Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128675
En la ciudad de La Plata, a 21 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Genoud, Negri, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.675, "Chayle, Maximiliano Ezequiel y Sosa, Primo Maximiliano. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 73.738 y su acumulada n° 73.879 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de septiembre de 2016, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Matanza que había condenado a Primo Maximiliano Sosa o Sosa Ríos o Maximiliano Sosa o Maximiliano Primo Rivero Ríos o Lucas Ariel Rivero o Jorge Luis Ríos a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego y violación de domicilio, este último en grado de autor, ambos en concurso real entre sí, declarándolo reincidente (arts. 45, 50, 55, 150 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód.
Penal); y a la pena única de doce años de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la pena impuesta en autos y de la de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en causa n° 3578 como autor responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada fehacientemente; y a Maximiliano Ezequiel Chayle o Chaila o Marquez o Chayla Marquez a la pena de diez años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, violación de domicilio y tenencia ilegal de arma de guerra, los dos últimos en grado de autor y todos en concurso material entre sí (arts. 45, 50, 55, 150, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 segundo párrafo, Cód.
Penal) y a la pena única de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la impuesta en autos y de la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas fijada por el Tribunal de Casación Penal en la causa n° 997 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 7 de San Isidro por ser autor de los delitos de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma y en lugar poblado y en banda, resistencia a la autoridad y disparo de arma de fuego criminis causae. En consecuencia, casó parcialmente la sentencia recurrida quitando la valoración de los antecedentes penales como pauta severizante respecto a ambos imputados y resolvió reducir la pena impuesta a Sosa, que fijó en nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas; y la pena única en once años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas; y la pena impuesta a Chayle, la que fijó en nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas y la pena única la estableció en quince años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 76/89).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de Maximiliano Ezequiel Chayle y Primo Maximiliano Sosa (v. fs. 115/122 vta.), el que fue concedido por el mencionado tribunal a tenor de la resolución dictada a fs. 124/127 vta.
Oído el señor Procurador General a fs. 145/147 vta., quien se expidió por la desestimación del recurso articulado; dictada la providencia de autos (v. fs. 148) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes se alzó el señor defensor oficial adjunto ante el tribunal intermedio interponiendo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que planteó dos agravios.
I.1. Con relación al coimputado Maximiliano Ezequiel Chayle denunció la errónea aplicación del art. 189 bis inc. 2 tercer párrafo del Código Penal, en infracción al principio in dubio pro reo, al derecho de defensa y al estado de inocencia (art. 18, Const. nac.; v. fs. 118 vta.).
Se disconformó con la imputación simultánea de la tenencia del arma de guerra respecto a Chayle y al coimputado Emanuel Ezequiel Fernández, en tanto el tribunal de origen así como el órgano recurrido determinaron que "...al menos uno de los autores del suceso detentó el arma sin que se haya podido acreditar cual de ellos la mantuvo concretamente en su poder" (fs. 119 y vta.).
Alegó que fundan la decisión de aplicar la figura de tenencia ilegal de arma de guerra sosteniendo que, de aquel plan en el que participaran Chayle y Fernández de robar con armas de fuego se desprende la disponibilidad común del arma de guerra secuestrada que conlleva a la imputación del delito contra la seguridad pública, que, no puede admitirse que la imputación recíproca alcance igualmente a la acción de poseer el arma, puesto que "...nos encontramos ante un delito de propia mano" (fs. 119 vta. cit. y 120) y que "...los términos en los que han sido determinados los hechos [...] descartan la hipótesis de una tenencia conjunta del arma sobre la base de que todos los autores han tenido acceso al arma y obligan a considerar que nos encontramos frente a un delito de propia mano cometido por un único individuo no determinado".
Resaltó que la acción de poseer el arma fue desarrollada por un único individuo, desconocido en el caso sin que se registre intervención de un segundo autor (v. fs. cit.).
Expresó que la errónea aplicación de la ley sustantiva denunciada conlleva una infracción al principio de in dubio pro reo con la consecuente conculcación del derecho de defensa y el estado de inocencia, pues "...se dilata la significación del núcleo típico 'tener' o 'entrar en la tenencia' de una cosa para imputar a varios sujetos que [...] se desconoce si han realizado o no el verbo típico que requiere su ejecución de propia mano".
Solicitó se case el fallo impugnado, se absuelva a Chayle del delito de tenencia ilegítima de arma y eventualmente, se haga extensiva esa solución al coimputado Fernández (v. fs. 120 vta.).
I.2. En segundo lugar denunció la transgresión al debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio producto de haberse quebrantado la prohibición de la reformatio in pejus respecto del imputado Sosa (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCP y 435 in fine, CPP).
En ese marco inicial, consideró en concreto- que el fallo en revisión incurrió en la afectación de las garantías de rango federal arriba mencionadas al adicionarle a Sosa el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, imputación por la cual no venía condenado en la instancia de origen y sin que ello fuera cuestionado por el Ministerio Público.
Por las razones expuestas, requirió la anulación del pronunciamiento impugnado por infracción a la prohibición de la reformatio in pejus y que se fije u ordene fijar mediante el pertinente reenvío- una pena única tomando en cuenta los delitos fijados por el tribunal de origen (v. fs. 122 y vta.).
II. El dictamen de la Procuración General aconsejó rechazar el recurso deducido por el señor defensor adjunto (v. fs. 145/147 vta.).
III. Coincido con lo así dictaminado, la queja no es de recibo.
III.1. Preliminarmente debo señalar que sin perjuicio de mi opinión en cuanto a que el requisito referido al monto de pena establecido en el art. 494 del Código Procesal Penal texto según ley 13.812; conforme causa P. 68.913, sentencia de 5-III-2003- no se encuentra reunido en la especie respecto de los agravios postulados por la defensa vinculados a la condena recaída en causa n° 3305/1815-14, toda vez que los mismos involucrarían cuestiones de cariz federal, debe considerarse, con dichos límites, bien concedido el presente recurso (conf. causa P. 126.166, sent. de 19-IV-2017).
III.2. En primer lugar, cabe señalar que se advierte un error material en la calificación consignada por el señor defensor adjunto, en el primer agravio planteado.
Me explico con una breve reseña de lo acontecido en autos:
III.2.a. El tribunal de juicio condenó a Maximiliano Ezequiel Chayle a la pena de diez años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, violación de domicilio y tenencia ilegal de arma de guerra, los dos últimos en grado de autor y todos en concurso material entre sí (arts. 45, 50, 55, 150, 166 inc. 2 segundo párrafo y 189 bis inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal).
III.2.b. En ocasión de presentar el memorial previsto por el art. 458 del Código Procesal Penal el señor defensor adjunto de Casación, luego de sostener el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial en favor de los imputados, agregó como nuevo motivo de queja, con relación al ilícito de tenencia "conjunta" del arma, la "errónea aplicación del art. 189 bis inc. 2 párrafo tercero del Código Penal" que sanciona la portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal- en violación al principio de in dubio pro reo, los derechos de defensa, de razonabilidad y debido proceso (v. fs. 59/60 vta.).
III.2.c. El órgano intermedio al reseñar los agravios arrastró dicho error de calificación, no obstante lo cual se expidió sobre el delito de tenencia de arma de guerra por el cual venían condenados los imputados Maximiliano Ezequiel Chayle y Emanuel Ezequiel Fernández previsto en el art. 189 bis inc. 2 segundo párrafo del Código Penal- (v. fs. 81 vta./82 y 88 vta.).
III.2.d. Esta incorrección se mantiene en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio y en la resolución de concesión del mismo (v. fs. 124/127 vta.).
Advertido el yerro, me abocaré al tratamiento de los agravios teniendo como premisa que se impugna la aplicación del art. 189 bis inc. 2 segundo párrafo del Código de fondo, y que el presente recurso fue concedido a efectos de tratar los planteos de pretensa índole federal que ha esgrimido el recurrente (v. resol. de admisibilidad que luce a fs. 124/127 vta.).
III.3. En esa senda, cabe señalar que el tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...el día 25 de octubre de 2013, siendo aproximadamente las 01.30 hs., al menos cuatro sujetos de sexo masculino uno de ellos fallecido, ingresaron al domicilio de la calle Estocolmo 1868 de la localidad de Isidro Casanova [...] y mediante intimidación con al menos un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9 mm., marca 'F.M. Hi Power', modelo 'Detective', de color plateada, con su numeración suprimida, cargada y apta para su función específica, a los habitantes de la morada, Zulema Beatriz Arrieta, David Alberto, Javier Hernán y Alberto Oscar Gómez, se apoderaron ilegítimamente de una suma de veintitrés mil pesos, alhajas de oro, un aparato de telefonía celular y otras pertenencias de las víctimas, para luego darse a la fuga por los fondos de la vivienda, en poder del espúreo botín. Momentos después, dos de los sujetos [...] fueron reducidos por personal policial en el interior del terreno de la vivienda ubicada en la calle Ramón Carrillo n° 5748, de la citada localidad, lugar al que habían ingresado contra la voluntad de su propietario, Daniel Soto, incautándose en el pasillo de dicha vivienda, [...] debajo de un mueble, el arma de fuego descripta [...] que detentaban sin la debida autorización legal para ello, para finalmente, instantes después, otro de los individuos [...] ser aprehendido en el interior de un tanque de agua, ubicado en la vivienda sita en calle Pedro Larre n° 3133, de la citada localidad, lugar al que también ingresó contra la voluntad de su propietaria Marilina Gisela Diez, recuperándose solo parte de los bienes sustraídos" (fs. 79 vta. y 80).
III.4. El órgano intermedio expresó que "...ninguna duda cabe respecto a que alguno de los autores del suceso detentó el arma. Sin perjuicio de ello, [...] participo de la tesitura del Tribunal en lo que respect[a] al delito de tenencia ilegal de arma de guerra atribuido a los encartados [...] en virtud de la disponibilidad común del arma en función al plan criminal del desapoderamiento armado, circunstancia relevante a los efectos de abastecer tanto los requerimientos de la coautoría funcional en orden a aquella imputación, así como en lo que respecta al delito de tenencia ilegal de arma de guerra". A ello adunó "...que de la materialidad ilícita acreditada no surg[ía] probado cuál de los autores fue quien mantuvo el arma en su poder" (fs. 21 vta. y 22).
IV. Se advierte que pese a denunciar la errónea aplicación del art. 189 bis inc. 2 tercer párrafo del Código Penal en infracción al principio de in dubio pro reo y el derecho de defensa, los cuestionamientos plasmados en la impugnación están dirigidos a la valoración probatoria merced a la cual se arribó a la plataforma fáctica imputada, y sólo transitivamente a la significación jurídica de la misma. Aquella temática relativa a la fijación de los hechos y su prueba- resulta ajena al conocimiento de esta Corte en el marco de la vía extraordinaria emprendida, conforme las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar, que los embates del recurrente contra el decisorio en crisis, no pasan de ser una oposición personal divergente a la del juzgador (doctr. art. 495, CPP).
Por lo demás, tiene dicho esta Corte que si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner de manifiesto que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello se verifica en el caso, en que la discrepancia de la recurrente con las valoraciones probatorias efectuadas no logra evidenciar la inexistencia de prueba cargosa que hubiere imposibilitado arribar a un pronunciamiento condenatorio (causas P. 103.093, resol. de 14-VII-2010; P. 112.761, resol. de 19-IX-2012; P. 112.573, resol. de 19-XII-2012; P. 113.417, resol. de 10-IV-2013; P. 115.269, resol. de 27-XI-2013; P. 118.487, sent. de 15-I-2105; e.o).
Así las cosas, el impugnante no logra patentizar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales cuyo desbaratamiento denunció y lo debatido y resuelto en el caso.
V. El segundo planteo efectuado en favor de Sosa tampoco prospera.
V.1. Como se reseñó en los antecedentes el tribunal de juicio condenó a Primo Maximiliano Sosa a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego y violación de domicilio, este último en grado de autor y ambos en concurso real, y a la pena única de doce años de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la impuesta en autos y de la de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, aplicada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en causa n° 3578.
El órgano intermedio hizo lugar a la petición defensista de descartar, como agravante de la sanción, la circunstancia que los encausados Chayle y Sosa registraran una condena anterior, por considerar que al aplicarse el art. 50 del Código Penal, las condenas anteriores consideradas como pauta agravatoria en el fallo- son absorbidas por la declaración de reincidencia, pues de lo contrario "...se estaría perjudicando doblemente al justiciable por una misma circunstancia" haciendo mella en la garantía del non bis in idem (fs. 83 vta.).
Como consecuencia de ello, asumió competencia positiva, por razones de economía procesal y de conformidad con el grado de injusto que se atribuye a los acusados y "...la calificación legal establecida por el 'a quo' robo calificado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y violación de domicilio- con la sola obliteración de la agravante 'antecedentes condenatorios' valoradas respecto de Chayle y Sosa", y condenó a Primo Maximiliano Sosa a la pena de nueve años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, más la declaración de reincidencia por resultar coautor de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, este último en grado de autor y ambos en concurso real entre sí, omnicomprensiva de la impuesta en la presente y de la de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, aplicada por el Tribunal en lo Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en causa n° 3578 (v. fs. 84/85 vta.).
V.2. En mi opinión el órgano recurrido incurrió en un evidente error material al consignar que Sosa había sido condenado por el tribunal de juicio también por el delito de "tenencia ilegal de arma de guerra", pues en la reseña de antecedentes de la resolución impugnada quedó claramente consignado que Primo Maximiliano Sosa había sido condenado por los delitos robo agravado por su comisión mediante el empleo de arma de fuego y violación de domicilio, este último en grado de autor y ambos en concurso real (v. fs. 76 y vta.). Por otro lado advierto que el propio impugnante, incurrió en un error similar, ya que, en oportunidad de presentar el memorial previsto por el art. 458 del Código Procesal Penal agregó como nuevo motivo agravio la supresión del delito de tenencia de arma de guerra respecto de sus defendidos Sosa y Chayle (v. especialmente fs. 60 y vta.).
V.3. De todos modos, corresponde establecer que la cuestión relativa al aducido quebrantamiento de la regla de prohibición de la reformatio in pejus al momento de determinar la pena en el caso concreto, es un asunto eminentemente procesal y por lo tanto, ajeno por regla al conocimiento de esta Corte (art. 494, CPP).
No obstante, resulta útil recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "la doctrina de la reformatio in peius en materia penal, se sostiene sobre dos recaudos constantemente exigidos: falta de recurso acusatorio y agravación de la pena" (Fallos: 315:281 y 315:290, disidencia del Juez Barra). Y que "...esta garantía estaría reservada, para el caso en que el tribunal superior agrave la pena, habiendo recurrido el imputado ante la inacción del Ministerio Público" (Fallos: 324:4309, cons. 3°, acápite "c" del dictamen que la Corte comparte) (causa P. 99.586, sentencia de 16-VII-2014).
Según quedó reseñado, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de La Matanza había inicialmente condenado a Primo Maximiliano Sosa a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor de los delitos de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego y violación de domicilio, este último en grado de autor y ambos en concurso real; y a la pena única de doce años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la impuesta en autos y de la de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, apl
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