Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131323
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.323, "Caballero, Walter Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 84.614 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de marzo de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Walter Daniel Caballero contra el decisorio del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Morón que dictó sentencia unificadora y lo condenó a la pena única de veintidós años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, comprensiva de la de siete años de prisión, accesorias legales y costas dictada en esta causa n° 4.304, mediante el procedimiento de juicio abreviado, en la cual fue hallado coautor de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra y robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real entre sí, cometidos el 24 de junio de 2015 en Hurlingham; y la pena única de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia (art. 50, Cód. Penal), que fuera aplicada el 27 de febrero de 2006 en la causa n° 1.632 del Tribunal Oral en lo Criminal n° 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprensiva de la de doce años de prisión y declaración de reincidencia por considerarlo coautor de robo con armas en concurso real con lesiones graves y resistencia a la autoridad agravada por el empleo de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra, este último en calidad de autor y la de cuatro años y dos meses de prisión impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6 de agosto de 2001, en la causa n° 982, por ser coautor y autor respectivamente de los delitos de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, encubrimiento, tenencia de arma de guerra y resistencia a la autoridad, en concurso real entre sí (arts. 41 bis, 42, 44, 45, 50, 55, 90, 166 inc. 2, 189 bis inc. 2 -tercero y cuarto párrafos-, 239, 277 inc. 3, Cód. Penal; v. fs. 63/68 vta., con relación a fs. 41/43).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 75/82), siendo concedido por el Tribunal intermedio (v. fs. 83/84).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 93/96 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 97) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto tachó de arbitrario el pronunciamiento casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal. Denunció afectación a la defensa en juicio -derecho a ser oído-, el debido proceso legal y el derecho al recurso (infracción a los arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2. "h", CADH; 14.5, PIDCP; 168 y 171, Const. prov.), revisión aparente de la sentencia de condena, e infracción de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal (v. fs. 77 vta.).
Argumentó que la conclusión a la que arribó el a quo al estimar que la defensa había limitado su disconformidad con la pena impuesta mediante "críticas y conceptualizaciones genéricas", no abastece el requisito de fundamentación (v. fs. 79 vta.).
En ese discurrir, adujo que esa parte brindó específicas razones que consideró desatendidas en la instancia, acerca de la ausencia de agravantes suficientes para aplicar una pena tan cercana a la suma aritmética de las sanciones, así como sobre la consideración de atenuantes que debieron incidir en la determinación de una pena más próxima al mínimo legal de dieciséis años de prisión (v. fs. 79 vta. y 80). Que además había planteado razonablemente que de haber existido la posibilidad de aplicación del art. 55 del Código Penal, la sanción hubiera sido mucho menor y que el procedimiento de unificación de penas venía a fijar un límite a la facultad discrecional de los jueces (v. fs. 80).
Asimismo, adujo que lo resuelto en punto a que la pena se encuentra dentro del marco legal, genera serios perjuicios a su defendido pues la pena única determinada afecta la eventual duración de la pena privativa de libertad a imponer y, en consecuencia, los plazos de vencimiento de la misma (v. fs. 80 vta.).
En suma, requirió que se case el fallo puesto en crisis por haberse violentado el debido proceso y el derecho a ser oído -como derivación del derecho de defensa en juicio- en lo relativo al alcance del recurso como garantía del imputado a la revisión integral de la sentencia de condena (v. fs. 81 y vta.).
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo deducido (v. fs. 93/96 vta.). Coincido con él.
III.1. Cabe recordar que, en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia unificadora, la señora defensora oficial de Caballero denunció arbitrariedad y absurdo en la determinación del quantum punitivo y la consecuente transgresión de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal.
Postuló que el monto de pena única impuesta debía disminuirse considerablemente porque no se correspondía con la objetiva y razonada valoración de las pautas de mensura previstas en las normas aludidas. Alegó que la inexistencia de agravantes no impactó proporcionalmente para la imposición de una sentencia única y que se hizo caso omiso a las circunstancias personales de su defendido, referidas a su condición social, cultura, origen humilde, dificultad de ganarse el sustento y colaboración con la justicia al reconocer la participación en los hechos (v. fs. 51 y vta.). Concluyó que, si bien el magistrado ha optado por la aplicación del sistema composicional postulado por la defensa, el monto de pena única se acerca más al máximo que al mínimo pretendido (v. fs. 51 vta. y 52).
En la oportunidad prevista en el art. 458 del ritual, la defensa mantuvo la impugnación en tal sentido, a lo que agregó que de haber acontecido los hechos de manera contemporánea y si hubieran sido juzgados aplicándose directamente lo normado por el art. 55 del Código Penal, la sanción que se hubiera fijado de conformidad con las reglas concursales con un alto grado de certeza hubiera sido inferior (v. fs. 59).
III.2. Frente a ello, el Tribunal intermedio -en lo medular- resolvió que el sentenciante adoptó el método composicional en la unificación de los referidos pronunciamientos sin alterar las declaraciones contenidas en los fallos precedentes, ni cuestionando las agravantes y atenuantes allí valoradas, las que ponderó como propias y que ello abastece el art. 106 del Código Procesal Penal (v. fs. 65 vta.). Añadió que el a quo ha individualizado la pena dentro de lo que legítimamente incumbe a sus facultades respetando el sistema de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal, fundado en que "...sin alterar las declaraciones contenidas en los distintos pronunciamientos, remitió a las atenuantes y agravantes consideradas en los mismos y terminó escogiendo un monto de pena que no parece irracional o desproporcionado ni contrasta con el número y naturaleza de los ilícitos ahora comprendidos en la condena única" (fs. 66).
Luego de afirmar que el juez que unifica no tiene competencia para juzgar de nuevo los hechos individuales sino al solo efecto de determinar una pena que sea la síntesis de las condenas anteriores, concluyó que la remisión general a las pautas ponderadas "...lejos de redundar en un defecto de motivación, importa la aplicación de las circunstancias atenuantes y agravantes oportunamente valoradas en las condenas dispersas, temperamento acorde con la naturaleza y límites que rigen este tipo de procesos de unificación" (fs. 66 vta. y 67).
Explicó que en la determinación de la pena "...los jueces deben ineludiblemente ingresar en un espacio valorativo al momento de traducir aquellas circunstancias agravantes y atenuantes en términos de pena, terreno en el que no existen parámetros precisos para establecer una proporcionalidad empíricamente verificable o lógicamente comprobable entre el acto ilícito y la pena" y que "...para dicha determinación no existe una base concreta y compartida que permita ejercer un control estricto de razonabilidad sobre ese tramo de la decisión, en el que los jueces, mal que pese, deben forzosamente recurrir a su impresión personal y su sentido de justicia" (fs. 67 y vta.).
Sostuvo, además, que "...la ley acuerda al órgano jurisdiccional al no fijar objetivamente una forma de asignar cantidades numéricas [...] relativa discrecionalidad, bien entendida ésta como calidad referida a la labor que deben ejercer los jueces prudencialmente y que reclama de ellos templanza, moderación, sensatez y buen juicio" (fs. 67 vta.).
Por último, concluyó que la recurrente se limitó a expresar su disconformidad con la pena impuesta remitiéndose a críticas y conceptualizaciones generales, sin brindar ninguna referencia al caso concreto ni especificar cuáles serían las circunstancias que tornarían arbitraria la pena única (v. fs. cit.).
IV.1. Con fundamento en todo lo antes transcripto, el órgano revisor se pronunció por la desestimación del planteo defensista confirmando lo decidido por el sentenciante de grado al resolver sobre la unificación de penas. Abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que el recurrente ha logrado evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita.
La afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación tuvo un "...tránsito aparente por la instancia revisora" (fs. 67), resulta huérfana de todo sustento argumental, y, por tanto, indemostrada.
De tal modo, el pronunciamiento dictado por el Tribunal casacional abastece la exigencia establecida en los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme el alcance asignado a los mismos por la Corte nacional a partir del precedente "Casal" citado por el quejoso.
Al respecto, cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia vicios de tal magnitud.
Luego, la denuncia de afectación de las garantías constitucionales aludidas se formalizó, en su cariz federal, de manera genérica al no referirse concretamente a las constancias de la causa y no demostrar su conexión con la materia del pleito.
IV.2. Con todo, basta señalar que los argumentos del Tribunal intermedio se compadecen con la doctrina de esta Corte, en cuanto a que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 94.341, sent. de 31-X-2007; P. 81.143, sent. de 25-VI-2008 y P. 83.523, sent. de 22-IV-2009).
Así como se ha señalado que el digesto sustantivo no contiene un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 119.893, resol. de 24-IX-2014; P. 123.557, resol. de 12-XI-2014; P. 123.410, resol. de 10-XII-2014; P. 122.624, resol. de 26-VIII-2015; P. 125.780, resol. de 9-IX-2015; P. 125.542, resol. de 29-XII-2015; e.o.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia