Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131333
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.333, "Castañarez, Luis Ángel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 39.485 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 17 de mayo de 2018 -en cumplimiento de lo dispuesto por esta Corte a fs. 189/200- resolvió condenar a Luís Ángel Castañarez a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales, inhabilitación especial para tener o portar armas de fuego, inhabilitación especial y costas, como autor responsable del delito de homicidio (v. fs. 319/321 vta.).
Contra lo así resuelto, el defensor particular del imputado dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 332/340), siendo concedido parcialmente por el tribunal intermedio sólo el primero de los mencionados (v. fs. 343/346 vta.).
Oído el señor Procurador General, quien aconsejó hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa (v. fs. 358/361), dictada la providencia de autos (v. fs. 362) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el segmento de la impugnación que superó la admisibilidad recursiva, el recurrente denunció la errónea aplicación del derecho sustantivo, con relación a los arts. 40 y 41 del Código Penal, en cuanto a la pena de catorce años de prisión impuesta (v. fs. 333). En cambio, quedó fuera de la competencia del tribunal -dada la parcela de inadmisibilidad incuestionada- el reclamo relativo a la irrazonable duración del proceso penal, respecto del cual no concretó petición alguna, concluyendo el a quo que como pretenso agravio federal no abastecía los presupuestos formales para su atendibilidad (v. fs. 337 vta./340 y 345), al igual que desestimó el recurso extraordinario de nulidad, también incoado por no reunir los requisitos formales para su admisión, no haber efectuado discriminación de los agravios propios de esta vía distintos a los articulados en la otra parcialmente admitida, e incumpliendo con el recaudo de que el recurso se baste a si mismo (v. fs. 345 vta. y 346).
Señaló que en el veredicto se invocan como pautas atenuantes la falta de antecedentes penales y el buen concepto de Castañarez de acuerdo a su legajo personal de policía, en tanto que se suprimió la agravante relativa a la circunstancia de ser funcionario público, quedando solamente la referida al empleo de arma de fuego. Adujo que tales circunstancias "...valoradas en su conjunto y no de manera fragmentada, no justifican, en modo alguno, la severísima condena que ha recibido [su] defendido" (fs. 336).
Expresó que a partir de un análisis aislado podría compartirse que el uso de arma contra una persona que no la tiene es un indicativo de mayor peligrosidad, pero tal apreciación no puede hacerse marginando las pautas y criterios del art. 41 del Código Penal (v. fs. cit.).
En ese discurrir, con relación a la naturaleza de la acción, explicó que el imputado policía cumplía un acto de servicio por la actitud de individuos que andaban por los techos de las viviendas a las dos y media de la mañana, de allí que concluyó que estar armado no resultaba demostrativo de ninguna peligrosidad (v. fs. 336 vta.).
En cuanto a la consideración de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que dicha norma obliga a tener en cuenta, estimó que -en el peor de los casos- Castañarez equivocó la selección de las conductas a seguir, pero ello no lo hace un sujeto peligroso. Luego, con relación a la calidad de las personas, razonó que el tribunal le reconoce al imputado una foja de servicios impecable, a diferencia de la actitud de la víctima desafiante a la ley y el orden, poniendo en peligro bienes jurídicos ajenos (v. fs. 336 vta. y 337).
Por último, destacó que en el pronunciamiento impugnado no se hizo mención alguna a la imputación a título de dolo eventual efectuada por esta Suprema Corte, lo cual -en su parecer- haría viable su planteo de nulidad del decisorio, y postuló que a su defendido se le imponga el mínimo de la escala penal (v. fs. 337 vta.).
II. El dictamen de la Procuración General propicia que esta Corte haga lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 358/361).
III. Disiento de ese parecer, pues -a mi juicio- el reclamo no procede.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar con relación a la solicitud de excusación efectuada por el recurrente como planteo previo (v. fs. 334 y vta.), que la misma resulta manifiestamente improcedente en tanto el presentante no hizo más que formular consideraciones genéricas al respecto, sin brindar ningún tipo de precisión que permitiese tener por acreditada alguna circunstancia que mereciese ser atrapada por la norma prevista en el art. 47 del Código Procesal Penal.
A todo evento, el supuesto denunciado no encaja en la previsión de la citada norma, pues en modo alguno esta Corte se ha expedido -como allí se afirma- "por los mismos motivos" comprendidos en el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley ahora sometidos a estudio.
III.2. En razón de la decisión de esta Corte del 29 de octubre de 2014 -causa P. 112.321-, por la que se resolvió hacer lugar al remedio deducido por el representante fiscal, casar la sentencia recurrida, reponer la calificación legal del hecho actuada en la sentencia de grado: delito de homicidio simple en carácter de "dolo eventual", y devolver los autos al tribunal intermedio a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento respecto de la pena a imponer al causante Castañarez tomando en consideración lo dispuesto, previo abordaje del planteo subsidiario de la defensa -ver fs. 67 vta.- que quedara desplazado en función de lo resuelto en el fallo revocado (v. fs. 189/200); reingresado el expediente a estudio del órgano casatorio, la Sala III dictó el 17 de mayo de 2018 la sentencia de la cual se da cuenta en los antecedentes (v. fs. 319/321 vta.).
En dicha oportunidad -con voto del juez Violini, que concitó la adhesión simple del doctor Borinsky- y con base en la escala penal que reputó firmemente establecida, a tenor de la subsunción legal actuada, procedió a determinar la nueva sanción a imponer (v. fs. 320).
Así, retomando los planteos de la defensa acerca del monto de pena impuesto en la sentencia de origen (v. fs. 67 vta./70 vta.) sostuvo, con relación a la ponderación como agravante de la calidad de funcionario público del imputado, que esta "...ostenta una fundamentación aparente [...] si sólo se afirma que ella está 'reñida con el hecho por él cometido'", más cuando el tribunal del juicio había desestimado la aplicación de la figura calificada (art. 80 inc. 9, Cód. Penal) "...al considerar que no se encontraba acreditado en autos la intención de prevalerse de la función en forma excesiva, indebida o injusta" (fs. 320). En el mismo sentido, añadió que de existir otras razones para sostener que la conducta resulta más grave porque fue cometida por un funcionario, aquellas no aparecían debidamente explicitadas en el veredicto, no correspondiendo a esa instancia revisora expedirse "...'completando' una motivación faltante" (fs. 320 vta.).
Continuó señalando, a mayor abundamiento, que la edad del acusado y su correcto desempeño en la institución durante muchos años otorgaban entidad a las dos pautas atenuantes valoradas (la ausencia de condenas penales y el buen concepto informado), a lo que adunó "...la evidente demora que insumió el trámite" por aplicación de la doctrina legal que emerge de los precedentes P. 110.833 y P. 113.790 de esta Corte, que adicionó como otra pauta aminorante de la pena a atender a favor del incurso (v. fs. cit.).
Por último, sostuvo que "...la única agravante subsistente (utilización de un arma de fuego) torna[ba] [...] excesiva la pena impuesta en origen, correspondiendo su readecuación" (v. fs. cit.). En suma, manteniendo las dos pautas atenuantes ponderadas por el juez de grado, añadiendo una nueva de igual cariz fruto del devenir procesal, obliterando una de las agravantes por las razones que expuso y revalorando la otra del mismo tenor ahora en cuanto utilización de un arma de fuego sin más, como dato objetivo de mayor peligrosidad (sin hincapié en esa ponderación basada en su uso frente a una persona desarmada, tal lo decidido en fallo de origen y que fuera objeto de reproche; v. fs. 70), dispuso fijar a Castañarez una pena de catorce años de prisión.
Frente a esta circunstancia la parte no demuestra que en la determinación de la nueva pena el a quo haya incumplido con las previsiones de los arts. 40 y 41 del Código Penal que denuncia infringidos.
Si bien la defensa había impugnado en el recurso de casación la valoración de la agravante del uso de arma de fuego en contra de una persona desarmada, fundado en que este solo podría tener virtualidad frente al conocimiento cierto de que Rojas lo estaba (v. fs. 66 y vta.), como quedó dicho, ahora esa pauta de mayor severidad se justificó en el dato objetivo de la mayor peligrosidad que importa su utilización en el hecho -conforme una de las alternativas propuestas por el fiscal, ver fs. 21-, sin que la recurrente haya enfocado su reclamo atendiendo este matiz diferencial. Media pues insuficiencia impugnativa (art. 495, CPP).
Por lo demás, el reclamo que ahora introduce acerca de la especial consideración como pauta atenuante que debió tener la concreción del hecho con dolo eventual, por ser el menos gravoso de los dolos posibles, no fue así postulado ante la casación cuando recurrió la sentencia de grado que también había dispuesto que el homicidio simple había sido perpetrado al menos con un dolo de esas características, siendo fruto de una reflexión tardía.
La referencia al excesivo monto de pena impuesto que también porta el recurso de la mano de la denuncia de violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, tampoco procede pues viene sin debida justificación, máxime cuando es sabido el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia que las pautas atenuantes y agravantes meritadas por el Tribunal habrían tenido sobre el quantum de la pena, no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 127.614, sent. de 28-XI-2018; P. 127.711, sent. de 28-XI-2018; P. 129.499, sent. de 29-VIII-2018; P. 126.117, sent. de 3-V-2018; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
Por ello, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia