Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 115133
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 115.133, "Brauton, Walter Alberto S/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 41.491 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de mayo de 2011, por mayoría- hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad articulado por la defensa de Walter Alberto Brauton contra la sentencia del Tribunal Criminal n° 2 de Morón que lo había condenado a la pena de cuarenta años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas (seis hechos), abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual agravado por el uso de arma en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada, y rapto (nueve hechos), todos en concurso real. En consecuencia, casó el fallo en torno al encuadre legal de los hechos de abuso sexual, descartó la agravante del art. 119 cuarto párrafo inc. "d" del Código Penal y, en definitiva, fijó la pena a imponer en treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas por ser autor de los delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal (siete hechos), abuso sexual en grado de tentativa, abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y rapto (nueve hechos), todos en concurso real entre sí (v. fs. 132/155 y vta.).
Las defensoras particulares de Brauton, doctoras Clide M. del G. Luchini y Catalina Sara Maidana interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 170/176) que fue concedido por esta Corte (v. fs. 182/183).
Cabe destacar que el señor presidente del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Morón hizo saber a esta Corte que con fecha 20 de agosto de 2013 se había decretado la rebeldía e inmediata detención del imputado Walter Alberto Brauton, suspendiéndose el curso del proceso a su respecto (v. fs. 201 y vta.), medidas éstas que fueron dejadas sin efecto por resolución del 27 de noviembre de 2018, oportunidad en la que el nombrado fue habido (v. fs. 211 y vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 185/192), dictada la providencia de autos (v. fs. 193) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En primer lugar, las impugnantes insisten con la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del art. 55 del Código Penal (texto según ley 25.928) por entender que "...la alteración de las escalas penales por vía de la regla del concurso material sumado al aumento de marcos legales, carente de toda razonabilidad produce una modificación total del sistema y jerarquía de los bienes jurídicos" (fs. 171).
En ese parecer, la referida alteración convirtió a las penas de reclusión y prisión perpetuas en sanciones menos graves que las privativas de la libertad divisibles (v. fs. cit.).
Tacharon de arbitrario el pronunciamiento impugnado y denunciaron que la sanción impuesta a su pupilo resulta irracional (v. fs. 171 vta. y 172). Refieren que las penas deben imponerse con parámetros de proporcionalidad en relación con el delito cometido y que "...el simple cálculo matemático eleva la pena más allá de lo humanamente permitido para el castigo de los delitos de que se trata desvirtuando su verdadero sentido resocializador e inclusivo" (fs. 172 y vta.).
Luego, se remitieron a lo dicho por el Tribunal de Casación en diversos fallos (v. fs. 172 vta./174 vta.).
I.2. Seguidamente denunciaron la violación del principio de igualdad, en tanto el a quo elevó la pena al considerar "las características personales del imputado", ya que la circunstancia que Brauton tenga título universitario y haya actuado con determinados cuidados no deberían incidir para el aumento desproporcionado de la pena (v. fs. 174 vta.). Destacaron que en los delitos contra la integridad sexual "...nos encontramos ante una patología que no distingue estratos sociales, y el hecho de que no actuara con desmesurada violencia y con un cierto nivel de protección debería ser considerado un atenuante" (fs. 175).
I.3. Por último, entendieron que el delito de rapto se encuentra subsumido "...en la violación que en el caso es el fin del delincuente y de no concretarse la privación de la libertad este fin último no sería alcanzado" (fs. cit.). Después de hacer referencia a opiniones doctrinarias, recordaron que tal postura fue la propuesta por el doctor Celesia en la sentencia recurrida (v. fs. 175 y vta.).
II. Coincido con el señor Subprocurador General. El recurso no prospera.
III. Sobre el pedido de inconstitucionalidad del art. 55 del Código Penal, el órgano casatorio precisó, en primer lugar, que en lo atinente al principio de legalidad "...no se advierte, ni la defensa lo ha explicado cuál sería la norma legal cuya aplicación habría sido omitida o extendida indebidamente. Tampoco han especificado [...] de qué modo se habría visto vulnerado en el caso concreto el principio de proporcionalidad y de intrascendencia de la pena" (fs. 140 vta.).
En orden a las previsiones de los arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aseveró que "...la gravedad de las penas de prisión no resulta violatoria del objetivo resocializador al que debe orientarse su ejecución si el condenado conserva, de todos modos, la posibilidad de obtener su libertad en forma anticipada en un plazo prudencial, a través de cualquiera de los beneficios previstos en las leyes de ejecución nacional y de esta provincia" (fs. cit. y 141).
Indicó, con cita de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Maldonado, Daniel Enrique y otros s/recurso de hecho" y "Giménez Ibáñez, Antonio Fidel s/libertad condicional" que el requisito de validez de las penas perpetuas, potencialmente las más graves del Código Penal, resulta ser la posibilidad de obtener la libertad anticipada (v. fs. 141 y vta.).
Concluyó que al no apreciarse en autos "...ninguna de las violaciones señaladas por la defensa, a la luz de los numerosos beneficios previstos durante la ejecución de la pena por las leyes 24.660 y 12.256, los que permiten la paulatina reinserción social del condenado" no encontraba razones para acceder al pedido de inconstitucionalidad del art. 55 del Código Penal (fs. 141 vta. y 142).
De otro lado, el sentenciante, por mayoría, aseveró que no se encontraba debidamente demostrada la utilización de un arma de fuego en los ilícitos contra la integridad sexual enrostrados a Brauton; así revocó la tipificación de las correspondientes conductas dentro del marco del art. 119 cuarto párrafo inc. "d" y las encuadró dentro del tercer párrafo del mismo artículo. Consecuentemente, redujo la sanción a treinta y cinco años de prisión (v. fs. 149 vta./151).
También, por mayoría, explicó que tal como lo resolvió el tribunal de grado, la relación entre los delitos de abuso sexual agravado y rapto debe ser decidida por aplicación del art. 55 del Código de fondo (v. fs. 151).
Indicó que "...la figura del rapto es una privación ilegal de la libertad, pero caracterizada por la particular finalidad con la que es llevada a cabo, y que, afectando especialmente la integridad sexual del sujeto pasivo, adquiere relevancia típica autónoma" (fs. cit.).
Adunó que cuando la sustracción o retención de la víctima se independiza de aquellos actos de abuso sexual que también hayan sido llevados a cabo por el sujeto activo, se presenta entre ambos delitos un concurso real, en los términos del art. 55 del Código Penal, tal como ha ocurrido en el caso.
Especificó que "...en todos aquellos sucesos ilícitos en los cuales se aplicó la figura contemplada en el artículo 130 del ordenamiento de fondo, la privación de la libertad correspondiente, por su duración e intensidad, adquirió autonomía e independencia respecto de los actos de abuso sexual que fueron cometidos en su marco" lo que surge "...al revisar el concreto contenido de la materialidad ilícita de cada uno de esos hechos delictivos, según los términos en que ha sido tenida por demostrada en la instancia de origen" (fs. cit. y 152).
Señaló que tratándose el abuso sexual agravado por acceso carnal de un delito instantáneo, cuya consumación se ubica en el momento en que se produce la penetración al sujeto pasivo "...la privación ilegítima de la libertad de la que fueron objeto cada una de las víctimas de esos ataques a su integridad sexual, y que es relevante a los efectos de la aplicación del artículo 130 del Código Penal, no puede considerarse subsumida o absorbida por aquella privación de la libertad que es específica y propia del mismo acto de abuso sexual, pues aquella se extendió en demasía, según surge claramente de la plataforma fáctica establecida en la etapa de juicio" (fs. cit.).
Finalmente el señor juez Mahiques, que concitó la adhesión del doctor Mancini, se apartó de la propuesta efectuada por su colega de Sala el doctor Celesia en su idea de revocar la valoración en calidad de agravatoria de la multiplicidad de hechos cometidos por el acusado, el empleo de preservativos para evitar dejar rastros, su condición de universitario y su elegante manera de vestir, "...pues la compulsa de esas circunstancias en el veredicto impugnado no ha sido objeto de agravio alguno" amén de no advertir en la decisión del sentenciante ningún vicio o defecto que conlleve su deslegitimación (fs. 152 y vta.).
Subrayó que la cantidad de hechos diferentes e independientes "...respecto de los cuales se han aplicado correctamente las reglas del concurso real", revela no sólo un mayor grado de injusto, sino además, "...una más grave culpabilidad del acusado" (fs. 152 vta.). Aclaró que la reiteración delictiva importa un plus de culpabilidad válidamente ponderable en los términos del art. 41 del Código Penal (v. fs. 153).
Por otra parte, indicó que "...el sentido y finalidad que fue otorgado al uso de preservativos por el propio imputado ha quedado claramente demostrado a través de lo declarado por Y. B., quien aseguró que, luego de eyacular, su agresor se quitó ese adminículo, y en vez de arrojarlo a la vía pública lo tiró debajo de su butaca del automóvil, y de lo también manifestado por T. B., cuando aseguró que Brauton le dijo que no tiraba a la calle el preservativo porque 'él era vivo'...". Con ello concluyó que el empleo de tal elemento lo fue "...con el único objetivo de evitar dejar rastros de las conductas delictivas que había llevado a cabo, muestra cabal de su mayor culpabilidad" (fs. 153 y vta.).
Por último, consideró como signo de esa mayor culpabilidad la condición de universitario del encausado, en tanto "...revela una mayor capacidad de motivarse en el cumplimiento de las normas y de no cometer actos ilícitos" (fs. 153 vta.).
Así, en razón del cambio de calificación propugnado, el a quo asumió competencia positiva en el plano de la mensuración punitiva, y teniendo en consideración las características de los hechos que han sido objeto de juzgamiento y las pautas de determinación de la pena que fueron consideradas por el Tribunal de juicio, redujo la pena a treinta y cinco años de prisión (v. fs. 153 vta./155 vta.).
IV.1. Frente a lo resuelto por el juzgador, las genéricas consideraciones vertidas en la queja acerca de la incompatibilidad del art. 55 del Código Penal con la Constitución nacional dejan al descubierto que la respuesta dispensada por el sentenciante ha sido desatendida por la defensa. La impugnación ha omitido denunciar las normas constitucionales que, en su opinión, entrarían en contradicción con lo dispuesto por el art. 55 del Código de fondo y tampoco se ocupa de controvertir eficazmente los argumentos que, en relación específica con las particularidades del pleito, fueron dados por aquél para desestimar la invalidación en el caso de la norma requerida (art. 495, CPP).
En ese sentido, y tal como ha sostenido la Corte federal, siendo ello trasladable al presente, no basta para alzarse contra la constitucionalidad de la norma la sola invocación de posibles inconsecuencias sistemáticas, v. gr.: entre las penas a perpetuidad y en el máximo de las penas privativas de libertad divisibles que conduciría en opinión de la parte recurrente- a que los condenados a las primeras sufrieran un tratamiento menos gravoso que algunos condenados a penas temporales, cuando no se logra corroborar que una situación de esas características concurra efectivamente en el caso y además, "...porque el argumento presupone que tales discordancias, en los supuestos en que efectivamente se plantearan, serían absolutamente insuperables e imposibles de corregir por vía hermenéutica" (conf. mutatis mutandi, CSJN Fallos: 333:866, cons. 8°).
Sobre todo cuando es sabido que la declaración que se propone sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN Fallos: 285:322; 300:241 y 1087; 301:962 y 1062; 302:457, 484 y 1149; 307:906; 312:435 conf. dictamen del Procurador General al que se remitió la Corte Suprema-; entre otros), para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la disposición cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Así, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener en lo que cuenta- un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. doctr. causas P. 100.955, resol. de 23-VII-2008; Ac. 101.036, resol. de 10-IX-2008; P. 101.900, resol. de 3-III-2010; P. 108.914, resol. de 9-XII-2010; e.o.).
El embate fundado en la tacha de arbitrariedad del fallo por haberse impuesto una pena desproporcionada en relación con los delitos cometidos con afectación al debido proceso (v. fs. 171 vta. y 172) no fue articulado por las impugnantes con la suficiencia y la carga técnica necesarias para evidenciar su pretensión.
En particular, carecen de fundamento tales reclamos vista la extrema gravedad de los hechos por los que se condenara a Brauton, el modus operandi de realización de los diversos ataques a la integridad sexual, a jóvenes mujeres, algunas menores de edad. De modo tal que no se advierte a partir de lo argumentado por la defensa por qué razón la pena impuesta al nombrado cabría ser descalificada.
De lo reseñado al sintetizar la respuesta del tribunal del recurso emerge que más allá de que pueda o no acompañarse el criterio adoptado- la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
IV.2. El tramo de la queja en el que se cuestiona la imposición de diversos agravantes de la pena, alegando que se han considerado características personales del imputado en violación al principio de igualdad ante la ley (v. fs. 174 vta. y 175), así como la petición relativa a que sea valorada como atenuante la circunstancia que Brauton "no actuara con desmesurada violencia" no es de recibo.
Si bien no fueron llevados por la defensa ante la instancia intermedia (v. fs. 90 vta./103 vta.), el órgano casatorio se expidió sobre tales extremos explicando sobradamente las razones por las que correspondía convalidarlos (v. fs. 152/154).
Pese a ello, la parte sólo dedica una escueta referencia a ese tramo de la sentencia (v. fs. 174 vta., último párr. y 175, primer párr.), sin aludir ni demostrar la inobservancia de las reglas que gobiernan la determinación de la pena a tenor de los arts. 40 y 41 del Código Penal, los que ni siquiera menciona, ni reprocharle arbitrariedad a esa parcela del fallo.
De modo que la queja reposa en el peso que los factores ponderados deberían tener en el monto sancionatorio, y sobre ello esta Corte tiene dicho con anteriores y actual integración- que el mero criterio divergente de la parte sobre ese tópico del fallo resulta ineficaz para demostrar que en la determinación punitiva, el juzgador hubiera incurrido en la transgresión de las reglas de los arts. 40 y 41 del digesto sustantivo (conf. doctr. causas P. 55.262, sent. de 8-VIII-1995; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 84.502, sent. de 3-IX-2003; P. 92.605, sent. de 12-XII-2007; P. 100.688, sent. de 8-X-2008; P. 94.192, sent. de 28-IV-2010; P. 110.602, sent. de 18-V-2011; P. 109.584, sent. de 31-XI-2011; P. 86.815 y P. 100.810, sents. de 21-XII-2011; P. 109.697, sent. de 14-III-2012; e.o).
IV.3. La objeción a la decisión de los jueces de concursar materialmente los abusos sexuales con la figura de rapto, en el entendimiento a criterio de la parte- de que habría existido un corto lapso entre las respectivas privaciones de libertad de las jóvenes mujeres y los posteriores delitos de contenido sexual de modo que aquellas quedaban "atrapadas" (concurso aparente) en estos últimos, también debe rechazarse.
En primer lugar, cabe destacar que los jueces del tribunal de casación coincidieron en que el injusto en los delitos que reprimen el abuso sexual solamente incluye la privación de la libertad necesaria para la consumación del acto típico, considerando que cuando esa retención y privación de la libertad de la víctima excede lo necesario para la perpetración del delito contra la integridad sexual ese plus, para la minoría voto del juez Celesia- importaría un concurso ideal (art. 54, Cód. Penal), y para la opinión mayoritaria, un concurso real o material (art. 55, Cód. Penal), que es el que aquí se impugna, aunque sin aludir expresamente a ninguno de estos dos preceptos, y sin demostrar el absurdo o arbitrariedad de los presupuestos fácticos que justificaron esa conclusión: extensión témporo-espacial entre la sustracción y retención violenta de las víctimas, mantenidas con privación de la libertad por un tiempo mayor que el necesario para el abuso, hasta que luego de ser llevadas a un sitio solitario fueran sometidas sexualmente. Viene entonces sin poner en evidencia que ello haya importado una decisión reñida con una interpretación posible de la solución concursal actuada.
En efecto, se descartó que, en el caso, entre el rapto y los actos de abusos sexuales existiera una auténtica unidad de acción y de sentido, sino que la sustracción y posterior retención de las diversas víctimas se independizó de aquellos actos de abuso sexual que también han sido llevados a cabo por el sujeto activo, presentándose entre ambos delitos un concurso real en los términos del art. 55 del Código Penal, lo cual no aparece debidamente controvertido.
Frente a los fundamentos dados por el órgano casatorio para descartar el embate, la defensa reedita el planteo llevado ante la instancia anterior sin reparar en las razones que sellaron la suerte adversa de su pretensión (art. 495, CPP).
Sus desarrollos se muestran más como una opinión discrepante que como una crítica razonada y concreta que demuestre aquello que intentó denunciar.
Para más, en esa línea de razonamiento el mismo autor que la parte cita en refuerzo de su postura refiere que "[s]i el autor del rapto consuma algún delito c
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