Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131679
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado en favor de Roberto Daniel Broggia (arts. 482, 486 -t.o. según ley 14.647-, 494 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a 23 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.679, "Broggia, Roberto Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 88.635 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de agosto de 2018, rechazó el recurso homónimo impetrado por el defensor particular de Roberto Daniel Broggia, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor del delito de portación ilegítima de arma de guerra (art. 189 bis inc. 2, párrafo 4, Cód. Penal; v. fs. 40/49 vta.).
Frente a lo así decidido el defensor de confianza del encartado, doctor Jorge Ramiro Parsons, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 57/66 vta.), el que fue declarado admisible por el Tribunal recurrido (v. fs. 88/91).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 99/102 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 103, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
Caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente refiere que el Tribunal de Casación no cumplió con el proceso revisor en debida forma, apartándose de los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Casal" y "Carrera" que citó. Alega arbitrariedad de la sentencia que recurre toda vez que resolvió sin fijar la audiencia solicitada por esa parte, desestimando el recurso sin tener en cuenta los argumentos esgrimidos (v. fs. 62 y vta.). También por la "...arbitraria individualización judicial de la pena y de la calificación legal realizada" (fs. 60).
Seguidamente se queja de que no existe prueba directa de la materialidad ilícita, ya que -según sostiene- no se ha acreditado nada que permita inferir que Broggia portaba el arma para cometer ilícitos, y que el tribunal rechazara la aplicación del tipo penal atenuado, sin atender la inteligencia que postuló respecto de sus presupuestos, lo que torna arbitrario el fallo. Así, señaló que el juzgador al rechazar la aplicación del tipo penal atenuado "...se limitó a exponer los elementos típicos y circunstancias fácticas comunes a toda 'portación ilegítima' es decir, que el hecho de portarla 'per se' conlleva la intención de usarla para fines ilícitos, los cuales no son suficientes para fundar la certeza que debe existir respecto da la intencionalidad del autor de llevar el arma consigo con fines ilícitos" (fs. 64 vta. y 65).
II. En lo que hace al interrogante planteado, adelanto mi respuesta negativa.
La casación, al llevar a cabo el juicio de admisibilidad refiere que el recurso ha sido articulado por quien se encuentra legitimado, que lo ha sido en tiempo y forma y se halla cumplido el requisito del art. 482 del ritual en tanto se dedujo contra una sentencia definitiva. Añade que si bien en cuanto a los demás requisitos del art. 494 del Código Procesal Penal "...se encuentra únicamente verificada la denuncia de aplicación errónea del art. 189 bis del Código Penal", no obstante ese carril es el idóneo para el tratamiento de las cuestiones de cariz federal que pudieran estar involucradas a tenor de la doctrina que cita (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou"). Y que como en el caso la parte denuncia violación a la garantía de la defensa en juicio protegida por el art. 18 de la Constitución nacional, por mediar arbitrariedad en lo resuelto, pues se había dictado sentencia sin haberse oído previamente a las partes en audiencia solicitada por la defensa, corresponde a esta Corte resuelva estas cuestiones (v. fs. 90 y vta.).
III. De la reseña efectuada se evidencia que el test de admisibilidad realizado por el a quo ha sido incorrecto y, por ende, el recurso no ha sido bien concedido.
En primer lugar, dado que el monto de la pena impuesta no habilita la competencia revisora de esta Corte por vía del recurso intentado (art. 494, CPP), justamente por eso la referencia a la errónea aplicación de la ley sustantiva no logra franquearla. Solo podría habilitarse excepcionalmente si hubiera una cuestión federal debidamente articulada, lo cual aquí no aparece satisfecho.
La cita genérica del a quo de que en el caso se habrían postulado suficientemente planteos de esa índole no pasa de ser una mera afirmación sin el rigor que requiere el examen de admisibilidad.
Tiene dicho la Corte federal que cuando en el recurso se denuncia la tacha de arbitrariedad, la admisión de la vía fundada en dicha causal es de aplicación particularmente restringida (CSJN Fallos: 302:418; 305:515; 306:501; 307:1100; 313:493; 327:370; 329:4783). En ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación fundada en ese supuesto excepcional (arg. doctr. causa P.420.XL. "Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad arts. Ley 12.067", sent. de 21-IX-2004), presupuesto que no se verifica en la especie.
Así, el agravio insinuado de que el Tribunal de Casación dictó sentencia vulnerando el derecho a ser oído del imputado quien había solicitado audiencia ante su sede (en el sumario del recurso, v. fs. 15), no sólo remite a una cuestión de derecho procesal ajena, como regla, a la instancia de excepción; sino que se desentiende de que al requerir el tribunal intermedio a las partes sobre la necesidad de realización de la audiencia de informes (v. fs. 38), y notificada la defensa del imputado (v. fs. 39), nada dijo. De modo que el reclamo carece del mínimo de suficiencia a la luz de las constancias de la causa a efectos de explicar la vulneración constitucional que predica del fallo, en particular a lo vinculado al derecho de defensa y al recurso. La referida carencia impugnativa impide tener por demostrada la existencia de una relación directa e inmediata entre el supuesto de arbitrariedad argüido por la parte y lo efectivamente acaecido en el fallo atacado (Regla 3, inc. "e", Ac. 4/2007 de la CSJN).
En lo que a este último atañe, la parte no logra demostrar a la luz de los planteos postulados ante el Tribunal de Alzada, que el órgano casatorio no los hubiera fiscalizado a cabalidad. Cuando de la lectura del fallo se advierte que se ocupó de responder los diversos motivos de agravios sin cortapisas formales y con amplitud, concluyendo en la inexistencia de fisuras en la estructura argumentativa del tribunal condenatorio.
Las otras críticas que porta el recurso destinadas a cuestionar el análisis de la tipicidad de la conducta sometida a juicio realizado por el a quo que había descartado la subsunción en la figura atenuada del art. 189 bis inc. 2, sexto párrafo, del Código Penal, aparecen como meras discrepancias con la apreciación de los hechos y la inteligencia asignada a normas de derecho común que constituye facultad propia de los jueces de la causa y ajena, por ende, a la instancia del recurso extraordinario, en particular si la decisión cuenta con fundamentos suficientes que descartan la tacha de arbitrariedad incoada (conf. por todos, CSJN Fallos: 332:2659). En esa senda, las alegaciones de la defensa no superan la mera discrepancia de criterios con el juzgador, ajenas a la vía intentada.
Lo mismo cabe decir de las objeciones al monto de pena, que por lo demás dependían del cambio de calificación legal pretendido, siendo la impuesta la mínima de la escala penal del delito por el que viene condenado.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado en favor de Roberto Daniel Broggia (arts. 482, 486 -t.o. según ley 14.647-, 494 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia