Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131614
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Maximiliano De Mira en … (…) jus por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , Genoud, Soria, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.614, "González, Fabio Felipe. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 86.149 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el día 14 de diciembre de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que condenó a Fabio Felipe González a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple conforme el veredicto de culpabilidad decidido por el tribunal de jurados (arts. 40, 41, 45 y 79, Cód. Penal; 371, 372 segundo párr., 375, 375 bis, 530 y concs., CPP; v. fs. 78/85 vta.).
El defensor particular interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 94/98 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio a fs. 99/101.
Oído el señor Procurador General a fs. 115/116 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 117) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto propicia el rechazo de la impugnación intentada.
II. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el recurrente articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y arbitrariedad en la estimación de la pena, por violentar los principios de certeza republicana y racionalidad de los actos de gobierno (arts. 5, 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y ley 26.200) y el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina de la Corte.
Tildó de arbitraria la sentencia recurrida -determinación de la pena-, en particular, el análisis de la valoración de dos atenuantes -el arrepentimiento de su asistido y su condición de analfabeto y trabajador rural- (v. fs. 160).
Sostuvo que el tribunal intermedio rechazó el arrepentimiento de su asistido como atenuante por considerarlo posterior al hecho, lo que entiende que es un fundamento inatendible.
También cuestionó que no se valoró la circunstancia de que el imputado fuera un empleado rural analfabeto, cuando ello, desde su criterio, le había impedido contar con las herramientas necesarias para actuar de manera "menos instintiva" resultando, por ende, menos reprochable (v. fs. 97 vta.).
En apoyo de sus dichos, citó doctrina de autores, considerando que las circunstancias de la personalidad y educación de un sujeto harán más fácil o más difícil la evitación de la conducta prohibida (v. fs. cit.).
Por todo lo expuesto, considera que la sanción carece de basamento legal transgrediendo los arts. 106 del Código Procesal Penal y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por lo que solicitó que se case la sentencia puesta en crisis, partiendo de las circunstancias de atenuación aquí denunciadas (v. fs. 98 y vta.).
III. Tal como adelantara, estimo que el remedio procesal bajo estudio no puede prosperar.
IV. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación, al momento de resolver, sostuvo que "...es necesario dejar en claro que resulta facultad de los magistrados el seleccionar el monto y especie de pena a imponer -siempre que se ajusten a los parámetros impuestos en la escala aplicable-, sin que se advierta violación a tales límites ni irrazonabilidad en el ejercicio de tal potestad, a la luz de las circunstancias computadas por el 'a quo' en los términos de los arts. 40 y 41 del C.P." (fs. 83 vta.).
Así afirmó que "...el sistema de atenuantes y agravantes establecido en la ley de fondo no se traduce en un aumento o disminución de cantidades fijas de pena, pues el art. 41 señala una serie de pautas según las cuales el juzgador debe fijar la pena dentro de los límites de la escala penal sin quedar sujeto a moldes tasados en torno al quantum de pena a aplicar, siempre que tal operación, reitero, respete los límites impuestos por la escala, extremoséstos que se verifican en el caso particular" (fs. cit.).
En relación con las atenuantes cuestionadas, el tribunal intermedio sostuvo que el arrepentimiento del imputado, aun cuando se lo considere cierto, no puede considerarse sin explicación alguna; y la defensa no brindó argumentos como para realizar una consideración diferente y difícilmente encuentre cobijo en las pautas de mensuración que enumeran los arts. 40 y 41 del Código Penal, por ser posterior al hecho (v. fs. 84).
También rechazó la circunstancia de valorar como atenuante el hecho de que el acusado fuera trabajador rural, desde que "...el planteo es manifiestamente insuficiente pues se limita a sostener de manera dogmática que esas circunstancias limitarían el marco de libertad de actuación, lo que de ningún modo se ha comprobado en el caso concreto". Reiteró que "...no resulta evidente que estas condiciones personales, menos como lo intenta hacer valer el recurrente, hayan incidido en su libertad y discernimiento, máxime si se considera que al imputado se le atribuye haber cometido un delito contra la vida, lo que de alguna manera refleja la dificultad de computar su situación laboral o de escolaridad como pauta diminutiva cuando no se ha verificado que ello haya tenido influjo sobre el injusto". "A mayor abundamiento, cuando no exista relación o exista pero ella no haya tenido incidencia en la comisión del hecho, la[s] circunstancias personales del encausado no podrán ser contemplada[s] a los fines de disminuir el reproche final" (fs. 84 y vta.).
V. De conformidad con lo transcripto en los párrafos que anteceden, surge con claridad que el Tribunal de Casación dio respuesta a las quejas llevadas a su conocimiento por la defensa del imputado.
En el caso, ninguna de las afirmaciones expuestas en el recurso resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el Tribunal de Casación desestimó el planteo formulado, pues los reclamos acerca de las atenuantes cuestionadas, ahora bajo el ropaje federal, son una reedición -copia textual- de los que fueron postulados al Tribunal de Casación (v. fs. 45 vta./48), lo cual traduce una técnica inidónea para demostrar que la decisión controvertida conlleve alguna de las situaciones denunciadas que tiña su condición de acto jurisdiccional válido. Esto conduce, sin más, a la desestimación de los planteos aludidos (arg. art. 495, CPP.).
En rigor, los cuestionamientos de la parte pretenden apuntalar su propia opinión discordante con la del sentenciante, sin evidenciar que se haya incurrido en vicio lógico alguno o en una arbitraria valoración capaz de conmover lo resuelto. De este modo, no se aprecia un déficit insalvable en la tarea revisora llevada a cabo.
Por otra parte, la defensa tampoco logra demostrar que la pena decidida importe un desajuste de las reglas de los arts. 40 y 41 en relación con la escala penal del delito atribuido, a tenor de la gravedad del hecho tal como ha quedado acreditado y el grado de culpabilidad del agente en relación con aquel.
En definitiva, no se advierte que la sentencia padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad denunciada.
Cabe recordar que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: t. 310, pág. 234). Y más allá de su enfática discrepancia con el a quo , el autor de la queja no pone en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Maximiliano De Mira en … (…) jus por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia