Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 131924
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.924, "Navarrete, Braian Emanuel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 85.092 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de diciembre de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Martín, que condenó a Braian Emanuel Navarrete a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por la relación con la víctima y femicidio, en los términos de los art. 54 y 80 incs. 1 y 11 del Código Penal (v. fs. 81/98 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 127/146 vta.), el que fue concedido parcialmente por la citada Sala (v. fs. 148/152 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 161/167), dictada la providencia de autos (v. fs. 168), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Inicialmente cabe señalar que, de los tres agravios desarrollados en la vía recursiva bajo estudio, sólo dos fueron concedidos por el Tribunal de Casación: los que la defensa vinculó con la errónea aplicación de la ley sustantiva y la inconstitucionalidad de la prisión perpetua; sin que por el tramo impugnativo denegado haya sido articulada queja alguna (v. fs. 148/152 vta. y 159).
I. Respecto del primer planteo, el recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 1 del Código Penal y la violación de los principios de legalidad y máxima taxatividad de la ley penal (v. fs. 128 vta.).
Sostuvo que los hechos acreditados no permiten afirmar que entre el imputado Braian Emanuel Navarrete y la víctima Micaela Soledad González hubiese existido una "relación de pareja", de acuerdo con el sentido que, en su opinión, corresponde asignar a dicha alocución a los fines de la configuración de aquel tipo agravado del homicidio introducido en el referido inc. 1 del art. 80 por la ley 26.791.
Indicó que esa parte había planteado ante la instancia revisora la necesidad de delimitar el alcance "por demás amplio e indeterminado" de aquella expresión, en función de las prescripciones del Código Civil atinentes a las relaciones de familia, en especial por la minoría de edad de los nombrados durante la mayor parte del tiempo que duró la relación; y que sin embargo, el tribunal a quo se desentendió del reclamo sin brindar una respuesta adecuada, realizando una interpretación arbitraria, por no ser aplicación del derecho vigente, que atenta contra la seguridad jurídica y el principio nullum crimen sine lege certa (v. fs. 129 y vta.).
Invocó lo sostenido por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional -en la sentencia del 18 de junio de 2015 en causa 38.194/2103/TO1/CNC1 "E., D. S/ Recurso de Casación"- en cuanto a que "Hablar de pareja, de manera global e indeterminada, afecta el principio de máxima taxatividad legal, y puede permitir ampliar o reducir la gama de situaciones incluidas en la agravante, de acuerdo a la interpretación que los juzgadores efectúen a partir de su propia valoración cultural" (fs. 129 vta. y 130).
Apuntó que el revisor no tuvo en cuenta las notas agravatorias que diferencian el homicidio calificado del inc. 11 del art. 80 del Código Penal, en que el sujeto pasivo es la mujer que sufre violencia de género a manos de un hombre, de los agregados en el inc. 1, en que el sujeto pasivo puede ser tanto hombre como mujer, siendo la razón de ser de esa agravante, no ya la condición de mujer de la víctima, sino las relaciones vinculares entre víctima y victimario; afirmó que con ello la ley procuró "...equiparar a los supuestos de agravación del inciso 1º del art. 80, CP, los casos de los concubinos o uniones del mismo sexo que por una cuestión normativa no estaban alcanzados por la agravante de 'conyuge' aunque, de hecho, social y culturalmente tuvieran el mismo reconocimiento que los esposos..." (fs. 130 vta.)
Según el impugnante, los conceptos vertidos por la casación proponen una interpretación que al no precisar con claridad las relaciones vinculares comprendidas en la figura agravada del homicidio, convierten a la norma en un tipo penal abierto; mencionó en particular, el razonamiento del a quo , que a partir de lo normado por el art. 509 del Código Civil y Comercial sostuvo que la relación debe exhibir "...carácter de notoriedad, cierta estabilidad y permanencia", aunque luego habría relativizado esas exigencias al expresar que la "pareja" representa un estadio previo a las uniones convivenciales reguladas en la legislación civil (v. fs. 131 vta.).
En suma, a su decir, debiera entenderse que la expresión relación de pareja "...hace alusión a los vínculos reglados en el art. 509 y ss del CCyC, y que la norma penal alcanza incluso a aquellas relaciones que hubieran cesado, pero siempre y cuando en algún momento hayan reunido los elementos necesarios como para poder constituirse en una unión convivencial"; aclarando que ello no implica que "...el homicidio del novio/a ocasional quedará impune, porque le corresponderá la pena del homicidio simple de 8 a 25 años de prisión o, incluso, de darse las características del caso, la agravante introducida por la misma reforma en el inciso 11 del art. 80, CP, pero no se aplicará la agravante por 'la condición de pareja' en casos donde ella no llegó a consolidarse en la forma que lo establece el Derecho Civil para generar obligaciones y derechos entre los que la integran" (fs. 133 y vta.).
Por tanto, a criterio de la defensa, sólo puede hablarse de relación de pareja, "...actual o pasada, a los fines previstos por el inc. 1ro del art. 80, CP, cuando entre víctima y victimario exista o haya existido un vínculo afectivo de carácter singular, público, notorio, estable y permanente, en el que mediare o hubiese mediado convivencia. Y, además, de acuerdo a lo previsto por el art. 510 del CCyC, esa convivencia tiene que mantenerse por un período no inferior a dos años, siendo también exigible que los integrantes de la pareja sean mayores de edad", exigencias que estimó no verificadas en el caso (v. fs. 134).
Ello así, concluyó, porque la relación vincular que mantuvieron González y Navarrete no llegó a constituir una "unión convivencial" en el sentido antes indicado, siendo que al momento del hecho la víctima tenía 18 años de edad y el imputado 19 años, por lo que resultaba evidente que el período de dos años de convivencia que debían mantener desde su mayoría de edad no se completó (v. fs. cit. vta.).
Por todo lo dicho, solicitó que se declare erróneamente aplicada el art. 80 inc. 1 del Código Penal, y se encuadre la conducta del acusado en las previsiones del art. 79 del texto citado (v. fs. 134 vta.).
II. Por otra parte, el señor defensor oficial denunció que la pena de prisión perpetua impuesta a su asistido, como consecuencia de la aplicación de los arts. 13 y 80 incs. 1 y 11 del Código Penal, contraría el fin resocializador de las penas privativas de la libertad y el principio de culpabilidad, además de vulnerar la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes. Argumentó que, con esa condena, Navarrete podría acceder a la libertad condicional recién a los cincuenta y cuatro años, con lo cual, teniendo en cuenta la expectativa de vida en nuestro país, reducida además por lo que implica el encierro carcelario, la sanción culminaría con la muerte del acusado, con la consecuente violación del derecho a la vida; denunció violados los arts. 4.1, 5.1.2 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cuestionó por arbitraria la respuesta del tribunal intermedio, pues habría desestimado la violación constitucional denunciada que consideró sobradamente acreditada, basándose en afirmaciones genéricas y dogmáticas que no se condicen con las circunstancias del caso concreto; señalando que la Corte federal se pronunció en el caso "Giménez Ibáñez, Antonio Fidel" sobre las contradicciones que una sanción perpetua tiene con los límites que a las penas consagran los tratados sobre derechos humanos (v. fs. 139).
Luego se extendió en los fundamentos de las denuncias de infracciones legales y del bloque de constitucionalidad a los que aludió, con cita de diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. cit. vta./145 vta.).
Por último, la defensa refirió a la oportunidad del planteo efectuado. Destacó su actualidad y reclamó su tratamiento por causar un gravamen de insusceptible reparación ulterior; adujo que es la propia sentencia condenatoria la que frustra el derecho a la vida y a la dignidad e integridad de su asistido (arts. 4 inc. 1 y 5 inc. 6, CADH), pues de confirmarse la pena perpetua se estaría condicionando la futura evolución del detenido, desincentivando cualquier esfuerzo personal para progresar durante su detención, manteniendo un buen concepto y conducta.
Agregó que si los reclamos se estimaban prematuros, no habría certeza en cuanto al momento en que correspondería solicitar la liberación del imputado; y de considerarse que era a los treinta y cinco años, para ese entonces su asistido habría cumplido el lapso exigido por el art. 13 del Código Penal a los fines de la libertad condicional; de modo que obligarlo a solicitarla sólo en esa ocasión implicaría constreñirlo a continuar cumpliendo pena en encierro mientras la inconstitucionalidad de la sanción impuesta se debate y a pesar de haber alcanzado aquél el lapso conforme los parámetros constitucionales y convencionales desarrollados (v. fs. 145 vta. y 146).
III. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación, temperamento que comparto.
En estos autos quedó demostrado que "...el día 7 de enero de 2015, alrededor de las 10:30 el acusado Braian Emanuel Navarrete, en la vereda del domicilio sito en Charlone entre Pedro Seguí y Madero de la localidad de José León Suárez, Partido de San Martín, mantuvo una discusión con Micaela Soledad González, quien fuera su ex concubina y madre de una hija en común, y luego de decirle Navarrete que fueran a su casa porque de lo contrario la mataría a puñaladas y negarse a ello Micaela S. González, aquél tomó dos trozos de ladrillos, uno en cada una de sus manos, primero le tiró uno en dirección a su cabeza a muy corta distancia, se lo asestó y la víctima cayó al piso inconsciente, y luego con el otro se colocó sobre ella y con la intención de causarle su muerte la golpeó en su cabeza con aquél, por lo que comenzó a sangrar. Tras ello Navarrete huyó del lugar, en tanto la víctima fue trasladada al hospital, ingresó con traumatismo de cráneo, excitación psicomotriz y pérdida de conocimiento, fue intervenida quirúrgicamente y horas después falleció a raíz del traumatismo encefalocraneano padecido por dicha agresión" (fs. 11 vta.).
El hecho descripto fue calificado homicidio doblemente agravado por la relación con la víctima y por femicidio, en los términos de los arts. 54, 80 incs. 1 y 11 del Código Penal.
IV. En cuanto a la calificante que es motivo de agravio en esta instancia, el tribunal de juicio consideró acreditada la relación de pareja en función de las declaraciones que dieron cuenta de su comportamiento como tal en el barrio; siendo que, como precisó en la descripción de la materialidad, el acusado y la víctima "...tenían una hija en común, habían vivido bajo el mismo techo por un plazo considerable (la hermana habló entre dos años y medio o tres años y la madre de cuatro años) y por más que durante un buen período de la relación hubiese sido como menores de 18 años eso no quita que fueran pareja. La relación sentimental, más allá de los vaivenes, era notoria, estable y tenían una hija" (fs. 28); por lo que descartó la exigencia del señor defensor oficial en cuanto a que sólo se podía hablar de pareja a la mantenida por mayores durante dos años, pues lejos estaba de ser exigido por el Código Penal en el art. 80 inc. 1 que agravaba el injusto cuando el autor mata a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. De este modo, entendió que surgía de la prueba testimonial y del respectivo certificado de nacimiento que Micaela Soledad González y Braian Navarrete habían sido pareja, notoria, estable, duradera y con una hija y al margen de la época en que comenzó la relación, los unía un sentimiento afectivo exteriorizado y eran padres de una hija en común, fruto de esa relación.
En ese contexto, el órgano de grado razonó que "...por más que la mayor parte de la relación no hayan tenido la mayoría de edad, cómo decir que no eran pareja cuando además se comportaban como tal. Precisamente esa relación afectiva, estable y duradera abastece la 'relación de pareja' que trae la norma penal mencionada, sin que cobre virtualidad la interpretación postulada desde la defensa que no resulta aplicable al caso" (fs. cit. vta.).
La defensa controvirtió dicho encuadre ante la casación con apoyo en argumentos similares a los que sustentan el recurso bajo estudio, los que fueron fundadamente desestimados por dicho tribunal a partir de considerar que la parte confundía los conceptos de "relación de convivencia" a que alude la ley civil con el de "relación de pareja" exigido por la figura actuada del art. 80 inc. 1 del Código Penal (v. fs. 85).
Trajo a colación que esa misma Sala casatoria se había pronunciado en la causa P. 76.691, "Aponte", sentenciada el 9-VI-2016, acerca de la necesidad de definir aquella agravante incorporada al art. 80 inc. 1 citado por la ley 26.791, Boletín Oficial de 14-XII-2012, en razón de advertirse que la fórmula empleada resulta excesivamente amplia e indeterminada, correspondiendo a los jueces una interpretación respetuosa de la taxatividad.
Pormenorizó que en ese antecedente se dijo "... que las relaciones humanas signadas por el afecto y el amor se estructuran en un sistema escalonado de categorías o fases por las que transitan dos seres humanos que se encuentran en esa situación, donde van aumentando las perspectivas de vida en común. Cuando dos personas se conocen y nace entre ellos el afecto de neto corte amoroso, comienza un primer estadío como lo es la 'pareja' o 'noviazgo', que luego puede avanzar a una 'unión convivencial' o bien traslucirse en un 'matrimonio' [...], los dos últimos tienen reconocimiento en la ley (art. 509 citado y en el Libro Segundo, Título I respectivamente) mientras que el restante concepto debemos labrarlo, por lo menos, en lo que en materia penal compete" (fs. 85 y vta.).
Juzgó así que no se estaba en presencia de un matrimonio ni de una las "uniones convivenciales" consagradas en el art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación que las define como aquella "...'unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo'", aunque el texto "...da algunas pautas a tener en cuenta a la hora de definir los alcances de la 'pareja' objeto de la tutela de la norma penal. Como punto de partida debe entenderse a la misma como una relación signada por el afecto entre dos personas, que puede o no presuponer convivencia o vida en común. Pero esa vinculación debe considerarse conteniendo las notas que distinguen a una pareja como lo es el vínculo sentimental que es común a sus integrantes y que apunta a un proyecto común. Esto no quiere decir que esa proyección implique algún tipo de construcción de una familia o un hogar, más sí el sostenimiento de la relación amorosa compartiendo momentos y circunstancias de la vida misma como integrantes de ese conjunto de personas. El término 'pareja' empleado sirve para distinguirlo de otras relaciones construidas desde el afecto (como pueden ser la amistad)" (fs. 85 vta.).
Que el carácter de notoriedad, cierta estabilidad y permanencia que debe reunir esa relación, aspecto que adelantara extraído del art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, significa que "... debe ser susceptible de ser conocida en general y tener trato propio de una verdadera relación basada en el amor entre dos personas que se comportan como parejas, presentándose así en público. No debe tratarse de una unión casual resultando que debe sostenerse en el tiempo, más la intensidad del vínculo puede demostrar el 'affectio' que resulte comprendido dentro de una 'pareja' alcanzada por el tipo penal en trato. Finalmente la estabilidad relativa nos habla de cierta continuidad en el sostenimiento del vínculo, más allá de los alejamientos temporales por divergencias en la pareja" (fs. ibídem).
Asimismo, explicó que " ... estos caracteres obedecen a la necesidad de prueba de este tipo de relación informal. Es que, a diferencia del matrimonio (motivo de alcance expreso de la agravante contenida en el inciso 1° del art. 80 del Código Penal desde antaño) que se instituye a partir del hecho formal de su celebración (es decir, posee fecha cierta y documentos que lo avalan), la pareja y la unión convivencial no requieren formalidad alguna; por tanto, siendo un hecho netamente fáctico, requiere de elementos objetivos para su constitución, como ser la notoriedad y la relación pública [...] las parejas no requieren la diversidad sexual de sus miembros, lo cual va en sintonía con el avance legislativo en materia de igualdad y no discriminación instaurado con la sanción de la ley 26.618, y en consonancia con el principio de no regresividad en materia de derechos humanos..." (fs. 86 y vta.).
En el entendimiento del Tribunal de Casación, el criterio expuesto a partir del fallo reseñado, resulta plenamente aplicable a este caso en que los testigos que ponderó "...manifestaron que Micaela González y Braian Navarrete eran pareja, se comportaban como tal en el barrio, tenían una hija en común, vivieron bajo el mismo techo por un plazo considerable y por más que durante un buen período de la relación hubiese sido como menores de 18 años eso no quita que fueran pareja" (fs. 86 vta.).
De allí que, en línea con lo sostenido en la sentencia originaria, determinó que "...la relación sentimental, más allá de los vaivenes, era notoria, estable y tenían hija. Existió un sentimiento afectivo exteriorizado y eran padres de una hija en común fruto de esa relación. En dicho contexto, más allá de la edad que tuvieran durante la mayor parte de la relación, no podía lógicamente sostenerse que no eran pareja si existía un animus que los hacía comportarse como tales [...] [E]l derecho no puede soslayar hechos de la realidad social. Así, resulta indubitable en los tiempos que corren que muchas parejas comienzan a la edad que lo hicieron los involucrados en el presente [...] la relación superó como mínimo los dos años y medio hasta los cuatro años, al margen de los vaivenes que pudiesen haber existido, no pudiéndose extirpar el período en que fueron menores, máxime si en el mismo fue que tuvieron una hija fruto de dicha relación. Eran y se comportaban como pareja para ellos y frente a terceros" (fs. 87 y vta.).
V. Ante la respuesta dada por el tribunal de recurso al planteo llevado a su consideración sobre la aplicación de la ley sustantiva, la arbitrariedad denunciada por la defensa carece de todo asidero, a
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