Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129512
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular (arts. 494 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.512, caratulada: "Bellido, Gustavo Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa N° 77.349, del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 15 de agosto de 2017, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Gustavo Alejandro Bellido contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que rechazó la impugnación de la especialidad contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mercedes que lo condenó a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y atentado a la autoridad agravado por el uso de arma de fuego, todo en concurso real (v. fs. 93/95 vta.).
En tal sentido, señaló que la defensa particular tachó de inconstitucional el art. 41 bis del Código Penal por quebrantar los principios de legalidad, razonabilidad y culpabilidad (arts. 9 y 24, CADH; 15.1 y 26 del PIDCP; 11.2., Declaración Universal de los Derechos Humanos; 11, 25 y 57 de la Constitución provincial -fs. 93 vta./94-).
Frente a ello, afirmó que si bien no se cumplió con el recaudo del monto de la pena del art. 494 del ritual, existen agravios de pretensa índole federal que se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad pues la parte cuestionó la violación de normas de carácter constitucional vinculadas con la aplicación del art. 41 bis (arts. 14 y 15 de la ley 48).
II. El carril extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado sin más trámite en los términos del art. 31 bis de la ley 5827.
II.1. Para el supuesto de considerar que la vía extraordinaria en cuestión se concedió no solo en orden al pedido de inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal -crítica que será examinada en el punto siguiente- sino también por la tacha de arbitrariedad en la aplicación de dicha agravante genérica al art. 79 del mismo cuerpo de leyes -circunstancia que no se advierte con claridad del juicio de admisibilidad- esta crítica no puede tener acogida favorable.
Es que frente a dicho cuestionamiento (v. recurso de casación a fs. 17/20 vta.) el Tribunal de Alzada lo descartó por estimar razonable y respetuosa del principio de legalidad la aplicación del art. 41 bis al delito de homicidio simple en razón de que facilita la comisión del hecho a distancia y disminuye la capacidad de la víctima (v. sentencia a fs. 37/42 vta.).
De lo expuesto se advierte que el decisorio en crisis cuanta con fundamentación suficiente que lo pone a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Para más, lo así resuelto se corresponde con la doctrina de esta Corte sobre el punto (conf. P. 101.124, sent. de 25-III-2009; P. 107.058, sent. de 2-VII-2010; P. 107.276, sent. de 14-VII-2010; P. 99.987, sent. de 22-IX-2010, P. 109.971, resol. del 1-VI-2011, entre otros).
II.2. Por último, el pedido de inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal no puede prosperar en tanto resulta extemporáneo.
En efecto, no fue llevado ante el Tribunal intermedio y -sin perjuicio de lo que pudiera señalarse respecto de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda-, la tempestividad del planteo constitucional, constituye un recaudo exigible como condición indispensable para su abordaje en el tránsito recursivo (CSJN, "Fallos" 328:4755; 331:419 y 2561; id ., causas F.274.XLIII, "Fontenova", sent. de 3-VII-2007, doctr. T.400.XLIV, "Trova", sent. de 10-XI-2009).
En esa línea, más recientemente, la Corte nacional reafirmó que "el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control" ("Rodríguez Pereyra, sentencia del 27-XI-2012).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular (arts. 494 del CPP y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
HILDA KOGAN
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia