Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131533
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Jorge A. Azorin en la suma de … pesos $...- (… jus), por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.533, "Jaime, Martin s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 88.252 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de mayo de 2018, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Martín Jaime, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón, que en el marco de un juicio abreviado y en lo que interesa destacar- lo condenó a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales, costas e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple cometido con un arma de fuego, homicidio simple cometido con un arma de fuego en grado de tentativa reiterado en dos oportunidades en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil atenuada por el carácter de tenedor autorizado (arts. 40, 41, 55, 79 y 189 bis inc. 2 tercer y quinto párrafos, Cód. Penal; v. fs. 88/96 con relación a fs. 1/27 vta.).
El defensor particular, doctor Jorge A. Azorin, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 103/105 vta.), que fue concedido por el tribunal intermedio a fs. 109/112.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 126/130), dictada la providencia de autos (v. fs. 131), presentada por la defensa la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 138/139 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra el fallo reseñado en los antecedentes, el defensor particular dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 103/105), el cual fue admitido por el tribunal intermedio sólo a los efectos de abordar los agravios de pretensa índole federal (v. resol. de admisibilidad de fs. 109/112).
I.1. Denunció la violación a los principios de inocencia y culpabilidad; de la garantía a obtener una decisión fundada y justa derivada de la forma republicana de gobierno y de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias (v. fs. 103 vta.).
Luego de describir la materialidad delictiva, cuestionó que a su asistido se lo haya condenado por homicidio con "dolo eventual", y que en todo caso- se le debió reprochar que su conducta lo fue a título culposo (conf. arts. 35 y 84, Cód. Penal); pues en el juicio quedó probado que Jaime sólo tuvo la intención de actuar en contra de los delincuentes "...sin representarse ni mucho menos querer, en su plan de acción, otros resultados dolosos" (fs. 104).
Repasó el testimonio de Leandro Ariel Ludueña y realizó diversas consideraciones en torno a la teoría de la aberratio ictus, que, para esa defensa, debió ser aplicada al caso ya que "...el desgraciado 'error en el golpe' se patentizó en un fallido intento de neutralizar a los agresores que, a contrario de su voluntad, terminó dañando a quienes de ninguna manera se quería afectar" (fs. 104 y vta.).
I.2. En segundo término, alegó que "la motivación defensiva" de su asistido no fue tenida en cuenta ni por el juzgador de origen ni por el tribunal revisor como circunstancia atenuante de la pena.
Entendió que, más allá de que el agravio no fue llevado a las instancias previas, por aplicación de la reformatio in melius (art. 435, CPP), podía el juzgador valorar circunstancias distintas en favor del imputado, como también debieron valorarse de ese modo las circunstancias de singular conmoción y violencia que sufriera su asistido, el fallido móvil defensivo que lo determinó a actuar y sus especiales condiciones personales: ciudadano de bien, sin antecedentes penales y de edad avanzada (v. fs. 105).
I.3. Por último, volvió a reiterar su denuncia de violación a los principios de inocencia y culpabilidad por cuanto se confirmó el concurso real entre las figuras penales del homicidio con el de portación ilegal de arma de uso civil atenuada-, pues éste último quedó desplazado por el homicidio resultante (v. fs. 105 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso (v. dictamen de fs. 126/130).
III. A fs. 138/139 luce la memoria presentada por la defensa particular, quien reiteró su pretensión cristalizada en la impugnación extraordinaria oportunamente interpuesta. Sostuvo que lo resuelto implicó apartarse de un modo arbitrario de los elementos de convicción arrimados al proceso, a la par de constituir una errónea aplicación de la ley, configurando por ende- un absurdo valorativo.
IV.1. Considero que el recurso debe ser rechazado.
Liminarmente, debe destacarse que en lo que importa- los argumentos del escrito recursivo de fs. 103/105 vta. vinculados a la teoría de la aberratio ictus, resultan ser una reedición casi a pie de juntillas de los llevados en el recurso de casación (v. especialmente fs. 48 y vta.), con lo que la parte se ha desentendido palmaria y absolutamente de la decisión del Tribunal recurrido, omitiendo así hacerse cargo de lo entonces resuelto ver especialmente fs. 90/94 vta.-, lo cual traduce una técnica inidónea para demostrar que la decisión controvertida conlleve alguna de las situaciones denunciadas que tiña su condición de acto jurisdiccional válido, y conduce, sin más, a la desestimación del recurso intentado (arg. art. 494 primer párrafo, CPP -texto según ley 13.812-).
Además, la mayoría de los argumentos que trae el impugnante se refieren a la valoración probatoria y ocurrencia de los hechos, cuestiones que en principio resultan vedadas al control casatorio de esta Corte, salvo supuestos excepcionales (art. 494, cit.).
En ese marco, las cuestiones federales invocadas que autorizarían a descalificar la sentencia, por ejemplo, desde la arista de la arbitrariedad, no alcanzan a perfilarse como tales, pues más allá del temperamento expuesto en oposición al adoptado por el juzgador, no media intento alguno por plasmar la concurrencia de la tacha de mentas ni, por tanto, de las violaciones a las garantías que vienen ligadas a la aducida falencia que no se ha conseguido demostrar.
Reiteradamente ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los graves defectos de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234); de allí que no configura ese supuesto excepcional la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento atacado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, en que, a causa de ellos, las sentencias queden descalificadas como acto jurisdiccional (Fallos: 250:348). Además, el vicio debe tener tal entidad como para que, en el caso de ser conjurado, modifique la solución tomada por el a quo.
IV.2. Ahora bien, en el marco de la excepcional doctrina mencionada, estimo pertinente aditar las siguientes consideraciones.
IV.2.a. Según el Tribunal de Casación Penal quedó debidamente probado que "...el día 29 de junio de 2015, a las 16:00 hs., en el colectivo de línea 96 que recorría la localidad de Pontevedra, Gonzalo David Llach, quien había ascendido junto a dos sujetos más, luego de dispersarse por el vehículo, exigieron a los pasajeros la entrega de sus pertenencias, intimidando Llach a los damnificados mediante la exhibición de un pistolón. Que en dichas circunstancias, el imputado Jaime, quien estaba ubicado en la parte trasera del colectivo, comenzó a disparar hacia los asaltantes con el arma de fuego que portaba, sin tener el más mínimo reparo de la cantidad de gente que allí se encontraba, los que quedaron en medio de la balacera, siendo alcanzados tres pasajeros por los disparos de Jaime..." (fs. 90 vta. y 91).
Señaló el a quo que el juzgador imputó la muerte de la joven Jennifer Cyntia Vallejos a título de dolo, mientras que Sergio Adrián Casco y Osvaldo Cristian Molina sufrieron agresiones mediante impactos de bala en zonas vitales de sus cuerpos, pero gracias al auxilio médico recibido, no perdieron la vida.
Sostuvo que el fallo destacó una "intención dolosa y desaprensiva" que armonizada con la reconstrucción histórica de los hechos, permitió cerrar con "univocidad" la configuración de un proceder "...extremadamente riesgoso del imputado que abarcó la probabilidad de la muerte de los pasajeros que, como él, estaban siendo víctimas de un robo en ejecución"; y que el dolo eventual reprochado "...no se excluye simplemente por la esperanza de que no se producirá el resultado o porque éste no haya sido deseado por el autor" (fs. 90 y vta.).
Seguidamente, descartó la posibilidad de justificar el actuar de Jaime en los términos del art. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal, como también que se hubiese tratado de un exceso en la legítima defensa (v. desarrollo de fs. 91/92).
Luego, en cuanto a que el caso se tratase de una hipótesis de aberratio ictus, se inclinó también a favor de su rechazo.
Al respecto, señaló que no existía controversia en punto a que las víctimas recibieron impactos directos por proyectiles disparados desde la parte trasera del colectivo por el acusado, pero a la par entendió que aquello era insuficiente tanto para justificar su conducta respecto de las víctimas, como para encuadrarla en un supuesto de aberratio ictus, en tanto el denominado "error en el golpe" se configura cuando "...una conducta se dirige contra un objeto, pero afecta a otro objeto al que no se quería ni se aceptaba la posibilidad de afectar", pero en el caso, los testimonios que no fueron puestos en tela de juicio- permitieron reconstruir un devenir de acontecimientos que hicieron plenamente consciente al acusado de los riesgos que su grave conducta conllevaba para las numerosas personas que se encontraban en el colectivo con total indiferencia hacia esos potenciales daños (v. fs. 92 y vta.).
A continuación sostuvo que el dolo eventual excluye el aberratio ictus ya sea que se analice desde la teoría de la concreción como de la equivalencia; y que en el caso se pudo visualizar, pues "...aun conociendo sobre la finalidad directa del acusado de alcanzar con los disparos a los ladrones, no surgía para él improbable que, consecuencia de ello, algunos de los pasajeros que se encontraban en el reducido espacio que propone un nutrido colectivo terminaran lesionados o muertos por la balacera a la que se lanzó el encartado sin mediar palabra" (fs. 92 vta.).
Agregó que el accionar del agente evidenció que asumió "groseramente" y "riesgosa" una conducta como fue la de disparar un arma de fuego en el interior de un colectivo, que transportaba numerosos pasajeros en la línea de fuego, ubicados en los asientos como parados en el pasillo, dirigiendo Jaime los disparos desde el fondo de la unidad hacia donde se encontraban también el conductor y muchos transportados, y que los realizó desde una altura con capacidad de afectar zonas vitales de aquellos, en un accionar que, en su continuidad, podía resultar adecuado para la producción de un resultado mortal o lesivo, con el pleno conocimiento de que, cuanto menos eventualmente, la muerte o lesión de una persona distinta de los ladrones no era una consecuencia de imposible concreción en el caso (v. fs. 93).
Repasó lo expuesto por el testigo Leandro Ariel Ludueña quien dijo que Jaime comenzó a disparar sin un objetivo claro "disparó y disparó", mientras que en forma conteste Gabriela María Toledo expresó que el imputado realizó tres disparos iniciales y luego otros tres más; y Pablo David Troncoso aseveró también que disparó unas siete veces con un revolver cromado, con el cual impactó a su novia la fallecida Vallejos- como a su hermano Molina en el estómago (v. fs. cit.).
Así pues, el tribunal intermedio consideró que los hechos probados permitieron abastecer tanto el riesgo serio de lesión del bien jurídico vida como su aceptación, presupuestos requeridos por el dolo condicionado que prevé, en el plano subjetivo, las figuras penales por las que Jaime fue condenado (v. fs. 94).
IV.2.b. Frente a lo así resuelto, el recurrente estructura su discurso impugnativo expresando una posición discrepante, método que se revela ineficaz para demostrar las transgresiones legales que denuncia, lo cual sella la suerte de esta parte del reclamo (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, la defensa de Jaime insiste con que su pupilo no actuó con dolo eventual pues "...sólo tuvo la intención de emprender su accionar contra los ladrones"; "...sin representarse" ni "...querer [...], otros resultados dolosos" tratándose de un caso de aberratio ictus (v. fs. 104 y vta.), mas se desentiende de los argumentos del tribunal a quo quien concluyó que los acontecimientos probados permitieron abastecer el riesgo serio de lesión del bien jurídico vida como su aceptación por parte de quien como en el caso- emprendió una acción respecto de la cual no era improbable que algunos de los pasajeros que se encontraban en el reducido espacio que proponía un nutrido colectivo, y en la línea de fuego con los asaltantes, terminaran lesionados o muertos por la balacera.
IV.2.c. De esta forma, además de la insuficiencia ya marcada, corresponde traer al caso que la postura adoptada por esta Corte en materia de supuestos de aberratio ictus se condice con la aplicada a este hecho por el Tribunal de Casación.
En efecto, se ha establecido que, si el autor tenía a la vista el segundo objeto sobre el que se produce efectivamente el resultado, se trata de un caso de dolo alternativo y no de aberratio ictus (conf. causa P. 123.395, sent. de 26-IX-2018).
Y en el caso quedó demostrado que Jaime según los relatos de los testigos- "disparó y disparó" sin un objetivo claro, en primer lugar, en tres oportunidades y luego realizó otros tres disparos más con su revólver cromado, para finalmente impactar uno de ellos en Vallejos causando su muerte, mientras que Sergio Adrián Casco y Osvaldo Cristian Molina sufrieron agresiones mediante impactos de bala en zonas vitales de sus cuerpos, pero que, gracias al auxilio médico recibido, no perdieron la vida.
Así, bajo la plataforma fáctica que se describiera, el reproche formulado a Jaime en los términos de homicidio simple con dolo eventual (art. 79, Cód. Penal) consumado en un caso y tentado en otros dos- debe confirmarse pues nos encontramos ante una conducta que creó un riesgo concreto y próximo de afectación de la vida y, por tanto, abarcado por la protección de la norma que prohíbe el homicidio en los términos del art. 79 del Código Penal (conf. mi voto en causa P. 90.724, sent. de 20-XII-2006; P. 112.347, sent. de 22-XII-2015; e.o.).
En efecto, el peligro creado es propio del delito doloso pues en las circunstancias descriptas al relatar el hecho, resulta evidente que el acusado se representó que estaba creando ese riesgo al efectuar disparos con un arma de fuego de gran poder dentro de un colectivo en el que conocía que, junto a él, se encontraban muchas otras personas.
Es claro entonces que el resultado "muerte" era una consecuencia por lo menos- previsible de su acción.
Por lo demás, no operó ninguna razón objetiva que permita considerar que el imputado tuviera contramotivos para pensar que, ante el despliegue efectuado en ese contexto, el resultado no se produciría.
V. La queja que introduce ahora la defensa de Jaime en torno a la no consideración de ciertas pautas atenuantes de la pena -ello en el marco de lo normado por el art. 435 del Código Procesal Penal que consagra el principio de la reformatio in melius- es extemporánea.
Así, puede verse que al deducirse el recurso de casación (v. fs. 46/49), los temas de controversia estuvieron circunscriptos a peticionar la aplicación de la causa de justificación prevista en los arts. 34 incs. 6 y 7 y 35 del Código Penal, como también demostrar que se trató de un hecho en el cual su pupilo actuó amparado por un supuesto de aberratio ictus.
Es decir que el planteo traído a esta instancia resulta novedoso desde que no fue llevado ante el tribunal intermedio tal y como ahora lo esgrime (doctr. art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; e.o.).
VI. Finalmente, la denuncia de violación a los principios de inocencia y culpabilidad por haberse confirmado el concurso real entre el delito de homicidio y el de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, también resulta extemporáneo.
Al deducirse el recurso de casación la defensa de Jaime si bien cuestionó dicha relación concursal, lo hizo a partir de destacar que el delito contra la seguridad común carecía en el caso conforme la materialidad ilícita y las pruebas- de autonomía frente a las restantes conductas endilgadas (v. especialmente fs. 48 vta.), sin ningún tipo de mención o vinculación con las cuestiones federales que ahora estima vulneradas, y como tal debe reputarse tardío (doctr. art. 451, CPP) cuando, a la par, se desentiende de los argumentos expuestos por el tribunal intermedio para desestimar que en el caso fue acertado el modo de concurrencia que, en los términos del art. 55 del Código Penal, estimó aplicable el sentenciante de origen entre los delitos previstos por los arts. 189 bis inc. 2 tercer y quinto párrafos y 79 del Código Penal (v. fs. 94 vta./95 vta.; doctr. art. 495, CPP).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Jorge A. Azorin en la suma de … pesos $...- (… jus), por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia