Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación (arts. 486 bis y concs., CPP, según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.569 RQ, caratulada: "Cosentino Flores, Lionel Luis Walter s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 64.573 y 56.178 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 11 de julio de 2017, luego de que esta Corte en el marco de la causa P. 126.225-RQ (res. del 13-VI-2016) dispusiera la nulidad parcial del juicio de admisibilidad efectuado por dicho órgano con fecha 8-IX-2015 y ordenara la realización uno nuevo con el alcance allí fijado (v. fs. 177/178 vta. y 190/192), hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Lionel Luis Walter Cosentino Flores (v. fs. 193/196).
I. 1. Cabe aclarar que la vía del art. 494 del ritual se dedujo contra dos sentencias de la citada Sala V: a) la recaída con fecha 14-XI-2013 que anuló parcialmente la condena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul, ordenando el reenvío sólo para fijar pena (v. fs. 96/127) -pronunciamiento contra el cual la defensa oficial formuló reserva para deducir recurso oportunamente (v. fs. 128/130, 133 y 150/151 vta.)- y b) el fallo de fecha 28-IV-2015 que confirmó la sentencia del Tribunal de mérito que -luego de cumplir con el reenvío- lo condenó a la pena de diecisiete años de prisión y novecientos pesos de multa, accesorias legales y costas por considerarlo autor de los delitos de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, imponiendo pena única de dieciocho años de prisión y mil pesos de multa, accesorias legales y costas comprensiva de la presente y de la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y trescientos pesos de multa impuesta por el Juzgado en lo Correccional n° 2 de Azul en causa 99/2009 (v. fs. 152/158).
I. 2. En lo que aquí interesa, el a quo desestimó la denuncia de violación del derecho al recurso y utilidad de la defensa pública. Estimó que las argumentaciones de la parte no eran más que meras discrepancias de orden procesal y que no se demostró la relación directa e inmediata con la supuesta afectación de garantías constitucionales (arts. 14 y 15, ley 48).
Por último, desestimó el pedido de inconstitucionalidad del art. 451 del ritual por considerar que no cuenta con un desarrollo argumental que le dé sustento. A su vez, recordó que la declaración de inconstitucionalidad de las normas debe ser de última ratio .
II. El defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, presentó queja (v. fs. 200/206).
Explicó que la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley debió concederse por existir cuestiones federales en juego (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
En tal sentido, alegó que la sentencia de casación incurrió en arbitrariedad por no abordar el planteo de inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal introducido en la memoria (v. fs. 204 vta.), todo lo cual -a su entender- derivó en la afectación de la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio y vulneró la utilidad de la defensa pública (arts. 8.2.h., CADH, 14.5., PIDC y P; 18 y 75 inc. 22 de la Const. nac.).
A continuación, manifestó que el órgano revisor al analizar la admisibilidad de la impugnación, intentó encubrir su propia omisión obturando el acceso a la jurisdicción.
III. La queja formalizada es improcedente en tanto el recurrente no removió con eficacia el déficit formal vinculado con la falta de suficiencia y carga técnica necesaria de la pretensa cuestión federal y se limitó a efectuar afirmaciones genéricas sobre el punto (art. 486 bis, CPP).
En definitiva, -como se advirtió en el juicio de admisibilidad negativo- no se demostró la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del ritual y la supuesta violación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDC y P y el derecho de defensa (conf. P. 78.901, sent. 7-XI-2001; P. 75.534, sent. 21-XI-2001; P. 77.329, sent. 10-IX-2003; P.81.725, sent. 16-IX-2003; P. 83.841, sent. 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P. 99.549, sent. 8-VII-2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
IV. Finalmente, la denuncia de violación de la garantía de acceso a la jurisdicción, tampoco puede tener acogida favorable ya que en función de lo expuesto en el punto III. del presente, quedó huérfana de sustento argumental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación (arts. 486 bis y concs., CPP, según ley 14.647 y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia