Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131393
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.393 "V., D. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 81.874 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 30 de agosto de 2017, rechazó el remedio de la especialidad deducido contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 de Morón que había condenado a D. E. V. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual cometido contra una menor agravado por la convivencia preexistente (dos hechos), abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra una menor agravado por la convivencia preexistente (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por ser contra una menor de edad aprovechando la convivencia preexistente y corrupción de menores agravada por la convivencia preexistente, todos en concurso ideal entre sí (v. fs. 81/92 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia -doctor José María Hernández- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/121 vta.), el que fue concedido por el órgano casatorio merced la resolución obrante a fs. 124/128.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 141/147), dictada la providencia de autos a fs. 148, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor defensor oficial adjunto planteó -en el carril extraordinario deducido- la infracción al derecho de defensa en juicio y reformatio in peius (v. fs. 117 vta.).
Denunció que el a quo resolvió más allá de lo reclamado en el recurso que abriera su jurisdicción, "...pues debía analizar si el Tribunal de la sentencia había fundado adecuadamente la presencia en el caso de los elementos típicos de la figura prevista en el art. 125 del CP" (fs. cit.).
Luego de afirmar que el sentenciante de mérito acreditó la presencia del elemento objetivo de la figura penal, sostuvo que el órgano intermedio pasó a dar sus propios fundamentos en base a los cuales entendió que también estaba probado el aspecto subjetivo que reclama el delito de corrupción de menores, pasando por alto que el núcleo del reclamo se centraba en que en la sentencia de grado nada se dijo sobre ese extremo (v. fs. 117 vta. y 118).
Indicó que el Tribunal de Casación tuvo por probado "...un aspecto del hecho que no fue acreditado por el Tribunal de Juicio, [y] ello conlleva ni más ni menos que la modificación de la plataforma fáctica, recurriendo [...] a fundamentos diferentes a los brindados por el sentenciante de primera instancia, y en perjuicio de [su] asistido cuando la defensa fue la única que recurrió el fallo condenatorio" (fs. 118).
Adujo que el tribunal de mérito no incluyó ningún desarrollo de la cuestión relativa al elemento subjetivo del tipo, y que el órgano revisor -extralimitándose en su función al abordar el extremo no tratado- lesionó la garantía de la reformatio in peius (art. 18, Const. nac.) y el derecho al recurso contra la sentencia de condena reconocido por el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que el ejercicio del mismo no puede suponer la posibilidad -materializada en autos- de ver empeorada la propia situación (v. fs. 118 vta.).
De ahí que entendió que "...la desechada posibilidad de atribuir a los actos llevados a cabo una finalidad distinta a la de satisfacer deseos sexuales propios, -aun cuando pueda afirmarse que objetivamente tuvieron entidad para corromper el normal desarrollo de la sexualidad de la menor-, es un aspecto del fallo condenatorio que se encontraba firme para el Tribunal de Casación", careciendo de jurisdicción para modificarlo, ya que ésta estaba restringida por la cosa juzgada parcial (v. fs. cit. vta. y 119).
I.2. Asimismo alegó la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal, toda vez que estimó que el fallo en crisis no pudo tener por acreditado el elemento subjetivo -distinto del dolo de abuso sexual-, del delito de corrupción de menores, referido a la ultraintención del autor de provocar o facilitar con sus actos la corrupción de un menor (v. fs. 119).
Explicó que la figura típica prevista en la citada norma sustantiva exige tanto el dolo directo por parte del sujeto activo, como la ultraintención de provocar o facilitar con sus actos la corrupción de un menor. "Es decir que sus acciones deben estar orientadas a depravar la sexualidad de la víctima, en la estructura de lo que es un cortado delito de resultado" (fs. cit. vta.).
Indicó que para afirmar la tipicidad se debía demostrar que el sujeto activo tuvo por intención no sólo satisfacer sus propios deseos sexuales, sino que además buscó con sus actos deformar el comportamiento sexual de la víctima.
Cuestionó que el tribunal intermedio haya considerado suficiente el dolo eventual, desde que afirmaron que en el caso "...la reiteración de las conductas disvaliosas importó asumir y conocer la creación del riesgo propio del delito de promoción de la corrupción de menores -es decir, que pueda producirse el desvío de la normalidad de la sexualidad-, y que ello no motivó que V. desista de sus acciones" (fs. cit. vta.).
De ahí que entendió que siendo característica necesaria de la figura aplicada que el autor llevara a cabo los actos de contenido sexual con la clara intención de perturbar el normal desarrollo psíquico y físico de la víctima mediante la práctica sexual lujuriosa habitual y precoz, para tipificar en este delito la conducta de su asistido, se debería haber verificado si su actividad ilícita se orientó a ese fin.
Sin embargo -dijo- la sentencia impugnada se limitó a sostener que las acciones imputadas resultaban idóneas para corromper la sexualidad de la víctima, sin poder afirmar la existencia de elementos que lo acreditasen (v. fs. 120 vta.).
Explicó que "...en modo alguno, la mera descripción de las conductas endilgadas y la reiteración en el tiempo permiten afirmar con certeza que las mismas exteriorizan el conocimiento y voluntad de que los actos llevados a cabo tienden a torcer el normal desarrollo sexual de la menor. Por el contrario, tales circunstancias a las que hace referencia la sentencia aquí atacada no permiten afirmar más que la mera intencionalidad de satisfacer deseos sexuales propios..." (fs. 121).
De este modo, y advirtiendo que la sentencia originaria no incluyó ningún desarrollo, ni tampoco figuraron en la sentencia de casación elementos que permitieran afirmar que el imputado hubiera querido, amén de satisfacer su propio deseo sexual, provocar o facilitar con sus actos la corrupción de un menor, solicitó que se case la sentencia en lo que hace a la calificación del hecho, declarando erróneamente aplicado al caso el art. 125 del Código Penal (v. fs. cit.).
II. Al igual que el señor Procurador General (v. fs. 141/147) estimo que el recurso deducido debe ser rechazado.
III.1. El Tribunal en lo Criminal tuvo por demostrado que "...el imputado de autos, aprovechándose de la relación de convivencia que mantenía con la madre de la menor C. C. G. L., nacida el 2 de diciembre de 2000, primero durante el mes de diciembre de 2007, en ausencia de aquélla, cuando tenía apenas 7 años de edad, dentro del ámbito de la vivienda que ocupaban, sita en la calle … y Alem de Castelar, Partido de Morón, la sentó sobre sus piernas introduciéndole sus manos por debajo de la ropa tocándole la vagina, algo que volvió a hacer del mismo modo, en el lapso de un año. Así también se comprobó que el imputado valiéndose de la misma preponderancia que le daba la convivencia con su progenitora, pero también de fuerza física, ya viviendo la familia en un inmueble de la Avenida Santa Rosa también de Castelar, entre 2009 y 2011, cuando dicha menor tenía entre 9 y 11 años de edad, en dos ocasiones la besó por todo el cuerpo, la manoseó en la zona vaginal, la hizo desvestirse y colocarse lencería de su madre y la obligó a lamerle y a tocarle el pene [...]. Por último, ya hacia enero de 2012, en la misma vivienda y nuevamente aprovechando una ausencia de la madre y esa situación de prevalencia, el imputado intentó accederla vaginalmente con el pene, lo que no pudo consumar por la resistencia física que le opuso la menor" (fs. 33).
Tales conductas fueron encuadradas en las figuras de abuso sexual cometido contra una menor agravado por la convivencia preexistente (dos hechos), abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra una menor agravado por la convivencia preexistente (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por ser contra una menor de edad aprovechando la convivencia preexistente y corrupción de menores agravada por la convivencia preexistente, en concurso ideal (arts. 54, 119 primero, segundo, tercero y cuarto párrafos apdo. "f" y 125 tercer párrafo, Cód. Penal; v. fs. 34 vta.).
III.2. La entonces defensora oficial de V. solicitó -para el supuesto de no hacerse lugar al pedido absolutorio de los delitos contra la integridad sexual- un cambio de calificación legal, al considerar que no se encontraban acreditados los elementos objetivos y subjetivos de la figura regulada por el art. 125 del Código Penal, como así tampoco que la damnificada hubiera sufrido una desviación en su desarrollo sexual (v. fs. 56).
Señaló que las psicólogas, durante el debate, no se expidieron en relación con el desarrollo psico evolutivo y psico sexual actual de la víctima y que, a su entender, de lo manifestado por el psiquiatra -doctor Antonio Morello- no se advertía "...la aptitud corruptora de las conductas abusivas a partir de la entidad de los mismos y los probables efectos futuros en el psiquismo de C...." (fs. 37).
Sumó a lo expuesto que los hechos imputados afectaron a la víctima supuestamente entre los siete y once años, sin verificarse como hipótesis autónoma de abuso sexual, ni con entidad corruptora (v. fs. 37 y vta.). Expuso que era claro que "...el ataque sexual trae como consecuencia una afectación en la psiquis de la víctima, pero para que tales actos constituyan un supuesto de corrupción es razonable exigir -al menos desde un juicio potencial- la posibilidad de que tales actos marquen una huella profunda en el psiquismo del sujeto pasivo, para torcer el sentido natural biológico y sano de la sexualidad, pues no se comprobó en autos que la víctima haya sufrido una desviación sexual, ni efectivo resultado dañoso..." (fs. 57 vta.).
En consecuencia, consideró que existía una insuficiencia probatoria que impedía llegar a la certeza necesaria propia de ese estadio procesal, por lo que debía resolverse en favor del imputado (art. 1, CPP), ya que la supuesta pluralidad de hechos que afectaron a la víctima desde temprana edad y las características de los mismos, no alcanzaban las exigencias de la prohibición del art. 125 del Código Penal.
Fue así que solicitó que se case la sentencia, y descarte su encuadre en el citado art. 125 del digesto sustantivo ya que los actos realizados no resultan idóneos, en sí mismos, para despertar torcidas inclinaciones en el desarrollo sexual de la afectada (v. fs. 57 vta. y 58).
III.3. Frente a este planteo, el Tribunal de Casación señaló que si bien la norma contenida en el mentado artículo era harto controvertida, ello no significaba que analizada racional y lógicamente no pudieran cumplirse los recaudos típicos exigidos por aquella y así configurarse el delito, tal como sucedía en autos (v. fs. 88).
Precisó que la defensora oficial había omitido considerar que la corrupción de menores regulada por dicho precepto penal no importaba como su resultado la generación de un estado de corrupción, sino la promoción o facilitación del desarrollo de actos con idoneidad suficiente para lograr tal estado, pero sin que ese resultado fuera requerido por la disposición. Justificó lo expuesto con cita de precedentes de esta Corte y agregó que el embate formulado por el que hacía notar que tanto los peritos como la madre de la niña no mencionaban afectación alguna en su psiquis, carecía de fuerza, toda vez que ello no desacreditaba la idoneidad corruptora de los actos sufridos por C.. Sostuvo que la explicación era clara, pues "...al haberse realizado la denuncia luego de transcurrido siete años desde que sucedieron los hechos enjuiciados, el suceso como tal y más allá de la capacidad de los actos desplegados por V. para lograr la corrupción de la menor de edad, fue psíquicamente elaborado por la víctima dado que tuvo una familia que siempre la contuvo. Incluso con sustento en lo indicado se entiende el rechazo que hace el a quo de ponderar como severizante de la pena de la extensión del daño [...], dado 'que no hubo demostración por carriles periciales o de otra índole, de haberse afectado la salud mental de la niña más allá de lo que el propio tipo de la promoción de la corrupción implica'" (fs. 88 vta. y 89).
Indicó que la parte hacía hincapié en lo expresado por el doctor Antonio Morello en el plenario, quien habló de posibles afectaciones de la vida futura de la víctima, y que sus afirmaciones eran generales, no referidas al caso concreto en el que dictaminara oportunamente.
Afirmó que ni de las consideraciones generales del galeno ni de las observaciones de los restantes expertos podía colegirse que el delito no se configuró sin pasar por alto que los dictámenes y valoraciones de los peritos se referían al estado psíquico de la niña en el momento de las entrevistas, pero no al carácter corruptor de los actos que sobre ella desarrollara el incusado (v. fs. 89 y vta.).
Con cita del precedente "Ruiz, Julio César" (causa n° 60.131 de la Sala I de ese Tribunal en su anterior integración) -donde ya se había expedido sobre el punto- recordó que todo ataque a la integridad sexual traía aparejado como insoslayable consecuencia una afectación en la psiquis de la víctima, pero para que tales actos constituyeran a su vez un supuesto de corrupción era razonable exigir -al menos desde un juicio potencial- la posibilidad de que marcaran una huella profunda en el psiquismo del sujeto pasivo, con aptitud para torcer el sentido natural, biológico y sano de la sexualidad (v. fs. 89 y vta.) .
Expuso que ello no importaba más que exigir la potencialidad de la conducta para incidir en el psiquismo de la víctima torciendo su sexualidad, "...pero no reclamar la efectiva configuración de un estado de corrupción como lo pretende la impugnante al concluir la cita jurisprudencial de mención con la frase 'pues no se comprobó en autos que la víctima haya sufrido una desviación sexual, ni efectivo resultado dañoso'[...] " (fs. 89 vta. y 90, la cursiva en el original).
Sentado lo anterior, repasó que los distintos actos de connotación sexual desplegados por D. E. V. sobre el cuerpo de C. G. se iniciaron cuando la niña contaba con siete años de edad y concluyeron cuando aún no había cumplido los doce años; que además de los tocamientos en la zona vaginal y el conato de penetración por esa vía, el imputado la había besado -en al menos dos ocasiones- por todo el cuerpo, desvestido y colocado lencería de su madre, como así también obligado a lamerle y a tocarle el pene. "De modo que la iniciación temprana e involuntaria en materia sexual en tales condiciones que no guardan relación con el desarrollo de la experiencia promedio de una menor de la edad de la afectada, mediando conductas abusivas reiteradas algunas con un marcado tinte fetichista y, por ende perversas, que las aleja ostensiblemente de la moralidad sexual media, supone una serie de actos idóneos en sí mismos para despertar torcidas inclinaciones en el desarrollo de la sexualidad de la víctima" (fs. 90).
Consideró que en el caso se advertían sobrados elementos como para atribuir fundadamente al imputado la comisión dolosa del delito de corrupción de menores, y agregó que el emprendimiento de aquellas acciones descriptas "...en las condiciones de tiempo y reiteración detalladas y que se tuvieron por probadas, importa asumir en los hechos la creación de un riesgo propio del delito de promoción de la corrupción de menores [...], en tanto el riesgo asociado a las mismas -sin perjuicio de que los resultados perniciosos en la psiquis de la niña fueron aventados por la contención emotiva familiar-, conlleva una alta probabilidad de impulsar o determinar la producción de un resultado -desvío de la normalidad de la sexualidad- cuyo conocimiento objetivo -básico en nuestro ámbito cultural y no cuestionado por la parte, [...] no motivó su desistimiento..." (fs. 90 vta. y 91).
Concluyó que el análisis efectuado llevaba a afirmar la presencia de la conducta de promoción de la corrupción de menores en los términos del art. 125 del Código Penal agravada por la convivencia preexistente del autor con su víctima (v. fs. 91).
IV. Ahora bien, el reclamo por el que alega la afectación del derecho de defensa y de la garantía de la reformatio in peius no puede ser atendido, pues cabe recordar que la prohibición antes indicada, es uno de los principios sustanciales que rigen el sistema de impugnaciones al que tiene derecho el imputado, e implica que el órgano al que se le reclama que realice un nuevo examen de la decisión jurisdiccional atacada no puede reformar la decisión o exceder el motivo del reclamo en perjuicio del imputado cuando sólo su impugnación abrió la vía recursiva (resaltado propio, conf. " El control de las decisiones judiciales ", en Derecho Procesal Penal, AAVV, director Carlos Alberto Chiara Díaz, ed. Astrea, 2013, T. II, p. 191, cit. en causas P. 115.904, sent. de 13-VII-2016; P. 129.543, sent. de 26-IX-2018).
Frente al planteo formulado por la defensa en el recurso de casación (v. acápite III.2.) solicitando un cambio de calificación por entender que no se encontraban acreditados los elementos objetivos y subjetivos del delito de corrupción de menores, el tribunal intermedio necesariamente ingresó a su tratamiento (conf. la reseña transcripta en el apdo. III.3) abordando el agravio llevado a su conocimiento, sin que se aprecie -contrariamente a lo expuesto por la parte- que se haya extralimitado al llevar adelante la revisión.
En efecto, la defensa puso en duda la acreditación de los elementos objetivos y subjetivos de la figura contemplada en el art. 125 del Código Penal como así también la concreción del resultado, por lo que el a quo al emprender su escrutinio explicó por qué los actos desplegados por V. sobre la menor tenían entidad corruptora y podían afectar la psiquis de la víctima, más allá de haberse logrado o no una desviación en su desarrollo sexual, resultado éste que la norma no exige.
Cabe destacar que aquella afirmación del recurrente referida a que el tribunal de grado no incluyó ningún desarrollo de la cuestión vinculada al elemento subjetivo del tipo, no significa que dicho extremo no se encontraba acreditado en autos. De hecho fue el mismo sentenciante que aplicó el art. 125 del Código Penal en el entendimiento que la conducta desplegada por V. encuadraba en la figura de corrupción de menores. Y teniendo en cuenta el agravio llevado en el recurso de casación, tampoco es cierto -como asegura el señor defensor- que dicho aspecto estuviera firme.
En oportunidad de delimitar esta garantía esta Corte sostuvo que la situación o derecho de la parte no pueden empeorar, pero aquella no comprende un supuesto derecho a una d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.