Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130702
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan , Soria , Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.702, "Galiano, Gustavo Alejandro y González Bascuñan, Pedro Andrés s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 74.595 y su acumulada 80.447 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 4 de abril de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la defensa oficial de Gustavo Alejandro Galiano, con efecto extensivo al coimputado Pedro González Bascuñán, contra el fallo del 14 de octubre de 2015 del Tribunal en lo Criminal n° 5 de Lomas de Zamora, que había condenado al nombrado Galiano a la pena de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada (hecho I, víctima Mario Herrera), en concurso real con tentativa de homicidio y robo calificado por el uso de arma (hecho II, víctimas Juan Francisco Lizuain, Leandro Carlos Brandoni, Pablo Daniel Grillo y la menor L. A. P.) y en carácter de autor del de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (hecho III); y al referido González Bascuñán, a la pena de tres años en suspenso, con costas, como autor del delito de robo calificado por su comisión con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada (hecho I).
En consecuencia, el órgano revisor casó el pronunciamiento por violación de los arts. 106 y 210 del Código Procesal Penal respecto del mentado hecho I; y por errónea aplicación del art. 42 con relación al art. 166 inc. 2 -segundo y tercer párrafos- e inobservancia del art. 166 incs. 1 y 2 -segundo párrafo-, todos del Código Penal, en cuanto al hecho II; a resultas de ello, dispuso la absolución de los acusados por no haberse acreditado su participación en el ilícito individualizado con el numeral I; y por otra parte, condenó a Gustavo Alejandro Galiano, de conformidad con las pautas atenuantes y agravantes que consideró firmes, como coautor de los delitos de robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego y por haber causado lesiones gravísimas (hecho II) y autor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (hecho III), en concurso material entre sí, a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas (causa principal 74.596; arts. 1 y 18, Const. nac.; 10, 15, 168 y 171, Const. prov.; 40, 41, 45, 55, 166 incs. 1 y 2 –párr. segundo-, 189 bis inc. 2 y concs., Cód. Penal; 1, 106, 209, 210, 371, 373, 374, 375, 430, 448, 530, 531 y concs., CPP).
El mismo fallo del Tribunal de Casación Penal rechazó el remedio deducido por la defensa oficial de González Bascuñán contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que el día 30 de agosto de 2016 lo había condenado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable de los delitos de robo doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y haber causado lesiones gravísimas (hecho II, víctimas Juan Francisco Lizuain, Leandro Carlos Brandoni, Pablo Daniel Grillo y la menor L. A. P., legajo 80.447) y a la pena única de doce años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y la de tres años de prisión impuesta en suspenso en la citada causa 74.596 por el hecho I. En atención a la decisión absolutoria que respecto del último ilícito benefició al nombrado González Bascuñán por aplicación de lo normado en el art. 430 del Código Procesal Penal, el a quo dejó sin efecto la pena única determinada, manteniendo incólume el fallo en sus restantes contenidos.
Contra lo así resuelto, la señora defensora oficial adjunta ante el órgano casatorio, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 119/152), que fue declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 153/158). La queja deducida fue desestimada por esta Corte mediante resolución del 19 de septiembre de 2018 (v. fs. 144/147, legajo P. 130.457, que corre agregado por cuerda).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 182/188), dictada la providencia de autos (v. fs. 189) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Atento el marco en que quedó habilitada la competencia de esta Corte, corresponde el tratamiento únicamente del planteo que la señora defensora oficial fundó en la denuncia de "...desnaturalización de la tarea revisora de la sentencia de condena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP)" (fs. 125 vta./148 vta.).
En primer lugar, le causa agravio que el Tribunal de Casación, luego de absolver a Gustavo A. Galiano por el hecho I (causa 74.596), haya considerado abstracto referirse a los demás reclamos postulados con relación a dicho ilícito. Aduce que de esa forma no fueron analizadas las críticas vinculadas con la determinación de la pena que esa parte introdujera en el memorial de fs. 79/81 vta.
Asegura luego que el deber de examinar a cabalidad la sentencia de condena resultó también incumplido con las respuestas brindadas a los cuestionamientos formulados al material probatorio empleado para tener por acreditada la autoría del imputado Galiano en el hecho identificado con el número II. Entiende que el nombrado fue privado de obtener el "doble conforme" de su condena, ya que el órgano casatorio se valió de afirmaciones dogmáticas para mantener el juicio crítico de las probanzas computadas en origen, sin efectuar "...una compulsa propia de la totalidad de las constancias de la causa" que justificase su convicción certera de convalidar lo resuelto (v. fs. 137 vta.).
Por último, afirma que "...la desnaturalización de la tarea garantizadora de la inexistencia de errores en la jurisdicción" surge más palmaria en el análisis del recurso de casación deducido en favor de González Bascuñán que originó la causa acumulada 80.447 (v. fs. íd.).
Tras referirse a las contingencias procesales que determinaron la escisión de los juicios sustanciados respecto de ambos encartados, hace alusión a supuestas diferencias entre declaraciones testimoniales ponderadas en una y otra sentencia que habrían sido desatendidas por el a quo , al limitarse a subsanar las existentes respecto de la calificación atribuida al hecho, sin tampoco controlar las pautas dosificadoras de la pena meritadas en cada causa seguida a los enjuiciados, a fin de resguardar el debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley.
Ello en el entendimiento de que la atenuante basada en el alto grado de vulnerabilidad social que se tuvo por acreditada y valorada respecto de González Bascuñán debió también serlo para Galiano y que, de igual forma, debieron ponerse en pie de igualdad las agravantes computadas en las sentencias dictadas respecto de cada uno de ellos (v. fs. 146/147 vta.).
Por todo lo expuesto, la señora defensora oficial concluye que el pronunciamiento que impugna se apartó de los lineamientos fijados por la Corte federal a partir del fallo "Casal" (328:3399), sobre la amplitud con que debe examinarse la sentencia de condena y de la doctrina de igual tenor elaborada por este Tribunal en los fallos que cita.
II. En igual dirección a la propiciada por el dictamen de la Procuración General, considero que la impugnación debe ser rechazada (v. fs. 182/188).
II.1. En lo que atañe a la situación del imputado Galiano, la señora defensora oficial fundó su recurso de casación en los cuestionamientos que le merecía la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de Lomas de Zamora con relación a los ilícitos identificados con los números I y II, abogando por la absolución de su defendido, y, en subsidio, por el cambio de calificación legal en los términos que precisó.
El tribunal intermedio coincidió en la solución absolutoria reclamada únicamente respecto del hecho primero, pues descartó la existencia de vicio valorativo alguno con entidad para conmover el razonamiento seguido por el tribunal de juicio a fin de tener por comprobada la materialidad ilícita y la participación endilgada al acusado en el hecho numerado como II, si bien mutó su significación jurídica por la de robo doblemente calificado por su comisión con armas de fuego y haber causado lesiones gravísimas, manteniendo su concurrencia real con el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, sobre el cual no fue desarrollada objeción alguna (v. fs. 94 vta./101 vta.).
El examen que realizó el a quo de la condena, en el marco de los agravios llevados oportunamente para su consideración, en modo alguno refleja el incumplimiento de los estándares emergentes del precedente "Casal" y de la normativa cuya transgresión es invocada por la recurrente, para quien esa fiscalización debió abarcar "...la totalidad de las constancias de la causa", sin atender que lo que la doble instancia impone es abordar los planteos formulados en el recurso de casación, lo que así se hizo (cfr. causa P. 129.453, sent. de 26-XII-2018).
En ese contexto, es de toda evidencia que la sentencia revisora apreció que el motivo que determinaba la absolución propuesta de ambos acusados con relación al hecho I tornaba abstracto efectuar toda otra apreciación acerca de los restantes reclamos propuestos a su conocimiento respecto de ese mismo acontecer ilícito (v. fs. 97 vta.).
De modo que no se compadece con esa decisión del órgano casatorio y la de fijar la pena para el nuevo marco incriminatorio, conforme "...las pautas atenuantes y agravantes que han quedado firmes" (fs. 102), lo afirmado infundadamente por la defensa de que esa declaración sobre la innecesariedad de tratamiento habría estado también referida a los planteamientos que contra lo fallado respecto de ambos hechos en materia de atenuantes y agravantes fueron introducidos recién en la memoria que faculta el art. 458 del Código Procesal Penal y, por tanto, como bien se señala a fs. 185 del dictamen de la Procuración General, "...la posibilidad de abordarlos [...] est[aba] subordinada a un juicio de pertinencia del tribunal, cuyo resultado negativo puede ser inferido claramente en autos (arts. 434, 435, 451 y ccs., CPP)".
En sintonía con ello, esta Corte tiene dicho que el último párrafo del apartado 4 del art. 451 del Código Procesal Penal marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos. Las posteriores ocasiones procesales (como la mentada audiencia prevista en el art. 458 citado) están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación Penal debe ejercer su tarea revisora.
De lo resuelto en el precedente "Casal", que la parte trae en sostén de su reclamo, no surge que se hayan derogado -aún de manera implícita- las normas adjetivas que reglamentan la oportunidad procesal para introducir los agravios ante las instancias revisoras y al fijar la doctrina de la capacidad de revisión o del máximo rendimiento lo hizo en función de la profundidad de la revisión, mas no respecto de la extensión de los agravios llevados obligando a los tribunales intermedios a revisar aspectos consentidos por las partes o remediando -fuera de los supuestos de indefensión del imputado- las omisiones de estas.
Es decir que, vencido el plazo de interposición, cualquiera de las demás intervenciones de las partes ante dicho órgano jurisdiccional solo pueden estar dirigidas a enriquecer los originales agravios expuestos en el recurso, mas no pueden incorporarse cuestiones nuevas, ajenas a aquel (conf. doctr. causas P. 122.136, sent. de 2-IX-2015; P. 125.889, sent. de 14-IX-2016; P. 126.456, sent. de 23-XI-2016; P. 122.438, sent. de 12-IV-2017; P. 126.413, sent. de 23-IV-2017 y P. 125.181, sent. de 20-IX-2017).
Por otra parte, el Tribunal de Casación se ocupó de las críticas expuestas por la defensa en orden a la prueba de la autoría de Galiano en el hecho II, dando respuestas fundadas para su desestimación, a partir de recrear la materialidad ilícita que le llegaba indiscutida, conforme la cual "...el 4 de junio de 2014, aproximadamente a la hora 17, en cercanías de la intersección de las calles Warnes y Lomas Valentina de la localidad de Villa Diamante [...], cuatro sujetos de sexo masculino coactuando al efecto interceptaron el automóvil [...] conducido por su propietario Juan Francisco Lisuain acompañado por Leandro Carlos Brandoni y Pablo Daniel Grillo, con el objeto de apoderarse ilegítimamente del rodado y bienes personales de los nombrados; con dicho objeto, al menos uno de ellos se colocó delante del vehículo exhibiendo un arma de fuego tipo revólver para inmediatamente después, debiendo necesariamente representarse que con ello podría herir o matar ya sea a los ocupantes del rodado o a cualquier transeúnte que se hallaba en cercanías, producir un disparo en dirección al auto, que impactó en la cabeza de L. A. P., de cinco años de edad, quien caminaba junto a sus hermanos por la calle Warnes, que le provocó una enfermedad cierta o probablemente incurable. Inmediatamente después, y lograda de esa forma la detención del vehículo, el grupo mediante violencia obligó a salir a sus ocupantes del interior, para apoderarse ilegítimamente tanto del rodado como de objetos personales de las víctimas" (fs. 97 vta. y 98).
Con la precisión de que en el caso la defensa no había logrado invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos, en tanto no había demostrado su contradicción con las reglas de la lógica y las que rigen el recto entendimiento humano, como que la prueba indiciaria debe valorarse en forma conjunta, desechó la concurrencia de defecto alguno en la conclusión de la participación que le cupo a Galiano en el suceso antes descripto.
Destacó que el sentenciante había dado razón para sostener la credibilidad de los testimonios evaluados negativamente por la parte; en particular, que los damnificados -cuyas manifestaciones no habían sido tenidas por interesadas- habían brindado un relato claro y preciso de lo acaecido, que aparecía complementado con la restante prueba producida en juicio e incorporada por su lectura (v. fs. 99).
Al respecto recordó que el hermano de la niña víctima, Nahuel Britez, en su condición de testigo presencial del hecho había declarado "...haber visto el abordaje del vehículo [...] dando ciertas características de los sujetos que así lo hicieron, indicando asimismo conocer de vista del barrio a la mayoría, porque 'siempre robaban' al frente de su casa, habiéndose desarrollado este hecho en las proximidades de la misma -cuatro o cinco cuadras-"; que una de las personas era Gustavo Galiano, tal como reconoció en el debate, "...de quien especificó dónde y con quién vivía, y señaló que lo vio abrir la puerta del auto del conductor, y que en el hecho vio un arma [...] que ese mismo día, previo al hecho, los vio a los mismos sujetos intentando robar un auto", siendo "común" que así lo hicieran en esa zona, datos a cuyo respecto se manifestaron de modo concordante las personas damnificadas Lizuain, Brandoni y Grillo, como el personal policial que trabajaba en el lugar (v. fs. 98 y vta.).
Que por su lado, el agente policial Torres encargado de realizar la investigación, a partir de los datos aportados por Brítez procedió a la detención de Galiano, en cuyo domicilio se incautó un arma de fuego que fue identificada por Lizuain como "...la empleada al interceptarlo y que fue disparada en su dirección"; siendo que a su respecto Brandoni dijo en el debate que era muy parecida a la utilizada en el hecho (v. fs. íd.); mientras que el funcionario de la policía Urquiza -que persiguió y aprehendió a Galiano a bordo del vehículo cuya sustracción fuese motivo de examen como hecho I- había manifestado que aquel era parte de "...la misma gente que cometió el hecho de la nena", lo que surgía del cruzamiento de información con el personal policial de Villa Diamante (v. fs. 99).
Por todo ello estimó que no hacía mella en el parecer convictivo alcanzado en origen sobre la intervención de Galiano, la circunstancia de que no hubiese sido individualizado como quien efectuara el disparo que provocó las lesiones a la niña, más allá de la incidencia que le asignó para redefinir el encuadre legal del evento -al cual tuvo por constitutivo del delito de robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego y haber causado lesiones gravísimas-; ni tampoco la falta de un reconocimiento en rueda de personas, pues "...por fuera que -oportunamente- su concreción podía haber sido propuesta por la entonces defensa técnica, tampoco resulta efectivo en pos de sostener la ajenidad en el hecho, en el marco probatorio ya indicado" (fs. 100).
Con lo cual, para el tribunal a quo las alegaciones de la defensa no lograban demostrar vicio lógico alguno en el razonamiento atacado, siendo por ello inidóneas para alterar la convicción sincera alcanzada por el órgano de grado respecto del hecho II, materia de debate y condena. Merced a las fundamentaciones que expuso, llegó a igual conclusión respecto de la impugnación articulada respecto del mismo ilícito por la señora defensora oficial del imputado González Bascuñan contra la condena pronunciada a su respecto por el Tribunal n° 2 departamental, en la causa acumulada 80.447.
Según palabras de esta Corte, "...la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento a la que debe llevarse la tarea revisora a fin de garantizar la amplitud establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente 'Casal' (Fallos 328:3399) y posibilitar la realización de un examen integral de la decisión recurrida en cumplimiento del derecho al recurso consagrado en los arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDC y P (conf. P. 71.958, sent. del 23/4/2008), 'no implica que el revisor «re evalúe» las pruebas practicadas en presencia del tribunal de primera instancia, porque solo a éste corresponde esa función valorativa (argumento del art. 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos)', aunque si debe verificar que, efectivamente, el tribunal de grado haya contado con suficiente prueba sobre los hechos relevantes para dictar su condena, como así también que la prueba haya sido lograda sin quebrantar derechos o garantías fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción" (causa P. 125.444, sent. de 4-VIII-2016).
Frente a las respuestas dadas por el tribunal del recurso a los asuntos propuestos para su estudio, no demuestra la parte que la revisión emprendida haya importado un menoscabo de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni que hubiese afectado el debido proceso y la defensa en juicio de los acusados, pues insiste en su tesis errónea ya referida de exigir a la instancia revisora una compulsa "...de la totalidad de las actuaciones", sin evidenciar que las cuestiones probatorias sometidas a su escrutinio no hubiesen sido motivo de tratamiento y fundada desestimación (art. 495, CPP).
Si se entendiera que la parte procuró asimismo refutar la valoración efectuada respecto de cuesti
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