Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129163
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.163, "Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 71.181, seguida a Vera Federico Andrés y Vera Gustavo Javier, del Tribunal de Casación, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de mayo de 2016, en lo que es de interés destacar, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa oficial del señor Gustavo Javier Vera contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que lo había condenado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo autor responsable del delito de homicidio simple agravado por su comisión con el empleo de arma de fuego (víctima Juan Pablo Manzur) en concurso real con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas también mediante arma de fuego (víctima Sergio Andrés Montero); y coautor responsable del delito de tentativa de homicidio simple agravado por su comisión con el empleo de arma de fuego (víctima Alejandro Emanuel Montero), en concurso real entre sí. En consecuencia, casó el fallo impugnado, absolvió a Gustavo Javier Vera por el referido ilícito que quedó en grado de conato y recalificó el hecho que terminó con la vida de Juan Manzur como homicidio culposo, por el cual responsabilizó al nombrado imputado a título de autor en concurso real con el delito de lesiones leves agravadas por su comisión con el empleo de arma de fuego, readecuando la pena en seis años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 41 bis, 45, 55, 84 y 89, Cód. Penal). Sin costas en esa instancia (v. fs. 99/113 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/131), que fue declarado admisible por el referido órgano sólo en cuanto al agravio fundado en la violación de la ley sustantiva (v. fs. 135/136 vta.). Presentada la queja pertinente (v. fs. 69/74 vta. de la causa P. 129.701-RQ que corre acollarada por cuerda a la presente), esta Corte le hizo lugar, concediendo el recurso fiscal incluso respecto de la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba (v. fs. 76/78 de la causa P. 129.701 cit.).
El señor Procurador General mantuvo el recurso fiscal y aconsejó que se lo declare procedente reimplantándose la calificación legal originaria (v. fs. 143/148). Dictada la providencia de autos (v. fs. 149) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El señor fiscal formula dos motivos de agravios para el conocimiento de este Tribunal.
I. Por el primero cuestiona que el órgano casatorio haya resuelto absolver al acusado Gustavo Javier Vera del delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego que damnificó a Alejandro Emanuel Montero (v. fs. 125/128 vta.).
Sostiene que el razonamiento plasmado en la sentencia de juicio que fundó la condena del nombrado en carácter de coautor, junto con su hermano Federico Andrés Vera, por considerarse probado que ambos habían actuado "...de forma mancomunada y mediando un mutuo de acuerdo", resulta acorde con las circunstancias probadas del caso; mientras que la decisión en contrario del tribunal revisor incurre en arbitrariedad, por inobservancia de las reglas atinentes a la autoría y participación, en tanto habría basado la absolución en una crítica parcial de los elementos de convicción ponderados en origen, prescindiendo de su necesario análisis global para dar por acreditada la intervención de Gustavo Javier Vera en el referido ilícito (v. fs. 125 vta.).
Con la aclaración de que no es motivo de discusión quién efectuó el disparo contra la víctima, sino "...el uso sucesivo y compartido que los hermanos Vera realizaran del arma de fuego, en el marco de un plan común de dar muerte a Alejandro", el recurrente detalla las circunstancias fácticas que estima reveladoras del dolo homicida de ambos hermanos, en consonancia con lo determinado en ese sentido por los jueces de grado (v. fs. 126 vta.).
Refiere así a la primera golpiza que Federico y Gustavo Vera propinasen a Alejandro E. Montero en horas más tempranas de ocurrido el hecho mientras se trasladaban en un transporte público; "...la presencia de ambos hermanos en la casa de Montoya armados con machetes"; "...la amenaza de muerte que le profiriera Gustavo Javier Vera antes de retirarse", que luego fue en búsqueda del arma de fuego de su propiedad, "...con la que, estando cargada, salieron frente al llamado a viva voz de los Montero, portándola [él] primero, para luego tomarla Federico"; con destaque de lo testimoniado al respecto por María Luján Guilmen, concubina del acusado (v. fs. 127 y vta.).
A criterio del señor fiscal, la secuencia fáctica detallada pone de manifiesto que ambos hermanos Vera tenían el codominio del hecho, en tanto sus aportes se conectan mediante la división de tareas, de consuno con esa decisión conjunta de cometer el hecho, y la doctrina de esta Corte que acompaña sobre la naturaleza de la coautoría funcional (v. fs. 127 vta. y 128).
Afirma por ello evidenciada la absurda valoración llevada a cabo por el a quo de la mecánica de intervención del acusado en el homicidio tentado, tanto desde la teoría del dominio del hecho, en infracción a lo normado por el art. 45 del Código Penal como en función de aquella realidad histórica que arriba firme, con particular resalto de "...la tenencia y utilización compartida del arma de fuego calibre 22 durante la ejecución del hecho" (fs. 128).
Señala, por último, que el déficit de fundamentación de este punto del fallo recurrido impide reputarlo un acto jurisdiccional válido, por lo que solicita que sea casado en el nivel correspondiente a la autoría y se declare que el señor Gustavo Javier Vera fue coejecutor de la tentativa de homicidio sufrida por Alejandro Emanuel Montero.
II. En segundo lugar, agravia a la fiscalía que la casación haya enmarcado la conducta infraccionaria atribuida al acusado por la muerte de Juan Pablo Manzur en el delito de homicidio culposo (art. 84, Cód. Penal), descartando la aplicación del tipo abarcado por el art. 79 del Código Penal citado (v. fs. 128 vta./130 vta.).
Con el señalamiento de que el asunto traído a conocimiento de esta Corte, consistente en determinar si la conducta del acusado involucró un obrar imprudente o doloso, importa dirimir una cuestión normativa, y por tanto propia de la competencia reglada de esta sede extraordinaria (v. fs. 129), el recurrente desarrolla su postura según la cual, Gustavo Javier Vera habría actuado con dolo eventual, toda vez que, en el marco de las mismas circunstancias de lugar en que resultó cometido el hecho anterior, arrebató a su hermano el arma de fuego y "disparó -a quemarropa-" contra Juan Pablo Manzur, quien se encontraba "...parad[o] a más de 50 cm de distancia de la boca del cañón, aceptando como posible el resultado muerte, [y] con absoluto dominio del hecho, acción[ó] la cola del disparador al menos una vez, impactándolo en la región abdominal, ocasionándole una lesión que derivó en su óbito a las pocas horas" (fs. 129 vta.).
Con esa base material, y las apreciaciones que formula sobre la caracterización del dolo eventual, el impugnante considera que el acusado creó con su conducta un riesgo concreto y próximo de afectación de la vida de la víctima que debe enmarcarse en la figura del art. 79 del Código Penal. Con lo cual, la arbitraria apreciación de los aspectos fácticos que en su decir fue efectuada en la sentencia recurrida, determinó que se aplicara erróneamente la ley sustantiva, respecto de la subsunción jurídica, por lo que solicita que se restablezca la definida por el tribunal de grado como homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego (v. fs. 130 vta.).
III. El señor Procurador General mantuvo el recurso y aconsejó que se haga lugar a lo pretendido por la fiscalía de reponer los términos de la condena originaria respecto del imputado Gustavo Javier Vera, temperamento que en parte comparto (v. fs. 143/148).
IV. El tribunal de juicio tuvo por acreditado que el 26 de octubre del año 2012, aproximadamente a las 22:30 hs., Federico Andrés Vera, "...actuando de consuno con otro sujeto de idéntico sexo que result[a] ser su hermano, [Gustavo Javier Vera], efectuó -al menos- un disparo con un arma de fuego calibre 22 contra la humanidad de Alejandro Emanuel Montero, con claras intenciones de causarle la muerte, impactándolo en región toraco-abdominal del lado izquierdo inferior, por el que estuvo en coma farmacológico con pronóstico reservado; no produciéndose el óbito por circunstancias ajenas a su voluntad, toda vez que el damnificado fue auxiliado por su hermano Sergio Andrés Montero, y por vecinos que se acercaron al lugar de los hechos, siendo trasladado a bordo de un rodado al Hospital Interzonal de Agudos Vicente López y Planes de Gral. Rodríguez, donde recibió inmediata atención médica" (fs. 13 y vta.).
Y que en ese mismo contexto de lugar, pero en un momento impreciso, posterior a que el nombrado Alejandro Montero fuese herido por el disparo de arma de fuego realizado por Federico Vera, su hermano Gustavo Javier Vera, "...le sacó [dicho] adminículo ofensivo,[...] y aceptando como posible la consumación del resultado muerte de Juan Pablo Manzur, efectuó -al menos- un disparo de arma de fuego; impactando a esta víctima en región peri umbilical; herida que derivó en su óbito con fecha 27/10/2012 a las 00:30 horas, por paro cardio respiratorio traumático, producido por shock hipovolémico irreversible a consecuencia de una injuria visceral y vascular, pese a recibir inmediata atención médica. Asimismo, en iguales circunstancias de lugar, pero instantes después de que Alejandro Emanuel Montero se desvaneciera y fuera trasladado por su hermano Sergio Andrés Montero hasta el portón de una casa vecina; [Gustavo Javier Vera] efectuó -al menos- dos disparos hacia la humanidad de Sergio, utilizando idéntica arma de fuego y con claras intenciones de lesionarlo, impactándolo en región inguinal y antebrazo izquierdo, heridas que fueron calificadas por el galeno de carácter leves", tramo este último de la imputación que llega indiscutido a esta sede (v. fs. 13/14).
En el entendimiento de los jueces que llevaron adelante el juicio, los hechos descriptos "...representan el colofón de una secuencia de agresiones ilegítimas iniciadas por los sujetos activos, en igual fecha pero en horas más tempranas -aproximadamente a las 21:00 horas-, ocasión en que éstos regresaban de José C. Paz junto a Alejandro Emanuel Montero y a Ulises Roberto Guilmen -con quienes habían estado comiendo y bebiendo, tal como habían acordado-, y lo hacían a bordo del colectivo de la línea 365, ya de regreso a sus respectivos domicilios [...] En un momento determinado durante el viaje en ómnibus, luego de una breve discusión entre [Federico Andrés Vera] y Alejandro Montero discusión que pasó a las manos, ambos sujetos activos le propinaron a esta víctima una golpiza, que cesó cuando se vieron obligados a bajar del colectivo. Volviendo al ruedo contra Alejandro momentos después, en que subieron nuevamente al colectivo en que viajaba esta víctima por la puerta trasera para seguir pegándole. Posteriormente, lo interceptaron cuando ya había descendido del rodado y se encontraba próximo a su domicilio, pero esta vez armados con machetes, momento en que [Gustavo Javier Vera] amenazó a Alejandro diciendo 'Más vale que no aparezcas por mi casa porque te voy a matar' (sic), deponiendo los sujetos activos su actitud, frente a la llegada de Mario José Montoya, quien portaba un rifle (de aire comprimido), en defensa de la víctima; quien convocó a su hermano Sergio, junto con el cual se dirigieron a la casa de los sujetos activos 'para pedir explicaciones y pelear mano a mano' (sic), quedando allí solos los dos, una vez en el lugar, sin arma alguna; donde transcurridos algunos minutos se desencadenó el fatal desenlace" (fs. 14 y vta. y fs. 28 vta./37).
El tribunal justificó el valor de cargo otorgado a los testimonios de Ulises Guilmen, Luisa Ríos, Ariel Yedro, Heleno Cuenca Báez, y especialmente lo declarado por María Lujan Guilmen acerca de lo sucedido en el interior del inmueble de los Vera (v. fs. 33 vta./36).
Luego, con la ponderación del actuar anterior y concomitante del acusado, como indicadores de un quehacer desplegado mancomunadamente con su hermano en pos del designio de terminar con la vida de Alejandro Montero, consideró indiferente si "...Javier le pasó el arma (conf. Alejandro) o Federico se la sacó (conf. Sergio)", entendiendo que "...lo verdaderamente relevante es el uso sucesivo y compartido que los hermanos encausados hicieron de dicho adminículo ofensivo en el marco del plan común de dar muerte a Alejandro, tal como amenazaron hacer, frente a Montoya, si el joven iba a su casa" (fs. 37).
Tuvo así por configurado un supuesto de coautoría funcional con apoyo en las definiciones expuestas en la causa de esta Corte P. 104.036, sentencia de 11-V-2011, que reitera la doctrina sentada sobre el punto en el precedente P. 82.042, sentencia de 30-III-2005 (v. fs. 47 vta. y 48).
Asimismo el tribunal resolvió que según las probanzas reunidas, Gustavo Javier Vera dio muerte a Juan Pablo Manzur, "...mediante disparo de arma de fuego calibre 22; que direccionó a la humanidad de la víctima, encontrándose ésta última parada a más de 50 cm de distancia de la boca del cañón; y aceptando como posible el resultado muerte, con absoluto dominio del hecho, accionó la cola del disparador al menos una vez, impactando en la región abdominal, ocasionándole una lesión que derivó en su óbito a las pocas horas (informe de autopsia de fs. 57/63), pese a haber recibido la correspondiente atención médica que -a la brevedad- resultó posible" (fs. 46).
Por tanto, concluyó que la conducta del acusado resultó típica del delito previsto en el art. 79 del Código Penal, por haber generado el peligro concreto (y no remoto o impreciso) de que se produjera el resultado desvalorado por dicha norma, conforme la postura mayoritaria que invocó de la expresada a ese respecto en el precedente de esta Corte P. 90.724, sentencia de 20-XII-2006 (v. fs. 46 y vta.).
V. La competencia del Tribunal de Casación resultó abierta por el recurso de la defensa de los hermanos Vera, que, en cuanto resulta de interés, abogó por la absolución de Gustavo Javier respecto de los ilícitos que son aquí motivo de controversia merced a las objeciones que formuló en materia probatoria; en subsidio, pidió que la actuación de su defendido fuese considerada justificada al amparo de la causal de la legítima defensa; y la inaplicación a la figura del homicidio de la agravante genérica prevista en el art. 41 bis del Código Penal (v. fs. 57/75).
Mediante el voto del juez Kohan, que obtuvo la adhesión simple del doctor Natiello, el órgano revisor decidió apartarse de los términos de la condena originaria puestos en discusión.
Por un lado, juzgó que no estaba probada la coautoría atribuida de la tentativa de homicidio de Alejandro Montero. Sin poner en tela de juicio los hechos probados en el juicio -el antecedente de la pelea; la amenaza proferida por los hermanos Vera; la existencia del arma calibre 22 y su uso compartido por ambos encausados- les negó eficiencia para responsabilizar a Gustavo Vera por dicho ilícito, en el entendimiento de que el accionar contra la víctima había sido llevado a cabo "exclusivamente" por su hermano Federico (v. fs. 102).
Apreció que durante el debate Alejandro y Sergio Montero habían sindicado a Federico como quien disparó el arma contra el primero de ellos; lo cual, en el decir del a quo , impedía pensar "...en una coautoría paralela o funcional, aún cuando hubiera mediado un uso compartido del arma de fuego" (fs. cit. vta.).
Sostuvo, por tanto, que Gustavo Vera fue ajeno a la tentativa de homicidio, y que la conducta desplegada con antelación "...no llegó al umbral de una incentivación al homicidio y que tampoco resultó típicamente relevante para responsabilizarlo por el hecho [...] desde que no fue el autor del disparo y, naturalmente no tuvo el dominio fáctico" (fs. ídem ).
En lo atinente al homicidio de Pablo Manzur, el Tribunal de Casación examinó y ratificó el valor de cargo de la prueba con que su antecesor justificara la autoría de Gustavo Vera; aunque dio razón a la defensa en que la decisión originaria de subsumir su conducta en las previsiones del art. 79 del Código Penal carecía de la fundamentación necesaria para validarla.
Argumentó a ese respecto que la plataforma fáctica descripta por la sentencia de juicio parecía responsabilizar al acusado por un obrar doloso a título de dolo eventual, ya que puso de relieve que había accionado el arma aceptando como posible el resultado muerte, aunque sin mayores precisiones desde que no pudo identificarse el momento de efectuado el disparo; pero luego, al tratar la calificación legal, a la aceptación de esa posibilidad sumó la conclusión de que Vera había disparado "...con absoluto dominio del hecho", lo que emparentaría su obrar más con "...un dolo directo que eventual, siendo que además la fundamentación respecto al tipo subjetivo fue ínfima" (fs. 105 vta.).
Resaltó asimismo la ausencia de datos para avalar el dolo afirmado, ya que ninguna otra especificación contenía el fallo acerca del sitio que ocupase Manzur en el escenario de los hechos, al que había llegado casualmente; ni respecto de cuanto del alambrado de la casa de los acusados se hallaba por entonces cubierto con la media sombra allí existente; además de advertir que no cabía equiparar la situación a la examinada en el invocado precedente P. 90.724 de esta Corte, en el cual, sin duda alguna el disparo de arma de fuego había sido "...inequívocamente dirigido a quien luego fuera la víctima", certeza que no concurría en el caso (v. fs. 106 vta.).
En resumen, en el razonamiento del revisor, siendo que el órgano de juicio había establecido que "...el ataque de los Vera fue dirigido exclusivamente contra los Montero, que Manzur se hallaba de casualidad en el lugar de los sucesos, que había una media sombra, que en el único lugar donde se podía tener contacto visual era el portón de entrada al lote donde se hallaban Alejandro y Sergio Montero, que luego del ataque a Alejandro lo acontecido sucedió sin solución de continuidad, que las lesiones a las víctimas se dieron en la primera salida de los Vera, que los gritos que se escucharon como los presuntos cascotazos se generaron ya consumados los hechos ilícitos", en modo alguno esa serie de circunstancias lograban explicar que el sindicado se hubiese representado la posibilidad, y mucho menos aceptado el resultado fatal finalmente producido (v. fs. 106 vta. y 107).
De allí que, para el tribunal intermedio, "...ante un caso con una situación probatoria poco clara, como lo fue el presente, se debe dejar de lado la figura dolosa e inclinarse por la imprudente de conformidad con el 'in dubio pro reo'" (fs. 107 vta. y 108), lo que determinaba a la vez, la no aplicación de la agravante del art. 41 bis del Código sustantivo, sin que en ese contexto, esta última decisión haya merecido objeción alguna en la impugnación que aquí se examina (v. fs. 112 vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.