Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal. En consecuencia, se casa parcialmente la sentencia recurrida a partir del nivel correspondiente a la calificación legal; y se remiten los autos al tribunal intermedio para que -debidamente integrado- se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.683, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 78.765 seguida a B., N. S. -Sala II-".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de septiembre de 2017, casó parcialmente la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca que había declarado a S. N. B. como coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple, condenándolo a la pena de cinco años y seis meses de prisión además de disponerse, por unanimidad, que continuase con la medida cautelar de arresto domiciliario oportunamente dictada. En consecuencia, computó en calidad de atenuante de pena, "la situación de vulnerabilidad familiar que padeció el joven durante su infancia" y excluyó la circunstancia agravante ponderada con fundamento en "el vínculo existente entre el acusado y la víctima que excedía la mera relación de vecindad", en virtud de ello, de la valoración de las demás pautas meritadas y del contacto directo mantenido con el joven B., estimó ajusto adecuar la sanción en cinco años de prisión, manteniendo incólumes las restantes declaraciones del fallo recurrido (v. fs. 101/130).
El señor Fiscal ante esa instancia intermedia articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 134/141), el que fue concedido por el a quo (v. fs. 152/154).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 159/161 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 164) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Fiscal denunció que el Tribunal de Casación, al confirmar la calificación legal de homicidio simple asignada en la instancia de juicio a los hechos tenidos por probados, aplicó erróneamente el art. 79 del Código Penal y prescindió arbitrariamente de subsumir la plataforma acreditada, en la figura delictiva pretendida por ese Ministerio Público de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas -art. 80 inc. 6 del citado texto legal-.
En coincidencia con lo apuntado en la instancia de juicio acerca de la necesidad de acudir a las circunstancias motivadoras que concluyeron con la muerte de Juan Carlos González, a fin de alcanzar una comprensión adecuada de la materialidad ilícita, recreó tales descripciones conforme las cuales, "...el día 23 de mayo de 2015, a las 21.30 horas en la localidad de Monte Hermoso, fue hallado el cuerpo sin vida de una joven que se encontraba desaparecida y que generara una gran conmoción social. Un grupo de personas que se encontraban en el lugar, motivadas por la trágica situación e incitados por el tío de la joven al grito de 'matemos al viejo', se dirigieron a la casa de Juan Carlos González (alias 'Canini'), quien era sindicado por el grupo de personas como el autor del homicidio. En momentos en que González se retiraba del interior de su vivienda junto a su hermano y se disponía a subir del lado del acompañante a un automóvil marca Bora para retirarse del lugar, fue interceptado por los manifestantes de manera violenta comenzando a agredirlo. Encontrándose ya en el interior del vehículo fue retirado a la fuerza por el lado del conductor, quedando tendido sobre el piso en el sector de la calle. En dichas circunstancias un grupo de aproximadamente 10 o 12 personas, entre ellas un sujeto menor de edad, comenzaron a propinarle golpes de puño y patadas en la cabeza de manera repetitiva e incesante, manifestando 'hay que matar al viejo', 'viejo violín', hay que cortarle la ch...', bajándole los pantalones y su ropa interior quedando sus genitales al descubierto. Pasados unos minutos y mientras que persistían los golpes, se hizo presente la ambulancia del Hospital Municipal, obstruyendo los agresores el normal desarrollo de la atención médica, continuando el acometimiento violento aun cuando la víctima era subida en la camilla de la ambulancia. Los disturbios siguieron en la puerta del Hospital reclamando la entrega de González, quien a los pocos minutos de su arribo falleció a causa de los golpes recibidos en su cabeza" (fs. 136 vta. y 137).
En función de su interpretación de los hechos narrados, el recurrente centró su objeción al juicio de subsunción efectuado, en la que consideró una errónea construcción de la convicción del juzgador sobre la inexistencia del elemento subjetivo de la calificante reclamada, a tenor de que esta Corte sostuviera en el precedente P. 114.076, que la premeditación por ella exigida puede surgir de manera súbita e implícita en momentos previos o concomitantes a la comisión del hecho, lo que entendió acaecido en el caso, toda vez que la propia sentencia de casación reconoce, a fs. 121 vta., que "...la muerte fue consecuencia del concierto de voluntades de varias personas que están de acuerdo (al menos implícitamente) en su producción" (fs. 138 y vta.).
En esa línea afirmó que para la configuración del mentado elemento subjetivo "...no es necesario que el acuerdo para matar en concurso haya sido objeto de una o más prolongada deliberación; es suficiente que con el acuerdo se haya llevado a cabo una confabulación para realizar el hecho, aun inmediatamente antes de cometerlo, lo que importa decir que es necesario que los agentes hayan convenido matar en concurso, esto es con la convergencia intencional de los unos respecto de acción de los otros, lo cual en el caso ha quedado debidamente acreditado", pues la misma sentencia tuvo por probado y afirmó que "...Alexis Banegas es la persona que expresaba a viva voz, ante el hallazgo del cuerpo sin vida de su sobrina: ahora sí, a prender fuego y matar a todos" (fs. 138 vta.).
Aseguró por ello, que lo sostenido por la casación de que "...todos realizaron la totalidad de la acción típica" no se corresponde con el plexo probatorio reunido en la causa; y que, por el contrario, según el informe de autopsia, la entidad, magnitud y reiteración de golpes en el cráneo fue lo que terminó ocasionando la muerte, esto es, "...lo mataron entre todos, tal como lo habían previsto", de modo que "...no hubo una lesión mortal, fue la acción conjunta de todas las lesiones constatadas las que provocaron el resultado muerte" (fs. 139).
De allí que, a su criterio, probado está que los intervinientes querían matar a Juan Carlos González y lo hicieron "...a golpes entre todos, colocándolo en un absoluto estado de indefensión, tal como lo prevé la calificante del inciso 6 del artículo 80 del CP" (fs. 140). Por esas razones, y las demás vertidas para sostener que en el caso nadie actuó ocasionalmente o accidentalmente, sino que todos los agresores participaron consintiendo la acción agresora del otro; y que prueba de ello es que "...si para alguno la brutalidad y ferocidad del ataque hubiere resultado sorpresivo, hubieran desistido o cesado en su accionar. Sin embargo, ocurrió lo contrario, con la víctima ya inconsciente -agonizando- tirada en el piso y con tres policías que intentaban evitar la continuación de la golpiza, continuaron golpeándolo", el recurrente entendió justificada la agravante pretendida, por cuanto "...todos los imputados tenían pleno conocimiento y voluntad de que el homicidio se concretase por más de dos personas circunstancia que garantizaba más el éxito del ataque, ante el mayor grado de indefensión de la víctima" (fs. cit. vta.).
II. Tales fundamentos fueron revalidados por la Procuración General que en su dictamen mantuvo el recurso fiscal y aconsejó su procedencia en razón de considerar que la sentencia de casación no resulta derivación razonada de las circunstancias de la causa; pues aunque juzgó abastecido el elemento objetivo de la calificante pedida por esa parte, desechó que concurriera el restante de naturaleza subjetiva, siendo que la convocatoria expresa de Alexis Banegas para dar muerte a Juan Carlos González fue admitida por el revisor, no obstante luego aseverar, sin apoyo en constancia alguna y apartándose del más elemental sentido común, que ello no implicaba una ejecución conjurada, "...sino, más bien, la asistencia fortuita de actos análogos y afines"; razonamiento que en el decir del señor Subprocurador General, importó negar el modo concomitante en que las acciones fueron realizadas en función de la confluencia de voluntades claramente dirigida a dar muerte mediante esa ejecución común, a quien se señalaba como posible autor de los delitos cometidos contra la joven M., de consuno con la descripción de la materialidad ilícita que llega firme a esta sede (v. fs. 160 vta.).
III. En sintonía con lo así razonado por el señor Subprocurador General, entiendo que la impugnación del representante público fiscal debe prosperar conforme lo que sigue.
La competencia casatoria resultó abierta por los recursos deducidos por la defensa del menor S. N. B. y la fiscal interviniente: el primero con la formulación de agravios vinculados con la valoración probatoria, el cambio de calificación jurídica en las previsiones del art. 95 del Código Penal, la postulada innecesaridad de imponer pena y su absolución, el cómputo de pautas atenuantes y la exclusión de las agravantes que cuestionó, además de reclamar la fijación de una pena por debajo del mínimo legal que habilitara su cumplimiento condicional (v. fs. 54/75 vta.). Mientras que la parte acusadora cuestionó las decisiones de rechazar la tipificación del hecho en el art. 80 inc. 6 del Código citado y el cómputo solicitado en calidad de severizantes de las pautas vinculadas con las características violentas del hecho, la falta de motivación absoluta e injustificada del accionar del imputado y su actitud posterior impidiendo la asistencia médica de la víctima por entonces aún con vida (v. fs. 28/46 del leg. agregado n° 78.768).
Los planteos fueron desestimados por el órgano revisor con excepción de las peticiones de la defensa de incorporar como factor diminuente, "la situación de vulnerabilidad familiar que padeció el joven durante su infancia", y excluir a título de agravante, la fundada en "el vínculo existente entre el acusado y la víctima que excedía la mera relación de vecindad", a las que hizo lugar en decisiones que permanecen enhiestas, pues no formaron parte de la impugnación fiscal ante esta sede extraordinaria, que, como quedara dicho, se encuentra ceñida a la significación legal de los hechos tenidos por acreditados.
A ese respecto, coincido con el recurrente en que el temperamento adoptado por la casación se estructura a partir de una apreciación arbitraria de la base fáctica comprobada que derivó en la aplicación errónea de la ley sustantiva.
Tras haber definido los aspectos objetivo y subjetivo propios de la figura del art. 80 inc. 6 del Código Penal, en particular lo que fue precisado sobre este último componente a fs. 127 de la sentencia recurrida, el a quo concluyó que en la especie no se había logrado acreditar un designio criminoso previamente acordado que permitiera afirmar la premeditación de los intervinientes para cometer "en concurso el hecho", con el agregado dogmáticamente expresado a fs. 127 de que "...la convocatoria extensiva del tío de la joven M. no implica la ejecución del hecho conjurada sino, más bien, la asistencia fortuita de actos análogos y afines".
Ahora bien, más allá de que esa interpretación de los hechos juzgados no aparece justificada a través de un análisis concreto de las constancias objetivas del caso, tampoco explica el revisor cómo podría sostener válidamente aquella conclusión, cuando al examinar con anterioridad el recurso de la defensa, para descartar el encuadre solicitado de homicidio en ocasión de riña, determinó contrariamente a lo expresado con relación al agravio fiscal, que la muerte de Juan Carlos González había sido "...consecuencia del concierto de voluntades de varias personas que están de acuerdo (al menos implícitamente) en su producción" (fs. 121 vta.).
De manera que el sustento de lo decidido sobre la calificación legal reclamada por la fiscalía resulta aparente y nada más trasunta la sola voluntad de los jueces de aplicar la ley penal con apoyo en apreciaciones abstractas y contradichas, desprovistas de todo anclaje en las circunstancias específicas del caso que fueron sometidas a su examen a través del recurso fiscal.
En consecuencia, el acto jurisdiccional impugnado padece de arbitrariedad pues no satisface la exigencia constitucional de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos probados de la causa (conf. CSJN Fallos: 297:100; 311:948 y 2402; P. 121.318, sent. de 9-XII-2015 y P. 117.708, sent. de 4-XI-2015, entre otras tantas).
Por consiguiente, sin abrir juicio sobre lo que pueda resolverse sobre el fondo del asunto, corresponde hacer lugar al recurso y casar la sentencia recurrida en el nivel de la calificación legal para que por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva ajustada a derecho, a partir de la valoración de los agravios que la fiscalía sometió a la apreciación de esa instancia revisora respecto de dicho extremo de la imputación (art. 496, CPP).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se hace lugar al recurso extraordinario deducido por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal. En consecuencia, se casa parcialmente la sentencia recurrida a partir del nivel correspondiente a la calificación legal; y se remiten los autos al tribunal intermedio para que -debidamente integrado- se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia