Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130089
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 21 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.089, "B., F. D. s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 77.190 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de junio de 2017, hizo parcialmente lugar al recurso del señor defensor oficial de F. D. B. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza que lo había condenado a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio simple y portación ilegal de arma de guerra. En consecuencia, lo absolvió por el segundo de los delitos señalados, rechazó los demás planteos de la defensa, y lo condenó a la pena de quince años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 124/138).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta de casación doctora Ana Julia Biasotti- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 142/169), el cual fue concedido parcialmente por la sala interviniente (v. fs. 172/176 vta. y el expte. P. 129.987 que corre por cuerda).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 183/185 vta. aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos a fs. 186, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La defensa cuestionó que el Tribunal de Casación haya confirmado lo decidido en la instancia del juicio respecto de la autoría adjudicada a su asistido. Sostuvo que al hacerlo incurrió en errónea revisión de la sentencia de condena en ese tramo y se apartó de las constancias de la causa (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 147).
En su alegación la parte reiteró lo que había sostenido ante el órgano intermedio, en el sentido de que la condena se asentó en la versión falsa de los hechos brindada por la testigo Altamiranda acerca de lo que fue un "...enfrentamiento entre distintas bandas que poseían un conflicto de antigua data, que se efectuaron disparos entre sí, no pudiéndose determinar quién disparó contra Pizarro Beiza..." y le dio muerte (fs. 159 vta.).
En la ocasión, además de aquella víctima fatal, también resultaron un joven herido (M. P., a su turno también imputado) y otra persona muerta (Francisco Juárez) y tuvo intervención, asimismo, el fuero de la responsabilidad penal juvenil por los imputados menores, aunque la condena que aquí se examina se circunscribió a la muerte de Pizarro Beiza atribuida a F. D. B..
Cabe aclarar que este agravio de pretenso carácter federal fue el único admitido en la resolución que concedió parcialmente el presente recurso (v. fs. 172/176 vta., en especial fs. 174 vta.).
Indicó la defensa que el órgano revisor hizo una exploración formal de los elementos probatorios obrantes en la causa y que se limitó a convalidar lo que dijeron los jueces de grado. Añadió que no se analizó la totalidad de las constancias del expediente, lo que sí se hizo respecto del delito por el que la Casación absolvió a su asistido (v. fs. 147 vta.).
Dijo que la sentencia que impugna rechazó los planteos de su parte acerca de la absurda valoración de la prueba referida a la autoría de F. D. B. en el homicidio de Pizarro Beiza. Tras ello transcribió párrafos de la decisión del tribunal intermedio (v. fs. 147 vta./149 vta.).
Afirmó que la requisitoria fiscal de elevación a juicio no fue objetiva, pues se fundó solamente en los testimonios que sindicaban a su asistido como autor del hecho y no en los que lo desvinculaban, las que surgieron del veredicto absolutorio dictado respecto de dos menores en el fuero de responsabilidad penal juvenil, sentencia dictada poco después de la condena que recurre y que el Tribunal de Casación omitió compulsar (v. fs. 150 vta.).
Expresó que el órgano intermedio debió preguntarse por qué motivo el fiscal no ofreció testimonios favorables a su asistido, lo que al menos hubieran llevado:
"...a una duda insuperable de que fue él [el aquí imputado] quien efectuó los primeros disparos que hirieron al nombrado [Pizarro Beiza] al igual que [a] P. heridas por las que Pizzaro Beiza al igual que P. y según los testigos, hablaba, movía la cabeza- E. O. le efectuó numerosos disparos con un arma calibre 9 mm que le ocasionaron la muerte diciéndole 'mataste a mi amigo'" (fs. 151).
El recurrente formuló luego críticas a la estrategia probatoria de la parte acusadora. Cuestionó que no hubiera realizado un reconocimiento en rueda entre las testigos Sabrina Dosberro y Carla Villar ya que ellas dijeron poder reconocer a quien le efectuó los disparos mortales a Pizarro Beiza. En la misma línea objetó que su contraparte no hubiera pedido la declaración testimonial de M. P., quien fue víctima de disparos en el mismo hecho en que fue muerto Pizarro Beiza (v. fs. 151). Agregó que P. declaró en el marco de lo normado por el art. 308 del Código Procesal Penal, sin promesa de decir verdad (v. fs. 151 y vta.).
Indicó que, en su deber de efectuar una exploración amplia de la condena, la Casación debió tomar en cuenta que la fiscalía desde el inicio había descripto todo el evento completo, lo cual incluía otros ataques recíprocos y otras víctimas, además de la muerte de Pizarro Beiza imputada al acusado F. D. B. (v. fs. 151).
La defensa alegó que el a quo debió revisar incluso lo actuado durante la investigación preparatoria y compulsar "...la totalidad de las constancias de la causa" y, partiendo de esa premisa, resumió los testimonios de varias personas que declararon en aquélla etapa inicial y/o en el debate (v. fs. 152/155 vta.). Indicó que como lo concluyeron ambas instancias precedentes, no todos los testigos vieron la secuencia completa de los hechos, y que la concubina de la víctima Julia Altamiranda- fue la única que dijo haber visto que el imputado le disparaba a Pizarro Beiza (v. fs. 155 vta.).
El recurrente explicó por qué, a su juicio, Altamiranda no era creíble y argumentó que los dichos de Villar y el policía Ocampo invocados como refuerzo de su versión no eran útiles a ese efecto, ni tampoco lo eran los de Alba Luque y Karen López, los cuales según la sentencia de origen apuntalaban la narración de Altamiranda (v. fs. 155 vta./156 vta.).
Objetó que el joven P. (a su vez herido e imputado en el hecho) no hubiera sido oído bajo la forma de un testimonio pero que, en cualquier caso, al deponer manifestó que Altamiranda no estaba en ese momento junto a su pareja Pizarro Beiza (v. fs. 158 vta.).
Además, señaló que la declaración de Altamiranda debió ser contrastada con la vertida ante el fuero de la responsabilidad penal juvenil, en la causa vinculada a la presente, de la cual agregó copias de la sentencia en ocasión de presentar la memoria ante el Tribunal intermedio (v. fs. 156 vta.).
Dijo el señor defensor que, "...más allá de los disparos previos", Pizarro Beiza recibió los que le dirigió el "...menor E. O., circunstancia en que todos los testigos sí son coincidentes" de manera que el autor del homicidio fue dicho joven y no el aquí acusado F. D. B. (v. fs. 160).
Criticó que el Tribunal de Casación no haya tomado en cuenta testigos que no fueron llamados al debate, así como la sentencia absolutoria dictada respecto de los menores en el fuero de responsabilidad penal juvenil en el marco de un juicio abreviado (v. fs. cit.).
Reiteró que si el órgano intermedio hubiera hecho una revisión integral mediante un examen propio hubiera llegado a la absolución de su defendido cuanto menos por la duda beneficiante (v. fs. 160 vta. y 161).
Añadió que no puede invocarse la falta de fundamentación del recurso de casación para desentenderse de ejercer la revisión de la condena, perjudicando los derechos de defensa y debido proceso de su asistido (v. fs. 162). Culminó la formulación de este planteo con citas correspondientes a párrafos de precedentes federales y de esta Suprema Corte acerca del deber de los magistrados de fundar sus sentencias (v. fs. 162 vta. y 163).
II. Coincido con la Procuración General en que el agravio antes referido debe ser rechazado.
El planteo fue admitido, por habérselo fundado en la violación de normas convencionales que citó la parte (v. fs. 147, en la que se mencionan los arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
En cierto aspecto, la parte ha realizado un ataque a la valoración de los testimonios brindados en la causa, lo que sólo de un modo indirecto se relaciona con las disposiciones internacionales que cita. Es que esas normas no se refieren al acierto de las conclusiones alcanzadas en la primera instancia acerca de la veracidad de las declaraciones de los testigos, ni a la evaluación que sobre ellas haga la segunda instancia, sino a la necesidad de que esa revisión sea realizada, y que se la haga cabalmente.
Esto último es lo que corresponde examinar en la presente instancia extraordinaria. Se observa entonces que si bien el Tribunal de Casación hizo referencias a la sentencia recurrida lo que en rigor resulta inevitable- no se limitó a expresar su coincidencia con lo valorado en ella, sino que dio los fundamentos que la llevaban a esa determinación.
Así lo hizo respecto de la testigo Altamiranda, pues dijo que ella "...pudo dar cuenta de sus dichos, por ejemplo, cuando indicó por qué sabía que el encartado había disparado con una pistola de 9 mm, lo cual también encontró correlato en el acta de levantamiento de rastros..." (fs. 131), testimonio que entendió coincidente en lo pertinente- con los de Villar y Ocampo (v. fs. 131 y sigs.).
Contestó otras objeciones de la parte, como por ejemplo la destinada a desmerecer el referido testimonio con base en la autopsia y a las distancias de disparo en ella señaladas. También en este supuesto el Tribunal de Casación dio los motivos por los que no compartía la postura de la defensa (v. fs. 131).
El tribunal revisor respondió a los cuestionamientos del recurrente acerca de la presencia de la testigo nombrada en el lugar de los hechos. Basta leer la sentencia del Tribunal de Casación para advertir que brindó su parecer sobre el punto que le fue llevado, y que se encargó de citar las palabras de la testigo Villar que a su entender descartaban la objeción de la defensa (v. fs. 131). Lo mismo hizo con otras críticas de esa parte, lo que quita base al agravio federal basado en la violación de la garantía de la doble instancia.
Cabe señalar además que entre los planteos llevados por la defensa a conocimiento del Tribunal de Casación estaba la falta de fundamentos en la sentencia del juicio, crítica que se reiteró a lo largo de todo ese recurso (v. fs. 53, 55 vta., 57 vta.). Para darle respuesta, es entendible que el órgano intermedio se refiriera en varias partes de su decisión a los argumentos brindados en la sentencia que se revisaba, como modo de acreditar que sí existían los razonamientos cuya existencia negaba la parte.
Entre sus reclamos sobre una inadecuada revisión de la condena, la defensa alegó que la Casación se desinteresó de compulsar las conclusiones de la sentencia y las testimoniales allí valoradas- dictada en el juicio abreviado celebrado en la causa 2000/2015 del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza que absolvió a los jóvenes M. A. B. y L. F. S. por su intervención en el hecho en el cual resultaron muertos Raúl Eduardo Pizarro Beiza y Francisco Nahuel Juárez y herido M. T. P. (v. fs. 150 vta., 156 vta., 160).
La copia de dicho fallo fue acompañada por la señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación en ocasión de presentar la memoria (v. fs. 71/113) y de allí se desprende que esa sentencia del fuero especial fue dictada un día después de que la parte formulara el recurso de casación en estos autos: el fallo data del 12 de abril de 2016 y la impugnación del día 11 del mismo (v. fs. 62).
Ahora bien, en esa memoria la defensa se limitó a sostener que el absurdo en la valoración de la prueba sobre la intervención del procesado B. en el hecho del cual resultó víctima Pizarro Beiza "...se encuentra robustecido por el veredicto absolutorio cuya copia certificada acompaño-, pronunciado por el Sr. Juez de Responsabilidad Penal Juvenil [...], dictado respecto de los jóvenes L. F. S. y M. A. B...." (fs. 71 vta.).
Por lo tanto, frente a un planteo de esa generalidad, no se demuestra que el órgano intermedio haya infringido el deber de revisar adecuadamente la condena, pues ni se señaló concretamente cuáles eran las determinaciones de ese pronunciamiento del fuero de menores que importaban para la resolución de los presentes autos ni por qué razón el documento así incorporado absolución dictada en un juicio abreviado por otro órgano- permitiría desvirtuar la prueba de cargo obtenida en el juicio oral seguido a B. (art. 495, CPP). Por todo ello, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia