Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131664
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Trenque Lauquen (doctr. art. 494 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.664, "Rubio, Roberto Miguel Fiscal General Departamental- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 13.439/16 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, seguida a Reinoso, Fabio José".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el día 2 de julio de 2018, rechazó el recurso articulado por el señor fiscal de la instancia y confirmó el veredicto absolutorio pronunciado por el Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental en favor de Fabio José Reinoso por el delito de hurto calificado en calidad de partícipe necesario (art. 163 inc. 1, Cód. Penal; v. fs. 784/789 con relación a fs. 743/758).
El señor Fiscal General, doctor Roberto Miguel Rubio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 806/812), que fue admitido por el tribunal recurrido a los efectos de abordar la cuestión federal planteada (v. fs. 813/815).
Oído el señor Procurador General a fs. 828/831 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 832) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El representante fiscal denuncia que el fallo recurrido es arbitrario al confirmar un veredicto absolutorio "...sin analizar, valorar y dar respuesta" a lo expuesto por ese Ministerio a la vez que brindó argumentos "...deficientes contrarios a las máximas de la experiencia, tendientes [...] a relativizar y debilitar los indicios reveladores del conocimiento y dolo en la conducta del encausado" (fs. 807).
Sostiene que en el caso se acreditó a pesar de las diferencias y dudas entre las declaraciones testimoniales analizadas- la actividad llevada a cabo por Reinoso, y el conocimiento de que estaba participando en la sustracción de cereales, y le criticó al Tribunal de Alzada que para confirmar la absolución al no tener por acreditado en forma "inequívoca" que el nombrado tuviera un conocimiento efectivo sobre la conducta ilícita desplegada por Virgili, quien lo había convocado y requerido en la tarea del traslado de la "res furtiva"-, utilizó un material probatorio que a la vez lo incriminaba (v. fs. 808).
Como prueba de ello, destaca que a pesar de la absolución- el a quo también manifestó que "No pasan inadvertidas [...] las circunstancias de haberse realizado el traslado de noche y con las luces apagadas de los camiones..."; motivo por el cual otros transportistas rechazaron la propuesta, exponiendo con ello una evidente diferencia con el razonamiento lógico esperado debido a que pese a lo apuntado-, no consideró acreditado que Reinoso tuviera un conocimiento efectivo sobre la conducta ilícita de Virgili (v. fs. 808 vta. y 809).
Concluye en una arbitraria y parcializada valoración de la prueba, brindando afirmaciones dogmáticas y una fundamentación aparente (v. fs. 811 vta.).
II. El señor Procurador General sostuvo el recurso (v. fs. 828/831 vta.).
III. El recurso debe desestimarse.
III.1. Preliminarmente cabe aclarar que, dado que el imputado fue absuelto en la sentencia de grado, siendo ese veredicto convalidado por el tribunal revisor, cuando además el monto de pena reclamado por el señor fiscal por considerarlo partícipe primario del delito tipificado en el art. 163 inc. 1 del Código Penal no encaja en los presupuestos del art. 494 del Código Procesal Penal, no es posible el intento del recurrente de franquear dicha vía invocando el art. 31 bis de la ley 5.827 (t.o. ley 13.812) y la doctrina de arbitrariedad de sentencia en lo tocante a la valoración de la prueba.
III.2. La referencia del mentado art. 31 bis último párrafo de la ley 5.827, por la cual esta Corte puede dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley cuando no superasen las limitaciones legales en razón del valor del litigio o la cuantía de la pena, si según su sana discreción mediare gravedad institucional o un notorio interés público o se considerare indispensable establecer doctrina legal, siempre que se tratare de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo, es inatingente en el caso porque la parte se queja de una cuestión de eminente carácter procesal, cual es que la solución del a quo no resultaría una conclusión razonada del derecho vigente teniendo en cuenta las circunstancias comprobadas de la causa, de conformidad con previsiones de los arts. 210 y 373 del régimen ritual que consagran el principio de libertad probatoria.
Esta Corte ya ha establecido que la petición de que sea aplicado el art. 31 bis de la ley 5.827, tanto invocando la necesidad de fijar "doctrina legal" o gravedad institucional, no procede, en principio, porque se trata de un mecanismo facultativo para esta Corte y en ese marco sea o no requerido por las partes- puede ser activado de considerarlo pertinente, además, porque la doctrina legal a la que alude se edifica respecto de la ley sustantiva y no cuando, como sucede en el caso, el conflicto traído es de estricta naturaleza procesal (causas P. 119.561, resol. de 13-VIII-2014 y P. 119.211, resol. de 16-VII-2014). Tampoco cuando se alude a gravedad institucional, porque tal extremo está íntimamente relacionado en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, que en modo alguno se observa aquí en cuanto del contenido del fallo impugnado no se advierte la presencia de una situación de las características prealudidas (causa P. 117.766, resol. de 23-XII-2013), siendo que la discusión se ciñe a cuestiones de hecho y prueba.
III.3.a. En cuanto a la invocación de la doctrina sobre arbitrariedad de la sentencia en la que pretende apoyar el recurrente su planteo federal para franquear la habilitación de la vía intentada y en su caso el tránsito hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación- es sabido que es particularmente restringida (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 320:1504; 321:2243; e.o.). Y si bien tal principio reconoce particularísimas excepciones, el impugnante no logra evidenciar que alguna de ellas se patentice en el caso, puesto que en rigor los agravios discurren prioritariamente sobre cuestiones vinculadas a la ponderación de la prueba sobre la intervención del imputado en el hecho en el carácter de partícipe primario endilgado, sin esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente la configuración en la especie de ese supuesto excepcional.
III.3.b. Adviértase que el juez de grado, siendo ello en lo sustancial convalidado por el tribunal revisor, concluyó, en primer lugar, que el encartado Reinoso no intervino en el traslado a la estancia "La Eugenia" de la maquinaria utilizada para la extracción de la soja depositada en un bolsón; que lo hicieron Bagato y Zapata por orden de Vigili, quien se encontraba esperándolos en la tranquera; que el tractor transportado era marca Massey y se podía conectar a una extractora que fue trasladada hasta el lugar por Facio, a requerimiento de Llariuzzi, quien le entregó la camioneta S10 a la cual enganchó la máquina y la misma se encontraba en el predio propiedad de Juan Pablo Herrero y de su hermano (v. fs. 756 y foliatura al pie). Ello, sin que surgiera con certeza en el debate quién era el propietario de esa camioneta S10 color gris que empleara Facio para transportar la extractora hasta el establecimiento "La Eugenia", a tenor de los diferentes testimonios de Jorge Fabián García, Omar De Luca y otros más, según la evaluación que hizo de ellos. Además, también tuvo en cuenta que fue Facio el que guio los camiones hasta el campo "La Eugenia", permaneció y ayudó a la extracción del cereal junto al tractorista, no habiendo sido visto Reinoso en el lugar. Consideró que tampoco se comprobó en el juicio la participación de Reinoso en la contratación de los camiones que transportaron la soja sustraída hasta la planta "Las Lagunas" de Carlos Casares merced al relevamiento que hizo de lo declarado por los transportistas y los choferes. Y finalmente tampoco pudo afirmarse con certeza que Reinoso hubiera participado de la entrega de las cartas de porte, diera indicaciones a los choferes acerca de la modalidad de circulación para esta encomienda en la estación de servicio de Francisco Madero, ni que estuvo presente al día siguiente del hecho en la descarga de la soja en "Las Lagunas" (fs. 756 vta. y 757).
Dio cuenta también del mérito que le merecía el llamado de Reinoso a su chofer Bustos que en esa época trabajaba con el camión de él para "Las Lagunas" indicándole que cargara el cereal del campo "La Eugenia" y lo trasladara a la otra planta antes referida, como también lo hicieran los otros transportistas, porque ello, junto con los demás datos examinados, no permiten dar certeza de que tuviera conocimiento que Virgili iba a sustraer la soja embolsada en el establecimiento rural, cuando todos los testigos pensaban que éste era el dueño y las cartas de porte estaban a su nombre, tenía la llave del establecimiento rural y organizó toda la logística necesaria para la extracción del mismo y su posterior transporte hasta la planta "Las Lagunas" (fs. 757).
III.3.c. La Cámara entendió que la valoración de la totalidad de las pruebas producidas durante el debate, junto con las incorporadas por lectura, condujeron al juez a lograr la convicción necesaria para el veredicto absolutorio emitido.
Dijo que si bien se tuvo por cierto que Reinoso le indicó a Bustos que realizara el transporte del cereal con el camión de su propiedad, por la discrepancia entre los testigos no puede afirmarse que haya estado presente en la estación de servicio YPF de Madero intentando contratar camioneros para realizar el transporte, existiendo similar duda acerca de la camioneta S10 utilizada para transportar la extractora del cereal, pues no se determinó con certeza si era la de su propiedad ni sobre el color de la usada. Es decir que concluyó que no había prueba concreta sobre la actividad desplegada por aquél en este hecho para atribuirle participación. Menos aún se ha probado en forma inequívoca que el nombrado tuviera conocimiento efectivo sobre la conducta ilícita desplegada por Virgili, al convocar y requerir su intervención en el traslado de la "res furtiva", al mandar a su chofer; aun cuando resultaran llamativas las circunstancias de realización de ese traslado de noche y con las luces de los camiones apagadas, a fin de tener por probado que Reinoso efectuó un aporte necesario para la consumación del ilícito pergeñado por Virgili (v. fs. 788).
IV. El recurso del señor fiscal hace foco fundamentalmente en esta última parcela de la decisión, pese a que acuerda que no todas las afirmaciones del fallo son ilógicas. A su entender, del hecho de que sean razonables algunas dudas, no es dable concluir en una "duda total" sobre la intervención de Reinoso que permita desgravar su conducta. Pues, sostiene, a su criterio, él sabía que el transporte en las condiciones realizadas (y reputadas "llamativas") no podían más que referir al conocimiento que tenía de la ilicitud de la carga.
Con base en la completitud de la maniobra pergeñada por Virgili, y a tenor del complejo probatorio producido durante el debate y los demás elementos incorporados por lectura, evaluando todos esos indicios en forma conjunta y no aisladamente, llevaron al sentenciante a concluir del modo indicado, sin que el reclamo del señor fiscal, realzando con valor dirimente solo una parcela de esa prueba, justifique descalificar el fallo de la mano de la doctrina de arbitrariedad de sentencia, según pretende.
Esta solo procede en los supuestos en que resulta manifiesto el apartamiento de la solución legal prevista para el caso, o cuando el fallo está desprovisto por completo de fundamentación. Por el contrario, en el caso la sentencia cuya descalificación se pretende, se apoya en un minucioso examen de los elementos probatorios aportados en punto a elucidar la realidad de la controversia planteada, sin que quepa cuestionar en términos de la aludida doctrina, el criterio de selección y valoración de tales elementos (doctr. CSJN Fallos: 307:1030).
El criterio divergente de la parte no sirve a tal efecto, pues solo traduce un simple desacuerdo insuficiente por sí solo para descalificar el pronunciamiento impugnado, sin perjuicio del acierto o error de lo así decidido (doctr. CSJN Fallos: 338:1156; 323:4028; entre muchos).
La circunstancia de que el juez de grado, luego convalidado por el Tribunal de Alzada, haya dado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los invocados por el apelante como dirimentes, no configura arbitrariedad, pues la mera divergencia de este, en cuanto solo revelan su discrepancia con el criterio del a quo en materia probatoria, excluye dicha tacha (doctr. CSJN Fallos: 330:2639).
Entonces, el recurrente opone una versión de lo sucedido distinta y particular a la adoptada por las distintas instancias jurisdiccionales, sin lograr demostrar con ello que el razonamiento adoptado no fuese apto para confirmar el veredicto absolutorio con sustento en el beneficio de la duda, generada en su convicción sobre la falta de certeza necesaria para concluir de otro modo, conforme las razones que al respecto expuso. Y salvo demostración de absurdo o arbitrariedad que, tal como quedó dicho, no se ha verificado, se trata de una actividad propia de los jueces de grado, que no puede ser suplida por esta Corte en el acotado margen de revisión sobre cuestiones de hecho y prueba.
Por ello, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de Trenque Lauquen (doctr. art. 494 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia