Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131689
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.689, "Suárez, Mario Alberto s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 79.840 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de agosto de 2017, rechazó el recurso interpuesto por la defensa particular de Mario Alberto Suárez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, que lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la guarda en la noche del hecho (arts. 40, 41, 45 y 119 párrafos 1, 3 y 4 inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 73/86 vta. con relación a fs. 7/22).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia intermedia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 122/127 vta.), que fue concedido por el a quo (v. fs. 128/129).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 139/140 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 141) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial tilda de arbitraria la sentencia que impugna por indebida fundamentación y apartamiento de precedentes de la Corte federal, con afectación de la defensa en juicio, el debido proceso legal, el derecho al recurso y el principio de inocencia; denuncia además, la revisión aparente de la condena y la subsunción errónea de la conducta del acusado en la calificante contemplada por la ley penal, en el art. 119, cuarto párrafo, inc. "b", que agrava la pena prevista para el abuso sexual con acceso carnal cuando fuere cometido "por el encargado [...] de la guarda". Cita los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 y 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 125).
Argumenta que el tribunal revisor no dio tratamiento adecuado a las críticas que esa parte formuló a la aplicación de dicha agravante, ya que las habría rechazado mediante afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de motivación suficiente para reputar jurisdiccionalmente válido lo fallado en cuanto concierne a dicho extremo de la imputación.
Con cita de doctrina de autores pone de resalto que conforme esas opiniones, "...el encargado de la guarda de la víctima es también el que de modo regular (el simple encargo momentáneo de vigilancia no está comprendido) debe cuidar a una persona"; y en razón de ello, que dice corresponderse con la situación en examen, pide que en esta instancia extraordinaria se deje sin efecto la calificante actuada.
Igual solución reclama por entender que Suárez no estaba al cuidado de la niña, sino que había sido siempre su esposa la que se encargaba de esa condición (v. fs. 126).
Por último, basándose en la definición tenida en cuenta a fs. 83 vta. de la sentencia que recurre, colige que no estaría probado con el grado de certeza necesaria la tenida calidad atribuida a su defendido de "encargado de la guarda", tornándose por ello arbitraria la decisión "...por apartamiento de las constancias comprobadas de la causa y porque las premisas ponderadas permiten probar lo contrario" (fs. 126 vta.).
Solicita por ende la inaplicabilidad de la agravante en cuestión y que, por el mecanismo que resulte pertinente, se determine la incidencia de esa eventual decisión en la mensura punitiva (v. fs. 127).
II. El recurso debe ser desestimado, tal como aconseja el dictamen de la Procuración General.
Según los hechos acreditados en las instancias anteriores, en horas de la noche entre fines del mes de marzo y abril del año 2011, Mario Alberto Suárez "...abusó sexualmente de la menor C. G., mediante el uso de violencia, quitándole el pantalón piyama corto y la bombacha al mismo tiempo y colocándola boca arriba le tomó los brazos por la fuerza impidiendo que pudiera resistirse, y la accedió vía carnal con su miembro viril por la vagina ocasionándole ardores; a consecuencia de dicho abuso la niña de 13 años de edad cumplidos, quedó embarazada y dio a luz al bebé J. [...] [de cuatro años de edad a la fecha del fallo originario], en oportunidad de tener el sujeto activo la guarda de la menor a la que retiró de la casa de sus compadres para llevarla a su domicilio sito en Dupuy n° …, entre Gamarra y Saucil de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza..." (fs. 7 vta. de la sent. de condena).
En cuanto aquí interesa para resolver la impugnación traída, el a quo convalidó el mérito de la prueba ponderada por el tribunal de juicio para justificar los referidos extremos de la materialidad descripta, como así la autoría responsable del acusado, respecto de quien quedó establecido que el día del hecho tuvo la guarda de la niña que le fue encomendada como compadre de sus padres, familias entre las que existía una relación amistosa, y que lejos de cuidarla, la agredió y abusó sexualmente de ella (v. fs. 16).
Dio cuenta asimismo de su coincidencia con el criterio adoptado por su antecesor que al abordar la calificación legal, señaló a fs. 19 vta. de su decisorio, que "...la idea de encargado de la guarda se refiere a quienes, aún de manera momentánea, cuidan la persona [...], atendiendo sus necesidades o ciertos aspectos de ésta, a consecuencia de la función que ocupan o en virtud de una situación de hecho, lo que los obliga a un deber especial de protección".
En esa misma dirección, sostuvo que el abuso sexual con acceso carnal resultó agravado por haber sido cometido por "el encargado de la guarda", merced a lo que dispone el inc. "b" del cuarto párrafo del art. 119 del Código Penal, con la reflexión de que si bien algunos de los sujetos mencionados en la agravante fueron incorporados recién con la reforma introducida por la ley 25.087, la aludida expresión "encargado de la guarda" fue tomada del anterior art. 122 del Código Penal que agravaba el delito de violación y que por su remisión al art. 123 también se aplicaba al estupro, como a los tipos de corrupción, abuso deshonesto y prostitución (v. fs. 82 vta. y 83).
Resaltó que "...la ley no se refiere al sujeto activo del delito como el 'guardador', palabra utilizada en el resto de las normas penales citadas, sino que lo hace a través de la expresión 'encargado de la guarda'. Esta diferencia textual plantea el interrogante de si ambas expresiones son sinónimos o si aluden a sujetos diversos"; inclinándose por esta última interpretación más amplia, "...porque además de incluir [al guardador], abarca a cualquier persona que tuviese de hecho al menor bajo su cuidado" (fs. 83).
En el decir del sentenciante, dos argumentos robustecen la corrección de la tesitura escogida: por un lado, "...el significado que el Diccionario de la Real Academia Española asigna a la voz 'encargado' [...] como la persona que ha recibido un encargo, es decir, alguien a quien le han encomendado algo o le han puesto algo a su cuidado. Tal definición reafirma que 'encargado de la guarda' es no solo aquél que ejerce su titularidad sino que además comprende a aquellos sujetos a quienes se les encomiende el cuidado del niño" (fs. 83 vta.).
El otro argumento estuvo relacionado con los fundamentos de la agravante, que, según indicó el a quo , reside "...en el aprovechamiento que el autor realiza respecto de la situación de sujeción en que se encuentra a su respecto el menor ya sea por el hecho de estar bajo su autoridad como por el respeto que debe guardarle. También la persona que cuida al niño debe cumplir con ciertos deberes vinculados con su seguridad, formación y asistencia y el que comete el delito de abuso en esas circunstancias viola esos deberes" (fs. ídem).
De modo que tanto por su literalidad como por las razones que fundamentan la agravante, la casación juzgó acertada la interpretación sostenida en el fallo de mérito.
A tales consideraciones adicionó lo sostenido en precedentes de esta Corte que refirió, para concluir que "...la expresión legal resulta más amplia que la figura del guardador, pues al hacer referencia al 'encargado de la guarda' la ley alude a toda persona que tenga a un menor a su cuidado, no importando si esa situación está dispuesta por la ley, por un juez o resulta de una situación de hecho, ni si la misma es transitoria o permanente" (fs. 84 vta.).
III. De lo que quedó expuesto se advierte que el tribunal del recurso fundó razonadamente su decisión de confirmar el extremo de la condena originaria al que está ceñido la queja ante esta Corte, a tenor de la apreciación que hizo de las probanzas reunidas y su adecuación jurídica; sin que la parte haya puesto en evidencia el menoscabo del derecho del acusado a obtener la revisión amplia de su condena, ni que resultase afectado el debido proceso y su defensa en juicio, como dogmáticamente postula.
De igual forma no demuestra que el pronunciamiento del a quo incurriera en arbitrariedad por motivación aparente y apartarse de los hechos probados de la causa (art. 495, CPP).
Entre las evaluaciones efectuadas en materia probatoria, el a quo coincidió con el órgano de grado en la mendacidad de lo declarado por el inculpado, pues torpemente había señalado en su descargo que la relación con la niña -que dijo ocurrida en otro día distinto al que resultó determinado-, fue consentida e incluso provocada por ella, siendo que sus dichos no tenían apoyatura en ninguna constancia, sino por el contrario, aparecían desvirtuados por la prueba de cargo meritada; con lo cual, desechó la absolución que la defensa reclamara en virtud del beneficio de la duda, con sustento en las manifestaciones de su asistido, siendo que aquellas alegaciones no han sido mantenidas en esta sede extraordinaria.
En ese contexto, las circunstancias firmes y probadas en la instancia de juicio e inmodificadas por el tribunal revisor, explicitan las razones y condiciones en que el acusado Suárez tuvo la guarda de C. G., desde que en la noche de cometido el hecho ilícito, la retiró de su casa para llevarla a su domicilio, "...con la anuencia del esposo de su mamá, C. C., quienes depositaban confianza en aquél atento la estrecha relación de compadres y vecinos, para acompañar a los hijos menores de Mario y L. -su mujer- porque tenían que llevar a otro hijo al hospital. Que Mario dejó a su mujer en el hospital y regresó a su casa donde estaba C. durmiendo con los niños [...] que [...] fue a tomar agua siendo llamada por el imputado para contarle lo que había pasado con su hijo, para lo cual le pidió que se acercara pero ella fue reticente [...] luego accedió ante su insistencia [...] que [...] en esas circunstancias de sigilo, pues su intención claramente era otra y así lo confesó en el Debate, Mario A. Suárez la violentó intempestivamente" de la forma que narra circunstanciadamente la materialidad ilícita acreditada (v. fs. 12 vta.).
El señalado cuadro fáctico, que como fue indicado no ha recibido réplica alguna en la impugnación bajo estudio, deja sin respaldo la huera referencia del señor defensor oficial de que la afirmada condición de guardador de su defendido no hallaría sostén en las constancias comprobadas de la causa; a la par que evidencia el sinsentido de la invocación de los dichos del acusado en su intento de depositar en su esposa -ausente al momento del hecho- el cuidado de la niña, lo que en modo alguno puede contribuir a la exclusión pretendida de la calificante. Menos aún ha explicado el recurrente cuáles "premisas ponderadas" conducirían a "probar lo contrario", como dogmáticamente proclama a fs. 126 vta. de su presentación extraordinaria.
En cuanto atañe al acierto de lo decidido a tenor de los hechos que permanecen enhiestos, más allá de lo que pudiera decirse sobre la temporaneidad de la tesis a la que ahora adscribe la defensa de que para revestir el carácter de encargado de la guarda resulta menester cierta regularidad en el desempeño de ese cometido, toda vez que ello no fue tema propuesto al conocimiento de la casación, cierto es que dicho tribunal ha fundado acabadamente su postura diversa con fundamentos que no han merecido una censura específica del señor defensor oficial a fin de demostrar que la ley no haya sido aplicada correctamente a los hechos probados, ni que la exégesis efectuada del significado y alcance de la calificante puesta en entredicho importe un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
En consecuencia, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia