupuy de la Localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, al menos tres sujetos varones, actuando de consuno y obedeciendo a un plan previo mediante la utilización de arma de fuego efectuaron disparos contra la humanidad de Julio Alejandro Campos provocándole en ese disvalioso accionar múltiples heridas en tórax, cráneo y abdomen las cuales le produjeron un shock hipovolémico que lo llevaron inexorablemente a la muerte..." (fs. 137).
Se determinó también que se tuvo por debidamente acreditado, que existió un clima de "hostilidad" entre la víctima y los acusados, "...cuyo origen tuvo lugar tiempo atrás, donde Campos había efectuado un disparo en la cabeza del hermano de los imputados, con su consiguiente discapacidad..." lo que fuera confirmado por la mayoría de los testimonios que concurrieron al juicio, y operó como móvil determinante de eventos posteriores (v. fs. 137 vta.).
El tribunal revisor rechazó los planteos de la defensa expuestos en el recurso homónimo, y mantuvo incólume la calificación legal. Sobre dicho extremo expresó que se encontraba debidamente acreditado, con el grado de certeza necesaria que esa instancia requería, "...el aspecto subjetivo de la figura en trato -art. 80 inc. 6° del C.P.- la cual requiere que exista un acuerdo para matar, y que sea resultado de una deliberación más o menos prolongada, siendo suficiente que haya tenido lugar aun inmediatamente antes de cometer el homicidio" (fs. 141). Precisó que "...resulta necesario que los agentes hayan convenido matar en concurso, de modo tal que la convergencia de voluntades previamente establecida, donde la acción de cada uno de los partícipes en el hecho se encuentre objetiva y subjetivamente vinculada a la de los otros partícipes, no bastando a los fines legales con la simple reunión ocasional, ni el acuerdo para matar" (fs. 141 y vta.). Resolvió aplicar la agravante en cuestión, habida cuenta de que "...la reconstrucción histórica de los hechos, llevada a cabo durante el transcurso de la audiencia de debate, permitió acreditar tales extremos, donde fue puesto de resalto que la víctima fue sorprendida en circunstancias en que se dirigía a comprar estupefacientes en compañía de Ángel Sebastián Domínguez, y que con dicho fin se desplazaban por la calle San Luis. Que en el transcurso de los acontecimientos tomaron intervención al menos siete sujetos de sexo masculino, quienes sorprendieron a los nombrados, efectuando disparos con armas de fuego, y en cuyo devenir ultimaron a Julio Alejandro Campos, conformando el susodicho designio criminoso, como lo exige el tipo penal mencionado" y que se hallaba probada la existencia de "un plan sceleris previo" (fs. 141 vta.).
IV. Frente a esa decisión, la queja, tal como ha sido planteada, no puede ser atendida pues -en rigor- si bien el recurrente denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Casación, lo cierto es que sus desarrollos refieren a cuestiones relativas a la determinación del hecho y la valoración de la prueba que no son propios del ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo supuestos excepcionales que no han sido denunciados ni evidenciados (art. 494, CPP; conf. causas P. 85.598, sent. de 27-IV-2005; P. 93.468, sent. de 19-III-2007; P. 118.830, sent. de 18-III-2015; P. 121.495, sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
Más allá de la subsunción legal que consideró aplicable al caso, no se hizo cargo de la fundamentación brindada por el tribunal intermedio para sostener la calificación finalmente aplicada ni logró demostrar que la efectivamente realizada por dicho tribunal fuese errónea, quedando sus conjeturas en el ámbito de los hechos y las pruebas sin que se verifiquen presupuestos que excepcionen la inabordabilidad que dichas materias presentan para esta Corte.
En cuanto a la denuncia del recurrente según la cual el Tribunal de Casación resolvió de manera infundada la subsunción legal, también se trata de un reclamo inidóneo (art. 495, CPP).
Pues, habiendo el a quo confirmado lo actuado por el sentenciante de grado en cuanto a que los intervinientes obraron de consuno en ocasión de infligirle a la víctima los disparos letales, coactuando conforme a la consecución de un plan común, con convergencia dese los planos objetivo y subjetivo, y frente a los pormenores fácticos comprobados -en particular, lo relativo a la existencia de una situación anterior entre los encartados y la víctima-, queda sin sustento la objeción respecto de la calificación legal actuada, en tanto dependía de esa diversa interpretación y determinación de los hechos del caso.
En síntesis, la queja se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
V. Por último, el reclamo referido a la arbitrariedad de la sentencia por violación del principio in dubio pro reo , se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales que le den sustento. Tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el estudio de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello el recurrente ha logrado aquí demostrar, de manera que justifique sortear el límite establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal (causas P. 103.093, resol. de 14-VII-2010; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 112.573, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 115.269, resol. de 27-XI-2013; e.o.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia